“Incluso quienes la cometen odian la
injusticia” (Publilio Siro).
Como se sabe, el presupuesto para 2017
viene chiquito, reducido, pasado por la tijera, rasurado… tan jodido que parece
el despertar de alguien con ganas de “mover a México” sin aclarar hacia dónde o
por qué. El jaloneo real o virtual de los recursos pasa por el arco del triunfo
de alguna seria y poderosa comisión que conduce seguramente al pozo de los logros
económicos nacionales. La suerte, como núcleo de cualquier apuesta, está
echada.
Las universidades ven el tiempo de
publicar declaraciones y hacer solicitudes a quienes deciden el tamaño de los
presupuestos, con aclaraciones y puntualizaciones anexas acerca de cómo va a
impactar el encogimiento de las expectativas institucionales en eso de cumplir
con los fines a los que formalmente se consagran. Caras largas y lenguas
debidamente humedecidas se ponen en acción en las manos y caras de las esfinges
del poder legislativo. El ambiente oficial huele a flatulencia y chamusquina de
promesas… y en las oficinas de los consejos académicos está el crujir de huesos
y el rechinar de dientes.
Las posibilidades reales de aterrizaje
de los programas sociales y las mejoras paliativas en la calidad de vida de la
macilenta ciudadanía se evaporan en los pasillos del poder, lo que no impide
que los legisladores, ministros y funcionarios logren sus aspiraciones
hedonistas y aseguren un futuro envidiable, aunque desproporcionado,
surrealista, faraónico y, gracias a la política de transparencia, aun discretamente
inalcanzable para el ojo público, salvo las excepciones que permite el propio
sistema.
Por decir algo, Anaya, el pequeño y
ridículo presidente de la pitufada nacional, representa los ideales y forma de
vida de muchos políticos y funcionarios que, sin distinción de siglas y colores
le aúllan a la luna sexenal desde la comodidad de la loma de proyección pública
donde son útiles. Desde luego que hay que proteger a la familia de la violencia
y cochambre del propio sistema al que sirven. Claro que vivir en Atlanta
representa una isla de glamur que cualquier padre responsable quisiera dar como
oportunidad para sus hijos, mientras México es movido por las fuerzas cómplices
del “Pacto por México” al estercolero de la historia política neoliberal. Cae
por tierra el disfraz de opositor para revelar lo que es: un cómplice
inconsecuente del desastre nacional.
Tanto el exgobernador panista de Sonora,
Padrés, como el priista de Veracruz, Duarte, sirven como muestra de la
distancia entre el discurso y la promesa respecto al cumplimiento del deber
constitucional. Sólo son dos casos recientes, dos gotas que escapan del
sanitario político nacional dejando una estela de podredumbre que emana del
partido y se instala en la dirección de las instituciones de la federación
mexicana. La pestilencia institucional no se quita con los aromatizantes del
apoyo y la vista de funcionarios gringos o europeos, sino que se confirma su
extranjerismo apátrida y al servicio de qué soberanía están.
En este contexto, no extraña que los
reconocimientos internacionales y nacionales, otrora honrosos, representen
vergüenza y sumisión, porque ¿quién creerá en el premio Nobel de la Paz después
de Obama, o en la medalla Belisario Domínguez después de Bailleres? La
pestilencia penetra, se apodera y crece en la ambigua estulticia del poder, en
las corruptibles clientelas partidistas y en las redes familiares que parasitan
la economía y la política, y que promueven las formas obtusas de la corrección
política.
Sin embargo, en un mundo plagado de
obscena cursilería y bajunos ejemplos de oportunismo mediático, aún hay voces y
rostros que recuerdan la dignidad perdida, la autoestima labrada con
inteligencia y trabajo, y el horizonte luminoso de la inteligencia comprometida
social y políticamente: Don Pablo González Casanova, ex-rector de la UNAM, ha
rechazado su nominación a la medalla Belisario Domínguez. Así, la fiesta escatológica
puede seguir sin contrapunto.
Por otra parte, cuando se privilegia la
forma sobre el contenido, es fácil emprender la hechura de un sistema
anticorrupción mientras los cargos de ministro acaban siendo una manera de
acceder a sueldos y prerrogativas para la mayoría inimaginables, y en el mismo
sentido, tenemos a los miembros del poder legislativo que reciben generosos
estímulos a cambio de votar por la afirmativa las iniciativas del Ejecutivo.
Abajo, en las instancias operativas de la procuración de justicia y la
seguridad pública, el “informe policial homologado” y las extrañas relaciones
que se dan para borrar, en los hechos, la frontera de la legalidad, permiten
suponer que las instalaciones y la tecnología serán un homenaje más a la
apariencia.
En la vida real, los ciudadanos son
víctimas de la venalidad judicial, del abuso de funcionarios públicos para
quienes un incremento de 35 por ciento en la tarifa de agua potable puede no
significar mucho, pero que hace la diferencia entre la participación fiscal y
la evasión ciudadana, entre la paz social y la franca oposición al abuso.
Los ciudadanos de Hermosillo tendrán que
afinar sus mecanismos de defensa, ya que la promoción del amparo contra los
aumentos a la tarifa del agua no los exime de recibir el incremento en sus
recibos del servicio, según se ha dicho. Si tras el amparo concedido hay que ir
a reclamar este beneficio a las oficinas de Agua de Hermosillo y esperar la
buena voluntad de una burocracia hecha para resistir a la razón ciudadana,
habría que pensar en generar un frente amplio de oposición que eche por tierra el
incremento, por ser notoriamente abusivo. ¿Hermosillo estará dispuesto a un paro
general de usuarios? ¿Tendrá el valor de oponerse enérgicamente al abuso?
No hay duda que los esfuerzos ciudadanos
han sido valerosos y dignos, pero hace falta la contundencia de la acción
popular que reclama lo que le corresponde en justicia.
No es raro tener la idea de que estamos
siendo gobernados por una entidad holográfica, programada y operada desde
alguna televisora o alguna embajada extranjera. ¿Por qué no recuperar la
realidad?
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