La seguridad social en perspectiva

        “Lo que no aprovecha a la colmena, tampoco aprovecha a la abeja” (Marco Aurelio).

Contra todo pronóstico, el tema de la seguridad social no acaba de calar en la conciencia de muchos de los potenciales y reales afectados por las reformas de Peña. Mucha de la gente que ahora lucha por (o desde) un puesto de trabajo, lo hace sin hacer cuentas de su edad de retiro y las posibles ventajas o desventajas que traen consigo las disposiciones impulsadas y aprobadas por los gobiernos de Zedillo y Calderón y las iniciativas y propósitos del actual mandatario Peña.

A pesar de ser un asunto de importancia nacional, aún son pocas las opiniones que calan en la conciencia ciudadana al abordar críticamente los vericuetos de unas reformas que carecen de sustancia social y supuran afanes mercantiles e individualistas y, lo que es peor, son menos las que proponen vías colectivas de defensa de los derechos aún vigentes en la Constitución. La clase trabajadora y sus organizaciones parecen necesitar no sólo información sino una motivación fuerte y agresiva para sentirse involucradas en la catástrofe social que significa la privatización de la seguridad social en México, razón por la cual, hasta ahora, las respuestas a los embates sufridos por los trabajadores del IMSS, ISSSTE, Petroleros entre otros han sido tímidas y fraccionadas.  También en el nivel de los organismos estatales, se advierte una especie de modorra de quienes son, o serán, los principales afectados. Es evidente que la falta de conciencia trae consigo el desinterés que, en general, afecta al simple ciudadano, al estudiante promedio, a las personas cuyas condiciones particulares les permiten sentir que la jubilación y sus problemas son cosa de otros y no propias.

Solamente los directamente afectados, en el momento en que lo son, se acuerdan de la palabra “solidaridad” y reclaman atención y apoyo por parte de los sindicatos, y el nivel de atención y de interés por el tema, va en razón directa proporcional a la proximidad del mismo. Sin duda contribuye a esta situación el individualismo y la trivialización de los valores sociales que postula el sistema. En este sentido, es explicable por qué las masas trabajadoras no se han unificado, local y nacionalmente, y marchado contra la privatización que, por otra parte, se vende como “modernidad” y como opción ventajosa para el usuario convertido en cliente. Esta visión enajenada del sistema afecta la vida interna de las organizaciones y, por ende, las prioridades y los objetivos de sus luchas.

Un dato preocupante es el que, en muchos casos, las organizaciones sindicales centran su atención en los aspectos contractuales de carácter económico y desestiman los atinentes a lo social y político. Lo anterior conduce a una visión pragmática de los objetivos de la acción sindical desinserta de la problemática social que la rodea, de suerte que las luchas inician y concluye en la estrechez de la aritmética contractual: reclamo de incrementos porcentuales y consolidación de los aspectos de beneficio inmediato. La dimensión social de la lucha sindical es esporádica e inconsecuente con el embate neoliberal a la clase trabajadora y el efecto negativo de las reformas legislativas que se implantan. Más que acciones preventivas y transformadoras se tienen reacciones defensivas y conservadoras. Lo anterior resulta ser un contrasentido, habida cuenta que, en un régimen donde la ideología neoliberal destruye el tejido social, toda acción sindical es por necesidad política.

La defensa de la seguridad social trae aparejada la del empleo y las conquistas de la clase trabajadora plasmadas en la constitución, la legislación laboral y los contratos colectivos de trabajo, que ponen como eje rector el bienestar del trabajador y su desarrollo como persona y como ciudadano. En consecuencia, no puede haber acción sindical que al pretender la mejora de las prestaciones y las condiciones de trabajo no persiga también la superación de sus actores y el mejoramiento de la sociedad en la que viven y actúan cívicamente. Lo anterior supone el reconocimiento de una corresponsabilidad que trasciende los límites de la relación laboral pero que, en el caso del sindicalismo, se deriva de ella.

Actualmente, es más que evidente que las reformas impulsadas por los gobiernos neoliberales generan la precarización del empleo y la disminución de las garantías sociales y políticas históricamente conquistadas. Por ello se ha puesto en calidad de mercancía la educación, la salud y el ahorro de los trabajadores, privatizando los servicios e individualizando las cuentas de retiro. A la fecha, se tiene constancia de que el sistema de cuentas individuales operado en las Afores ha resultado un completo fracaso, desde el punto de vista del beneficio para el pensionado y, por el contrario, un éxito para los negocios privados que administran los fondos. En este caso, resulta evidente que la recuperación del ahorro de los trabajadores implica la responsabilidad del Estado y la restitución del sistema pensionario al ámbito público. Las pensiones y jubilaciones deben ser nuevamente asunto público, por su carácter e impacto social. No se debe especular con el ahorro de los trabajadores sin responsabilidad ni garantía pública.

En este caso, urge una reconsideración legislativa que, respetuosa de la Ley Suprema, reconozca el derecho de los trabajadores a la jubilación digna, que permita una vida decorosa y plena en el marco de los derechos nacional e internacionalmente reconocidos al adulto mayor y que debe, puntualmente, tutelar el Estado.

Recientemente, se ha tenido noticia del quebranto de algunos sistemas pensionarios estatales, como los de Sonora y Veracruz, ocasionados por el saqueo de sus respectivos gobernantes. Es claro que la responsabilidad es pública y que deben someterse a la acción legal los culpables, pero también lo es la necesidad de impulsar reformas que permitan un estricto control de los fondos. Es claro que en su vigilancia deben intervenir las representaciones sindicales y actuar con absoluta transparencia.

El pasado 16 de noviembre se realizó un Congreso Estatal Sindical sobre Seguridad Social, promovido por el STAUS y apoyado firmemente por diversas organizaciones sindicales, donde se presentó el panorama nacional y local de este importante asunto y se resaltó la necesidad de crear un frente común en defensa de los derechos de los trabajadores a una jubilación digna y segura, acceso a los servicios de salud y atención de calidad, así como a las demás prestaciones a las que legalmente tienen derecho.

Se da dado un paso importante en la recuperación de los espacios de participación que nos identifica como clase trabajadora y como ciudadanos de pleno derecho, pero falta mucho por discutir y hacer. Por lo pronto, hemos puesto en el centro de la atención de los participantes la idea de la acción colectiva y la solidaridad. Hay todo por ganar.