Cuestiones de seguridad

                                                “Jamás consideraré libre al hombre que teme” (Horacio).

El pasado domingo 16 fue asesinado con arma blanca, en su hogar, un empresario hotelero hermosillense, un luchador social contra los excesos de las tarifas de servicios tan ineludibles y vitales como el agua, y un hombre de bajo perfil, salvo por sus críticas al gobierno municipal. El caso, hasta hoy, es uno más de los que coleccionan las autoridades locales para engordar las estadísticas del misterio y los interrogantes especulativos de quienes debieran ofrecer soluciones y medidas preventivas a los ciudadanos de nuestra desnaranjada capital de Sonora.

El caso ha servido para que la señora coordinadora de seguridad ciudadana (sic) salga a la luz pública y emita declaraciones con algún ingrediente tranquilizador que, seguramente, funciona en algún universo paralelo o en alguna otra dimensión distante de nuestra realidad cotidiana. Lo cierto es que la gente muere asesinada sin distinción de ocupación, sexo y edad, en una sucesión de “casos aislados” que solamente han servido para que la autoridad recomiende a los vecinos que se “cuiden entre ellos”, en un “aí se l’echan” oficial que invita a la organización ciudadana, pero sin “hacer justicia por su propia mano”.

También advierten de la incapacidad policiaca de intervenir en delitos que se cometen en vecindarios tipo “cerrada”, ya que son una modalidad de “condominio horizontal” y que, siendo propiedad privada, las fuerzas del orden no pueden actuar. Es decir, la lotificación tipo cerrada supone extraterritorialidad y, por tanto, las leyes locales y nacionales contra la delincuencia no aplican, como tampoco lo hacen respecto a actos que se realizan tras la barrera infranqueable de una puerta cerrada, asunto que, por otra parte, parece tener sin cuidado a los perpetradores que se pasan la seguridad hogareña y la vigilancia policial por el mero arco del triunfo.

Si así están las cosas y la población debe “cuidarse entre sí”, entonces, ¿por qué gastar millonadas en cachivaches como el “C5i”, versión mejorada del “C4” que incluye al número 911 de emergencias, tan acreditado en las series policiacas de EE.UU., y el cargo en nómina de funcionarios como los de la “coordinación de seguridad ciudadana”, tan inútiles como la oferta de apoyo psicológico después de que a una familia la han ultrajado en una demostración de viciosa impunidad? ¿Cree usted que con rollos motivacionales se resuelve el problema de la suprema ineptitud y negligencia de las autoridades?, ¿que se revierten los daños de la acción criminal concreta? ¿Alguien cree, en serio, que la inseguridad es un problema de percepción? ¿Con cháchara demagógica, cuando no cínica, se avanza en materia de seguridad pública? OMG!!!

Mientras que las autoridades que debieran ser competentes en materia (aunque en lenguaje político pri-peña-nietista se dice “tema”) de seguridad pública evaden su responsabilidad aparentando que la asumen, la ciudadanía experimenta una especie de orfandad cívica que afecta los fundamentos mismos de la coexistencia pacífica. El sentimiento de abandono termina por persuadir a cualquiera de que la justicia, para que funcione, debe ser pronta y expedita, y que su aplicación debiera estar a cargo de las autoridades, pero si éstas no pueden, no quieren o no saben cómo, entonces es el ciudadano quien de manera residual debe asumir una responsabilidad que, en principio, directamente no le corresponde.  Pero, “cuídense entre ustedes” da carta blanca para las acciones que dicte la desesperante evidencia de estar solos en la lucha por preservar integridad y patrimonio.

Si así están las cosas, ¿qué sentido tienen las campañas periódicas de “despistolización”, si quienes las usan para agredir a la población son delincuentes y las consiguen como sea? ¿Por qué desarmar a la población en medio de un clima de auge de la criminalidad y de lentitud, complicidad y venalidad de las autoridades y cuerpos operativos? En este momento crítico debe revisarse cuidadosamente la legislación y retirar los ordenamientos que den lugar a la impunidad de los delincuentes y criminales.

Si se presume la inocencia de cualquiera, es de justicia cambiar de criterio cuando alguien es claramente responsable de algún ilícito, aunque en la aplicación de la ley la interpretación literal no deja de ser una mala caricatura. Sin antecedentes, contexto y estudios periciales no hay bases para dar por descontada la inocencia o la culpabilidad de alguien. Se debiera postular que nadie es culpable o inocente hasta que se demuestre de manera suficiente. Sin embargo, la nueva modalidad judicial parece inclinada a dar todas las ventajas posibles a la criminalidad, en un sistema impuesto, como la reforma energética, por nuestros vecinos gringos.

Si no ponemos orden en nuestra economía, nuestra política seguirá observando las pautas e intereses del capital extranjero y la empresa trasnacional decidirá el futuro del Estado. En estos momentos urge una generosa dosis de nacionalismo, en aras de fortalecer nuestra economía, dignificar la política y hacer del trabajo legislativo una forma útil de refrendar nuestra nacionalidad y los mejores intereses nacionales. Sin duda alguna, la legitimidad de las autoridades sería real, y no un producto forzado de las campañas mediáticas y la demagogia de ocasión.

Es un hecho indiscutible que la inseguridad pública es expresión de las fallas del sistema económico, porque sin empleo e ingreso seguro la marginalidad deviene en estructuras fundadas en códigos de conducta distintos y opuestos a los que debieran regir en una sociedad donde predomine el estado de derecho. Quizá estemos a tiempo para revertir los daños, pero, mientras tanto, los funcionarios debieran abstenerse de decir tantas pendejadas. Sería un buen inicio.