Represión legislativa

                      “Los estados que son más corruptos son los que más leyes tienen” (Tácito).

México parece competir en materia de iniciativas legislativas que afectan los supuestos de la democracia y el respeto a los derechos humanos. En el seno del poder legislativo se cocinan los bodrios que más tarde darán sustento a las más absurdas formas de represión ciudadana, haciendo saltar por los aires la fama lograda por otros países, como España, que han logrado convertir la ley en garrote que se bate contra los derechos y la dignidad de sus habitantes.

En evidente y ridícula imitación al régimen de derecha fascista español, el legislador priista Omar Fayad impulsa una iniciativa de ley que pretende amordazar la actividad de las redes sociales y medios alternativos de información a través de Internet. La absurda Ley Mordaza cibernética mueve a risa cuando no a justísima indignación, ya que se trata de un instrumento con meses de maduración inspirado en defensa de la imagen presidencial y del actual régimen, pero que por su esencia sólo mueve al rechazo más enérgico de todos cuantos valoran la libertad de expresión para la construcción de una verdadera democracia. La iniciativa nació muerta y, en consecuencia, ya apesta. Sólo resta darle cristiana sepultura, o ser cremada.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) insiste en aparecer en la primera de los periódicos con pronunciamientos y jurisprudencia que permiten dudar de la cordura y probidad de sus integrantes. Antes se hizo famosa por su aprobación del anatocismo, ese perverso cobro de intereses sobre intereses que le hizo el día a la banca extranjera en México; ha avalado la constitucionalidad de verdaderos absurdos disfrazados de “reformas constitucionales” cuyas consecuencias son las de atacar derechos laborales y sociales de los trabajadores y a favor del saqueo nacional por parte de entidades extrajeras; ha manoseado la institución matrimonial sin que haya de por medio un objetivo social entendible; ha permitido la injerencia extranjera en asuntos de la exclusiva competencia de los mexicanos, como son los atinentes a la seguridad nacional y la impartición de justicia; ha solapado el deterioro del ingreso y patrimonio de los trabajadores al avalar recientemente el “embargo salarial”. Ahora nos dice que solamente el salario mínimo será inembargable y cualquier salario que lo rebase podrá ser embargado hasta un 30 por ciento.

Al respecto, nadie puede afirmar válidamente que $70.10 pesos diarios sean suficientes para los gastos familiares y para ahorrar en previsión de necesidades futuras. En este caso, la SCJN ha dado por legal el saqueo y la represión económica de los trabajadores a manos de sus acreedores, que pueden ser bancos, comercios o particulares. La indefensión laboral resulta ser más evidente si recordamos las desastrosas reformas en materia de trabajo y seguridad social, que han sido fuertes contribuyentes a la miseria de los actores fundamentales del proceso productivo, en el marco del deterioro creciente de la capacidad adquisitiva del salario. Hoy no es posible comprar la canasta básica con un día de salario mínimo, menos lo es proveer el mobiliario y equipo necesario para atender las necesidades operativas del hogar (enseres domésticos, por ejemplo), de la salud y la educación de los hijos, entre otros que supuestamente satisface la definición de “salario mínimo”.

Lejos de proteger el salario de los trabajadores como la cantidad de ingreso necesaria para resolver primariamente su calidad de vida, el gobierno parece empeñado en socavar los cimientos económicos de la estabilidad social, y generar las condiciones para la ingobernabilidad que, como se sabe, ya ha pasado facturas sangrientas al país.  

Los problemas que el modelo económico provoca, ahora se pretenden sofocar  con medidas legislativas que solamente alcanzan a subrayar la percepción pública de un gobierno fallido. A través de las normas, se formalizan conductas que tienen un fuerte componente ideológico que defiende usos y costumbres ajenos a nuestra idiosincrasia, a los lazos de unión histórico-sociales que nos dan identidad y coherencia social. Se puede suponer que existe interés de desestabilizar social y políticamente al país mediante la represión económica, la marginación política y la privación o regateo de libertades fundamentales, como parecen documentarlo las recientes reformas y la impresentable actuación de la SCJN.

Diputada Gómez Cabrera del PVEM-Sonora
que, en su momento propuso castigar la publicación
de memes en internet.

Las decisiones de los diputados, senadores y ministros de la Corte dan pie a considerar heridas de trivialidad las instancias legales nacionales, de suerte que no sea exagerado señalar que en el país todo aquello que no se pueda resolver desde una óptica inteligente que tome en cuenta los valores e intereses de las familias y las instituciones al servicio de éstas se convierte en iniciativa de ley, por ejemplo, el consumo de enervantes.

La legalidad en México perdió rumbo, dejó su asidero social e histórico para anclarse en modas impulsadas por intereses que no cuentan con la legitimidad de ser nuestros. Es un eslabón más de la cadena de enajenación política y económica que aprisiona el ser nacional, que manosea y deforma la defensa de los derechos humanos, que reprime y nulifica la familia, las tradiciones y costumbres que nos hacen ser singulares dentro de la comunidad  de intereses históricos de la Patria Grande  hispanoamericana. Urge el rescate de la República.