Lo que se dice... y lo que es

Curioso asunto el de la donación de un terreno para la construcción de un hospital Shriners en Hermosillo. Interesante aspecto de la vida citadina en tiempos del PAN. Las buenas intenciones del alcalde López Caballero de favorecer la construcción del nosocomio especializado en tratamiento de pacientes quemados mediante la generosa dotación inmobiliaria, se vino abajo al revelarse que Shriners no tiene intención de establecer tal unidad en la capital de Sonora. Es decir, se aprobó por el Ayuntamiento la donación de un terreno de 35 mil metros cuadrados en el Parque Industrial Norte, para nada. Desde luego, alguien investiga.

Lo que parece ser una chamaqueada a costillas de los serios y formales regidores y, por extensión, los ciudadanos de esta Nobilis Urbe, está lejos de ser una broma estudiantil, habida cuenta que la desincorporación ese terreno corre el riesgo de caer en manos de algún particular con buenas conexiones y pocos escrúpulos, lo cual no debe permitirse. La experiencia hermosillense habla del saqueo inmobiliario por parte de personas y empresas cercanas al poder, donde destaca el caso de los terrenos del vaso de la presa A. L. Rodríguez, la superficie que se ha convertido, de la noche a la mañana, en fraccionamiento de lujo, así como dolor de cabeza y amenaza de expropiación para los vecinos de La Victoria y El Tazajal que ven con temor las avenidas del río San Miguel.

El hambre de terrenos prácticamente gratuitos acompañados de total impunidad operativa, hacen posible que el sueño de muchos urbanistas de ocasión se vuelvan realidad, sabedores de que el ciudadano común se refugia en las redes sociales, asiste quizá a una o dos marchas, mientras la maquinaria del gobierno y particulares VIP sigue construyendo bordos, nivelando terrenos, desmontando y rediseñando por las vías de hecho la topografía hermosillense todos los días, de cara al pueblo que ve inundados sus hogares, sus derechos violados, su patrimonio arruinado, sus esperanzas perdidas. La legalidad, cuando aparece, parece estar reñida con la justicia.

Por el lado del palacio de gobierno, cerca de dos millares de burócratas ponen a crujir sus huesos y a rechinar sus dientes, ante la cada vez más cercana fecha del cambio de poderes. El 13 de septiembre inicia un capítulo si no nuevo si distinto en la sucesión de gobernantes neoliberales en Sonora, lo que siempre es tema de conversación en los corrillos de quienes viven del presupuesto. Los niveles de mando que arrancan con el de subdirector y termina con el de secretario ya ponen sus barbas a remojar en la tradicional poda sexenal, mientras que los trabajadores de base denuncian trampas porque algunos funcionarios son bajados de nivel para no ser considerados de confianza, es decir, “despedibles”. No estaría mal que la próxima administración revisara los expedientes y considerara la trayectoria de los que se quedan, aunque también de los que se van, si a pluralidades vamos. Ocurre que muchos funcionarios se han profesionalizado en el servicio público y, en consecuencia, han acumulado experiencia e información que puede ser valiosa para el nuevo gobierno. Aquí cabe considerar que tanto es desperdicio no aprovechar la experiencia como atenerse a las recomendaciones, sugerencias o negociaciones de incorporar a sujetos con apellido pero sin asunto en el gobierno.

Por el lado del sector salud, crece el clamor en las redes sociales acerca de la inminente privatización del IMSS e ISSSTE, en el sentido de que sus servicios serán reducidos al nivel básico, dejando a las empresas médicas privadas la atención de enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, artritis reumatoide y padecimientos renales, entre otros. Diversas autoridades han salido a desmentir la noticia, asegurando que de lo que se trata es de proporcionar un mejor servicio. Lo cierto es que médicos y enfermeras alertan acerca de este grave asunto y denuncian por los medios a su alcance que la privatización avanza.

Mientras las autoridades intentan desmentir estos cambios, en los hospitales ya se han retirado los equipos de hemodiálisis, se ha convertido en negocio privado el servicio de ambulancias y es inminente la subrogación de los servicios de imagenología (conjunto de las técnicas y de los procedimientos que permiten obtener imágenes del cuerpo humano con fines clínicos o científicos).

Como se puede ver, el gobierno sale a desmentir lo que en los hechos realiza y expresa su política de privatización y destrucción del sector salud. La seguridad social en México está siendo sacrificada en aras de convertir en negocio privado un bien público, un derecho humano internacionalmente reconocido, ahora convertido en una mercancía más a la que muy pocos enfermos pueden tener acceso gracias al nivel de ingresos de la mayoría de los mexicanos y, por otra parte, a la dudosa calidad y responsabilidad de los agentes privados. No es lo mismo lo que se dice y lo que se hace. El ciudadano mexicano es víctima permanente del engaño y la manipulación mediática.

En este contexto, ¿qué ocurre con los funcionarios públicos estatales y municipales? ¿Qué pasa con los integrantes de la cámara de diputados y la de senadores? ¿A qué hora dejaron de ser representantes del pueblo para convertirse en gestores de negocios privados? ¿Cuándo terminaron como viles empleados de las trasnacionales?

La nación, la entidad y el municipio requieren de un replanteamiento de los por qué, los para qué y los cómo del servicio público. Urge recuperar el sentido de las proporciones, el sentido común, la autoestima, el significado profundo del deber y la satisfacción de su cumplimiento. Cosa de esforzarse…