País de garabato

¿Se ha preguntado usted por qué en México las empresas trasnacionales gozan de aparente impunidad? ¿Por qué los empresarios le sacan fácilmente concesiones y favores al gobierno en turno? ¿Por qué la ley y la justicia ante ellos se muestran evasivas y laxas cuando de castigar se trata? Cuando ocurre un accidente, desastre ecológico o violaciones al derecho laboral, la legalidad se vuelve de chicle, es extremadamente flexible, considerada, cómplice pudiéramos decir, y nada ni nadie parece que puede persuadir a los señores representantes de la ley y el orden de cumplir con su estricto deber, sin buscar pretextos, dilaciones, excusas y justificaciones favorables a los infractores o simples delincuentes.

Mientras que los policías se solazan en aporrear y vejar a los ciudadanos que se pasan un alto, que tienen cara de sospechosos o que de plano les cayeron gordos, los señores empresarios pueden poner a temblar la economía familiar, hostigar al cliente, reducir a polvo su reputación y acabar con la tranquilidad de los hogares mediante el hostigamiento telefónico, los continuos avisos de cobro, la prepotente mirada despectiva de sus empleados y el mal trato al cliente como norma sagrada de observancia empresarial.

Si usted tiene la mala fortuna de ser moreno, de aspecto común, vestido mal o con modestia producto de vivir con uno a tres salarios mínimos, ya sacó boleto para calificar  como sospechoso de cualquier tipo de delito. Aun si vive con tres o cinco salarios mínimos, las esperanzas de un trato digno se evaporan en la medida en que usted cae en garras del crédito comercial o, sin caer en él, por ser miembro de la clase proletaria que huele a criminalidad potencial.

El ciudadano del campo como el de la ciudad tiene que vivir con el estigma de ser precarista en una sociedad donde el ideal de logro se traduce en un nivel de consumo por encima de la media. En este sentido, el trabajador o el pequeño empresario rural sufren de una minusvalía social que permite que el gobierno se regodee en situaciones de crisis: entre más jodida esté la gente, más prestarán atención a la generosidad de las fundaciones, personajes políticos, o funcionarios de gobierno. La crisis o emergencia permite que los miembros de su partido reciban los apoyos mientras que los opositores o independientes quedarán al margen de los beneficios que exige la coyuntura.

Ahora que estamos en temporada de derrames, el agua embotellada, por ejemplo, se reparte de acuerdo a criterios políticos, según se ha denunciado (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=147597&relacion=&tipo=Sonora&categoria=1). Los del PAN si reciben agua mientras que la oposición bien puede quedarse chiflando en la loma. El apoyo selectivo parece tener la marca de la filiación política sin considerar que la necesidad es de todos.

Pero más allá de las mezquindades propias de una mentalidad políticamente subdesarrollada, la actitud de las autoridades supone una suerte de incredulidad ante la realidad regional, ya que el lenguaje y las acciones son tímidas, dubitativas, sospechosamente torpes: se sugiere o impulsa la creación de una comisión para analizar el caso, ver si es cierto que los compuestos acidulados son tóxicos, qué tan tóxicos, cuánto les durará lo tóxico y qué tanto puede tolerar su contacto un organismo vivo para dejar de serlo.

Si el sindicato minero desde hace varios años advirtió al gobierno federal y estatal del peligro potencial que había en los famosos represos de la minera Buenavista del Cobre de Cananea, los problemas de seguridad industrial y el daño que estaba sufriendo la población por la constante exposición a substancias tóxicas, entonces, ¿cómo acreditar el interés, la responsabilidad y la competencia de las autoridades locales y federales cuando apenas se va a investigar? El caso de Cananea parece ser la crónica de un desastre anunciado por los propios mineros y cómodamente ignorado por la empresa y el gobierno.

Como si fueran zopilotes al acecho de un cadáver, los opinantes institucionales saltan a la palestra y se ponen bajo el reflector de la coyunturalidad noticiosa: la universidad tal y tal conjuntamente con la de este y aquél estudiarán las causas y consecuencias del derrame, lo que arrojará un artículo publicable que permitirá a los autores cosechar puntos para su currículo. Por otra parte, un grupo de psicólogos irá a las comunidades a “curar el daño emocional” de no tener agua, como si el problema tuviera otra solución que la de reparar el daño ambiental y dotar a la población del líquido de manera permanente y continua.

Resulta escandalosa la noticia de que la minera pagará una multa ridícula por el daño ocasionado, como si se tratara de pasarse un alto o conducción punible. El arruinarle la vida a varios miles de familias y ciudadanos trabajadores en el medio rural no tiene comparación. Se han arruinado cosechas, muerto ganado, se han tenido que tirar miles de litros de leche y paralizado la producción de quesos, sin fecha segura para reactivar la economía campesina. Se requieren acciones serias y decididas que garanticen la seguridad ambiental y productiva de los productores rivereños, y no medidas distractoras.

Lo obvio es suspender de manera definitiva las actividades de Grupo México en Sonora, toda vez que ha demostrado a lo largo y ancho del país su desprecio a las normas de seguridad e higiene, así como revisar y replantear el régimen de concesiones mineras y similares. No es posible que México sea tan permisivo y barato en términos de costos por contaminación ambiental.

No podemos ser el resumidero de los ecocidas internacionales, por más que se levanten voces locales en defensa de los contaminadores Larrea: El PAN, Semarnat y los empresarios agrupados en organizaciones patronales pugnan por que no se “satanice” a Grupo México, porque sería un “mal mensaje para los inversionistas”. ¿Para qué quiere Sonora y México atraer inversionistas que se pasen por el arco del triunfo las leyes y normas ecológicas y de protección ambiental, además de los derechos laborales y sociales de nuestros coterráneos?  

Con o sin derrames mineros en Sonora, el país se encuentra en un grave problema. En vez de esforzarse por alcanzar lo que todos suponemos que debe ser un país libre y soberano, el gobierno de la república se empeña en hacer retroceder el reloj de la historia nacional, como queda demostrado con la reversa a la expropiación petrolera cardenista de 1938 o la nacionalización eléctrica de López Mateos de 1960. Da la impresión de que el modelo que el actual gobierno sigue es el porfiriano, tan dependiente del extranjero, tan permisivo con la oligarquía y tan represivo con el ciudadano.

Las condiciones sugieren la seria y puntual revisión de nuestro concepto de ciudadanía, donde deberán brillar las libertades pero también el estricto cumplimiento de las leyes. No es exagerado decir que lo que se juega en el país es nuestro futuro independiente o la condición de ser colonia de las trasnacionales.