El anuncio de que el acueducto que
surte a Hermosillo va a dejar de operar ofrece varios puntos de interés para
reflexionar. Desde luego que no cuestiono la inmensa sabiduría de los
agricultores cajemenses ligados a los intereses de los Bours, Castelo, Parada,
Rosas y similares, respecto a seguir chupando de la manguera que supuestamente
pertenece al jardín de los yaquis, etnia beneficiada con la mitad de caudal por
decreto presidencial de tata Lázaro.
Por supuesto que no me voy a poner a
cuestionar la diligente defensa que los obregonenses han emprendido como guerra
santa, cruzada reivindicatoria y bandera patriótica capaz de concitar
voluntades e inflamar espíritus con argumentos apegados a derecho y acciones
altamente publicables en la prensa regional. Tampoco la forma en que el interés
de los yaquis parece confluir en el de aquéllos, al punto de bloquear la
carretera 15 y promover recursos legales y políticos en su lucha.
En su momento, expresé que los verdaderos ganones no eran los yaquis sino
quienes los ordeñan: los rentistas de las tierras agrícolas yaquis que
aprovechan alrededor del 90 por ciento de la superficie y que se empeñan en
tener el servicio completo: agua abundante para los primeros y segundos
cultivos, independientemente de que no se cuida el ahorro del recurso ni el
tipo de cultivo donde la rentabilidad cortoplacista está por encima de la
sustentabilidad.
Se tuvo la impresión de que el negocio
de los buenos agro-empresarios cajemenses de pasar por yaqui honorario había
dado resultado, a juzgar por la decisión de un juez de Ciudad Obregón que
obligaba a suspender el funcionamiento de la obra, condenando a 850 mil
hermosilleneses a verse privados del vital líquido en cantidad suficiente y
someterse a los tristemente célebres tandeos inaugurados por el PAN, sólo que
“más rigurosos”, según advirtió este fin de semana Agua de Hermosillo http://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/281326/habra-solo-3-horas-de-servicio-de-agua-en-hermosillo.html).
La funesta noticia fue desmentida el
lunes por parte de las autoridades que informan de una decisión a favor del funcionamiento del
Acueducto por parte del Colegiado del Quinto Circuito, que revoca la decisión
del juez cajemense (http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/14072014/863558-Seguira-acueducto-no-habra-tandeos.html).
Independientemente de las culpas y
agandalle de la torpe administración estatal, Hermosillo requiere de agua para
su vida cotidiana y su desarrollo no sólo económico sino social y político. Este
aspecto pareció estar ausente en el dictamen del juez del sur del estado que
conoció del asunto, como lo está en las acciones y recursos de que se han
valido los señores agro-empresarios del sur del estado, quienes durante el
bloqueo llevaban algún refrigerio a los yaquis que sostenían el punto, en la
tardecita, cuando la temperatura permitía el paseo campestre y gozar del
espectáculo sin tostarse la piel o deshidratarse, que para eso están los indios.
Por lo pronto, parece que los
hermosillenses pueden seguir bañándose todos los días mientras se aclaran las
cosas en forma definitiva y se da a cada quien lo que le corresponde en
justicia.
Las razones jurídicas que pudieran
asistir a una y otra parte deben subordinarse al interés general, al bien
común. En ese sentido, llama la atención de que el conflicto se dejó correr sin
que las autoridades competentes en materia hidrológica dijeran esta boca es
mía. No recuerdo que se exhibiera algún estudio oficial que diera cuenta de la
verdad técnica y jurídica relativa a los derechos de las partes implicadas, que
considerara el lugar donde nace el caudal de agua, su recorrido y los derechos
de los usuarios a lo largo de la cuenca hidrólogica correspondiente. Si el agua
viene del norte, ¿qué pitos tocan los obregonenses en términos de jurisdicción?
Me parece que el engrudo hidráulico
del acueducto, desde la perspectiva del origen y destino del agua, se hizo
bolas por simple omisión de parte de la autoridad federal competente. En este
caso, es claro que el interés de dotar de agua a Hermosillo no necesariamente
fue correspondido por el gobierno federal ahora nuevamente en manos del PRI,
como lo es el ayuntamiento de Cajeme. ¿Estará siendo la capital del estado
víctima de una maniobra concertada para, por un lado, convencer a la ciudadanía
de votar por el PAN, y por otra parte, para disuadirla de esto? ¿La ciudadanía
de Hermosillo hace de jamón del sándwich preelectoral de cara al 2015?
¿Valdrá más el negocio de rentar
tierras con agua abundante para los negocios de los agro-políticos de Cajeme que
el sufrimiento de casi un millón de sonorenses? ¿Se sentirán muy satisfechos
del triunfo los rentistas yaquis por las migajas que reciben a cambio del uso y
abuso de sus recursos en casi toda la superficie agrícola del Valle? ¿Qué
sentirán los arrendatarios que parasitan las tierras de los indígenas como si
fueran sus legítimos propietarios? ¿El juez de la causa tomó en cuenta que el
beneficio real no es para los yaquis sino para los agricultores blancos que
gozan de tierras ajenas a cambio de un pago? ¿Por qué la apatía del gobierno en
resolver con legalidad y justicia este problema social que reclama urgente
solución?
Los hermosillenses son víctimas del
fuego cruzado de dos facciones políticas que comparten ineptitud, codicia y falta
de sentido social. Es el PRI y el PAN que se disputan los recursos públicos
para fines privados. Es la increíble inmoralidad de usar el tema del agua para
fines electorales, para el beneficio de una oligarquía sebosa y ridícula,
contra el bienestar de los ciudadanos y el futuro de Sonora.
Ante estos despropósitos de profunda
irresponsabilidad, cabe recordar que al acceso al agua es reconocido
internacionalmente como irrenunciable e
imprescriptible, y tanto el gobierno local como el de la república tienen la
obligación de hacerlo posible. En estas condiciones, Hermosillo no puede
funcionar normalmente con la incertidumbre de que, mañana o pasado, alguien
decidirá suspenderle el abasto del líquido.
Una situación así sería atípica,
extrema y nada promisoria para nuestra vida social y productiva puesto que
tendría las características de un desastre, y la ciudad estaría obligada a responder a la emergencia mediante la acción
pública y la organización ciudadana. ¿A usted
le extrañaría que se suspendieran todas las actividades públicas y privadas un
día a la semana hasta que se logre la solución del problema? ¿Tendría
inconveniente en manifestarse en defensa del agua que necesitamos? ¿Vería mal la
exigencia de acciones concretas que apunten hacia la normalización inmediata de
la vida cotidiana? ¿Estaría dispuesto a tomar las calles y bloquear la
carretera para el logro de estos fines? Difícilmente
se pudiera decir que no.
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