A las alturas del sábado 14, van 11
congresos estatales que han aprobado la reforma propuesta por el copete
nacional. Sonora es una de las primeras
entidades y no podía ser de otra manera. El gobierno panista local ha sido fiel
a su vocación conservadora y entreguista, en estricto apego al motor
fundacional de ese partido: la oposición a la expropiación petrolera cardenista
y la defensa de los intereses empresariales.
La curiosa paradoja histórica que se
presenta es la que resulta de considerar que el padre del PRI, el PRM, apoyó
dicha expropiación con el entusiasmo con que ahora sus desclasados hijos
celebran la cancelación del dominio nacional sobre los bienes del subsuelo, mar
patrimonial, espacio aéreo, y futuro independiente. Ciertamente no es la misma
cosa el PRI de los años 40 al 70, aunque se redefine en los años 80 para
profundizar su degradación neoliberal en los 90. Ahora los viejos adversarios,
uno liberal y otro conservador (para simplificar las tendencias generales) se
unen en la lucha por desnacionalizar el patrimonio energético. La parte oficial
y oficiosa la llama modernización. Para muchos ciudadanos traición y
entreguismo prostibulario.
Las notas periodísticas de este día mencionan,
cuando lo llegan a hacer, solamente de pasadita la nota de la aprobación,
perdida entre los asuntos del presupuesto, el cambio de placas
automovilísticas, y detalles de la distribución del dinero. En un periódico
local solamente se alude el tema en una escuetísima línea, sin más detalle.
Quizá para muchos el asunto petrolero
no tenga el interés que puede tener el costo de las placas, licencias o acta de
nacimiento, y que resulte demasiado abstracto, complejo y enfadoso preocuparse
porque los gringos logren apoderarse del petróleo mexicano, tal como lo hacían
durante el porfiriato, y que ese frenesí consumista de lo ajeno haya sido
frustrado por el Constituyente de Querétaro en 1917, porque quedaba claro en el
artículo 27 lo que correspondía al dominio de la nación. Pusieron el grito en
el cielo y clamaron por el respeto al sacrosanto derecho a la propiedad
privada, en este caso sobre los bienes del subsuelo mexicano que la nueva
constitución les prohibía. Las presiones al gobierno de Carranza y hasta el de
Obregón, lograron los nefastos acuerdos de Bucareli, en los que México se iba a
hacer el tontito en cuanto a la aplicación del artículo de marras. La ley es
muy buena siempre y cuando no se cumpla.
Durante el porfiriato el jolgorio
extranjero fue grande, la felicidad de contar con tierras regaladas, o casi,
en México atrajo a los inversionistas, quienes le dieron vuelo a la hilacha de
la explotación inmisericorde de los trabajadores y los recursos nacionales:
así, ferrocarriles, minas y pozos petroleros, tierras agrícolas y negocios
urbanos se vieron colmados de gringos y similares. Don Porfirio vio con temor
el crecimiento desproporcionado de la influencia yanqui y decidió favorecer a
las empresas petroleras inglesas, cayendo de la gracia de Washington. Luego vino
la revolución por impulsos internos tanto como externos. Díaz cayó. Madero fue
asesinado tras un complot celebrado en la embajada de Estados Unidos.
La lucha por la legalidad y plena
vigencia de la constitución de 1857 elevó al “salón de la fama” a Venustiano
Carranza. Los jaloneos entre fracciones
revolucionarias cesaron al pergeñar los diputados el proyecto de país
que todos querían: la Carta Magna, que concreta las demandas de los grupos en
pugna, eleva a rango constitucional los derechos sociales y las plasma en el
capítulo de las garantías individuales, constituyendo en su momento un documento político y jurídico ejemplar para
muchas naciones, por su alto contenido social.
Desde esa época, se han sucedido
múltiples cambios en el texto constitucional, adecuaciones necesarias a los
tiempos y las necesidades producto de la evolución política, económica y social
del país. Pero es a partir de los años 80, y sobre todo los 90, cuando se han
dado reformas que parecen tener el empeño de quitar la protección de la Ley
Suprema al patrimonio nacional. Entramos en un terreno legislativo donde parece
predominar una especie de furor desnacionalizante, de amargo sabor apátrida,
entregado a facilitar la apropiación extranjera de nuestros recursos
estratégicos. Los legisladores integrantes de las dos cámaras actúan en
obsequio a los intereses extranjeros, con lo que se vuelve realidad el viejo
sueño gringo de nulificar lo dispuesto en el artículo 27 constitucional y
seguir gozando de lo ajeno, como ocurría en tiempos de don Porfirio y de ahí
hasta la expropiación petrolera de Cárdenas en 1938.
El delirio conservador y
extranjerizante parece tener, ahora, asidero legal, gracias al PAN, que logra
su sueño anti-expropiatorio y al PRI salinista, que niega y borra todo recuerdo
de cuando era un partido revolucionario. Ahora, toda alusión a la revolución de
1910-17 es políticamente incorrecta. La “modernidad” se abre paso hablando y
pensando en inglés.
El golpe legislativo que se dio en el
DF se replica en los estados gobernados por la dupla neo-conservadora PRI-PAN,
unidos por la ideología neoliberal, la del mercado que chatarriza hasta la
dignidad y el decoro legislativo, convirtiendo a los diputados y senadores en
viles agentes del imperialismo anglosajón. Los nuevos Miramón y los Mejía,
junto con los clones esmirriados de López de Santa Ana, cabalgan por la nueva
derrota nacional, por los terrenos de la ignominia, del oprobio prostibulario,
de la política de cabaret, table-dance, tugurio semi-clandestino, que ahora llamamos
Congreso de la Unión, o, en su defecto, Congreso del Estado. Pomposo nombre que
engaña y confunde, como la prostituta que habla de virginidad. Pero en manos
del pueblo consciente y nacionalista está el remedio. ¿Hay alguien ahí?
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