Hay ardores que ni con pomada

“No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder” (Benjamin Franklin).

Interesante entrevista al Dr. Guillermo Cedeño, investigador en salud pública de la Universidad de Harvard (publicada en Proyecto Puente 14.07.20), donde ofrece su opinión experta y dice, simple y llanamente, que en esta epidemia lo que debe hacerse es evitar lugares concurridos, lo que incluye fiestas, juntadas y borracheras grupales; espacios cerrados con poca circulación de aire que permitan la aspiración de aerosoles que pueden estar contaminados por el virus, donde lo recomendable es el uso del cubrebocas o mascarilla, y en cualquier caso guardar la sana distancia y el aseo frecuente de manos.

Las recomendaciones de este y otros expertos no mencionan prohibiciones o restricciones de los derechos humanos, y sí un ejercicio pleno de las responsabilidades individuales y colectivas para evitar contagios.

Lo anterior viene apuntalado por experiencias de otros países que han manejado exitosamente la curva de contagios mediante medidas preventivas, no restrictivas.

Si embargo, en nuestra localidad la prevención se ha centrado en las prohibiciones, sanciones y ultrajes al ciudadano por parte de la autoridad que, además de ser medidas violatorias de los derechos ciudadanos, son contrarias a la visión de los expertos en el campo de las epidemias.

Dicho en otras palabras, los toques de queda, la restricción de horarios, la imposición de medidas caprichosas y sin fundamento científico como el uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos, solamente ocasionan malestar ciudadano y abren la puerta a abusos, inconformidades, tensión social y más contagios.

Tristemente, el gobierno local ha optado por desplegar una risible y caprichosa actividad mediática seguramente asesorado por la Chimoltrufia, entre otros expertos improvisados en epidemiología, capaces de equiparar el uso del cubrebocas con el de los calzones y el brasier (Proyecto Puente, 15.07.20). ¿Creerán que así de tonto y vulgar es el pueblo?

En el escenario nacional, llama la atención el golpeteo político, sobre todo de panistas, contra el doctor Hugo López-Gatell, encargado federal de coordinar el combate a la epidemia, mediante el manejo de un revoltijo de datos manoseados para desacreditar la validez técnica de los informes que presenta diariamente el epidemiólogo.

La prensa y grupos ardidos por la terrible realidad de tener ahora que pagar impuestos y decir adiós a sus privilegios, chillan en reclamo de una vuelta al pasado, por la continuidad del saqueo de la nación por parte de empresarios inescrupulosos ligados a intereses transnacionales, por mantener el secuestro de la riqueza y recursos nacionales y seguir siendo intocables. Pero como ha dicho López Obrador, “la corrupción es el origen de la desigualdad social en México”, y eso ya no se va a permitir.

El gobierno federal ha enviado insumos y equipo médico a los estados para el combate a la epidemia, pero cabe preguntar ¿qué hacen los estados para fortalecer su infraestructura de salud y su capacidad de respuesta a problemas como el actual?

Tenemos años y felices días de saqueo al erario, despojo de recursos a la salud pública, robo de fondos pensionarios, graves afectaciones patrimoniales a las instituciones de seguridad social, como es el caso de ISSSTESON, así como desviación de recursos para campañas electorales (¿le dice algo la Operación Zafiro?), entre otros problemas heredados del régimen neoliberal.

Durante este tiempo se vio el avance de la privatización de los servicios al interior de los hospitales, las subrogaciones, el robo de medicamentos y materiales de curación, el desmantelamiento de la capacidad de los hospitales, clínicas, laboratorios y farmacias, así como la conversión en negocios particulares de las cadenas de suministros y servicios auxiliares.

En Sonora, como en mucha partes, es claro que “no estábamos preparados” para afrontar la epidemia, justamente porque los recursos no se aplicaron o se desviaron alegremente por los gobiernos en turno. Y hasta ahora sale a flote la profunda corrupción en el sector.

Usted puede preguntar si antes de la epidemia las farmacias del ISSSTESON estaban surtidas, si los servicios de emergencias, medicina interna, cirugías, cuidados intensivos funcionaban a cabalidad. La respuesta antes y ahora es NO.

Sin embargo, los políticos cobijados en el PRI, PAN, o PRD, entre otros engendros neoliberales nostálgicos, chillan, babean y amenazan al actual gobierno, y lo señalan como el culpable de los males nacionales, de los efectos de la actual epidemia y, en particular, del número de muertes que el virus ha causado. Se olvidan de más de cuatro décadas de rapiña y abusos.

El ataque histérico contra el doctor López-Gatell es expresión de lo descompuesto que tienen el hígado y el cerebro los gobernadores panistas, los empresarios ganones y evasores de impuestos, los directivos que representan los intereses de las transnacionales con contratos y concesiones sujetas a revisión por las autoridades federales correspondientes, los “académicos” maiceados y meritócratas del viejo régimen, y los trasnochados que llaman “comunista” al gobierno del cambio, por desarrollar una política social incluyente.

La epidemia ha hecho posible poner en evidencia la mezquindad del sector neoliberal y la torpeza de algunos gobiernos locales que deciden acciones “preventivas” que varían de acuerdo con la ocurrencia del día, en las que resulta notoria la ausencia del fundamento médico-epidemiológico y donde siempre destacan las palabras “prohibir”, “obligar” y “sancionar”.

Los lineamientos, programas y acciones de la Secretaría de Salud han sido claros y se han manejado con total transparencia ya que cualquiera puede acceder a las bases de datos y obtener la información. Falta que los estados y municipios cumplan con lo que por ley les corresponde, sin exhibicionismos, politiquería o distorsiones pedestres. Ya es tiempo de que los oportunistas y los ardidos políticos, ocupados en conspiraciones bajunas, se enteren de que la prioridad es México.

Usted se contagia... o se contagia.

“La felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, dormir sin miedo y despertarme sin angustia” (François Sagan).

Bueno, pues parece que la consigna mediática general en nuestro país y el mundo es que el que no está contagiado de Covid-19 pronto lo estará, lo que resulta casi tan importante como la noticia de la proximidad de un tratamiento específico o una vacuna que salve el trasero de la humanidad, así que veamos algunos detalles.

En el tiempo que tenemos bajo los efectos físicos, económicos y psicológicos de la epidemia de Covid-19 ha surgido el negocio floreciente de las “pruebas rápidas” y, de manera destacada, de los cubrebocas, mascarillas o como le quiera llamar a ese útil accesorio, y también el no menos próspero de las caretas protectoras que permiten ver la cara de su interlocutor y los gestos que hace.

Como usted sabe, la combinación de cubrebocas y careta da una imagen favorable del usuario ya que demuestra “conciencia social”, tanto como “responsabilidad”, y más si cuenta entre sus objetos personales un frasco de gel-alcohol al 70% porque habla de su cooperación con la salud general y lo bien que sigue las instrucciones que dicta la publicidad comercial y, eventualmente, la autoridad en turno.

Puestos en ese plan tan cumplidor y precavido, lo que digan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), o la Secretaría de Salud del país es lo de menos, que para eso hay autoridad estatal o municipal que le va a decir dónde, cuándo y cómo se va a enfermar, y qué debe hacer o no para lograrlo.

Ahora resulta que las “pruebas rápidas” y el uso del cubrebocas son dogma de fe para el ayuntamiento, así como todas aquellas medidas que puedan violar los derechos humanos pero que suenen compatibles con la paranoia generada por el alarmismo y la desinformación, curiosamente inducida por la propia autoridad local en aras de “cuidar tu salud”.

Aquí vemos el establecimiento de horarios para circular por las calles sin correr el riesgo de contagio o multa, los procesos de “sanitización” (desinfección) de espacios abiertos en prevención de que el microbio se oculte en un bache en espera de víctimas, la limitación de los ocupantes de un carro particular, para uso familiar, que en la óptica del ayuntamiento puede ser un reservorio del virus, entre otras ridículas ocurrencias.

El miedo inducido en la población surte efectos económicos importantes tanto para los laboratorios privados con las “pruebas rápidas” como para para las empresas farmacéuticas, porque el rumor de un tratamiento desencadena compras de pánico de ciertos medicamentos útiles para cualquier otra cosa menos para prevenir o curar de manera probada la enfermedad de moda, y quienes realmente los necesitan se encuentran con el cada vez más frecuente “no hay”.

Si se ve en la tele o en YouTube que alguien dice que la Hidroxicloroquina, o la Ivermectiva, o la Azitromicina, entre otros que incluyen la Aspirina, son útiles para el Covid-19, seguro que van a desaparecer de las farmacias aunque las autoridades de salud mundiales o nacionales digan que aún no existe tratamiento comprobado e indicado para la enfermedad.

En otro orden de ideas, se ha manejado la posibilidad de que el virus se transmita “por el aire”, sin subrayar la existencia de condiciones particulares como, por ejemplo, la concurrencia en espacios cerrados sin la protección recomendada; o que se han encontrado ciertas evidencias de la presencia del virus en heces fecales, y que resulta alarmante porque cada vez que usted baja la palanca se supone una dispersión de aerosoles que potencialmente pueden contener al temible SARS-CoV-2, sin averiguar si el bicho es funcional o si solamente pudiera tratarse de fragmentos sin poder contaminante.

Usted puede creer y defender la veracidad de estos y otros informes y quizá tenga razón. Nadie se puede poner en el plan de descalificar las posibilidades de explicación de las vías de contagio. Nadie. Pero tampoco alguien puede encaramarse en una verdad por comprobar y darla por cierta e incuestionable.

Difundir una posibilidad como si fuera realidad es inútil para los efectos de la prevención sanitaria, peligroso por sus efectos sociales al propagar factores poco deseables de pánico y alarma entre la población, y francamente no contribuyente a una buena conducción y control de la epidemia mediante la orientación y difusión de noticias útiles y pertinentes. No caigamos en la infodemia. 

Seguramente las autoridades mundiales y nacionales de salud darán por buenas las investigaciones que siendo objetivas, exhaustivas y veraces, arrojen luz en este asunto, y eventualmente recomendarán los protocolos de prevención que sean pertinentes; mientras tanto, la prudencia es más que recomendable.

En la epidemia no ha faltado el manejo político y las llamadas “fake news”, pero también ha estado presente la responsabilidad social que se manifiesta mediante el manejo cuidadoso de la información tanto en medios tradicionales como redes sociales, y eso precisamente puede hacer la diferencia en el ánimo y la conducta de los ciudadanos frente al actual problema.

Si no hay sensibilidad y empatía informativa corremos el riesgo de creer que por el simple hecho de respirar o ir al baño fatalmente nos vamos a sacar la rifa del virus, y que sin importar lo que hagamos el contagio estará presente. Lo mejor es conservar la calma, informarse bien y tomar las precauciones del caso.

Hagamos lo posible por no caer en el alarmismo, o la náusea provocada por los chacoteos de la autoridad tanto por videoconferencia como a bordo de un carro recolector de basura, como lo han visto los hermosillenses (Expreso, 07/07/20). Que haya salud y paciencia.  

Sonora y las nuevas indisposiciones

“Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda” (Martin Luther King).

Inicia el mes de julio y de nueva cuenta tenemos novedades acerca de las limitaciones y obligaciones que ha tenido a bien recetarnos el gobierno local mediante acuerdos del Consejo Estatal de Salud (CES).

Como usted sabe, se declara obligatorio el uso del cubrebocas al salir de casa, y se promueve el cierre parcial o filtrado de la frontera con el Tío Sam; también se pretende hacer modificaciones a la Ley de Tránsito para lograr reducir la movilidad en el estado mediante un programa parecido al “hoy no circula” de la Ciudad de México y que, en caso de epidemia, los municipios puedan implementar medidas similares, todo ello con tal de bajar el número de contagios y sus a veces fatales consecuencias.

A estas alturas seguramente usted ya ha leído y releído los acuerdos del CES, así que no voy a aburrirlo con repeticiones; si embargo, cabe hacer algunas observaciones.

Por ejemplo, la decisión del cierre de la frontera corresponde al gobierno federal porque los estados que integran la federación no están facultados para ello. Dicha medida fue descartada muy al inicio de la epidemia por el propio presidente de la república y ha sido señalada como indeseable por la Secretaría de Salud, en el contexto de las medidas de prevención establecidas.

La suspensión parcial o total de la movilidad en territorio nacional corresponde únicamente al titular del poder ejecutivo y sólo en caso de emergencia nacional, debiendo ser ratificada por el Congreso de la Unión.

El gobierno del Estado no puede conceder facultades de las que carece a los municipios, y obviamente la Ley de Transito de ninguna manera puede estar por encima de un  ordenamiento superior como es la Constitución.

Es verdad sabida que los retenes y filtros son inconstitucionales, es decir ilegales por completo, así que la propensión a violar la ley y caer en la ilegalidad como forma de contener el avance de la epidemia es por lo menos absurda y en buena medida ridícula.

Por lo que toca a los famosos cubrebocas o mascarillas, se ha repetido hasta el cansancio por parte de la OMS-OPS y las autoridades sanitarias federales que sólo son recomendables en caso de presentar síntomas asociados a la enfermedad, estar en lugares donde no sea posible guardar la sana distancia, o estar al cuidado de una persona enferma. En cualquier otra circunstancia es inútil y hasta factor de contagio si se usa inadecuadamente. 

Sin embargo, las autoridades locales han decidido convertir en una obligación el uso masivo de cubrebocas, lo que suena a ocurrencia o promoción de ventas de dicho accesorio, cuando no una medida simplemente mediática que quiere dar la impresión de que se está haciendo algo.

Lo anterior trae a la memoria la reciente imposición del cubrebocas en Nuevo León, donde el troglodita que lo gobierna (sic) ha tenido a bien amenazar a la ciudadanía con multas en caso de incumplimiento.

Así mismo, imposible no recordar los atropellos sufridos por los ciudadanos de Jalisco por la misma razón, cuestión que ha costado lesiones y hasta una vida a manos de los guardianes de la ley y el orden que hacen cumplir cualquier tipo de aberración que emana del trasero del gobernante en turno.

Los niveles de improvisación y de torpeza evidenciados por nuestras autoridades locales es verdaderamente pavoroso, más atemorizante que la propia epidemia, ya que no los guía ni puede realmente guiarlos el interés por preservar la salud de los ciudadanos, sino simple y llanamente el de montarse en la epidemia para hacer campaña preelectoral, negocios y posicionar su imagen y la de sus allegados.

A estas alturas, la lista de tonterías y atropellos perpetrados es suficiente como para que los ciudadanos tengan claro que la clave para evitar contagios es la que presentaron desde el principio las autoridades de salud federal, donde la palabra clave fue “voluntario”: aislamiento y restricción domiciliaria voluntarios. Aquí, en cambio salta y resalta la palabra “obligatorio”.

No hay duda que el prianismo no da para más y que Sonora pudiera estar mejor si se prestara atención a las recomendaciones de la OMS y la Secretaría de Salud federal, sin ocurrencias, sin politiquería, con respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Lo bueno es que ya casi se van.

       

La discriminación somos todos

“La edad es algo que no importa, a menos que seas un queso” (Luis Buñuel).

No se si será error de comunicación o simples ganas de joder, pero en Hermosillo se tiene casos documentados de comercios (desde changarros a grandes almacenes transnacionales) que le dan con la puerta en la nariz al cliente mayor de 50 años (El reportero, 29.06.20).

Según reporta el periodista Ernesto Gutiérrez Ayala, algunos ponen avisos advirtiendo que no se admiten menores de 12 años ni mayores de 50, supuestamente por instrucciones de la Secretaría de Salud o por mandato de la alcaldesa, y en la cadena Walmart se abren sus puertas para clientes de más de 50 solamente de 7 a 9 de la mañana, y también se pide identificación con los mismos fines restrictivos y discriminatorios.

En fecha reciente, el ayuntamiento tuvo la idea de poner barreras metálicas en el andador del Mercado Municipal No. 1, a fin de impedir que los adultos mayores acudieran a pasar las horas en compañía de otros con edades y experiencias afines.

Quizá muchos vieron como positiva la medida pensando en que había que evitar la reunión cotidiana, más si se trata de personas que por su edad constituyen población de riesgo. Es posible que se haya argumentado que la gente “no entiende” y, por tanto, había que tomar acciones directas “para evitar contagios”, ya que todo es por nuestra salud.

En el fondo se parte de la idea altamente errónea y discriminante de que los viejos son material de desecho, algo así como cosas o entes que ya llegaron a su fecha de caducidad laboral, social y política, y que vale más barrerlos bajo la alfombra social antes que reconocerles su calidad de seres humanos, en su momento profesionistas, empleados, trabajadores por cuenta propia, cabezas de familia y, hoy por hoy, ciudadanos de pleno derecho.

Aquí es inevitable pensar en la cantidad de jóvenes que viven de la pensión o el patrimonio logrado por sus padres y que, sin embargo, ven el mundo con la superioridad ficticia del que no tiene más mérito que la poca edad.

Muchas personas en edad productiva van por el mundo con sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas, tabaquismo o problemas renales severos, sin que haya alarma general y se les señale con el dedo flamígero de la nueva inquisición ciudadana que aplaude las disposiciones restrictivas y coercitivas del ayuntamiento.

Tras esas caras juveniles que documentan su edad con credencial para votar actualizada, pueden encontrarse algunos problemas de salud que se disimulan, pero que constituyen bombas de tiempo que estallarán y requerirán asistencia hospitalaria; sin embargo, nadie discrimina a esa colección ambulante de enfermedades potencialmente mortales que agita su anatomía al ingresar a Walmart, ya que es persona menor de 50 años, con lo que se demuestra que hay comorbilidades de Covid-19 socialmente “normales”.

El caso es que los adultos mayores pasaron de ser población en riesgo a peligro de contagio que hay que evitar, aislar y, de ser posible, erradicar. Ya no se trata de protegerlos como si no fueran dueños de su voluntad, sino de borrarlos del mapa porque en la percepción colectiva creada por la epidemia son potencialmente contaminantes y, por ende, un peligro para la salud de los demás porque, en el contexto, cualquier viejo tiene cara de Covid.

En cambio, el resto de la población puede hacer sus compras con la mayor soltura, pagar sus cuentas, trasladarse a donde necesiten, navegar por la nueva normalidad solamente con las reservas que marcan los semáforos sanitarios y las ocurrencias de las autoridades municipales, como el absurdo e ilegal toque de queda de seis de la tarde a seis de la mañana.

La sobreinterpretación de las medidas de precaución establecidas por la autoridad sanitaria competente, solamente contribuyen a profundizar el malestar de la epidemia en lo económico, lo social y lo personal, por lo que las autoridades locales deben intervenir para evitar que los comerciantes se tomen atribuciones en materia de salud, considerando que, si no corresponden directamente al ayuntamiento, menos corresponden a los particulares.

Considerando que el virus puede infectar tanto a niños, jóvenes o adultos mayores, es imperativo poner orden en el caos provocado por el estado de alarma sanitaria mediante la vigilancia, la información y el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier forma de discriminación por edad.

Por lo anterior, es claro que padecemos una epidemia de iniciativas ridículas basadas en la ignorancia, tan infundadas como violatorias de la ley. La autoridad, si la hay, tiene que hacer su trabajo.

Por su parte, el ciudadano debe denunciar este tipo de atropellos ante la Secretaría de Salud estatal y las demás instancias oficiales que sean pertinentes, así como también poner los incidentes en conocimiento de los medios de comunicación. Digamos NO a la estupidez convertida en norma de observancia comercial y social.    

Morena no es azul

“Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos” (N. Maquiavelo).

Ha despertado inquietud la creciente afinidad que se observa en el Ayuntamiento de Hermosillo respecto a las prácticas entre torpes, ridículas y autoritarias propias del prianismo organizado que se han impuesto como normas de inobjetable observancia en los últimos días a propósito del “combate a la pandemia”.

Como si el tiempo de 2018 a 2020 no hubiera transcurrido (salvo en el calendario electoral) da la impresión de que los usos y costumbres del pasado reciente han quedado sin tocar, igual que las ambiciones de trepadores viejos y nuevos, tanto como el oportunismo que documenta la capacidad de algunos de cambiar de careta, vestuario y navío en medio del oleaje político que permite el ascenso tanto como el descenso de los pasajeros con destino a algún puesto público o de elección popular.

Tal inmovilidad aparente nos hace pensar que, de acuerdo con el cuento de Monterroso, el dinosaurio sigue ahí, y que, en todo caso, el despertar del cambio aún no se da realmente por razones de inercia y conveniencias de peso… de muchos pesos.

En el panorama municipal de Sonora, los cambios han sido en buena medida solamente enunciativos, amparados en siglas que corresponden a otra idea de hacer política y que despierta la esperanza del cambio, de una nueva forma de comportamiento social donde la palabra empeñada tenga sentido y concreción.

Sin embargo, los que llegaron gracias al impulso de López Obrador y la promesa de Morena no necesariamente han llenado las expectativas, por lo que cabe preguntarse por qué hay esa discordancia entre lo esperado y lo actuado.

Quizá el origen del problema esté en la procedencia de los candidatos y sus equipos, habida cuenta que prácticamente hubo una operación de “abordaje” que pasó por ser inclusiva en torno al fenómeno AMLO, donde personajes actualmente bien posicionados poco antes habían confesado apasionadamente su militancia y lealtades en otras opciones políticas, por ejemplo el PAN. Así pues, en un tiempo récord algunos cambiaron su discurso y aplaudieron y alabaron a quien poco antes habían denostado y difamado, en un giro político que no ideológico muy a tono con la coyuntura electoral.

El caso es que, además de las torpezas e ilegalidades cometidas en el contexto de la epidemia, el Ayuntamiento de Hermosillo acaba de aprobar la construcción del Acuaférico, obra que proveería de agua a las colonias del norte de la ciudad capital, lo que estaría bien si no fuera porque al parecer se conecta con varios problemas, entre los que destacan el endeudamiento por 10 años del organismo operador de agua potable (que es parte de la administración paramunicipal de Hermosillo) con acreedores privados; la factible dotación de infraestructura que beneficiaría a proyectos de desarrollo inmobiliario en marcha desde hace años por los gobiernos prianistas, elevando su valor; y el recrudecimiento del pleito legal por el derecho a la disposición del agua promovido por las comunidades yaquis del sur del estado afectadas por el Acueducto Independencia, megaproyecto estelar de Guillermo Padrés (Proyecto Puente, 25.06.20; https://youtu.be/0tmDDv3dZJY).

Por esta y otras cuestiones, cabe preguntarse si la instrucción de AMLO de no contraer más deuda fue ignorada o no fue entendida, o si la función del Ayuntamiento es establecer restricciones que violan derechos humanos, favorecer intereses privados o proteger los correspondientes a los hermosillenses presentes y futuros.

Recientemente trascendió que, a partir de la visita de Alfonso Durazo Montaño, actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, la señora alcaldesa ha manifestado su interés por la reelección, lo que provocó la reacción con cara de fuchi de no pocos votantes de Morena (las5.mx, 18.06.20).

Sin duda el partido es la opción, pero los chapulines y malas imitaciones han generado un cierto malestar entre los ciudadanos, de suerte que cabe preguntarse: ¿hay condiciones para más deuda en el actual contexto? ¿No hay voces que llamen a la sensatez y prudencia cuando se trata de decidir medidas o disposiciones de orden público? ¿Por qué no se consulta a los ciudadanos? ¿Se tiene una “institucionalidad” ligada a la figura del “jefe” (o jefa) en vez de a la institución municipal?

En cuanto a la epidemia, ¿por qué se violan derechos humanos y se adoptan medidas ajenas al objetivo de prevenir la enfermedad? ¿Se protege la salud ciudadana imponiendo sanciones económicas y medidas de carácter coercitivo? ¿Por qué los funcionarios municipales se toman atribuciones que no les corresponden y que violan la Constitución?

Cabe recordar que recientemente un juez concedió a un ciudadano la suspensión provisional de la obligación de portar el “salvoconducto” exigido después de las seis de la tarde, por considerarlo improcedente y no fundamentado en derecho. Importante decisión que seguramente actuará como voz de advertencia para todos los hermosillenses y las propias autoridades municipales.

Me parece que estamos a tiempo para reflexionar sobre Hermosillo y la necesidad del cambio en los términos del movimiento encabezado por López Obrador, por quien millones votamos esperanzados en un mejor futuro.

Así pues, pronto la moneda municipal estará en el aire y qué mejor que llegue realmente Morena, tras el ensayo frustrado por la presencia de elementos reciclados que ni tenían idea ni podían tenerla acerca del significado ideológico de la reconstrucción nacional. Morena no es azul, y siempre es mejor la versión original que las imitaciones.

La discriminación también es epidemia

“La libertad nunca se consigue sin más; hay que luchar por ella. La justicia nunca se recibe sin más; hay que exigirla” (A. Philip Randolph).

No pasa día sin que los hermosillenses tengamos un motivo de asombro o de enojo que haga subir la adrenalina y sintamos como si la realidad cotidiana de los últimos meses fuera fabricada por algún sociópata, o por algún espantajo de bajos instintos mareado por el pequeño poder municipal magnificado por su propia vaciedad.

No pasa el día sin que se sepa que alguna empresa transnacional abusa de la epidemia y envilece el ambiente con subidas de precios y medidas “sanitarias” por lo menos ofensivas, discriminantes y francamente imbéciles.

De repente, cualquier burócrata tiende a dictar medidas coercitivas que hacen más espeso el caldo municipal y entorpecen la vida de la ciudad, de por sí apanicada y casi resignada a aceptar que las cosas no son ni serán como antes.

De repente, cualquier gerente de empresa puede descargar sus frustraciones e insignificancia en empleados o clientes, al imponer restricciones exageradas al interior del establecimiento y al aforo permitido por las autoridades de salud.

Tenemos las ridículas disposiciones municipales de cerrar después de las seis de la tarde los supermercados y tiendas de conveniencia que, como todo mundo sabe menos ellos, son actividades esenciales y han sustituido a los changarros de la esquina en muy buena medida; además de exigir un permiso para circular después de la hora citada, como si estuviéramos bajo un régimen de excepciones, estado de sitio o cosa parecida, en abierta violación al artículo 29 constitucional.

El único beneficio que se percibe es el aumento de la recaudación por concepto de multas basadas en la ilegalidad y el abuso, y es claro que con ello se viola el derecho constitucional al libre tránsito plasmado en el artículo 11.

Pero pensemos por un momento en la situación: la epidemia es provocada por la replicación de un virus, el SARS-CoV-2, que penetra en el organismo por vía de las secreciones de garganta y nariz que se expulsan cuando usted tose, estornuda o habla. Pequeñas gotas que salen y pueden llegar a la cara de otra persona que se encuentra próxima. Por eso se recomienda guardar la “sana distancia” de 1.50 o dos metros, así como lavarse las manos con frecuencia.

Si usted está tosiendo o estornudando y sale a la calle, lo recomendable es que lleve cubrebocas para proteger a los demás; también cuando se encuentre en lugares donde no sea posible guardar la distancia. Si presenta síntomas leves asociados a Covid-19, mejor no salga y permanezca aislado. De sentirse mal, corra al hospital.

Los virus no están flotando en el aire porque tienen suficiente densidad como para caer “por su propio peso”, así que no imagine amenazas donde no las hay y centre su atención en las medidas arriba señaladas.

Los virus tampoco tienen horarios de contagios, por lo que es ridículo suponer que solamente por la mañana los carros pueden circular y la gente se puede lanzar a los supermercados, porque en la tarde y noche los gérmenes patógenos acechan a los hermosillenses para enfermarlos.

El coronavirus puede infectar a jóvenes y viejos, por lo que bastan las medidas de precaución ya señaladas para protegerse del contagio, así que establecer horarios de acceso para los mayores de 55 años es una grave y solemne pendejada. El todo caso es una clara discriminación por razones de edad que viola el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución, como se reporta que está sucediendo en la transnacional Walmart, donde se les impide el acceso después de las 10 AM.

¿Sabrán que los virus no tienen horarios ni propiedades mágicas? ¿Tendrán idea, autoridades y empresarios, que tenemos un marco legal que nos protege y que lo están violando? ¿Tendrán los jueces y magistrados la honestidad y probidad suficiente para hacer valer la constitución y dejarse de bobadas queriendo justificar la ilegalidad por “razones” de la emergencia de salud?

Lo que queda claro es que hace falta mucha civilidad, información, responsabilidad y sentido comunitario; también hace falta serenidad y sentido común en la toma de decisiones que afectan a la comunidad y, por supuesto, hace falta apegarse a la política de combate a la epidemia planteada por el gobierno federal, sin politiquería y protagonismos no sólo inútiles sino desafortunados e indeseables.

  

Cuando el ciudadano y la ley no importan

“Las personas no son ridículas sino cuando quieren parecer o ser lo que no son” (Giacomo Leopardi).

Como usted sabe, el H. Ayuntamiento de Hermosillo aprobó la creación de un Consejo de Salud Municipal que, para abrir boca, acordó una serie de disposiciones para “disminuir la epidemia”, algunas de ellas “dolorosas pero necesarias” y que “en muchas ciudades del mundo se aplicaron con éxito considerable”, según refiere un funcionario municipal en comunicación personal.

De acuerdo con lo anterior, se pudiera suponer que Hermosillo es una isla con puentes tipo teleconferencia con Génova, Italia y su vicealcalde Matteo Campora pero no tanto con la Ciudad de México y la Secretaría de Salud que es donde se dicta la política general y la correspondiente a casos de emergencia sanitaria en México, de acuerdo con la Ley General de Salud (Expreso, 13.06.20).

Al parecer en el ayuntamiento no se tiene claro de que Hermosillo forma parte de Sonora, entidad federativa del Estado Mexicano, hoy por hoy democrático y soberano y, por ende, sujeto a su propio marco normativo que responde a sus circunstancias históricas, económicas y culturales.

De ahí que resulte un tanto absurdo suponer que las medidas que se tomen en alguna parte de Europa necesariamente van a servir para otro país, otra entidad u otra localidad geográfica, económica, política y culturalmente diversa.

Lo que queda claro es que el nuevo organismo (y aquí no vamos a abundar sobre su dudosa legalidad) ha empezado a actuar sin alterar el viejo guion impulsado por la señora alcaldesa desde el inicio de la pandemia, cuando decidió un “toque de queda” a partir de las seis de la tarde, en abierta contradicción con las recomendaciones del gobierno federal y abiertamente violando el artículo 29 constitucional (El Financiero, 02/04/20).

Como la disposición afecta a supermercados y tiendas de conveniencia, se pasa por el arco del triunfo el criterio federal y estatal de “actividad esencial”, perjudicando a muchos ciudadanos que viven de este tipo de negocios y a quienes salen de sus trabajos después de esa hora, o que acuden a comprar una vez que la intensidad del calor baja.

Reducir el horario de los supermercados y tiendas de conveniencia es una mala idea porque desde hace años éstos han sustituido en muchos puntos de la ciudad a los clásicos changarros, cubriendo las necesidades del abasto popular, por lo que limitar su acceso abre la posibilidad de aumentar los contagios.

Otro absurdo altamente desconcertante es el de imponer la necesidad de obtener salvoconductos a quienes tengan la necesidad de circular después de las seis de la tarde, “sea por actividades esenciales o no”, habida cuenta que es claramente violatorio del artículo 11 constitucional, referido a la libertad de tránsito, y de los artículos 183 y 184 de la Ley General de Salud, sobre la aplicación de medidas extraordinarias de salud, reservadas al presidente de la república.

En conclusión, deciden medidas ilegales y carentes de fundamento técnico y científico que contravienen el criterio federal y estatal sobre qué actividades se deben seguir realizando y cuáles no; además se impone la obligación de obtener salvoconducto, que en México está expresamente prohibido por la ley, con el agravante de que quien no lo tenga podrá ser sancionado con una multa. Aunque estas medidas son seguramente “exitosas en otras partes del mundo”, cabe recordar que estamos en México y tenemos nuestras propias leyes y circunstancias.

En lo particular, me parece que el éxito municipal, no debe medirse por su capacidad de aumentar la recaudación por concepto de multas, si se trata de una contingencia sanitaria.  

Es claro que el gobierno municipal no sabe que hacer pero que tiene la compulsión de hacer lo que sea con tal de… hacer. Un verdadero papalote sin cola en medio de una situación que requiere serenidad, sensatez, información y prudencia, mismas que se encuentran ausentes o son atropelladas por disposiciones que bien se podrían esperar de un gobierno prianista donde lo que menos importa es el ciudadano y la ley, a cambio de figurar en las noticias del día. Triste papel.