“Nunca
intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira” (Nicolás Maquiavelo).
Ya ve usted que el asunto de la epidemia
ha ocasionado más de un susto a la comunidad. La estridencia de los avisos por
parte de las autoridades locales ha logrado que el ciudadano común tenga miedo
y caiga en la paranoia colectiva, viendo como sospechoso de contagio a todo el
que se atraviesa en su camino.
Incluso, según reporta Vigilia Sonora en
reciente vídeo, las personas mayores son víctimas de malas miradas y
restricciones cuando acuden a tal o cual supermercado (Ley, por caso) con la rara
y discriminante instrucción de que sólo deben ingresar para hacer compras de 8
a 10 de la mañana (no se sabe qué autoridad sanitaria lo dispuso, o si fue una
aportación de la empresa en aras de contribuir a la incomodidad ciudadana).
La misma fuente reporta circulación de
vehículos oficiales con labores de perifoneo que emplean el sonido de las
sirenas que advierten de ataques aéreos en las películas de la Segunda Guerra Mundial,
dando un toque siniestro y abonando a la psicosis colectiva que favorece abusos
policiales, recaudación de multas y prepotencia disfrazada de cumplimiento del
deber.
Hay que señalar que las medidas dictadas
por el Consejo Estatal de Salud rebasan por mucho las recomendaciones de las autoridades
del comando central de la Secretaría de Salud federal, que se ha manifestado
respetuosa de los derechos y las libertades ciudadanas, y que ha reiterado que
no se piensa decretar el toque de queda u otras medidas con efectos similares.
Así pues, llama la atención que el
gobierno de la Ciudad de México, con 21 millones de habitantes (donde se da el
mayor número de casos de enfermedad Covid-19), y donde se producen por razones
naturales el mayor número de interacciones entre personas, hayan optado por hacer
recomendaciones respetuosas aunque continuas a la ciudadanía, lejos de la
actitud evidentemente extrema y autoritaria de Hermosillo, por ejemplo, donde
se tiene un total de 812 mil habitantes, mientras que el estado sólo cuenta con
2.85 millones de habitantes.
La ciudad y el estado en su conjunto
parece que se asumen como país independiente con riesgo similar a Italia, España
o Estados Unidos, y por tanto deben imitar el nivel de restricciones que se da
en otros lugares cuya densidad de población y dinámica social es muchas veces
superior a nuestra entidad.
Se nota la ausencia de una coordinación
eficiente y atenta con las autoridades federales, donde hay experiencia, capacidad
y medios suficientemente probados en este y otros casos de contingencias
sanitarias, lo que permite suponer que esta desconexión pudiera sumarse a las
acciones de gobiernos locales opositores al actual presidente.
Así tenemos la parálisis social y económica explicada por la epidemia, más la acción oportunista de organismos privados como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex o Canaco, que exigen apoyos fiscales y condonaciones de impuestos, siendo que las empresas afiliadas deben al fisco 50 mil millones de pesos, lo que llama la atención porque sus efectos pueden afectar al erario nacional en vistas a desacreditar y, eventualmente, deponer al gobierno de la 4T, garantizando una vuelta al pasado y a las acostumbradas corruptelas y complicidades entre el sector público y privado.
Parece que la actual situación de emergencia
se ofrece como una buena oportunidad para no pagar impuestos o llegar a un
arreglo que le tuerza el brazo a la ley, de manera que la iniciativa privada
pueda resultar, como en otras ocasiones, beneficiada o cuando menos no perjudicada
por la epidemia, lo cual ya es una muestra de la situación de privilegio que acostumbran
tener y que exigen al gobierno, a pesar de que los peces gordos de la clase
patronal son frecuentemente evidenciados en las redes sociales por los grandes
adeudos fiscales que tienen.
Por otra parte, se puede aventurar
que, en nuestro contexto, también se buscaría legitimar la inmovilidad
ciudadana al criminalizar las concentraciones de protesta por casos como la
subasta (venta) de El Cárcamo, lugar verde que es un espacio integrante de lo
que fue el ecosistema de La Sauceda, afectado por el furor inmobiliario y la
desidia intencionada de varias administraciones prianistas, a la que pudiera
incluirse la presente.
Un ecologista y defensor del predio
municipal en vías de privatizar señaló en la entrevista efectuada por el medio
informativo arriba citado que, tanto La Sauceda como El Cárcamo, son botín
codiciado por los tiburones inmobiliarios que han prosperado a la sombra de
gobiernos como los de Bours-Padrés, de suerte que se insinúa una comunidad de
compromisos e intereses entre la autoridad estatal y la municipal. Son terrenos
privilegiados con alta plusvalía donde, no sería de extrañar, se puedan asentar
hoteles, villas de lujo, campos de golf y albercas, además de los magníficos paisajes
naturales que ofrecen gracias al agua. Un Hermosillo de primera en medio de
otro de segunda y de tercera.
La epidemia provocada por un virus nuevo,
amerita la reflexión desapasionada acerca de qué puede pretender un gobierno local
que toma medidas precautorias que exceden a las recomendadas por el gobierno
nacional, con lo que, al parecer, tenemos virus nuevo y prácticas de
manipulación política viejas.
¿A quién conviene generar el temor y la
parálisis social? ¿Quién se beneficia con tener a una población atemorizada con
noticias que se manejan o interpretan como justificaciones para ejercer acciones
que lesionan los derechos ciudadanos y permiten el abuso de autoridad, así como
impedir, por ejemplo, la realización de actos que expresen masivamente la
inconformidad ciudadana por la anunciada venta de espacios públicos importantes
desde la perspectiva ecológica; o que una eventual avalancha de casos Covid-19
revelaran el saqueo y el abandono con fines de privatización del sector salud
estatal?
El momento exige la unidad y la
solidaridad nacional, y Sonora forma parte de México. Seamos congruentes.
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