“La buena salud y el buen juicio son dos
de las mayores bendiciones de la vida”
(Publilio Siro).
Enero y el desviejadero, como nos dice
la vieja conseja popular que en tiempos de crisis en los sistemas de seguridad
social resuena con mayor intensidad. La sola posibilidad de enfermar nos
produce náuseas, constipaciones, sudores fríos y una sensación de invalidez
social que apabulla. Aquí no somos nada… o casi.
Las instituciones de salud y, desde
luego, los sistemas de seguridad social se revuelcan en medio de estertores
presupuestales y muchos actores políticos señalan la necesidad de cambios
radicales en su funcionamiento. “Que alguien nos diga cómo hacerlo”, reclamarán
algunos, mientras que otros buscarán la figura paterna apropiada para sentirse
a salvo del escrutinio público: “estamos instalando mesa de seguimiento de las
recomendaciones de la OCDE para mejorar nuestro funcionamiento”, con lo que
debemos entender que están “trabajando en beneficio de las y los sonorenses”.
Mientras que usted estornuda y los
maestros jubilados de la sección 54 marchan y entregan reclamos escritos en
favor de que se cumpla el artículo 59 de la ley 38 que les garantiza el
incremento de la pensión en la misma proporción que el aumento salarial anual,
el gobierno se agarra de las barbas de Ángel Gurría, apodado en sus buenos
tiempos de funcionario salinista como el “ángel de la dependencia”.
Ahora resulta que el ISSSTESON ha
evitado el pago de “pensiones millonarias” y que en materia administrativa, en
el rubro de “contrataciones”, cuenta con la recomendación de la OCDE en una
insólita cuanto inútil relación que intenta maquillar lo que el sol revela como
una farsa perversa: mucha saliva cada tanto tiempo y de resultados nada, ya que
los culpables del desfondo pensionario y el daño patrimonial al instituto
siguen sin castigo y los fondos sin aparecer.
Resulta curioso que la señora
gobernadora presuma de un criterio emitido por la sala segunda de la SCJN en
tiempos de Medina Mora (el ministro actualmente en retiro famoso por su
corruptibilidad), para dar palo a las justas, legales y legítimas demandas de
los jubilados de obtener una pensión digna, en los términos de la propia ley 38
antes de la reforma de 2005, mismas que se reconocieron procedentes antes de
que el gobierno del Estado y el ministro de marras le torcieran el cuello a la
propia ley, borrando de un solo plumazo más de 200 demandas ganadas por los
trabajadores jubilados inconformes recién iniciado el gobierno de Pavlovich.
Pero digamos que estas cosas son agua
pasada, y que ahora la directiva del ISSSTESON actúa como el gato que, tras
hacer sus necesidades fisiológicas, simplemente las oculta mediante el
expediente de echarles tierra, en este caso con la figura del neoliberal
salinista Gurría y la patética OCDE. Con esto se sigue derramando saliva sin
llegar al fondo del asunto: el modelo neoliberal de la seguridad social como
negocio ha fracasado, como también la concepción de que las instituciones como
el ISSSTESON deben funcionar como caja chica del gobierno en turno, con la
pasividad de los trabajadores afectados.
Como usted recordará, el viernes 17
pasado hubo una marcha y manifestación magisterial de protesta frente al
ISSSTESON, con el fin de lograr que se les otorgue a los trabajadores
pensionados y jubilados una pensión que refleje el incremento decretado al
salario mínimo general para este año 2020, basados en que así lo establece la propia
ley del ISSSTESON en su artículo 59.
Es de esperar que el gobierno del
Estado, a través del ISSSTESON, cumpla con su obligación legal y que pague
retroactivamente el 12 por ciento que debe del incremento del año pasado que
fue de 16 por ciento y del que solamente aportó el 4 por ciento, más el aumento
concedido este año a los trabajadores que es del 20 por
ciento.
En este contexto, el gobierno del
Estado, el ISSSTESON e incluso la OCDE, sólo podrán seguir estornudando con
tranquilidad si se aplican la vacuna de la anticorrupción reforzada con una
buena dosis de transparencia, que los podría salvar de la influenza del
descrédito y la acción penal y social por fraudulentos.
Los trabajadores de la educación
jubilados y pensionados que se levantaron a protestar y hacer valer su
incuestionable derecho a una pensión digna deben ser apoyados por todas las
organizaciones sociales y sindicales, de manera efectiva, sin demagogia ni
simulaciones, porque el derecho de ellos es el derecho de todos.
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