“Muchas
veces se hace el bien para poder hacer impunemente el mal” (Francois de la Rochefoucauld).
Como usted habrá notado, la impunidad
ahora no es problema sino “tema”. Todos los personajes públicos hablan o
piensan hablar de ella, como si al pronunciar la palabra “impunidad” estuvieran
declarando su adhesión a la justicia y al imperio de la ley y librándose de las
sospechas y las consecuencias morales y estrictamente legales de leperadas
cometidas o por cometer.
La impunidad es un feo baldón social en
un contexto en el que todos hablan de la transparencia y la rendición de
cuentas, de la honestidad y la probidad de los funcionarios públicos y los
políticos con aspiraciones y, quizá por eso, hay que exorcizar los demonios de
la curiosidad pública en asuntos que se puedan fraguar desde las cómodas y
auspiciosas esferas del poder. Como se sabe, la corrupción es una especie de
Sida moral que aqueja, atosiga y atrapa a quienes ocupan cargos y posibilidades
de salir de pobres mediante el cada vez más empresarial ejercicio de las
funciones públicas. Muchos entran al puesto con una mano atrás y otra adelante,
pero en la medida en que aprenden a tocar las teclas apropiadas y conocen las
claves y conexiones del poder empiezan a desarrollar no sólo relaciones
problemáticas sino acciones de indudable ilegalidad. Muchas riquezas al vapor
se han amasado gracias al voto de usted, de los descuidos intencionales de la
autoridad competente y del arte de simular lo que no se es.
Recuerdo con signos de admiración la
declaración de fe en la legalidad del entonces alcalde Manuel Ignacio Acosta
Gutiérrez (“Maloro” para efectos mediáticos), referida a la “administración
anterior” correspondiente al panista Alejandro López Caballero, a la sazón
investigado por desviación de fondos públicos. “Nosotros no vamos a dejar nada,
ninguna actuación ilegal que lo tenga que hacer el Ayuntamiento, eso
(investigación de Alejandro López Caballero) lo está viendo la Contraloría y el
Director Jurídico” (El Sol de Hermosillo, 13-02-2016); o la declaración de
Natalia Rivera, Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, referida a los
expedientes “mal cerrados” del gobierno de Guillermo Padrés Elías,
correspondientes al caso del ISSSTESON y del Fondo Estatal para la
Modernización del Transporte (Femot), donde “coincide” con el fiscal Odracir
Espinoza: “Debe generarse alguna responsabilidad sobre el funcionario que haya
cometido alguna ilegalidad, que entiendo es exactamente la misma opinión que
tiene el fiscal y la comparto” (misma fuente).
Como se ve, los funcionarios, estrellas
luminosas en el firmamento de las coyunturas, casualidades o veleidades
políticas, se sienten obligados a pronunciar el mantra de lo políticamente
correcto, sea porque tienen responsabilidad ejecutiva o porque se suman a
quienes legalmente la tienen, aunque es justo aclarar que el simple pronunciamiento
no obliga, previene ni mucho menos disuade de ninguna conducta delictiva al
declarante, como queda claro a los hermosillenses que deben esperar sentados
que se haga justicia en el caso del ISSSTESON o del exalcalde López Caballero,
entre otros.
En nuestro medio tenemos la costumbre de
criticar la deshonestidad y una vez cumplido el ejercicio de nuestras
facultades de aparentar lo que no somos o creemos cerramos el expediente y nos
vamos a otra cosa, independientemente de que sigamos con ojos absortos el
devenir noticioso de la comunidad y nos regodeemos de las nuevas trapacerías de
los personajes del pasado reciente o los que están de turno porque, como buenos
ciudadanos, “los estamos vigilando”.
La impunidad y la corrupción son
aspectos oscuros que volvemos visibles sólo en caso de tener necesidad de
expiación de culpas a través de la flagelación ajena, de darse baños de
honestidad gracias a la exhibición del otro, de ese cabrón canalla que robó,
huyó o es visto por las calles gozando de su botín y de su bien ganada fama de
pillo apalancado, protegido en los hechos por la generosidad de la autoridad en
turno, la laxitud acomodaticia de los nuevos juzgadores, la muy calculada
ineptitud del sistema de justicia y la magia que transforma el delito, la
infracción o el crimen en un “tema”, dejando de ser lo que es: un problema
legal y social de enormes consecuencias para todos.
Me pregunto ¿cuándo nos decidiremos a
ser una sociedad que ponga sus deberes y obligaciones legales, políticas y
sociales por encima de los compadrazgos, parentelas, complicidades y afinidades
políticas? La respuesta no está en las palabras de ocasión sino en el
compromiso y acciones de las autoridades competentes por cumplir y hacer
cumplir la ley y procurar justicia. ¿Será mucho pedir?
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