“Con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver
cómo se hacen” (Otto Von Bismark).
El día 8
de agosto pasado Sonora fue víctima de un claro y evidente golpe legislativo
que dio por resultado la promulgación de la Ley 288, “… una ventajosa reforma
que otorga más discrecionalidad al Ejecutivo y subordinar al Legislativo a los
deseos del mandatario sonorense en turno./ Esa ley también otorga facultades a
la gobernadora Pavlovich que sólo corresponden al Legislativo; anula las
atribuciones de los diputados en materia de revisión de cuenta pública y de
supervisión del Ejecutivo, así como relega la facultad que tenían los
legisladores para designar a los titulares de los organismos autónomos y
personal administrativo del parlamento local” (Proceso,13/08/2018).
Como lo habían anunciado oportunamente, tanto los diputados
locales electos de Morena como los senadores Alfonso Durazo, Lilly Téllez y
Olga Sánchez Cordero, se promovió la impugnación de la citada reforma constitucional
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual se admitió a
trámite por medio de la ministra Margarita
Luna Ramos. Este recurso se suma a la acción de
inconstitucionalidad que presentó la PGR el 13 de septiembre pasado ante el
citado tribunal constitucional, misma que aún se encuentra en trámite. La
demanda de referencia contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Sonora
impugna los artículos 31, párrafo tercero y 140 párrafos tercero, fracción VI y
cuarto de la Constitución Política local
y, según Morena, dichos preceptos otorgan nuevas facultades al Ejecutivo en
materia de presupuesto y veto, y restringen la representación legislativa de
coaliciones y candidaturas comunes (El Financiero, 18/09/2018).
Con relación al asunto en comento, el Consejero
Jurídico del Gobierno de Sonora, Ivan Jaimes Archundia, refirió que Morena no
está impugnando lo relativo al artículo 64, fracciones XXII y XXIII de la
Constitución Política del Estado de Sonora (CPES) relativo a las observaciones
del presupuesto: “el escrito de Acción de Inconstitucionalidad promovido por
Morena contiene dos conceptos de invalidez el primer concepto de invalidez
impugna la constitucionalidad del artículo 31, párrafo tercero de la CPES
únicamente en las proporciones normativas que en cada caso rezan sobre la
coalición o candidatura común, en el segundo concepto de invalidez impugna la
constitucionalidad el artículo 140, párrafo tercero, fracción VI, así como el
párrafo cuarto del mismo precepto de la CPES en las porciones normativas que
respectivamente dicen: Fracción VI por violaciones a las normas jurídicas que
rijan los procesos electorales y por cuanto hace a la proporción el Gobernador
del Estado tendrá la participación que le asigne la ley", y puntualiza que el
recurso promovido por Morena “tiene que ver con las reformas que se aprobaron y
publicaron por parte de los legisladores locales en agosto del presente año,
únicamente en la parte electoral donde tienen legitimidad y ahora toca a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación evaluar el alcance de las mismas” (El
Reportero, Comunicado, 18/09/2018).
Como el agudo lector podrá observar,
aquí parece que se priorizó “la parte electoral” y se dejó de lado lo relativo
al reclamo popular del famoso veto ejecutivo que mete las manos hasta la cocina
en materia de presupuesto, con la consecuente atadura de manos a los señores
integrantes de la recientemente estrenada LXII Legislatura, que habrá de bregar
con la gobernadora priista CPA hasta que las próximas elecciones los separen.
Quizá la interpretación del asunto tenga
defectos graves, a lo mejor nos equivocamos de lectura, o probablemente a
alguien llevado por la emoción del momento se le chispoteó el detalle de la
materia presupuestal y la fluida operación del Congreso. No lo sé. Lo que sí
parece claro es que los reclamos públicos a la famosa reforma-ley 288 no tienen
mucho que ver con la muy reducida dimensión del reclamo formalizado por la
parte afectada, según los medios de información consultados. ¿Se impugnaron los
aspectos perversos de la ley 288, que desequilibra la relación entre poderes, o
solamente la parte electoral de esta? Las declaraciones del consejero legal del
Gobierno del Estado apuntan en esa dirección. Sería muy saludable que la
directiva de Morena o sus legisladores hicieran la aclaración pertinente, para
que el público tenga idea de si va a prosperar el capricho de la señora de
Torres o si hay posibilidades de echar abajo este atropello legal contra el
pueblo de Sonora de acuerdo con el texto de la acción de inconstitucionalidad
promovida.
1 comentario:
Es preocupante el cariz que está tomando la impugnación constitucional de parte de morena, quizá pensando que en un mediano plazo, tanto gobierno como congreso estará en manos de este partido. Y es que una omisión tan grande como es dejarque el gobernador sea juez y parte en materia presupuestal y deje a los ciudadanos en indefeccion en el manejo de su dinero.
También puede ser puro blof la declaración del asesor jurídico, pero nadie de morena ha salido a desmentirlo.
Otro aspecto preocupante es que la pgr se haya inconformado con los cambios a la Constitución política del estado de Sonora, porque no pienso que vaya en contra de un gobierno de su mismo partido. Por lo general esto lo hacen con fallas en el procedimiento para que el tribunal lo deseche y deje sin oportunidad de que se vuelva a demandar correctamente por el gobierno entrante. ¿Arreglos en lo oscurito de morena con el pri? O, ¿errores sin mala intención, propias de un gobierno que aún no gobierna?
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