Naturalidad y normalidad

En la actualidad se cuestionan aspectos de la vida y de las relaciones humanas que antes eran consideradas obvias por asumirse como naturales o normales. La seguridad de que el matrimonio se refería exclusivamente a la unión entre hombre y mujer para fines afectivos y cuyas consecuencias social y personalmente esperadas eran la constitución de una familia que aportara a las estadísticas demográficas, no tenía discusión ni se veía la necesidad de establecer demasiadas puntualizaciones y precisiones legales. Se partía del supuesto de que el enamoramiento y cortejo tenía que ver con el amor y el deseo de compartir la vida y perpetuar la especie, llevando el ADN de las partes “hasta el infinito y más allá”, mediante las sucesivas reediciones y las combinaciones genéticas que, ya fortaleciendo o atenuando ciertos rasgos y características, trazaban una huella vital y cultural que permitía la trascendencia, no sólo familiar sino social de apellidos, fisonomías, costumbres y visiones.

Los fines reproductivos de la relación se daban por sentados, partiendo de que es natural que la unión heterosexual tenga por fruto un nuevo integrante, lo que da sentido al concepto “matrimonio”, que en origen significa “el estatus jurídico de una mujer casada y la maternidad legal, y todos los derechos que de ello se deriven para la mujer, como la condición de madre de familia”.

Desde luego que lo normal es que uno y otro de los cónyuges esté en capacidad de procrear, pero, en caso de que esto no sea posible por una situación particular, anómala, se considera legítima y legal la adopción. Tampoco había discusión respecto a que la prioridad familiar eran los hijos, dándose por natural la obligación de los padres de proveer a su desarrollo integral en las mejores condiciones posibles, porque la finalidad del matrimonio era la preservación de la especie en las condiciones materiales y afectivas que eran capaces de proveer los cónyuges.

Si bien es cierto que la familia natural está integrada por padre, madre e hijos, los lazos de consanguinidad amplían este concepto incluyendo a abuelos, tíos, sobrinos y nietos, sin que para ello debiera mediar advertencia judicial o reclamo expreso de parte de autoridad competente. Se considera natural que personas de la misma sangre mantengan una relación familiar como parte de su normalidad. En nuestra cultura latina, los viejos y los más jóvenes de la familia siempre han merecido especial consideración por parte del resto de ese subconjunto social. De hecho, una familia mexicana típica puede integrar bajo un mismo techo de manera normal a tres generaciones. Lo anterior no excluye a la familia integrada por uno solo de los progenitores y sus hijos, sea por viudez o separación, o por soltería, siendo la consanguinidad lo que une.

Actualmente, el gobierno impulsa otras formas de relación a las que da el carácter de familia, bajo el supuesto de que así combate la discriminación y reivindica los derechos humanos, sin embargo, somos una sociedad cuyas condiciones son profundamente discriminantes y excluyentes, de suerte que termina privilegiándose la forma sobre el contenido, independientemente de que es una falacia suponer que la naturaleza humana cambia por decreto.

Tenemos un país en el que, por decreto, llegamos al “primer mundo” gracias a la incorporación a organismos internacionales como la OCDE, tanto como con Banco Mundial y FMI; por otra parte, tenemos convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo y tratados comerciales con una impresionante cantidad de países, destacado obviamente el TLC, suscrito con los países del norte. México participa de las calenturas del Comando Norte de EE.UU. llegando a comprometerse en maniobras conjuntas y, tanto la Armada como el Ejército y las fuerzas de seguridad siguen el guión dictado por el extranjero, ya que nuestra seguridad nacional está uncida al control de Washington tras el incidente de las Torres Gemelas, haciéndose cada vez más evidente la presencia en territorio nacional de las agencias de inteligencia de nuestro vecino gringo; es claro que la actuación de los gobiernos del PRI-PAN actúan según las prioridades de la agenda de la Casa Blanca -la del vecino gringo- y que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial han terminado en remedos de aquél, siendo el Legislativo mera comparsa sin representación real de los intereses ciudadanos.

Tanto las reformas “estructurales” de Peña como las emprendidas por los gobiernos panistas, resultan ser instrumentos jurídicos que privilegian los intereses extranjeros por sobre los nacionales, logrando un significativo retroceso en diversas materias, como es en la económica, política, administrativa, laboral, educativa y, en general, en seguridad tanto pública como social. Aquí cabe destacar la absurda subordinación del gobierno a los intereses de las trasnacionales y la abyecta complacencia “diplomática” que permitió la presencia del candidato republicano Donald Trump en el primer plano del acontecer político nacional. 

La precarización nacional ha traído consigo la de las conciencias, ya que la ciudadanía se ejerce mediante despensas, tarjetas de débito, tortas con refresco, recomendaciones entre cuates, negocios privados a la sombra del poder público, ejercicio clientelar de las prerrogativas electorales y uso populista de la iniciativa legislativa, tanto como la manipulación y los distractores mediáticos que permiten las acciones de reingeniería social en una comunidad cuyo rumbo es incierto, confuso y difuso. En este marco, destaca la iniciativa presidencial de reformas tanto a la constitución como al código civil, relativas al “matrimonio igualitario”.

Aquí es inevitable recordar el pronunciamiento de la administración Obama en favor de las uniones homosexuales, justamente en un momento político de baja popularidad y en un contexto desfavorable para dicho presidente, así como su activismo por presionar a otros países a aceptar los derechos de este sector poblacional bajo la cobertura de los derechos humanos.  Parece claro que, en épocas de baja popularidad, cualquier recurso es bueno, siempre y cuando no afecte la voracidad de los empresarios trasnacionales y la ganancia del capital global. Pueden seguir las violaciones a los derechos humanos, la segregación racial, la xenofobia, la pobreza y la marginación, los abusos de la autoridad y las mil y una caras de la corrupción que hace funcionar al sistema. Las prioridades nacionales se determinan por las encuestas de popularidad. En lo fundamental, se cambia para no cambiar.

En nuestro país, el descrédito del gobierno abarca los tres poderes de la Unión y, en mayor o menor medida, a los gobiernos estatales. En todo el territorio nacional se observan las múltiples facetas de la discriminación incentivadas por la pobreza y la marginación, el atraso y la dependencia que se ha profundizado en renglones prioritarios para la nación: crecemos de una política económica propia, dependemos del exterior en materia de alimentos e insumos agrícolas, y nos podemos declarar una colonia de explotación minera, agroalimentaria, químico-farmacéutica y, gracias a las reformas de Peña, energética.

Los observadores internacionales han considerado a nuestro país como peligroso para los luchadores sociales y los periodistas, y un violador contumaz de los derechos humanos, que ha asombrado al mundo por sus desapariciones forzadas, incremento y violencia de las organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas, corrupción generalizada y venalidad de las autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, el gobierno pasa por alto los asesinatos (“ejecuciones extrajudiciales”), las desapariciones, la agresión creciente a la educación pública, la precarización del empleo, la inseguridad laboral, la disminución del marco legal de la seguridad social, el abandono escolar ligado a la pobreza, la generación de condiciones para la disfuncionalidad familiar, y el uso y abuso de los medios de desinformación masiva. Sin embargo, el gobierno promueve y la Suprema Corte de Justicia de la Nación legitima reformas e iniciativas que, hasta el momento, no han abonado en nada al bienestar nacional.

Se puede decir que el gobierno no ha cumplido con los fines sociales y políticos que guían al sector público. Igualmente, se puede afirmar que la iniciativa de Peña imita la de Obama en condiciones de baja popularidad, sin que medie en realidad un afán protector de los derechos humanos. Si éstos realmente le importaran, caería por su propio peso el paquete de reformas “estructurales” que la SCJN no ha tenido empacho en avalar.

El desbarajuste nacional afecta a la familia, a la relación de pareja y a la tranquilidad y seguridad de los hijos. Afecta a la comunidad en su expresión territorial más próxima, al barrio y la colonia, a la ciudad y al estado. Es evidente que los derechos humanos no son una prioridad en un país colonizado por los intereses económicos trasnacionales y sus operadores locales; es claro que las acciones deben ser predominantemente mediáticas, de apariencia, de forma y no de fondo, pero que proporcionen a la opinión pública y a sectores progresistas la sensación de que la orfandad ideológica y la ausencia de un programa de transformaciones sociales puede ser paliada por causas y acciones que aparenten una reivindicación, siempre y cuando no se pongan en contexto. En este sentido, ¿realmente la iniciativa presidencial de reformas sobre el matrimonio son una prioridad nacional? ¿En serio, se protegen derechos humanos? Me parece que no.

Las prioridades nacionales en materia de derechos humanos deben pasar por garantizar en los hechos el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad pública y social, al respeto a la diversidad política, social y cultural; a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a la paz, tranquilidad y bienestar social. Me parece que el gobierno va en otra dirección. Usted, como es natural, es libre de pensar lo que quiera.