Cosas que no se entienden

 

 “Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable” (Cicerón).

 

Asombra, por decir lo menos, que exista un “cartel inmobiliario” en Sonora donde los personajes señalados como presuntos implicados son funcionarios de la fiscalía estatal, del notariado, del ICRESON, entre otros relacionados con la función pública, según denuncia el abogado Héctor Contreras (https://youtu.be/_NPbIvrWfhY), expresidente de la Barra Sonorense de Abogados, y confirma el periodista Feliciano Guirado, en calidad de víctima (https://youtu.be/WkU4mU3Q4T4).

Imagínese: en el despojo patrimonial están implicado algunos notarios que dan por válidas operaciones de compra-venta de terrenos y casas alterando los títulos de propiedad y despojando a los legítimos propietarios que, sin darse cuenta, habían dejado de serlo.

Hay dedos que apuntan a la exgobernadora Claudia Pavlovich, al vicefiscal Bustamante y a una red cuya existencia está siendo revelada públicamente y que el propio abogado Contreras había hecho del conocimiento de la titular de la Fiscalía estatal.

Por su parte, al analizar la situación del registro público, el expresidente del Colegio de Notarios, Luis Rubén Montes de Oca, señala que se carece de recursos para tener un control efectivo de los expedientes y por ello se viola la ley.

Los archivos del registro público no son seguros, de suerte que cualquier vivales puede meter mano en perjuicio de los usuarios, y propone la digitalización y un folio único en los expedientes; asimismo, que el Estado tome el control del registro público y que aporte recursos para fortalecer la seguridad jurídica de las personas, con lo que acabaría el llamado cártel inmobiliario (https://youtu.be/lDkiuV7nYAY).

Por lo que se ve, en Sonora la actividad delictiva se toma como si fuera lo más natural entre los miembros de ciertas familias “poderosas” y bien portadas, aquellas que son frecuentes en los circulo de la gente bonita, de los empoderados de abolengo, de quienes representan intereses que pesan política y económicamente en la entidad y quienes han remodelado la fisonomía urbana de Hermosillo y otras ciudades.

La podredumbre de una sociedad anclada en la corrupción y el juego de apariencias empieza a oler demasiado fuerte como para echarle algo de tierra y así distraer la capacidad olfativa de una ciudadanía dispuesta al cambio.

Cabe recordar, entre muchos otros eventos, las trapacerías que durante el gobierno de Bours estallaron dramáticamente en el incendio de la guardería ABC, la venta de infantes expuestas durante el gobierno de Padrés, más el desorden financiero y el desfondo del Isssteson ventilados durante el gobierno de Pavlovich, lanzados como balas de salva que sacudieron los oídos de la ciudadanía pero que hasta la fecha parecen caminar demasiado lento rumbo a su judicialización.

Cada día se ve como mayor claridad que el Poder Judicial padece de anemia, de amnesia selectiva, de reumatismo severo que se ve apenas sobado por el Ejecutivo en turno, a nivel de denuncia protocolaria, de publicidad y transparencia filtrada por el cristal empañado de las complicidades y la cadena de corrupción que configura delincuencia organizada.

¿Diez mil expedientes durmiendo el sueño de los justos durante cuatro, cinco o más años? ¿Conservación de expedientes en papel, deteriorándose y estando expuestos a manipulaciones dolosas? ¿Negocios privados a la sombra del poder público? ¿Despachos de abogados y notarios cómplices de despojo inmobiliario?

Signos evidentes de que Sonora ha estado gobernada por una cleptocracia glamorosa, discursiva, exhibicionista de virtudes ausentes, en espera de que el ojo público la ubique, analice y se finquen responsabilidades legales, porque la impunidad en una sociedad que exige honestidad es una de las cosas que no se entienden.

 

 

 

 

 

 

Los más vulnerables

 

“¿Cómo puedo curarme si ni entiendo mi enfermedad? (Susanna Kaysen).

 

Hermosillo se perfila como la capital de las carencias de Sonora, y sus alaridos de dolor e impotencia se oyen más allá del cerro de la Campana, porque la ciudad no sólo es el viejo centro que algunos dan en llamar “colonia”, sino que cubre una extensión cuyas dimensiones se traducen en problemas.

La ciudad capital sufre de abandono crónico profundizado por la demagogia comodona de los gobiernos ahorrativos en obras que no sean de relumbrón y que carezcan de cualidades fotogénicas.

Las calles de barrios enteros lucen como el escenario de una batalla apocalíptica que se repite devorando la reparación de baches y algunos socavones que ya actúan como puntos de referencia geográfica, porque la topografía otorga carácter a algunas zonas de la ciudad, por su extensión, duración y peligrosidad.

Los servicios públicos municipales son una caja de sorpresas que acumula éxito tras éxito en el cartel de las lamentaciones ciudadanas: se oye y repite que el agua no llega o lo hace con poca presión, que el pavimento recubre sólo pequeñas porciones de terreno por el desgaste producido por el tránsito y la mala calidad de los materiales, que los baches truenan las llantas y suspensiones de los vehículos, que la tierra suelta, los charcos y los olores a panteón o a letrina invaden y torturan los orificios nasales más aguantadores…

Se quejan los vecinos de tal o cual colonia que sus calles y recovecos están plagados de vicios y que los vagos hacen de ellas su patio de recreo, sin dejar de lado la inseguridad que acojona los domicilios y pone en riesgo las pertenencias de los vecinos y los viandantes.

Postes sin lámparas que moderen la sombría atmósfera, calles sin vigilancia policiaca, rateros y malandros de la más baja y variada ralea, pestes diversas e indescifrables, distribuidores ratoneros de droga y comercio sexual completan el panorama citadino.

En medio de una mala distribución del espacio urbano tenemos el flujo constante de la gente que vende o compra, que consume y desperdicia, que vaga sin destino definido aportando basura en las calles y sitios de reunión, y una amplia gama de sonidos, de emociones e imágenes que llegan y se van con pulso errático, como si fuera la taquicardia de un organismo que de estresado vive y muere a diario.

Cada día nos encontramos con otros, interactuamos con el vecino, con el vendedor, con el comprador y el simple mirón; ejercemos la civilidad para dejar constancia de la fortaleza o debilidad de nuestra idea de mundo y sociedad; toleramos a los demás con la esperanza de la reciprocidad en el trato, damos noticias y las recibimos en una cadena de mensajes que a diario depositamos en los oídos y los ojos de los demás.

Nuestra sociabilidad habla de las necesidades que compartimos y que, en cierta forma, nos definen como parte de algo, así que no sabemos ser nosotros sin los demás, dependemos del otro, del cercano y del distante.

La pandemia, hecho singular y extraordinario por su magnitud, duración e intensidad, nos invita a revalorar nuestro trato con el resto, a poner sana distancia del otro, a separarnos del conjunto del que formamos parte activa e influyente. Nos disociamos socialmente para protegernos del contagio viral.

Por tomar precauciones y la amplia difusión de las noticias en los medios de comunicación masiva, nos atrincheramos en las casas, reducimos la movilidad, se condiciona el acceso a determinados lugares, usamos cubrebocas, alcohol en gel y aceptamos las medidas que recomiendan o disponen las autoridades competentes.

Hermosillo, como el resto de las ciudades, se semiparaliza hasta que la curva de eventos virales baja y cambia el semáforo a verde, con lo que se reactivan los comercios, las fiestas y reuniones aumentan su frecuencia y volumen, y se facilitan los contactos y las posibilidades de empleo e ingreso.

Así pues, las medidas restrictivas dan paso al relajamiento que apunta hacia la normalidad y pintan su huella en la economía de las familias, en las expectativas de las personas o grupos que dependen de los demás para sobrevivir, en este caso los más vulnerables.

En el plano político, la ciudad de los baches, los malos olores, el vandalismo, la inseguridad y la marginación termina un ciclo y empieza otro; cada nuevo gobierno promete mejoras, cumplir demandas ciudadanas, cobijar expectativas y propósitos, hacer habitable la ciudad y próspero el municipio.

La epidemia pone sus puntos suspensivos en la nueva administración municipal, en las pautas a seguir para recuperar los huecos financieros, económicos y sociales, sin dejar de lado el descalabro sanitario que reveló cuán irracional puede ser una población si se tiene una autoridad que actúa sin un planteamiento claro e informado de las causas y consecuencias de los problemas.

Los más afectados han sido los que dependen de la calle para vivir, los enfermos hipertensos, los que padecen sobrepeso u obesidad que cargan con un hígado graso, un páncreas que no funciona bien y que convierte en diabético a su dueño, así como los desnutridos o mal nutridos que deambulan entre la miseria y la pobreza, los parias sociales, los marginados de siempre.  

  

 

La lucha por el Isssteson

 “Detrás de cada gran fortuna hay un delito” (Honoré de Balzac).

 

Estamos en una etapa que se pinta con colores de lucha, siempre vibrantes y nunca opacos; la lucha por el Isssteson es una lucha ciudadana, lucha de lo nuevo contra lo viejo, que toma las calles en busca de reordenar costumbres y procedimientos, que trastoca inercias y reorienta el rumbo.

El rescate de la seguridad social en Sonora no es tarea de timoratos y apocados, de burócratas nalgas planas ni de farsantes de temporada. Es tarea de ciudadanos y de funcionarios honestos y comprometidos que quieren el cambio, que apoyan la política de honestidad y transparencia impulsada por López Obrador para el saneamiento de la república y que se asume como principio rector de la actual administración estatal.

A estas alturas, todo mundo sabe en qué condiciones dejaron al Isssteson los gobiernos del PRI y el PAN; nadie ignora el robo sistemático y el enriquecimiento privado que acumuló décadas de saqueo de los recursos y patrimonio de los trabajadores.

Las evidencias son claras y contundentes y, en consecuencia, el pueblo espera que se ponga orden, que se haga justicia, que los ladrones sean llamados a cuentas y que se devuelva lo robado. Hoy más que nunca es vigente la consigna de “pena de prisión a las ratas del Isssteson”.

La ciudadanía sonorense reclama pacíficamente el cumplimiento de las promesas y el beneficio de tener una institución de seguridad social que le sirva y que no sea caja chica (o no tan chica) de los gobiernos en turno, al servicio de empresarios ganones y funcionarios corruptos.

Resulta verdaderamente insultante que existan privilegiados con pensiones de 20 o más salarios mínimos, como si se tratara de garantizar una vida de lujos y dispendio a ciertos personajes tanto del sector gobierno como de algunos sindicatos y grupos cercanos en su momento al poder prianista.

Indigna que se retrase la aprobación de las solicitudes de jubilación por carecer el Instituto de fondos para sostener el retiro ganado tras décadas de esfuerzos al servicio del Estado y organismos afiliados.

Exaspera la lentitud de los trámites, el posponer cirugías, no surtir las recetas expedidas, la carencia de médicos especialistas, la reducción de la variedad de medicamentos disponibles en farmacia, las subrogaciones que terminan en ganancias privadas a costa de la salud del derechohabiente, la necesidad de pagar seguros de gastos médicos mayores, siendo que cada quincena se descuentan cuotas y aportaciones al Isssteson para que provean tanto los servicios de salud como de farmacia.

Es inevitable preguntarse dónde estuvieron los sindicatos que tienen representantes en la Junta Directiva del Isssteson y el Comité de Vigilancia cuando se dio el saqueo al fondo de pensiones, cuando se aceptó la subrogación de los servicios de farmacia, radiología, imagenología, diálisis, entre otros, y que ahora hacen como que la virgen les habla.

¿Cómo olvidar la obscena presión ejercida contra algunos organismos afiliados como a la Universidad de Sonora por parte de la directiva del Isssteson, para que firmaran un nuevo convenio con contenido sustancialmente recaudatorio, y que fueron los propios sindicatos quienes apoyaron el cambio de condiciones?

Está ampliamente documentado que el Instituto abrió opciones para recaudar más y siguió dando un servicio lento, incompleto y deficiente, de suerte que los derechohabientes tuvieron que pagar mayores cuotas por más tiempo para recibir lo mismo, gracias a la reforma a la Ley 38 en 2005 y los abusivos convenios que se derivaron de ella y que fueron de suscripción obligada sobre todo durante el sexenio de Claudia Pavlovich.

A estas alturas aún subsiste el descuento que los pensionados y jubilados deben pagar por concepto de servicios de salud, en una absurda aplicación de la disposición contenida en el artículo 25 de la Ley 38, en abierta contradicción de su artículo 66, que dispone que las pensiones no estarán sujetas a ningún tipo de gravamen.  

¿Tras pagar cuotas durante toda su vida laboral los jubilados tienen que seguir pagando? ¿Por qué se le pone precio al derecho a la salud, siendo que no es una mercancía sino una prestación ganada con trabajo?

Si los supuestos del modelo neoliberal se han declarado nocivos y caducos, ¿a qué hora se va a eliminar este descuento? El Congreso del estado debe tomar cartas en el asunto y cumplir con su deber, porque el fortalecimiento de la seguridad social sí es de urgente y obvia resolución.

Ninguna sociedad puede catalogarse como democrática, libre e incluyente si a sus enfermos y adultos mayores se les trata como población sobrante.

Es tiempo de sumar e incluir a todas las voces, es hora de reorientar el rumbo del Estado y sus instituciones, para que de hoy en adelante nunca sean ajenas al pueblo.

Labores de limpieza

 

“Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado” (Albert Einstein).

 

“Hágase la luz, y la luz se hizo”, no es lo mismo que decir “Límpiese el Isssteson” para que las cosas vuelvan a funcionar como lo hacían antes de Eduardo Bours o Guillermo Padrés, cuando el derechohabiente acudía a la consulta, iba a la farmacia y regresaba a su casa con receta surtida y tratamiento iniciado.

Lo que sí se puede acreditar como un milagro contemporáneo es el hecho de que se empiece a depurar la plantilla de personal y los sistemas al interior del Instituto y, en general, del aparato de gobierno, tras años y felices días de tener gobernadores aficionados a patear el bote, engordar la nómina con parientes o amigos y servirse del cargo público para negocios privados.

Viene a colación la conocida frase “si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría”, con lo que la palabra “paciencia” surge en la mente de los más optimistas a despecho de quienes ven las cosas con la negrura de antes porque “todos los gobiernos son iguales”.

Creo que me ubico entre los optimistas, sin querer decir que se trata de firmar cheques en blanco a la actual administración, sino más bien porque se ve una ciudadanía cada vez más despierta, menos tímida y agachona que cuando se realizaron las tranzas y el robo en despoblado que ahora nos indigna.

Independientemente del contexto y las condiciones que enfrenta la actual gestión administrativa, el panorama de hoy luce prometedor, como que se dan pasos en la dirección correcta y que mucho depende de que los nuevos funcionarios y el simple ciudadano de a pie pongan lo que esté de su parte para llegar a buen puerto.

La denuncia, el reclamo y la propuesta son tres elementos que vertebran la ciudadanía de cara a la transformación progresista de nuestra comunidad, y a todos consta que muchas voces se han levantado reclamando el saneamiento de las finanzas públicas, la transparencia y el uso responsable de los recursos estatales.

Para muestra ponemos al Isssteson, terreno de caza de logreros y oportunistas, de ladrones y fraudulentos que engordaron gracias a la posición política y administrativa, que se sirvieron de los recursos del Instituto para alimentar campañas electorales y fortunas privadas. La seguridad social en Sonora ha sido objeto de saqueo constante, inmisericorde, descarado e impune.

Proliferaron los servicios subrogados en beneficio de empresas dispuestas a sangrar las finanzas públicas y de establecer relaciones de complicidad con servidores deshonestos y funcionarios corruptos, y es conocido en exceso el desfondo sufrido en las pensiones, su otorgamiento faccioso y desproporcionado, al margen de la ley; la presencia de sindicatos que se sienten propietarios del Instituto, causantes de trato diferenciado entre los pensionados y jubilados, de farmacias exclusivas.

A la luz de las evidencias, es difícil imaginar los méritos que, en el marco de la ley, hacen posible que una persona obtenga una pensión de 80 o 100 mil pesos, sin embargo las hay de 200 mil.

El director del Isssteson ha señalado el desorden encontrado en el Instituto, y que la grave situación financiera ha ocasionado que los pagos de la pensión se hagan en forma escalonada, lo que implicó en este mes de noviembre dividir en tres bloques a los beneficiarios: un pago el día 5, a las pensiones de mil a 31 mil pesos, otro el 23 para las pensiones de 31 mil a 109 mil pesos, y el último el 30 de este mes, para las pensiones de 109 mil a 200 mil pesos (Isssteson, 03.11.21).

No queda aclaro cuál fue el criterio para esta distribución en tres partes, más si recordamos que en el mes de octubre se programó el pago en dos bloques, primero el día 13 y 14 hasta 43 mil pesos para dejar el día 17 y 18 las pensiones de 42 mil a 200 mil pesos (Isssteson, 04.10.21).

En este contexto, tener que esperar por el pago de la pensión hasta casi el fin de mes resulta no sólo incómodo sin indignante, ya que muchos derechohabientes (profesores universitarios, entre otros) con pensiones menores a 40 mil pesos acumulan deudas y vales por medicamentos que no han podido ser surtidos por razones financieras y logísticas.

Para los pensionados y jubilados hay dos prioridades: el acceso a los servicios de salud, que incluye la atención médica y la disponibilidad de medicamentos, y el pago de las pensiones, por lo que las preguntas que flotan en el aire y encienden el ánimo de muchos afectados son ¿si el pago de noviembre se difiere hasta casi el fin de mes, qué va a pasar con el de diciembre y el aguinaldo? ¿Cuánto habrá que esperar la que me surtan las recetas?

Se parte del supuesto de que ahora sí se trabaja para poner al día al Isssteson, pero la paciencia tiene un límite y los derechohabientes experimentan cansancio acumulado y el peso de una larga cadena de promesas incumplidas.

Sin duda se requiere un esfuerzo extraordinario en lo político y lo administrativo, que empiece a dar resultados en el muy corto plazo, y que compense la espera de los trabajadores activos y retirados que han cotizado conforme lo establecido en la ley y los convenios vigentes. 

Un reclamo que sigue en espera de su cumplimiento es el de “¡Pena de prisión a las ratas del Isssteson!” Los derechohabientes y el pueblo de Sonora, exigen que se haga justicia.

Y ahora la mentira

 “Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia” (Bertold Brecht).

 

Aparece de repente ante cámaras y micrófonos una cara con bigote y barba con referencia inmediata en los ficheros de la Fiscalía. Se le da el espacio y la difusión que merece un personaje público cuando hace una declaración importante, como si la cantidad fuera más importante que la calidad y la atención del público debiera fiarse en la apariencia antes que en los hechos y los dichos registrados en la historia.

La memoria de los excesos en el gasto público, la bonanza personal con ascenso logrado coincidentemente durante el período de gobierno, los represos inexplicables, el desfondo del Isssteson, la opacidad financiera, la intentona de vender patrimonio público, la ilegal detención y la tortura de una empleada doméstica, Gisela Peraza Villa por supuesto robo, el encarcelamiento y su posterior liberación tras varios años de ignominia y litigio, son algunos puntos oscuros en la trayectoria del exgobernador panista Guillermo Padrés Elías, referida solamente a su paso por la administración estatal (La Silla Rota, 16.02.17 y 17.02.17).

La narrativa de un presunto delincuente que dice ser la inocente víctima de persecución política, de los abusos de poder del priista Peña Nieto ejecutados por la siniestra mano del entonces Secretario de Gobernación ahora senador Osorio Chong, no convence sino que da cuenta de la hipocresía y el cinismo del personaje y la línea mediática que ha seguido la oposición.

Ante la afirmación de Padrés, referida a la supuesta orden de Peña Nieto para que cerrara el Acueducto Independencia, el propio Osorio Chong negó categóricamente que en sus encuentros oficiales se haya dado esta orden y que tampoco fue tema de conversación o acuerdo entre ellos, echando por tierra el supuesto de una venganza y la consecuente persecución política del citado exgobernador (Aristegui noticias, 27.10.21).

Como usted sabe, en el nivel nacional se han emprendido reformas que en lo general apuntan hacia el rescate de las instituciones secuestradas y mediatizadas por el neoliberalismo, afectando los intereses de ciertos gobiernos estatales y los empresarios adheridos a una cúpula conservadora que pone el interés de las corporaciones extranjeras antes que el nacional, como es el caso de las empresas eléctricas, mineras y financieras.

Las reacciones han sido histéricas, echando mano de movimientos supuestamente ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, obras pías y entidades caritativas, con el fin de no pagar impuestos, recibir descuentos y devoluciones, orientar el rumbo de la hipocresía institucionalizada y ejercer un poder extralegal que nada tiene que ver con las legítimas manifestaciones de la ciudadanía organizada. 

Actualmente se ha visto con claridad cómo la prensa tradicional y no pocos medios electrónicos están sirviendo de paleros mediáticos, de plañideras mercenarias de los intereses del neoliberalismo de guarache, periférico y subordinado a los núcleos de poder.

También se ha visto cómo la estrategia de la victimización es recurrente por parte de verdaderos hampones de la política y los negocios, que hacen gala de una enorme capacidad de generar distractores sociales y de manipulación de la opinión pública en favor de causas que, en buena lógica, deben ser declaradas perdidas por su obsolescencia histórica, porque apegarse al viejo y hediondo sistema de privilegios es no sólo un anacronismo sino una verdadera y costosa perversión social y política.

En nuestro pasado reciente político tenemos casos de verdaderos abusos de poder, de dispendio, de saqueo inmisericorde del erario, de complicidades y actos que de ninguna manera escapan a la definición de corrupción, dentro de gobierno y fuera de él, tan así es que el propio expresidente Peña Nieto, impulsor del vicioso y traidor Pacto por México (suscrito por el PRI, PAN y PRD), llegó a afirmar de la corrupción era un asunto “de orden cultural” (Animal Político, 09.09.14).

La bronca está en considerar que un sistema complaciente y reproductor de conductas corruptas deba ser conservado y protegido aun a costa del interés público nacional y local.

Lo anterior plantea la urgencia del cambio de hábitos, de mentalidad, de costumbres que permitan rescatar la tranquilidad y el progreso de todos, en el marco de las leyes cuya aplicación no sea negociable, manipulable y desechable; y aquí aparece el espantajo que representa al Poder Judicial, aun cooptado por los personeros de la corrupción que reclaman impunidad y hasta lástima y comprensión.

Así pues, los lloriqueos de la corrupción convertida en víctima, la sebosa parcialidad de la prensa por encargo, la ausencia de probidad del ministerio público, de los jueces y magistrados, exige una ciudadanía vigilante, atenta a descubrir y denunciar la manipulación, ahora representada por los opositores defensores del pasado que se niega a morir y da patadas de ahogado ante la sola amenaza de ser llamado a cuentas.

Ya deberían de haber entendido que ni con una o mil entrevistas o declaraciones de limpieza van a borrar lo que es del conocimiento público, y que debe ser abordado con seriedad, formalizado y juzgado con estricto apego a la verdad por parte de las autoridades competentes.

Influencers

 

“La tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso” (Christian Lous Lange).

 

Abundan las personalidades instantáneas gracias a los medios de comunicación electrónicos, que permiten que cualquiera con un teléfono inteligente (sic) pueda convertirse en momentánea competencia de González Iñárritu o Del Toro.

La grabación se cuelga en alguna plataforma popular y ¡listo!, tenemos a un “influencer” que desparrama su vacuidad a los cuatro vientos y se siente ancho, realizado como ser holográfico en el mundillo de los anónimos con pretensiones de ser.

La realización como ser humano existente en el aquí y ahora de la masa, pasa por el lenguaje desparpajado, de calculada vulgaridad y estridencia, la búsqueda patológica de la novedad, de lo llamativo, como si salir a cuadro fuera el objetivo de la vida y los milagros de Juan Pérez.

De repente surgen como hongos los remedos de periodista, de cineasta, de realizador de sueños más allá de la humedad hogareña e intimista y tenemos a alguien que siente ansias de ser reconocido públicamente, de alguien que grita que existe, que lo “pelen”.

Todo está bien hasta que está mal, diría Perogrullo, y en el caso de la Guardería ABC las cenizas aún despiden olor a muerte y malestar que ofende a las familias y a toda la sociedad hermosillense. En este caso, como puede haber otros, el respeto esperado en memoria de los pequeños muertos y afectados en su salud es obligado y exigido por todos.

Molesta y preocupa que la falta de empatía, el sensacionalismo barato y absurdo de algunos pase por encima de la memoria y el dolor de muchos.

Que un imbécil armado de una cámara grabe en el lugar como si no fuera significativo para las familias afectadas, como si no se considerara la escena de un crimen es inaudito, y merece que se tomen las medidas legales a que haya lugar, independientemente del justo reclamo popular.

En otro asunto, va avanzando la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal, con el ánimo de que el país recupere el espacio económico malbaratado por los gobiernos anteriores, en una acción que no nos lleva al pasado, sino que reivindica el derecho de México a disfrutar de sus recursos, hasta ahora saqueados por el capital extranjero.

Para nada se afecta la inversión extranjera pero sí se pone un tope a la desmedida ambición de las transnacionales, a quienes se exige vuelvan al cauce de la legalidad y el respeto a nuestra soberanía.

Lo increíble del asunto es que los organismos cúpula empresariales nacionales (sic) se ponen de lado de los exploradores y saqueadores extranjeros, quizá porque la iniciativa presidencial revela cuán sucia es la energía que insisten en comercializar y cuán profunda es la cloaca de donde emergen estos reclamos.

Tenemos empresarios que no quieren pagar impuestos, que buscan las maneras de evadir al fisco, de pagar menos y que además se les devuelva lo pagado; por eso se oponen a la miscelánea fiscal, a la reforma eléctrica, al progreso de la nación.

Chillan y se rasgan las vestiduras por las medidas económicas del actual gobierno, apoyados por el remedo de prensa que vive del chayote, del sicariato informativo, en un intento desesperado de que el pueblo no recupere lo que por derecho le corresponde.

Me parece que no es exagerado afirmar que los conceptos vertidos por Marcelino Cereijido en su libro “Hacia una teoría general sobre los hijos de puta” se pueden aplicar aquí con absoluta justicia.

¿Por qué, si no, la llamada iniciativa privada (Coparmex y similares con clara vocación de servidores del capital extranjero) se opone a las reformas que son probadamente justas y necesarias en lo económico y lo social?

¿Cómo, si no, explicar la rabiosa campaña contra todo aquello que afecte la cómoda posición de parásito en engorda que ocupan con tanta satisfacción y descaro?

Mientras los miembros de un empresariado apátrida e inmoral hacen lo suyo en España y otras latitudes, la realidad demuestra la crudeza del robo de las compañías eléctricas “limpias y sustentables”, la inseguridad que venden a precio de oro al consumidor cautivo, el despojo legalizado por parte de gobiernos complacientes y colonizados.

Sin duda, la hijoputez es un fenómeno reconocible en la clase empresarial y política de la oposición. Pero es hora de limpiar y poner orden en la casa.

Los cambios de lugar

 “Aparentar tiene más letras que ser” (Karl Kraus).

 

En estos tiempos se supone que cambiar es progresar, pero la realidad no se conforma con buenas intenciones ni ocurrencias. Se requiere que la naturaleza de los cambios incida en la modificación de la realidad para el bien común.

En este supuesto, las transformaciones nacionales cuyo punto de partida sea la administración federal deberán tener sentido y dirección; es decir, ser necesarias y basadas en un plan que conduzca hacia la mejora de su funcionamiento y eficacia.

Como se sabe, uno de los cien compromisos asumidos por el actual gobierno fue el de descentralizar algunas dependencias del Ejecutivo federal.

Así pues, el presidente dice que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se va a Cd. Obregón, Sonora, Petróleos Mexicanos (Pemex) a ciudad del Carmen, Quintana Roo, Secretaría de Educación Pública (SEP) a Puebla, la Secretaría del Bienestar a Oaxaca y la Secretaría de Salud (Ssa) a Acapulco, Guerrero (El Imparcial, 14.10.21).

Hasta la fecha no queda muy clara la necesidad de trasladar las Secretarías de Estado fuera de la Ciudad de México siendo que el problema mayor está en la operación. Si el cambio es solamente de lugar, los futuros viajes para efecto de trámites burocráticos serán a Puebla, Quintana Roo, Guerrero, Sonora, o a tal o cual entidad federativa en vez de a la capital de país.

Se dice que es por la descentralización, pero mover una dependencia de un lugar a otro no hace la diferencia ni responde al concepto y, en todo caso, servirá simplemente para descongestionar un poco el centro político y administrativo de la nación, para congestionar otros. Pero eso no es descentralización.

Lo que sí parece una buena decisión en términos de descentralización es la de eliminar a los llamados “superdelegados” y, en todo caso, dejar a los gobiernos estatales las responsabilidades y los apoyos necesarios para su cumplimiento, justamente para evitar la duplicidad de funciones y el exceso de oficinas, representaciones y costos.

Lo importante, en este caso, es el cumplimiento de las funciones y objetivos de cada dependencia así como la coordinación entre el gobierno federal y el estatal, sin sobrecargar las nóminas y los costos de operación de las diversas oficinas.

Otro asunto que llama la atención es el de la aprobación de un crédito por 180 millones de pesos, y que la autoridad municipal de Hermosillo se ponga a solicitar 6 mil millones de pesos como “apoyo para la pavimentación”.

Hermosillo es el tercer municipio más endeudado del país, y se espera que en vez de aumentar la deuda se pongan a trabajar en serio en la revisión de la plantilla de personal, los aviadores, los sueldos, los gastos personales a cargo del erario, los gastos superfluos, el mejoramiento de la recaudación en el predial, el agua y otros rubros que requieren de urgente mejora y transparencia.   

Pero, hablando de salud y seguridad social, urge que los organismos afiliados al Isssteson respondan al rezago que tienen en materia de aportaciones. Considere usted lo complicado de la situación si a los trabajadores se les descuentan cuotas y los organismos retenedores no reportan los fondos al Instituto.

La recuperación de los adeudos y de los fondos robados en las pasadas administraciones debe ser prioritario, como también lo es la austeridad y transparencia en el gasto, la reducción del costo de la nómina eliminando plazas que no estén justificadas, el control y la legalidad del monto de las pensiones asignadas, en referencia a aquellas demasiado altas como para ser sostenibles.

La ciudadanía requiere una relación directa con el Isssteson, sin intermediarios ni riesgo de manipulación política o mediática; es decir, que la atención al derechohabiente sea directa, eficiente y responsable, tan sencilla como acudir a la ventanilla correspondiente y salir con una respuesta acorde a la necesidad planteada.

Hasta ahora la nueva directiva ha dado pasos alentadores en la gestión de medicamentos y materiales de curación y en el pago puntual de las pensiones, pero la sociedad espera que ahora sí haya estricta vigilancia en su operación diaria y que finalmente sea posible que la honestidad se haga costumbre.