Campañas de lodo

 

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” (Eduardo Galeano).

 

Como se sabe, la calumnia o la difamación tienen consecuencias legales y morales que en algunas sociedades se pueden limpiar con un poco de suerte y dinero. La corrupción del sistema permite que tal o cual ciudadano de repente pase al primer plano y que cualquier cantidad de desconocidos se sientan con el derecho de arrojar sus evacuaciones rectales contra su imagen pública.

En este tenor, el partido MC, cascarón que alberga a conocido empresario vende-pollos del sur del estado, ha dado en enlodar a su más fuerte contrincante y abanderado de Morena en la contienda por el gobierno de Sonora.

Al respecto, la Vox Populi reflexiona y concluye que deben estar verdaderamente desesperados como para echar mano (¿o recto?) de semejantes recursos, y quedar tan embarrados como debieron pensar que quedaría su potencial víctima.

De hecho, se pudiera pensar que “MC” realmente supone una asociación delictiva al servicio de la reacción contra el actual gobierno; una forma abreviada de decir “mentirosos compulsivos”, o si se quiere “mierda por contrato”. Usted decide…

Menudo revuelo ha levantado la normativa para instaurar el famoso control o padrón de teléfonos celulares, que ha despertado el temor de que los datos personales sirvan como medio para que a usted le cuelguen medallitas criminales sin deberla ni temerla, o que sea víctima de actos delictivos, entre otros horrores de la vida real.

El Presidente ha dicho que solo se pedirá la huella digital, pero mientras se precisa y detalla la situación, tenemos al menos 24 amparos concedidos por el juez Gómez Fierro, el más rápido del oeste en materia de competencia económica, eyaculador precoz en franco orgasmo jurídico contra el gobierno de la 4T (Expreso, 23.04.21).

Lo cierto es que las comisiones federales en materia energética y económica más parecen encerrarse en el dogma neoliberal de destrucción o reducción del Estado que en favorecer al mercado y al consumidor final, habida cuenta que la infraestructura y los subsidios siguen siendo a costa de la economía nacional y gracias a nuestros impuestos, con lo que tenemos un sector privado parasitario y malinchista; una verdadera rémora legal.

Lo que llama la atención es que se luche por alimentar a las transnacionales, en perjuicio de nuestras empresas productivas; es decir, que las “comisiones federales” de tal o cual materia buscan la participación de agentes extranjeros privados antes que favorecer la recuperación del espacio económico nacional malbaratado por los gobiernos neoliberales de los últimos 40 años.

Como quien dice, tenemos jugadores nacionales de lujo que se especializan en producir autogoles, y todavía hay que sostener y aprobar su labor destructiva.

Lo mismo ocurre en el terreno electoral, donde el INE se encarga de jugar como uno más en la contienda clave del presente año, en la línea de la oposición a como de lugar contra el gobierno de Morena y aliados.

La parcialidad del árbitro electoral queda suficientemente acreditada por los dichos y los hechos de sus máximos representantes, con claros e irrefutables antecedentes de ser criaturas del aparato político neoliberal.

La opinión generalizada es que el gobierno se está tardando en emprender una reforma constitucional que rescate la soberanía y el dominio de la nación sobre sus recursos. Sólo así podrán tener éxito las reformas a la legislación secundaria, sin el peligro de que sean declaradas inconstitucionales y que cualquier juez federal sin mucho compromiso con el interés nacional suspenda parcial o totalmente sus efectos.

Las campañas de lodo revelan la poca disposición que tienen algunos actores políticos opositores de actuar con responsabilidad y honestidad, con lo que tenemos claro que en este proceso electoral de 2021 seguiremos viendo el muestrario de vileza y perversidad de la oposición, lo cual no es de extrañar siendo, como lo es, el estertor de un sistema corrupto y corruptor que llegó a su fecha de caducidad.

El proyecto del cambio se debe privilegiar como un acto de legítima defensa ciudadana, conscientes de que puede tener contradicciones, defectos y secuelas de décadas de corrupción hecha costumbre, pero con la convicción de que vale la pena arriesgarse a la injuria y la difamación en aras de poder construir una sociedad mejor, más justa e incluyente.

Hagámonos a la idea de que el pasado es eso, que no tenemos por qué resucitar cadáveres políticos, y que el futuro depende de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy.