La epidemia autoritaria

La epidemia autoritaria

José Darío Arredondo López

“Nada hay más terrible que una ignorancia activa” (Goethe).

Como hemos venido insistiendo, en Sonora las autoridades estatales y municipales parecen navegar por las aguas de la epidemia a contracorriente de las disposiciones emanadas de la Secretaría de Salud federal al irse por la libre en la imposición de medidas que claramente representan un desatino en materia sanitaria y una ofensa a los derechos humanos, en vez de coordinarse con el gobierno federal, por ser un problema de alcance nacional.

En el contexto actual, es fácil suponer que la vieja fórmula de salir a cualquier costo en la foto, manifestar preocupación y estar dedicados a implementar medidas (en este caso de contención obligatoria de la movilidad ciudadana, no tanto de mitigación según las disposiciones federales), sirve para hacer presencia en el reparto de héroes civiles en la película del próximo año electoral.

Usted recordará que la estrategia federal que debe observarse en toda la república se centró en estas tres actividades: suspender temporalmente las actividades laborales no esenciales, las actividades escolares en todos los niveles y las correspondientes en los espacios públicos: cines, teatros, estadios, entre otros, sin aludir de manera directa al ciudadano, a quien se debe respetar y, en todo caso, llamar a participar mediante el resguardo domiciliario voluntario, la sana distancia y el lavado de manos frecuente.

Sin embargo, hemos visto una serie de acciones que ponen en duda en buen juicio de quien las establece con carácter obligatorio, disponiendo de la fuerza pública para su cumplimiento y aplicación de las sanciones que a su juicio procedan.

En nuestro caso, el anuncio de la fase dos con restricción domiciliaria obligatoria es una clara muestra de autismo gubernamental al ignorar el contexto nacional y las directrices de la autoridad sanitaria federal, lo que ha motivado que la Secretaría de Gobernación haya tenido que aclarar que la emergencia sanitaria es muy distinta a emergencia nacional, y que no se recomiendan en absoluto los toques de queda y cualquier tipo de restricción o limitación de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución y leyes derivadas.

La amenaza de multa o arresto por parte de la autoridad municipal carece de fundamento y utilidad para los fines que se han declarado, salvo que se trate de recaudar fondos para el municipio aprovechando la epidemia, o de promoción personal aparentando preocupación y actividad.

Por lo pronto, se han violado preceptos constitucionales que son fundamentales para la vida en sociedad, y pongo por caso que, so pretexto de la epidemia se discrimina o limitan los derechos de los adultos mayores, con lo que se transgrede lo dispuesto en el artículo 1º constitucional.

Asimismo, cuando se establecen filtros o se limita la movilidad ciudadana se viola el artículo 11 de la Carta Magna, que consagra la libertad de tránsito. Si se trata de una emergencia sanitaria, solamente el presidente “…podrá declarar, mediante decreto, la región o regiones amenazadas que quedan sujetas, durante el tiempo necesario, a la acción extraordinaria en materia de salud general” (artículo 183 de la Ley de Salud). A la fecha, el presidente no ha declarado limitación alguna a la movilidad.

En el mismo contexto, al declarar restricciones a las libertades ciudadanas se viola el artículo 29 Constitucional referido a la suspensión de garantías para enfrentar una situación de emergencia, toda vez que el Presidente ha negado la necesidad de ejercer dicha medida y, en cambio, ha hecho un llamado a la conciencia y la solidaridad nacional.

De manera particular llama la atención la violación del artículo 16 Constitucional, al someter a hostigamiento y presiones ilegales al ciudadano en la vía pública, sin mediar “mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa del procedimiento.”

Lo anterior viene al caso debido a que, como es del dominio público, la propia alcaldesa de Hermosillo ha dado en musicalizar amenazas, diciendo que “no salgas de casa porque te voy a multar… porque te voy a arrestar” (El Sol de Hermosillo, 29/04/20), en un furor comunicacional tan torpe como lamentable.

Cabe aclarar que el municipio, de acuerdo con el artículo 115 constitucional y el Capítulo Segundo de la Constitución de Sonora, no tiene facultades en materia de salud, pero sí debe colaborar en la ejecución las políticas de salud de la federación y el estado y establecer con ellos los acuerdos y convenios que sean pertinentes.

La inconformidad por actos de autoridad sin fundamento ha llevado, por ejemplo, a los choferes de taxi y Uber a protestar por las multas que se les aplican cuando transportan más de un pasajero, y que, según el miope y caprichoso criterio que acatan los uniformados, debe portar cubrebocas (El Imparcial, 29/04/20); o que el cubrebocas que usan “no es el oficial” (Expreso, 1/05/20), lo que documenta no sólo la ignorancia sino el abuso y la falta de atención a las recomendaciones federales de no restricción a las libertades.

Muchos hermosillenses empiezan a cuestionar el tono y el carácter de las acciones emprendidas por las autoridades, de suerte que se dibuja en el ambiente político la pregunta de quién gobierna en realidad el municipio, ¿es gobierno de Morena o simplemente de panistas disfrazados que se colaron en la ola del cambio liderado por López Obrador para llegar al gobierno?

Por fortuna, la epidemia y la forma en que se quieren resolver problemas como la rehabilitación de las calles por los baches, están sacando a flote situaciones que resultaría difícil no relacionarlas con viejos intereses inmobiliarios generados en los gobiernos del PRI y el PAN. Aquí aprovecho para felicitar a los defensores del Corredor Biológico de Hermosillo, a los deportistas y familias que luchan por proteger las áreas verdes que son patrimonio de la actual y de las futuras generaciones.

Es claro que el municipio de Hermosillo aún no ve la llegada de un gobierno encabezado por auténticos promotores de la 4T, y que estamos sufriendo los efectos de un cambio de siglas plagado del oportunismo de unos y la novatez de otros, sin lograr superar en esencia los modos e intereses del viejo régimen.

Lo anterior sirve para subrayar la diferencia entre el político y el activista universitario o social, con lo que se plantea la necesidad de una buena formación política cuyo sustento sea la visión, los valores y principios de una ideología transformadora. Esperemos…