Contra el abuso económico

“La economía como esencia de la vida es una enfermedad mortal, porque un crecimiento infinito no armoniza con un mundo finito” (Erich Fromm).

Sonora es un estado con un gran potencial productivo cuya limitante importante es la mala distribución del agua en un contexto semidesértico. Actualmente tenemos toda la mitad oriental y una porción del poniente entregada vía concesión a empresas mineras, por lo que sólo parte de la franja costera está libre de este tipo de sujeción económica.

Desde luego que es revelador que algunos consideren “progreso” la grosera posesión de tierras para fines extractivos a cargo de empresas extranjeras donde se llevan la palma las canadienses; por supuesto que llenan las páginas periodísticas los beneficios de la extracción minera y, naturalmente, se reflejan en el discurso de gobierno donde se subraya la creación de empleos y el flujo de inversión que nos pone como estado económicamente relevante.

Los milagros y bendiciones de la entrega del territorio a transnacionales que asumen su función como repetidores contemporáneos de los colonizadores del siglo XVI en Latinoamérica, bajo el modelo de colonia de explotación en sociedades euroindígenas, nos da la pauta de comportamiento de lo que vemos con un sistema económico que privilegia la ganancia y desprecia la naturaleza, el ambiente y la cultura local.

Si usted cree que es bueno liquidar los recursos en mayor cantidad y con mayor velocidad que en el pasado en aras de dar paso a un presente y un futuro promisorio para los negocios, el empleo y la inversión, debiera considerar que los resultados de mediano y largo plazo son, en materia ambiental, salud y calidad de vida verdaderamente alarmantes: tenemos poblaciones enteras dañadas por la contaminación ambiental, carentes de agua potable y para riego, con economías locales y regionales sumidas en el desastre ocasionado por la explotación minera, que “genera inversión, empleo y bienestar”.

Basta una lectura ligera de la Ley Minera vigente para darse de topes contra la pared de los intereses extranjeros radicados en México, y sus nefastas consecuencias no sólo para la soberanía nacional sino para el futuro sustentable de nuestra economía.

Pongamos por ejemplo el artículo 6º de la citada ley:

La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.

El carácter preferente de las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos frente a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como frente al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

La Secretaría, previo a expedir títulos de concesión, deberá solicitar información necesaria a las autoridades competentes, a fin de verificar si, dentro de la superficie en la que se solicita la concesión, se realiza alguna de las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos o del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

En caso de que la información solicitada confirme la realización de alguna de las actividades a que se refiere el párrafo segundo de este artículo dentro de la superficie para la que se solicita la concesión, la Secretaría, con base en un estudio técnico que realice con la Secretaría de Energía y en el cual se determine la factibilidad de la coexistencia de actividades mineras con las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, o con las de servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en la misma superficie, podrá negar la concesión minera u otorgarla excluyendo la superficie que comprendan las actividades preferentes, en la medida en que resulten incompatibles con la explotación minera.

Con base en el estudio a que hace referencia el párrafo anterior, la Secretaría y la Secretaría de Energía podrán establecer reglas de convivencia entre las actividades mineras y las actividades estratégicas de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Como se ve, no se considera para nada la protección de las actividades productivas agropecuarias, la silvicultura o la pesca; no importa el derecho humano al agua, por lo que la vida y el patrimonio de las comunidades está en peligro, ya que se nulifica el derecho de propiedad privada y social en aras del desarrollo de la minería y las actividades relacionadas con la producción de energía, en un contexto donde la presencia de la inversión extranjera directa se permite y se propicia mediante la privatización de áreas antes consideradas estratégicas como son la petrolera y la eléctrica, puestas en liquidación por los gobiernos neoliberales a partir de las reformas de Carlos Salinas de Gortari. Con la mano en la cintura a usted le pueden expropiar “por causa de utilidad pública” su terreno, vivienda y lo que se les ocurra.

A partir de las reformas salinistas tenemos que a la ley minera pronto le siguió la Agraria y la de Aguas Nacionales, en la línea de la entrega de nuestros recursos minerales a las empresas mineras, porque la actividad seguramente “genera inversión, empleo y bienestar” a las comunidades. Sería bueno preguntar a los habitantes del Río Sonora sobre las bendiciones que les trajo dicha actividad, autorizada para depredar y acabar con el ambiente y la forma de vida de los municipios ribereños.

Urgen reformas que garanticen el respeto a la propiedad social y privada, que obliguen la responsabilidad ambiental de los mineros, a la protección y garantía de la calidad de vida de los ciudadanos. Es claro que la ley minera y las demás relacionadas deben cambiarse en beneficio de México y, en particular, de los estados que cuentan con recursos mineros y acuíferos, actualmente en grave peligro ambiental y patrimonial. Se debe hacer un frente social y político contra el abuso económico, en defensa de nuestro patrimonio y calidad de vida.