“Lo que con
mucho trabajo se adquiere, más se ama”
(Aristóteles).
Por ser convención internacional, la
defensa y apoyo a la seguridad social es deber de todos los gobiernos
civilizados. La comunidad internacional se ha pronunciado por la protección de
los derechos sociales de sus trabajadores y sus familias y el acceso a la salud
y, en general a la seguridad social es, por decirlo de alguna manera, un
imperativo categórico que recogen principalmente las organizaciones sindicales
como un asunto de vital y prioritaria importancia. ¿De qué pudiera servir al
trabajador pertenecer a un sindicato si no lo representa ante las instancias
competentes cuando surgen problemas de acceso a los servicios de salud y a las
condiciones esenciales de pago justo y reconocimiento de antigüedad laboral que
les permita disfrutar de las prestaciones ligadas al retiro?
Debe subrayarse que el respeto a las
garantías laborales y el reconocimiento a la existencia legal del trabajador
son parte de los aspectos esenciales de la dignificación y empoderamiento de
quienes hacen posible la producción y circulación de los bienes y servicios que
hacen funcionar a la sociedad y que justifican sin duda la existencia misma de
los sindicatos. En tal concepto, ignorar que las mejoras en las condiciones y
las remuneraciones al trabajo están ligadas íntimamente al régimen de seguridad
social es un error de percepción.
En el país se ha vuelto recurrente el argumento
de que la seguridad social es cara, que cuesta mucho sostener las pensiones de
los trabajadores en retiro, que es dinero que debiera emplearse en otras cosas,
por ejemplo, generar nuevas fuentes de trabajo y mejorar las instalaciones
hospitalarias, el equipo, los materiales de curación y el abasto de
medicamentos, entre otras cosas y aparentes razones para ver como una
posibilidad salvadora de la crisis la privatización de los servicios. De hecho,
la subrogación significa que entes particulares hagan lo que corresponde al
sector público. Para nadie es un secreto que esto es simplemente una forma de
achicar el tamaño del Estado y hacer crecer al Mercado. El espacio que pierde
uno lo gana el otro. En una economía de mercado puede sonar lógico, pero lo
plausible del planteamiento pronto deja ver los renglones torcidos del modelo
que postula y promueve.
La privatización en la etapa que se
quiera ver supone dar peso a la capacidad adquisitiva del que solicita los
servicios, ignorando su participación en el proceso productivo y los méritos
laborales reconocidos y formalizados en las condiciones del contrato de
trabajo; es decir, el derecho se adquiere mediante una simple relación de compraventa
y no por las aportaciones del trabajador a la empresa en particular y al
aparato productivo en general. Así pues, la posición que el individuo tenga en
la producción es irrelevante, se diluye en una especie de anonimato que se
revela como un proceso de enajenación que no sólo afecta al trabajador en
cuanto tal, sino como persona portadora de valores, derechos y obligaciones
sociales, mismos que se diluyen y desaparecen resaltando, en cambio, el
carácter monetario de la existencia del individuo-cliente sobre la del
sujeto-persona.
Como se ve, las valoraciones éticas, las
conquistas laborales los derechos históricamente ganados son relativizados en
aras de una eficiente y aséptica relación entre oferentes y demandantes. Libre
de escrúpulos morales y de compromisos éticos, la ideología del mercado sienta
sus reales en la relación de trabajo, en la familia y en los servicios
fundamentales para la sobrevivencia del trabajador en una sociedad enajenada. Los
aspectos histórico-sociales y políticos que constituyen el núcleo del horizonte
de vida de la clase trabajadora son vaciados de contenido y sustituido por una
visión pragmática e inmediatista de las relaciones sociales. Por eso la
medicina privada se ofrece como alternativa al derecho social relativizado y
finalmente negado y por lo mismo las pensiones y jubilaciones se convierten en
lucrativo negocio privado. En este sentido, la seguridad social pasa a ser
opción en vez de derecho conquistado, lo cual es absolutamente inadmisible.
En este contexto, la lucha por la
seguridad social se convierte en una prioridad para las organizaciones
sindicales y sociales de corte progresista, aunque muchas veces los impactos
mediáticos de las agencias de manipulación masiva del sistema logran abrir
huecos en la línea de defensa sindical, y que se cuelen ideas, supuestos y
rutas de acción no sólo ajenas sino contrarias a los intereses de los
trabajadores. En este caso, la mejor defensa del sindicato es ejercer una sana
y abierta autocrítica, valorar objetivamente la forma y el contenido de las
amenazas y actuar en consecuencia, sin dejar de considerar que muchas veces la
mejor defensa es aquella que se anticipa al ataque.
El sindicato de académicos de la Unison,
el STAUS, acaba de realizar un ejercicio de reflexión y análisis sobre la
bajuna y desproporcionada exigencia del ISSSTESON de que se firme un nuevo y
abusivo convenio de prestación de servicios. Aunque la presión ha sido
evidente, todo parece indicar que los trabajadores académicos están dispuestos
a agrupar fuerzas y dar la batalla en defensa de sus derechos a la seguridad
social. En tal caso, seguramente otras organizaciones los habrán de acompañar. La
unión hace la fuerza.
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