“A la pobreza le falta mucho, a la avaricia
todo” (Publilio Siro).
Parece que las
altas temperaturas no sólo han afectado la piel, la salud visual, además de los
efectos en el metabolismo de los sonorenses, amenazados continuamente de
escases de agua y azotados por sensaciones térmicas cercanas a los 45 o 50
grados Celsius (centígrados para los cuates), sino que también la capacidad de
asombro y la memoria colectiva. De otra manera sería muy complicado explicar
por qué la mayoría permanece impasible, ajeno, lejano y valemadrista ante el
horror que sufren los habitantes de siete municipios rivereños a partir del 6
de agosto de 2014.
Las promesas de
la empresa minera culpable se hicieron una con las del gobierno en forma de un
fideicomiso que vendría idealmente a resolver los impactos más inmediatos del
daño. Pronto la realidad cruda y deshidratada vino a demostrar que Grupo
México, tanto como otras empresas mineras no están para asumir
responsabilidades y costos que, seguramente, adjudican a los propios lugareños
por establecer sus pueblos y actividades productivas en el cauce del drenaje
que el Estado les concedió para vaciar sus desechos contaminantes. Su famosa aportación
de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y una variedad de metales pesados
debe reconocerse no como un cargo sino como un abono a la industria extractiva
sonorense y, lo más importante, a la creación de empleos. ¿Qué haría
Sonora sin las inversiones que detonan la economía de algunas regiones de
nuestras arideces geográficas?
Cabe reconocer
que el esfuerzo productivo tiene, y a veces exige, daños colaterales, arrugas
en la planchada superficie de la complacencia gubernamental alineada a los
proyectos de la oligarquía trasnacional que emociona al gobierno federal y
provoca eyaculaciones precoces en el estatal. Si las mineras nacionales y
extranjeras permiten la generación de un “fondo minero” altamente fotogénico y
mediático, ¿qué tanto debe importar la problemática doméstica de los municipios
afectados? Al parecer, las evidencias científicas oficiales deben obedecer no
al interés comunitario sino a la expectativa de progreso empresarial y la
atracción de inversiones que tanto preocupa a la gobernadora Pavlovich.
Como se sabe,
recientemente se realizó en Aconchi un foro de análisis a casi dos años del
derrame tóxico. Balance necesario y concluyente de que el daño le cambió la
vida a miles de ciudadanos que, hasta el momento, no ven cómo salir de sus problemas
de salud, del daño patrimonial y de la caída violenta que sufrieron en su
calidad de vida. Las promesas tienen el efecto de endulzar el oído de quien las
pronuncia, pero de la boca para afuera no corre más que el aire y el agua
contaminados, la desesperación de los productores regionales, y el enorme vacío
que se acrecienta en la desconfianza, la desprotección y la lejanía de quien
gobierna.
En Sonora, la
contaminación minera, la de empresas textiles y la ocasionada por las
actividades agropecuarias intensivas no son asunto menor, como tampoco lo son
sus consecuencias en la economía, la salud y calidad de vida de sus víctimas.
En otros asuntos, llama la atención la oportunista aparición del SNTE en el conflicto originado por la imposición de la mal llamada reforma educativa y sus mecanismos de evaluación punitiva y desaparición de los derechos laborales de los profesores. La maniobra de desaparecer o hacer pasar a un segundo plano a la CNTE, opositora a la reforma, no pasa de ser una patética confesión de charrismo y de complicidad sectaria con un gobierno poco nacionalista, irresponsable y, prácticamente sin cabeza.
Las iniciativas
enarboladas por Peña suponen un alto grado de lameculismo trasnacional, tan propio
del extranjerismo del gabinete itamita, pero tan apabullantemente torpe y
nocivo para los intereses nacionales. Tales despropósitos cubren una amplia
gama de temas, entre los que destacan las absurdas “reformas estructurales”, el
matrimonio igualitario, el alza de las gasolinas y la tarifa eléctrica, la
creciente dependencia agroalimentaria, financiera y tecnológica que contrastan
con realidades como la creciente pobreza, el desarraigo, la inseguridad
pública, la cada vez más frecuente migración y existencia de indigentes y la nociva
inutilidad del trabajo legislativo, sospechosamente apátrida, que se hace con
fines mediáticos, electorales, entreguistas y de simple y llana simulación.
México es un
país comprometido con un alto número de tratados internacionales, pero la
fiesta de firmas, declaraciones y fotos no ha alcanzado algún saldo positivo ni
en la economía nacional ni en la paz interior del país. Salir en la foto de los
acuerdos y tratados internacionales no resuelve la carencia de objetivos claros
ni mucho menos la omisión al cumplimiento de la obligación constitucional de
procurar el desarrollo integral de la nación. Tenemos el triste caso en que la
acción gubernamental no tiene mucho que ver con la salvaguarda del interés
nacional, y sí con la servidumbre al capital extranjero, a la disposición de
nuestros recursos estratégicos y al manoseo de la soberanía nacional.
A estas alturas
del camino, queda claro que no se puede seguir sosteniendo una farsa nacional y
local, basada en la demagogia, el cinismo y la traición. Resulta más que
evidente que la nación y la entidad no pueden funcionar con solo promesas, con
declaraciones ridículas, con pretextos absurdos, con torpeza inadmisible.
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