Mando único: escandalosa centralización.

                                                                    "En todo hay una medida" (Horacio)

Llama la atención la torpe insistencia de las autoridades estatales de violentar la autonomía municipal consagrada en el Artículo 115 constitucional, y el Título Quinto de la estatal. Duele ver un absurdo proceso de centralización en marcha, so pretexto de fortalecer la seguridad pública y la capacitación de las corporaciones policíacas. Molesta la ridícula argumentación de la secretaría del ramo y el desparpajo con el que se declara que los ayuntamientos seguirán haciéndose cargo de la administración del servicio, pero   que el mando - ¿sólo eso? - correspondería al gobierno del estado.

Según esta iniciativa federal, fracasada cuando Calderón y retomada con Peña Nieto, el nombramiento de los mandos policiales quedaría en manos de autoridades ajenas y superiores a los presidentes municipales, con lo que verían mermadas sus funciones ejecutivas y quedarían a expensas de decisiones donde son claramente excluidos. El llamado Mando Único de policía echa por tierra la autoridad municipal para de alguna manera reinstalar la centralización de funciones esenciales en el gobierno estatal, lo que recuerda el absurdo porfiriano de los prefectos o jefes políticos que estaban entre el poder estatal y el municipal, y que constituyeron una seria amenaza para la vida cívica de sus habitantes, llegando a ser una consigna sentida por quienes hicieron la Revolución de 1910.

Me parece que la consigna “Municipio Libre” lanzada en el Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza y plasmada en el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución, es suficientemente clara como para que las autoridades gubernamentales entiendan que las reformas de hecho que pretenden hacer al marco normativo estatal afectan seriamente a la institución municipal y violentan nuestra historia política y administrativa.

Resulta no sólo patética sino artificiosa la argumentación sobre la diferencia entre “mando” y “policía” única, en la que tratan de meter a los ciudadanos interesados en estos temas, como si una y la otra no fueran expresiones viles de una centralización extralógica y ajena al modelo federal que México tiene desde su fundación como nación independiente y soberana.

Lamentablemente, estamos en tiempos en los que el respeto estricto a la ley resulta políticamente molesto y se sustituye por la farsa de los “pactos”. En vez de la firma de pactos mediáticos, ¿no sería mejor que los funcionarios actuaran de acuerdo a las facultades y atribuciones que las leyes expresamente les confieren? ¿Qué problema habría si los empresarios cumplieran con sus deberes y obligaciones legales para con el gobierno y la sociedad? ¿Hay necesidad de pactar lo que de suyo está previsto en las normas vigentes?

La cínica presión hacia los alcaldes por parte del gobierno estatal carece de justificación y legalidad, por lo que es de celebrarse que varios municipios grandes aun resistan la bárbara y ridícula pretensión de quitar de manos de los presidentes municipales la decisión de nombrar a sus mandos policiales. La intención de centralizar el mando policiaco es, por lo menos, sospechosa, aunque claramente absurda en los términos de la Constitución federal y la estatal.

En otro género de asuntos, surge la iniciativa ciudadana de promover el amparo de la justicia federal contra el abusivo aumento a la tarifa del agua potable, el cual se verá incrementado sustancialmente una vez que inicie su funcionamiento la planta tratadora, obra que contrató en su trienio el panista Javier Gándara y que la actual administración priista asume como propia. Se trata de hacer pagar a las familias una deuda que contrajo el gobierno con una empresa privada para dar servicio a un sector privado de nuestra comunidad. El caso debiera analizarse antes que empeñarse en encarecer la vida de centenas de miles de hermosillenses de a pie.

Como era de esperarse, hay cierta confusión acerca del tema del amparo y ya se emprenden acciones para registrar a los ciudadanos inconformes y recoger la copia del recibo del agua y la credencial para votar de los interesados. Tal fue el caso del módulo informativo que se instaló en el Mercado Municipal no. 1, a un costado de la fuente, donde se brindó asesoría y se empezaron a recoger los documentos mencionados. Como también era de suponerse, han parecido aspirantes a saboteador oficioso de la iniciativa, con la consigna de dar un toque de sospecha a las intenciones de los ciudadanos que figuran como impulsores de la promoción de este recurso legal. En estos casos, lo más razonable es apoyar firmemente las acciones que hagan frente al abuso de un gobierno que ha iniciado imponiendo gravámenes desproporcionados a la comunidad para la que debiera trabajar. Por otra parte, parece recomendable revisar atentamente la ley de ingresos del municipio, ante la certidumbre de que se está actuando alevosamente contra los intereses ciudadanos. Cabe recordar que, ante leyes injustas, la desobediencia civil es un acto de legítima defensa.