Diputados autistas

                         “Los traidores son mal vistos incluso por aquéllos a quienes sirven” (Tácito).

Como ha quedado demostrado, la opinión, necesidades y circunstancias de los ciudadanos, cuyos intereses son formalmente representados en el Congreso del Estado por los diputados, no cuentan para nada ni influyen ni orientan el voto de los legisladores. El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Sonora padece de autismo.

Al parecer, son más apegados a los impulsos digestivos y a la disciplina impuesta por sus respectivas formaciones políticas, sin negar que algunos actúan y deciden el rumbo del interés colectivo “a título personal”. En el submundo de la politiquería aldeana y patrimonialista, el trabajo legislativo es bien visto y se valora de acuerdo a la obediencia de consignas y la “línea” del pastor político, de suerte que la elección al cargo es el momento único en el que el ciudadano tiene que ver con la suerte del diputado. Lo demás corre por rumbos ajenos y lejanos del pueblo elector.

¿Para qué otras cosas sirven las votaciones si no para elevar políticamente a alguien de quien se ignora casi todo? ¿Qué responsabilidad tienen los diputados con “gente que ni conocen” y cuyas demandas no asumen como propias? ¿Qué problema puede haber con decir en la campaña una cosa y, ya en el cargo, hacer otra? ¿El diputado representa a los ciudadanos de su distrito o al partido por el que se postula? ¿Quién determina sus prioridades?, ¿la gente común, su dirigencia o los intereses personales que se evidencian en la coyuntura? Lo anterior viene a propósito de la votación que hizo posible el aumento en la tarifa del agua en Hermosillo a sufrir empezando el nuevo año.

Nos preguntamos, ¿qué hicimos mal los habitantes de Hermosillo, además de votar por los mismos?, y de inmediato salta la respuesta: hemos acostumbrado a los políticos a hacer lo que se les viene en gana, actuando de manera “modosita”, con demasiada prudencia como para ser tomados en serio. Usted dirá con razón que se organizan marchas, que hay mítines, que se publican pronunciamientos en las redes sociales. En efecto, hay constancia suficiente de la inconformidad ciudadana, pero aun así los diputados siguen ignorando a los electores ya que no afectan o impiden las acciones que se critican.

¿Cómo hacer que la voz y voluntad ciudadanas estén presentes en los votos de quienes legalmente son sus representantes? Evidentemente hay que cambiar de estrategia para hacer valer los derechos que la Constitución consagra.

Los ciudadanos verdaderamente “empoderados” buscarían organizar asambleas donde se convoque a los representantes en el congreso y el cabildo para pedir explicaciones sobre los asuntos públicos en los que intervienen y manifestar su voluntad con claridad y contundencia; lo anterior supondría una organización de barrio, colonia o sector que funcionaría de manera horizontal y transparente, convocada por un comité vecinal rotativo que se encargaría de los aspectos organizativos y logísticos. Los diputados y regidores tendrían que sujetarse a los acuerdos de los vecinos de su distrito, so pena de ser señalados como indignos de su representación.

Al parecer, aun no se entiende que un representante, llámese diputado o regidor, no es autoridad por sí, en tanto que sólo posee las facultades que el pueblo elector le delega en los términos de las leyes vigentes. El diputado no se manda solo, sino que debe honrar en todo momento y lugar la representación que se le confirió mediante el voto.

Si el pueblo ve que los supuestos representantes traicionan su confianza y trabajan para satisfacer otros intereses, está en pleno derecho de retirarles la confianza y, por obviedad, promover que les sea retirada la responsabilidad que no han sabido cumplir.

Es necesario que a las marchas y mítines se agreguen medidas como plantones frente al Congreso, módulos de información permanentes en plazas y lugares de reunión popular, formas organizadas de difusión en redes sociales, visitas domiciliarias informativas, movilización periódica de vecinos, sindicatos independientes y solidarios y contacto permanente con los medios de información locales y regionales. De ser necesario, plantones frente a las oficinas y domicilios de los diputados y otros funcionarios involucrados. Los ciudadanos podrán participar de acuerdo a sus posibilidades en un esquema incluyente y equitativo regido por la solidaridad y la búsqueda del bien común.

Por otra parte, nuestra entidad es víctima de la irresponsabilidad ecocida del empresario Larrea quien con su actividad extractiva ha envenenado el Río Sonora, pero tal crimen de lesa humanidad no sería posible si no fuera por una comunidad que prefiere el desahogo verbal y los paliativos a las decisiones firmes y contundentes. ¿Qué fideicomiso puede pagar el daño sufrido por Sonora, en lo ambiental, lo productivo y en la salud de ésta y las futuras generaciones? ¿De qué manera se obliga a los representantes populares en el Congreso a garantizar el remedio y las medidas legislativas para evitar que se siga dañando el agua y la tierra de los sonorenses?

Por el lado de la llamada sociedad civil, ¿dónde están las acciones permanentes y continuas en favor de los afectados? ¿Cuáles organizaciones sindicales y ONG participan decididamente contra los abusos y complicidades de los delincuentes ambientales? ¿Qué instituciones de salud y qué profesionales independientes están interviniendo con sus recursos científicos, técnicos y materiales? ¿Qué hacen las cámaras empresariales en favor de la comunidad? ¿La cúpula empresarial solamente se pronuncia en apoyo a quienes ostentan el poder sexenal, o son capaces de participar en acciones por el bien común?

En este sentido, es ejemplar la labor científica y humanitaria que desarrollan académicos universitarios como Reina Castro Longoria y Antonio Romo Paz, entre otros agremiados del STAUS, en favor de hacer explícita la verdad sobre las consecuencias del derrame tóxico minero de agosto de 2014, y de la salud de las comunidades afectadas, entre las que se cuenta Hermosillo.

Si durante el período del panista Javier Gándara se contrató a una empresa española para construir y operar una planta tratadora de aguas, en beneficio de productores agrícolas y ganaderos, ¿por qué los consumidores domésticos del líquido deben pagar por algo que no les corresponde? ¿Cuál es la razón válida que obliga al ciudadano común a subsidiar a una empresa privada extranjera?

  Si la calidad del agua es, por decir lo menos, cuestionable, y además se deberá pagar un aumento en la tarifa no sólo desproporcionado sino evidentemente injusto, que huele a encubrimiento de raterías y favoritismo empresarial, Sonora merece replantear la respuesta ciudadana en favor de su propio bienestar y progreso, lo que implica abandonar la comodidad de la inercia, el conformismo y la pasividad, y aceptar una verdad inquietante: “sólo el pueblo puede salvar al pueblo”.