La fuerza de la ley

Seguramente los ciudadanos se encuentran de plácemes por el regreso del señor presidente de la república y por las declaraciones que hizo urbe et orbi recién tocó suelo mexicano y tuvo un micrófono enfrente. Rápidamente lamentó los hechos de Ayotzinpa y se detuvo lo suficiente en el tema de que hay que preservar el orden ante los excesos de un pueblo ofendido. La ley se aplicará a los alborotadores porque la paz pública es valor esencial frente al mundo globalizado que requiere de seguridad y garantía para sus inversiones presentes y futuras: “Yo aspiro y espero que no sea el caso de lo que el gobierno deba hacer; que no lleguemos a este extremo de tener que usar la fuerza pública. Queremos convocar al orden, a la paz”, dijo categórico Peña Nieto (http://www.jornada.unam.mx/2014/11/16/politica/007n1pol).

No es posible que el país progrese bajo el manto protector de los intereses trasnacionales si a cualquiera, por quítame estos muertos, se le puede ocurrir participar en marchas, protestas y plantones y lanzar a voz en cuello mentadas de madre y consignas que pueden afectar la imagen presidencial. El país requiere de orden y algunos sectores, como los empresarios, señalan que se requiere mano dura.

Mientras las fuerzas vivas que apuntalan al gobierno preparan mentalmente cadenas y grilletes, calabozos y hogueras, estacas y garrotes, cada vez más ciudadanos se unen a las protestas que se convocan a lo largo y ancho del país, el continente y el mundo: Lo mismo se solidarizan grupos de personas sensibles al horror nacional en Alemania, Australia, Argentina, Francia, Estados Unidos, como Italia, Nicaragua, Bolivia, España y Pakistán, entre otros. Cada vez es más evidente que el caso Ayotznapa implica y compromete a todo el que conserve su sentido humanitario y solidario en condiciones de llamarlo a la indignación y a la acción social.

Mientras el presidente volaba en un tour de súper lujo a las lejanas e ignotas tierras de China y Australia, soñando en la seda, el incienso, la gastronomía exótica y milenaria, el lujo y la enormidad de los paisajes y recintos, así como en las pintorescas tierras donde se mezcla la modernidad anglosajona y los canguros, entre otros marsupiales, el país se dirigía sin obstáculos y terminaba en la coladera de la historia universal de la infamia.

El presidente Obama, montado en el papel de árbitro de la justicia universal y oráculo de la uniformidad mundial bajo el supuesto de que los EE.UU. son, por definición propia, el único país indispensable (según reveló en su momento la conocida cornuda Hillary Clinton), se apresuró a expresar su exigencia de que se castigue a los responsables, lo que conlleva la oferta de poner los eficientes y experimentados servicios de investigación e intervención criminal a disposición de este cliente frecuente ahora en apuros.

Los gringos pueden, y lo han hecho, acabar con la población de los países que juzguen parte del llamado “eje del mal” inventado por George W. Bush, sembrar de minas personales las tierras de cultivo y rociar de productos químicos como el agente naranja, el fósforo blanco y el napalm, a personas, animales y cosas, con el siempre loable fin de preservar los valores de la democracia y los derechos humanos, y en ese afán pueden asesorar y financiar a ejércitos y grupos paramilitares, a gobiernos torturadores y represivos, independientemente de que cuando ven satisfechas sus aspiraciones de control político y económico de las naciones, eliminan como pañal desechable a los personajes que ellos crearon, protegieron, promovieron y apoyaron en algún momento.

Ahora México les sirve como pretexto para relanzar la imagen de un Obama justiciero, aunque no tan generoso como para aceptar las demandas de una reforma migratoria justa para todos, ni como para hacer válida la promesa de cerrar la prisión de Guantánamo, ni menos para controlar el clima de violencia y discriminación que viven las minorías de ese país, ni los horrores de ser indocumentado y sufrir los excesos de la patrulla fronteriza o los grupos de paramilitares que vigilan la frontera que compartimos. Menos para dejar de intervenir en México bajo la cobertura de la “Iniciativa Mérida” y los acuerdos de seguridad en el marco del TLCAN Plus, en los que nuestro país les sirve de policía de barrio y garrote y barrera de contención para los migrantes que viene del sur.

La súbita proyección mundial que ha tenido México en los últimos días no se debe a la generosa apertura económica que huele a entrega patrimonial al extranjero y obsequiosa subordinación a los apetitos de las trasnacionales, sino a los horrores de la violencia y la obscenidad increíble de quienes debieran respetar y hacer respetar la ley. De hecho, el sistema judicial mexicano tiene más parecido a un burdel que a una estructura inspirada por la legalidad y la justicia.

La ilegalidad y el abuso son las coordenadas en las que opera el sistema de relaciones entre pueblo y gobierno, mientras que el marco constitucional queda reservado para los discursos y las evasivas oficiales frente a un conjunto cada vez más grande de ciudadanos que cuestionan, discuten y se organizan para defender su legítimo derecho a una vida digna, libre y capaz de proporcionar los medios de vida y progreso que sin duda merecen.

A esta tarea de zapa profunda de las instituciones nacionales que impulsa el gobierno, sea por incompetencia o perversidad, no escapan las instituciones de educación superior a las que hay que provocar, desestabilizar y criminalizar, ya que el control de la educación es esencial para transformar un país independiente en un satélite, en un zombi académico que se pliegue a los mandatos del mercado y que excluya a quien no pueda pagar por sus servicios educativos. La desaparición del estudiante permite la aparición del cliente, y en esa tesitura están las baratijas de Ceneval y la ridícula farsa de las certificaciones y, en consecuencia, la creación de empresas que fungen como organismos certificadores.

Con la fuerza de la ley, el sistema arrumba la dignidad institucional y manosea la impartición de justicia, convertidas en espectáculo que se trasmite como reality show en horario estelar una y mil veces. En este sentido, México es víctima de una maniobra golpista instrumentada desde el poder, donde el miedo y la confusión son esenciales para el control y embrutecimiento de la población.  

El jueves 20 de noviembre es un día propicio para unirse y decir basta, para demostrar al gobierno y sus titiriteros que el pueblo mexicano se niega a rendir vasallaje al extranjero, al empresariado espurio, traidor y apátrida; y que está consciente y comprometido a no dejarse manipular por los funcionarios corruptos de ayer y de ahora. El paro nacional será un hito en la lucha ciudadana por la recuperación de la república.