Para torcerle el cuello al ISSSTESON

“Aquel que procura asegurar el bienestar ajeno ya tiene asegurado el propio” (Confucio).

Usted seguramente está pasmado ante el absurdo de la derecha venezolana que, en el pellejo del orate Juan Guaidó, se “asume” como gobierno provisional de la nación bolivariana. Cosas de no creer por lo desmesuradas y que apenas un gringo puede tomar por correctas y argumentar “derechos humanos” cuando la baba le cuelga por el petróleo, oro, coltán y otros atractivos económicos que quieren convertir en reserva propia. Perversidades de la política internacional gringa al margen del derecho y a tono con la abyecta condición de sus corifeos en la ONU y organismos financieros a modo y que tienen al mundo con el Jesús en la boca por lo que pudiera desatarse en el hermano país y en la región en su conjunto, pero como estamos en el aquí y ahora de la ciudad capital de Sonora, lo que nos llega de cerca y con crudeza es el caso del triste y cándido ISSSTESON y su gobierno desalmado.

Como ha trascendido, un conjunto de organismos sindicales se ha movilizado para exigir algo obvio y elemental: que la institución encargada de la seguridad social de los trabajadores del Estado y organismos afiliados cumpla con honestidad y eficiencia las tareas y objetivos para los que fue creada. Nada más pero nada menos.

Como usted sabrá, el Instituto ha fallado en su misión por razones ligadas a la falta de recursos según la versión oficial, de suerte que su director se ha empeñado en sacar dinero de los bolsillos de sus derechohabientes apoyado, cuando conviene, en una curiosa interpretación de la Ley 38 que rige al ISSSTESON: en algunos casos acepta el principio de no retroactividad consagrado en la Constitución federal y en otros parcializa su criterio en aras de satisfacer su furor recaudatorio, ignorando que la ley como tal se aplica de acuerdo a los mecanismos y condiciones plasmados en el contrato o convenio que se establece entre el organismo afiliado y el Instituto; así pues, el contrato es la clave de la relación y fuente de derecho.

El director general del ISSSTESON ha señalado que la crisis se debe a que algunas instituciones no pagan y, en el caso de la Universidad de Sonora (UNISON), “pagan de menos”, razón por la cual ha enderezado contra quienes considera morosos o abusivos una serie de amenazas, suspensión de servicios, lentificación de trámites y desabasto de medicamentos, cuestión que afecta a prácticamente a toda la derechohabiencia. En este punto, los afectados no son sólo los universitarios sino todos los trabajadores afilados quienes han reclamado la regularización del abasto y la mejoría en los servicios desde hace muchos meses.

Los sindicatos han decidido tomar las calles y manifestarse públicamente y, ante la presión de un sindicalismo que se moviliza en defensa de sus derechos laborales y sociales, el director Contreras ha respondido con mentiras, medias verdades y una notable capacidad de manipular cifras, datos y situaciones, lo cual ha provocado el enojo de los trabajadores y la respuesta de los líderes de las organizaciones a las que pertenecen. En este contexto, han acudido al Congreso del Estado en busca de apoyo y soluciones a los problemas derivados de la deficiente operación del Instituto, planteando algunas exigencias entre las que destacan la regularización del abasto de medicamentos, materiales de curación y servicios de salud oportunos, así como la recuperación de los más de dos mil millones de pesos que corresponden a cuotas y aportaciones de los organismos afiliados y sus trabajadores que el Gobierno del Estado dejó de entregar al ISSSTESON, la reparación del daño patrimonial por más de seis mil millones de pesos causado por el saqueo de que ha sido objeto, así como llamar a cuentas a los causantes del desfondo pensionario, y garantizar el control de los recursos de manera efectiva y transparente.

Mientras que los trabajadores esperan la respuesta a sus demandas por parte de los diputados y el propio Poder Ejecutivo representado por la gobernadora, se da a conocer una aportación extraordinaria de cerca de 500 millones de pesos, aunque el déficit proyectado en este año rebasa los 800 millones. Lo anterior permite resolver algunos aspectos de la operación del instituto, pero no constituye en sí una solución digna de ser considerada como tal. Pareciera que el gobierno da migajas a los derechohabientes con el fin de sofocar la posibilidad del paro estatal sindical que se ha anunciado para el miércoles 30.

Las soluciones, por llamarlas de alguna manera, han sido mediáticas, verdaderas aspirinas para calmar el cáncer de la corrupción que desborda incluso la tolerancia de los organismos sindicales más apegados al gobierno. Sin embargo, ante la indignación general, el director del ISSSTESON se complace en recetar a los afectados un panorama donde destaca la posible quiebra y la necesidad de que los trabajadores universitarios paguen más e insiste, con total desparpajo, que los sindicatos deben presionar al rector de la UNISON para que firme un convenio que básicamente consiste en recaudar más sin nada mejor a cambio. En este punto, cabe aclarar que el Contrato de Servicios entre la UNISON y el ISSSTESON es vigente y no tiene porqué modificarse al gusto del director Contreras. Aclaramos que la institución universitaria no paga de menos sino justamente lo que debe pagar por contrato y que los sindicatos no son gatilleros del citado funcionario como tampoco están para torcerle el cuello al ISSSTESON.

Es claro que estamos en un parteaguas institucional: o el gobierno de Claudia Pavlovich acepta y asume que la fiesta de la corrupción debe acabar y es necesario poner orden en la casa o veremos problemas y estallidos de indignación social que no son deseables en Sonora. Se debe entender que la dirección de instituciones como el ISSSTESON no es mejor si está al frente una especie de sicario financiero, un funcionario que cumple encargos con mano dura pero sin necesariamente entender el contenido y las formas de la seguridad social que los trabajadores que pagan impuestos, cubren cuotas y tarifas y aspiran a una jubilación digna merecen y exigen. Es importante considerar que el juicio de los ciudadanos que hoy son manipulados y vistos como imbéciles es el que hace posible que un gobierno sea viable en términos de su imagen, aceptación, confianza y funcionamiento.

Para muchos está quedando claro que este gobierno tiene un fuerte acento mediático, que no responde a las necesidades reales y urgentes de los sonorenses, que sigue en la lógica del engaño y la manipulación, la corrupción y la demagogia, y que sostiene e impulsa a funcionarios que, como en el ISSSTESON, mejor estarían fuera de la función pública. Al respecto, otra de las demandas sentidas es la renuncia del director del ISSSTESON.

El tiempo avanza, los ánimos están caldeados y no parece que se puedan controlar con paliativos o distractores el enojo, la frustración y el desencanto de muchos trabajadores sonorenses víctimas de la corrupción gubernamental y de una burocracia que ignora sus problemas y pretende resolver con demagogia las apremiantes necesidades de la salud y la seguridad social. Hora de poner un alto a la autocomplacencia, al engaño y a las oscuras y vergonzosas manipulaciones privatizantes de las instituciones públicas, por el bien de Sonora.

        

Bocanada de aire al Isssteson

“Nunca olvides que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal (Martin Luther King).

La gobernadora del Estado considera, en relación con las muchas demandas por nivelación de pensiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juzgó improcedentes, que el fallo de la Suprema Corte en favor del ISSSTESON es una “bocanada de aire” para el Instituto, aunque “no están resolviendo el fondo del problema…”, y afirma que “era momento de parar este problema que venía de muchos años atrás para terminar con las pensiones abusivas…” e invita a “las instituciones y organismos que no pagan sus cuotas que lo hagan para que de esta manera podamos seguir trabajando” (El Imparcial, 19/01/2019).

Al respecto, seguimos sosteniendo lo ya señalado en este espacio: la lucha por la nivelación de pensiones es no sólo justa sino legal porque se apega a lo dispuesto en la ley 38 antes de la reforma de 2005 y al contrato suscrito con ISSSTESON de plena vigencia. Tan es legal y exigible que durante los años 2016, 2017 y 2018 se ganaron 210 demandas, según lo ha declarado el actual director general del Instituto, quien celebró (como ahora lo hace la gobernadora)  que la SCJN haya decidido en favor de no reconocer el derecho de los demandantes bajo el supuesto de que deben pagarse las pensiones de acuerdo con lo cotizado (El Reportero, 17/01/2019); es decir, ignorando la ley y el contrato y basándose únicamente en un criterio aritmético de suma y resta, así como el aspecto social y el procedimiento que rutinariamente se sigue en las instituciones de reportar al instituto de seguridad social cantidades inferiores al sueldo pagado al empleado, lo cual no es ni debiera ser imputable al trabajador. Esta situación es reconocida por líderes sindicales como, por ejemplo, Cuauhtémoc González, dirigente del STAUS, quien declaró: “En ese sentido es justo que, conforme se haya dado la cotización, se tenga el rubro del pago de esa jubilación; pero hay que señalar que a veces, como patrones, al trabajador le ponen un determinado nivel. Una más baja cotización de lo que gana” (El Imparcial, 16/01/2019).

Vista en contexto, la decisión de la SCJN cancela las posibilidades de acceder a la justicia laboral y social de un número considerable de trabajadores actuales y futuros y el peso de este criterio jurisprudencial amplía la brecha entre los jubilados y pensionados de primera y de segunda. Es público y notorio que muchos exfuncionarios, como Wenseslao Cota Montoya, Max Gutiérrez Cohen, Hilda Benitez Carreón, Arnoldo Hernández Peña, entre muchos otros (Proyecto Puente, 23/11/2018), se fueron pensionados con generosas cantidades de dinero, inimaginables e inalcanzables para la mayoría de los trabajadores retirados, pensiones abusivas que fueron denunciadas en su momento y que el gobierno  no pudo hacer nada para revertirlas porque eran legales, porque los tribunales competentes les dieron la razón a estos pensionados de primera. Ahora este nuevo criterio ahorrativo y justiciero se aplica en contra de miles de pensionados modestos, de segunda, precaristas de la seguridad social, y deja como están a los verdaderos abusivos y gandallas “porque no puede aplicarse retroactivamente la ley” (nótese cuál débil puede ser el ciudadano cuando la administración de la justicia es no sólo miope sino parcial).  Así pues, lo que era formalmente legal y exigible en los casos de demandas por nivelación de pensiones, por obra y gracia de la Sala Segunda de la SCJN, presidida por el Ministro Eduardo Medina Mora, ya no lo es para los alrededor de mil 500 casos pendientes que corresponden mayoritariamente a trabajadores de a pie, atrapados en la química presupuestal de las instituciones donde siempre es el patrón quien determina cuánto se reporta a la seguridad social y que, sin culpa alguna van a ser excluidos de la protección que le ley debiera otorgarles. Así, pues, la SCJN no tomó en cuenta los 500 o 600 juicios anteriormente decididos a favor de los trabajadores más los 210 casos juzgados en la actual administración estatal, basando su criterio en sólo cuatro casos donde el perdedor fue el trabajador.   

En este contexto, la “bocanada de aire” recibida por ISSSTESON fue a costa de los derechos de los ciudadanos demandantes y la solución de fondo que reclama la señora gobernadora, para ser justa, debe pasar por la recuperación de los fondos desviados desde el propio gobierno estatal y el castigo a los funcionarios perpetradores del ilícito, además de garantizar que en lo sucesivo habrá candados que eviten el manoteo en las arcas del Instituto. En resumidas cuentas, los beneficiarios de las “pensiones abusivas”, casualmente ligados al partido de la señora gobernadora, seguirán gozando de la protección legal y del privilegio de cobrar, mientras que los pensionados de bajos ingresos no verán la justicia por ningún lado ni el reconocimiento formal al derecho que les asiste.

Es inevitable la conclusión de que aquí no ganó el derecho sino la política, como también lo es pensar que en Sonora la justicia es selectiva y que cada vez se siente con mayor intensidad la ausencia del Estado de Derecho, del verdadero compromiso del gobernante con el pueblo que lo elige, de la empatía y el apoyo que debieran recibir los trabajadores retirados que han hecho posible la existencia y la legitimación de los liderazgos sociales y políticos de nuestra entidad. A estas alturas, ya no es posible esperar que haya un cambio favorable en la forma de hacer gobierno del partido político en el poder estatal y lo deseable es que pronto llegue a su fin un gobierno que sólo ha servido para profundizar más las diferencias. La seguridad social es para todos pero por justicia distributiva debe centrar su atención en los que menos tienen, aunque el caso de los pensionados nos demuestra que no es así. Por otra parte, es sintomático que hasta ahora no hay una sola voz de protesta por parte de los organismos sindicales de los afectados, ni una exigencia de que la parte patronal asuma sus responsabilidades o que proponga mecanismos compensatorios, pero así estamos y este es el sindicalismo que tenemos.  

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El ogro decadente

“El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales” (Bertold Brecht).

Resulta curioso ver, constatar, que existe un ingrediente de locura o de autocomplacencia en ciertos actos políticos cuya finalidad es la autoafirmación. El PRI es un viejo y caduco cascarón que sólo produce asco, un asco nostálgico que, visto con ojos analíticos, da cuenta de una de las más crueles burlas a las causas populares. Su fundación está anclada a la traición, a la burla sangrienta de quienes se encaramaron en la Revolución de 1910-17 para traicionarla, para derrumbar los logros de los primeros gobiernos que produjo y para dar reversa a la obra de revolucionarios como el general Lázaro Cárdenas del Río. El PRI, como tal, se instituyó en 1946 para socavar y deformar la obra ideológica y política de la revolución postulada por sus antecesores el PNR y el PRM.

Su existencia significó un vuelco hacia los intereses de los terratenientes, de los explotadores de siempre, de los burócratas encaramados en el poder para hacer negocios privados a su sombra, aunque, si bien es cierto que el impulso revolucionario produjo instituciones dignas de conservarse y ampliarse en el terreno de la seguridad social y en las garantías para los trabajadores, también es cierto que la clase trabajadora vio emerger de su seno una casta privilegiada al servicio del sistema que la mediatizó, corrompió y engordó a costa de cesiones y concesiones obscenas en favor del capital y de la burocracia política del nuevo régimen. El charrismo sindical, los sindicatos blancos, los contratos de protección, las redes de corrupción que se fueron tejiendo y que terminaron en caricaturizar no sólo las dirigencias sino las organizaciones de trabajadores en sí y sus luchas, manejadas con un aparente discurso progresista, reivindicatorio, combativo, pero que en el fondo no era sino una oscura parodia al servicio del capital y sus conexiones internacionales, particularmente con nuestros vecinos del norte.

Quizá la traición más profunda al ideal revolucionario fue el llamado “liberalismo social” de Carlos Salinas de Gortari, donde prácticamente desaparece del discurso las alusiones a la Revolución Mexicana, en un acto vergonzante de su origen, pero sucede que esta secuencia de siglas PNR-PRM-PRI significan distintos momentos de transformación del fenómeno político mexicano: en su origen, el PNR es la institucionalización del partido como medio de control político en sustitución de la fuerza de las armas, seguido del PRM como fuerza impulsora de reivindicaciones populares y de consolidación del impulso revolucionario en favor de sus beneficiarios originales y, por último, el PRI, como negación del contenido popular de los movimientos que se sintetizaron en la revolución y que ahora estorbaban a los nuevos explotadores del país. El salinato entierra los restos del contenido revolucionario del partido y lo pone al día con los intereses del neoliberalismo y la transnacionalización del país. Así, tenemos un gobierno desnacionalizador, apátrida y servil a los intereses del extranjero, capaz de desmantelar el aparato productivo nacional, rematar sus activos industriales, sus recursos naturales, deformar groseramente su marco constitucional y echar por tierra su respetable tradición en materia de relaciones exteriores.

Los gobiernos emanados del PRI, ahora claramente neoliberal, adormecieron la conciencia de los ciudadanos mediante el uso y abuso de los variados mecanismos de enajenación masiva y entre los medios de comunicación que merecen especial mención está Televisa y satélites corporativos. México vio cómo un partido supuestamente “revolucionario” traicionaba su origen, su pasado, su legado histórico, aunque en realidad el PRI ya no era el heredero de las causas revolucionarias puesto que ya significaba justamente lo contrario. Ya era el partido de los nuevos ricos, de la burocracia dorada, de los líderes “obreros” charros, de los negocios oscuros, de las corruptelas cotidianas como mecanismo de ascenso y consenso y de la obscena obediencia a los intereses del extranjero.

Los neoliberales de guarache en el poder nos recetaron la purga de las “concertacesiones”, de las alzas en las tarifas de los servicios públicos, de la inseguridad desbordada, de la privatización de la seguridad social, de la disminución del Estado en beneficio del Mercado, que ni siquiera era controlado por capitales nacionales como se ve claro en las pasadas y recientes privatizaciones. El nuevo régimen, moderno y actualizado internacionalmente nos recetó la reversa a la política petrolera cardenista, a la nacionalización eléctrica, a la soberanía alimentaria, a la protección de los productores directos y al abasto regional y nacional.

Sin embargo, tras ceder el poder a los intereses transnacionales, dar paso a los gobiernos del PAN y llegar nuevamente a la presidencia de la república para perderla de nuevo, ahora se proponen ser “un partido menos institucional y más revolucionario” y habla la nueva dirigencia estatal de poner en el centro de atención a sus bases, acercarse al pueblo para hacer frente al nuevo gobierno de MORENA encabezado por Andrés Manuel López Obrador. El obsceno, represivo, antidemocrático y apátrida PRI señala y juzga al nuevo gobierno de autoritario, de ocurrencias, inmoral, ilegal, prácticamente dictatorial. Es claro que el PRI y asociados no saben lo que pasó el 1 de julio pasado o se resisten a creer que ya no son gobierno, que están condenados al basurero de la historia política por un juez de criterio inapelable: el pueblo. Tuvieron el poder, traicionaron una y mil veces a los votantes y quedaron reducidos a una asociación delictiva, una mafia sebosa. El PRI es, simplemente, un patético y ridículo ogro decadente.

El sábado 12 estaba lleno el auditorio Plutarco Elías Calles del PRI estatal de Sonora, la vocación matraquera del priismo onanista y autocomplaciente estalló en jubilosas expresiones de unidad y compromiso, aplaudiendo a los exgobernadores , a los priistas distinguidos, a la gobernadora Pavlovich a quien dijeron “defender” con todo y ante todo mientras ella, “el principal activo del PRI”, se dejaba querer y pronunciaba un discurso coloquial, doméstico, de mujer distraída, de mujer que dice que “se parte el alma” por los sonorenses, de víctima potencial de posibles acusaciones a las que ella reclama la presentación de pruebas.     

La mayoría de los mexicanos sabemos que estamos en la etapa de despegue de un nuevo proyecto, de gran trascendencia porque significa la puesta en orden de la casa de todos; no se trata de inventar el hilo negro o el agua tibia, se trata de recuperar, de reconstruir la nación que ha sido traicionada por los partidos y gobiernos neoliberales. Seguramente se cometerán errores, se tendrán que hacer ajustes pequeños y grandes, pero cada paso será en beneficio de un país donde la honestidad, la transparencia, la democracia y el gobierno responsable sean posibles. El PRI, el PAN y su fauna de acompañamiento podrán decir que están cambiando, que van a volver a sus raíces (lo que esto quiera significar), que la militancia será la que decida en lo futuro, que el nuevo gobierno no tiene experiencia, que es de ocurrencias, que esto o lo otro. Podrán decir lo que quieran y hacer lo que gusten, pero el fallo de la historia nacional es contundente: ¡púdranse, cabrones!

¿Burla a la seguridad social en Sonora?

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política” (Simón Bolivar).

Actualmente la seguridad social parece ser un tema molesto y un problema solamente financiero en Sonora, del cual el gobierno trata de desembarazarse y esconder bajo la alfombra de la miopía aritmética de que hace gala la actual directiva de ISSSTESON, dejando de lado los muy importantes aspectos sociales, políticos y de derechos humanos que entraña.

Al respecto, cabe recordar que en 2005 el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, impulsó la reforma de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), entidad descentralizada responsable de la seguridad social de los trabajadores del Estado y organismos afiliados. Dicha reforma tiene un fuerte acento recaudatorio ya que aumenta tanto el tiempo de cotización como las cuotas que deben cubrir los trabajadores sin necesariamente una mejora en la prestación de los servicios a que tienen derecho. La Universidad de Sonora (UNISON) es un organismo afiliado al ISSSTESON de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios firmado por la institución universitaria y el ISSSTESON en 1990, el cual tiene plena vigencia debido a que no se ha suscrito un convenio que manifiesta la voluntad de las partes en cambiar las condiciones pactadas.

A pesar de que existe el principio de no retroactividad en la aplicación de las leyes, consagrada en el párrafo primero del Artículo 14 Constitucional, el gobierno de Sonora insiste en ignorar el derecho que asiste a los trabajadores de cubrir las cuotas establecidas en la ley y pactadas en el Contrato vigente con ISSSTESON y recibir, sin condicionamientos ni limitaciones, las prestaciones en materia de seguridad social correspondientes a su calidad de afiliados y exige el pago de acuerdo con la ley reformada en 2005, siendo que la primera generación de trabajadores que se deberá sujetar a este ordenamiento es la que saldrá en 2040 o en 2038, ya que la reforma establece el tiempo de cotización de 35 y 33 años para hombres y mujeres respectivamente. Como consecuencia de esta aplicación retroactiva de la ley, los trabajadores pensionados y jubilados de la UNISON reciben, aproximadamente, el 63 por ciento de lo que debieran recibir de pensión mensual, quedando en estado de indefensión ante el Instituto de Seguridad Social y el gobierno del cual depende. Lo anterior significa un severo golpe a la economía familiar y una evidente violación a la ley.

En ejercicio de su derecho, los pensionados y jubilados universitarios y de otros organismos afiliados han acudido a la promoción de demandas de nivelación pensionaria, mismas que han logrado el fallo favorable para el demandante en 210 expedientes, estableciendo un precedente importante para los intereses de los afectados. Esta situación cambió radicalmente con la llegada de la gobernadora del PRI, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, quien al parecer decidió dar palo a las demandas de los afectados. Su gobierno se ha caracterizado por la presión y el hostigamiento a los organismos afiliados que no acceden a modificar su contrato o convenio de prestación de servicios con el ISSSTESON, ignorando el hecho de que el contrato o el convenio son, esencialmente, acuerdos de voluntades donde los firmantes están en igualdad de condiciones y ninguno de ellos tiene porqué sujetarse a la voluntad o capricho de la otra parte.

La presión del ISSSTESON hacia los organismos afiliados se ha manifestado en forma de una lentificación de la resolución de las solicitudes de pensión o jubilación mucho más allá del término que la propia ley establece, así como el condicionamiento de éstas y del acceso a los servicios de salud a la firma de un nuevo convenio a modo y que tiene por finalidad sacar de los trabajadores más recursos a cambio de los mismos deficientes y precarios servicios que actualmente proporciona. Curiosamente, se han suspendido los fallos correspondientes a las demandas de nivelación pensionaria en las instancias legales del Estado, remitiéndose los expedientes a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por el Ministro Eduardo Medina Mora. Es importante hacer notar que el actual director del ISSSTESON, Pedro Ángel Contreras López, ha declarado a los medios informativos que espera “buenas noticias” de la SCJN referidas al caso de las demandas pendientes, lo cual significaría un “ahorro” sustancial para el Instituto pero un evidente golpe a los derechos de los trabajadores. 

Cabe recordar que al final del sexenio de Guillermo padres Elías, gobernador emanado del PAN y actualmente sujeto de investigación penal, se dio a conocer un daño patrimonial del ISSSTESON por más de seis mil millones de pesos, en donde se señalaba como responsables del desfondo pensionario en perjuicio de los trabajadores a la directora general del organismo, al Secretario de Hacienda estatal y al propio Gobernador del Estado, cuestión ampliamente difundida en diversos medios informativos locales y nacionales. En este contexto, resulta preocupante que exista la intención de burlar “legalmente” el derecho de los pensionados y jubilados por parte de las autoridades estatales mediante la posible emisión de un criterio jurisprudencial de la SCJN favorable al Instituto.

Concluimos recordando que existen 210 casos resueltos a favor de los demandantes. Este fuerte precedente no debe ser ignorado por la SCJN ni servir de garrote contra los trabajadores en manos del cuerpo directivo del ISSSTESON. Tenemos serias dudas sobre la imparcialidad y buen juicio del Ministro Medina Mora con base en sus antecedentes, por lo que existe el fundado temor de que se puede prestar a una burda y condenable maniobra “legal” contra los pensionados y jubilados. La comunidad sonorense en general y los afiliados al ISSSTESON en particular merecen respeto. ¿Será capaz el gobierno estatal de honrar su compromiso legal y político con los sonorenses? Hasta el momento no lo parece.

Soplos invernales

“Juez que ha sido delincuente ¡qué fácilmente perdona!” (Pedro Calderón de la Barca).

Seguramente el frío ha invadido su domicilio, ha hecho que saque esa ropita que nunca puede usar por miedo a deshidratarse y hace que revise con cuidado el estado que guarda lo que llamamos “ropa invernal” como una forma nostálgica de situar el vestuario en lugares remotos, donde se respetan las estaciones del año, donde se sabe de temperaturas que favorecen la proximidad humana y la ingesta de bebidas de alto contenido alcohólico sin que sean sospechosas, una y otra, de ataques de lúbrica concupiscencia o declarado amor al chupe.

Los ánimos ligados a las futuras comilonas familiares y a los excesos legal y socialmente permitidos están calientes, con la temperatura adecuada para darle al jolgorio decembrino cumplido y estricto cumplimiento; sin embargo, la fianza de 30 millones de pesitos al panista “presunto” delincuente exgobernador del Estado y dueño de ranchos, represos y caballerizas de lujo, hace bajar la temperatura y enfría las buenas nuevas que incluyen, por supuesto, el aumento al golpeado, choro y anémico salario mínimo general, a partir de enero del 2019.

Sonora es una tierra de contrastes, de duras posiciones conservadoras y de sorpresivos giros al cambio, en una camaleónica virtud que sorprende a propios y extraños. El azote panista a las finanzas públicas convenció a muchos de que el azul viene bien sólo si es de una ojera de mujer, no de un partido político que hace gobierno robando, engañando a la gente y saqueando al erario, cualidades que comparte con el PRI, el dinosaurio zombificado que aún da coletazos en el palacio de gobierno.

Mientras se anuncia el ingreso de un nuevo frente frío, los ánimos cerveceros sufren una transformación química que los decanta hacia rumbos más tradicionales como el bacanora, whisky, brandi o ron, sin excluir el tequila, dependiendo de la imaginación y el ingreso personal disponible. Así las cosas, la vida cotidiana transcurre entre incursiones casi punitivas al Wal-Mart, Costco, super Ley o el popular y populoso Mercado Municipal, colmado de los elementos indispensables para la elaboración del tradicional menudo con pata y el pozole, con sabor del pueblo que fuimos y que nos resistimos a dejar de ser. Mares de gentes ávidas del mejor precio, de la frescura de los vegetales, de la carne, del nixtamal, sin dejar de lado las compras obligadas del pan birote en su panadería de confianza que, en general, hacen sonreír al comercio local.

En la acuarela de nuestras relaciones sociales destaca con trazos firmes y vívidos colores la dimensión política y la gastronómica; en la primera es necesario pensar en que ya no somos necesariamente los mismos, que el sabor de la tradición conservadora sonorense, arraigada desde el siglo XIX con la guerra de independencia y el dramatismo del cambio de siglo y de actitud, venciendo a los gandallas que se encaramaron en el liberalismo juarista para medrar en el poder hasta que llegó, con tragedia de por medio, el punto de arranque del tsunami revolucionario con fuerte acento popular que terminó haciéndose gobierno. Cierto que muchos de los reclamos terminaron manoseados por la demagogia del neoconservadurismo oportunista postrevolucionario, en el afán de cambiar para no cambiar que nos recetaron los partidos PRI y PAN y sus ridículos satélites electorales en el nuevo siglo XXI, en la transición pactada de la nueva derecha trepadora que azotó a la nación desde la cúpula del poder público transnacionalizado, dependiente, bastardo e inmoral.

La corrupción desatada, la demagogia imparable, el cinismo hecho gobierno generaron, junto con la acción y el discurso esperanzador de López Obrador, un nuevo rumbo, una nueva inyección de optimismo transformador que recoge viejas aspiraciones, añejas promesas sin cumplir y un mar de voluntades que, unidas, hacen posible la construcción de nuevos escenarios en la vida política y social de nuestro país. Sin embargo, mientras el Poder Ejecutivo y el Legislativo trabajan por el cambio, el Poder Judicial parece estar navegando contra corriente.

Recuerde usted la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de franca oposición a los cambios impulsados por el nuevo gobierno, a la aplicación sectaria de la justicia a cambio de conservar privilegios, manosear groseramente la interpretación de las leyes y servir a intereses contrarios al nacional. Tenemos, desgraciadamente, un alto tribunal que da malos ejemplos de venalidad, nepotismo y corrupción. Para ellos la defensa de privilegios y canonjías es más importante que la defensa de la constitucionalidad de las leyes y la limpieza de los procedimientos legales. Es evidente que la transformación esperada tiene un cuello de botella que viste de toga y birrete, a los que deshonra y prostituye. Entre ellos ha destacado el Ministro Eduardo medina Mora, prianista encargado de la Sala Segunda de la SCJN donde se ventilan ahora los casos de nivelación pensionaria del ISSSTESON y que, según se sospecha, el fallo puede ser en contra de los trabajadores quejosos y en favor de la leperada de un gobierno sin compromiso real con la ciudadanía.

En Sonora hace frío, pero es fácil un cambio de temperatura cuando los derechos de los trabajadores se vulneran, cuando la rapiña atenta contra el patrimonio familiar, cuando la deshonestidad y la corrupción nos asaltan y ofenden. El invierno sonorense puede darnos algunas sorpresas, pero, independientemente de lo anterior, en Sonora se honra la gastronomía y el olor a menudo ya invade el ambiente y las bebidas espirituosas luchan por salir de sus envases. Digamos salud y prosperidad en el nuevo año 2019.

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Estado sin derecho

“Nunca olvides que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal” (Martin Luther King).

Ya ve usted cómo son las cosas, ahora cualquier delincuente de cuello blanco se lanza a lloriquear ante el presidente en turno y se declara “preso político”, tras hacer verdaderos cráteres en las finanzas estatales y ejercer el tráfico de influencias y el manoteo desaforado de los recursos públicos. Los ciudadanos de Sonora, como el resto del país, vemos cómo las autoridades fingen perseguir a los delincuentes ahora declarados “presuntos” gracias a la gringuización del sistema penal, que da pasos procesales en falso a fin de que los pillos salgan libres por “errores técnicos” que, en el fondo, no son más que una concesión entre cárteles políticos que se cubren las espaldas entre ellos mientras encandilan a los simples mortales con la falacia de un pleito entre fracciones y la procuración de justicia.

Las ingentes cantidades de dinero evaporado de las arcas públicas huele a acto de magia, a extrema prestidigitación que se realiza ante un público azorado y distraído con el parloteo mediático del “combate a la corrupción”. El ciudadano común se tira de los pelos cuando su ingreso disminuye en razón inversamente proporcional a las promesas de nuevos y mejores empleos, justicia laboral y, desde luego, seguridad social, en una cadena de acontecimientos que se toman por normales en cuanto se pierden las esperanzas de cambio verdadero, de reconocimiento no sólo formal sino real de los derechos que la clase trabajadora ha conquistado a lo largo de su historia.

Es imposible no recordar que fue durante el gobierno (sic) de Guillermo Padrés Elías, panista emparentado con connotados priistas de la localidad, cuando el ISSSTESON sufrió el mayor golpe a su patrimonio, el saqueo más descarado de que se tenga memoria y que arrojó un daño patrimonial de más de seis mil millones de pesos. Es obligado señalar a Teresa Lizárraga como la responsable directa del Instituto y parte del desfondo ocurrido. Usted recordará que el ahorro de los trabajadores quedó en manos ajenas y a disposición de otros fines muy lejanos a la seguridad social. Ante la indignación popular y el reclamo de justicia, tenemos que montarse en el carro de las plurinominales fue la salida para Teresa Lizárraga y, desde luego, el amparo servirá como tabla de salvación provisional para pillos de esta y otra ralea.

El lloriqueo de los que ahora y en el futuro inmediato se llamen “presos políticos” suena a vil melodrama barato que pretende poner en juego la facilona estrategia de los depredadores de hacerse víctimas del sistema al cual pertenecen y en su seno lograron sus fortunas. Por otra parte, resulta patético que se invoque la protección del actual presidente de la república en asuntos que son de la competencia del Poder Judicial, en una mañosa pérdida de memoria sobre la división de poderes que existe en el gobierno de la nación. Pretenderán que la gente diga “pobrecito”, “nos jodió el ahorro, robó lo que pudo pero ahora sufre y merece compasión”. Pero, además del daño producido a las instituciones, es imposible olvidar los abusos físicos y psicológicos que sufrió Gisela Peraza durante su encarcelamiento ordenado por el ahora plañidero Guillermo Padrés (dueño de ranchos, represos y caballerizas con ejemplares de lujo). Sin duda alguna merece justicia.

Tras el golpe asestado al ISSSTESON, los directores de la nueva época priista han declarado el peligro de la quiebra y la necesidad de fortalecer las finanzas del Instituto “haiga sido como haiga sido” (Calderón dixit) y, sobre todo el actual titular, Pedro Ángel Contreras López, quien ha emprendido una santa cruzada por el rescate financiero de este organismo sin reparar en los costos sociales y políticos a que hubiera lugar. Consecuentemente, la presión hacia los organismos afiliados ha aumentado y, como se sabe, se han señalado culpables tales como el propio sindicato de ISSSTESON, con “prestaciones muy superiores a los demás sindicatos”, según señalamiento del director Contreras, y desde luego, a la Universidad de Sonora, dizque por pagar menos de lo que le corresponde, siendo que la Institución académica paga lo que debe pagar de acuerdo a la ley y al contrato que tiene firmado con el ISSSTESON y que el director Conteras se empeña en ignorar.

Otro de los culpables del director Contreras es el propio ciudadano que reclama sus ahorros tras haber cotizado durante su actividad laboral en alguna dependencia y que ahora el Instituto le dice que no puede recuperar su dinero porque no hay. Pero quizá el más culpable de entre los que tiene derecho a reclamo es el pensionado que demanda al Instituto porque sólo recibe alrededor del 63 por ciento del pago mensual que le corresponde de acuerdo con la ley. Las demandas por nivelación pensionaria han merecido particular atención por parte del director Contreras y ha declarado que se ha promovido un recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acabe con las aspiraciones de los demandantes y que se limpie con el derecho que les asiste mediante un criterio jurisprudencial que favorezca la cruzada de “ahorro” emprendida para rescatar financieramente al Instituto.

Usted seguramente sabe que las demandas por nivelación pensionaria ya no se resuelven en los tribunales locales sino que ahora son “atraídas” por la SCJN, específicamente la Segunda Sala, presidida por el Ministro Eduardo Medina Mora, el que “blindó” a Enrique Peña Nieto para no ser detenido tras su salida de la presidencia, entre otras medidas judiciales de dudosa rectitud y legalidad. Ha trascendido que entre el citado ministro y el actual director del ISSSTESON existe una relación personal, de ahí puede desprenderse que el fallo para los trabajadores sonorenses retirados no necesariamente se apegará a derecho.

Por si usted no ubica al ministro Medina Mora, le comento que fue el que, además de rechazar la política de austeridad impulsada por el presidente López Obrador, recientemente “blindó” a Enrique Peña Nieto de ser enjuiciado una vez fuera de la Presidencia, además de ser sospechoso de crear, desde la PGR, junto con Marisela Morales una red de encubrimiento y protección llamada “Operación Limpieza” en favor del Chapo Guzmán. El Ministro Medina Mora fue parte del equipo de gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón para luego ser adoptado por Peña Nieto y, como queda demostrado con el “blindaje”, favor con favor se paga.

(Anexamos ligas para que se entere de quién es el ministro Medina: https://www.reporteindigo.com/reporte/quien-es-el-ministro-eduardo-medina-mora-javier-corral-chihuahua-pena-nieto-cesar-duarte-salinas/

   https://www.elimparcial.com/Nacional/2018/11/21/1389240-Periodista-hace-revelacion-sobre-Eduardo-Medina-Mora-ministro-de-la-SCJN-y-el-Cartel-del-Pacifico.html)

¿A eso se estaría refiriendo el director Contreras cuando dice que se espera una buena noticia por parte de la SCJN en el caso ISSSTESON? ¿La SCJN va a ignorar las 210 demandas de nivelación pensionaria que fueron encontradas debidamente fundadas y motivadas conforme a derecho? ¿Por eso los juicios de nivelación promovidos por trabajadores sonorenses ya no se resuelven en nuestro Estado y ahora son los ministros de la SCJN quienes deciden su destino legal? ¿Le debemos de dar las gracias a la señora gobernadora y egresada de nuestra Alma Mater, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, por esta mentada de madre judicial a los trabajadores? ¿La política de alcantarilla puede más que el derecho? ¿Seremos vencidos no por derecho sino por la manipulación de un funcionario venal?

Así pues, tenemos que mientras el gobierno priista se prepara a asestar una puñalada a los ahorros de los pensionados y jubilados de Sonora, Guillermo Padrés y el panismo organizado claman justicia, se declaran víctimas y se sienten presos políticos, llaman a la compasión, a la lástima generalizada de un pueblo que está hasta el copete de leperadas y engaños. Es claro que en la SCJN y el gobierno de Sonora aún no llegan los aires del cambio.

Los aires de diciembre

“Un buen gobierno es como una buena digestión; mientras funciona, casi no la percibimos” (Erskine Caldwell).

En estas fechas es interesante recorrer el centro de la ciudad capital, con sus calles abarrotadas de compradores potenciales y sus abarrotes languideciendo frente a las cadenas comerciales. La carpeta asfáltica, con su aspecto cacarizo, nos remite a viejas deposiciones de borracho, detritus de perro y restos de lo que pudo haber sido una voraz ingesta de hot-dogs, regada con algún refresco de cola y salpimentada con el polvo y el humo de los miles de vehículos que pasan aportando su carga de bióxido de carbono a los pulmones hermosillenses y, desde luego, al ambiente.

En torno a los carros expendedores de “dogos” se congregan familias enteras que practican el arte de la masticación con expertos movimientos mandibulares, dejando la mostaza, la mayonesa o los frijoles asomando en la comisura de los labios como señal o contraseña de pertenecer a la casta privilegiada del proletariado posibilista, que puede llevarse algo a la boca con destino al entramado digestivo. Otros, muchos más de los que pensamos, se quedan “milando” como el chinito la suculencia del manjar y la concentración que exhiben los felices masticadores.

Parvadas de policías de a pie señalan la veda de robos y extravíos en perjuicio de economías colgadas con alfileres, pues el olor a aguinaldo es fuente de pensamientos expropiatorios e impulsos delincuenciales. La sangre fluye por las venas con impulsos acelerados mientras en los comercios, plagados de empleados de temporada, el cliente se encuentra más solo que la cuenta corriente de un indigente. Nadie atiende al comprador que ve pasar al empleado caminando con fingido apuro y mal justificada diligencia. La solicitud y mística de servicio aún no llegan a las cadenas comerciales, a los almacenes de prendas remarcadas y al espíritu de las fechas. El cliente está a merced del empleado de piso, de la cajera y del apretujón casi obsceno de muchos que como él esperan comprar ese regalo, esa muda de ropa y ese accesorio navideño.

Afuera, en la gaseada atmósfera allende las puertas de los comercios, recibimos la calidez de las fritangas, el marasmo de las gentes que caminan como si fueran las únicas en el planeta, el país, el estado, la ciudad, la calle y el espacio necesario para ir de un lado a otro gracias a la locomoción humana. Se desea, desde luego, que haya un cataclismo, una súbita onda sísmica o un ataque masivo de disentería que limpie la calle, que nos haga menos y obre el milagro de poder caminar fluidamente por cerca del Mercado Municipal.

Al llegar a ese antiguo y popular centro de comercio anclado en el viejo corazón comercial capitalino, extrañamos la voz que le ofrecía “chiltepineros a diezzz”, tanto como deploramos la inconclusa remodelación y las láminas que afean el inmueble e impiden el tránsito fluido. En el espacio donde está la fuente, llena de desperdicios de misterioso origen, se dan cita un grupo de aseadores de calzado, “boleros” que le dejan los zapatos rechinando de limpios y con expectativas de duración altamente razonables por las bondades de los tintes y grasas protectoras, quedando listos para recibir nuevos pisotones y raspaduras, medallas de guerra en el tráfago peatonal de las fechas.

Los aires se cargan de azufre, amenazas de fuego infinito y reclamos temibles de condenación eterna. Un hombre de mediana edad y aspecto proletario viste sus mejores galas de orador religioso y atiza con garrotes bíblicos las conciencias de los viandantes. Gesticula, lanza espumarajos por la boca. Los misterios del bien y el mal parecen ser revelados por el exaltado hombre que blande una biblia y amenaza con azotar con ella al despistado y casual espectador. En este punto, la prudencia recomienda salir huyendo del lugar, en busca de un refugio de paz y tranquilidad mundana. Queda claro que la espiritualidad no se da mediante amenazas ni está al alcance de todos, pero cada cual su bronca.

Las mujeres policía rondan los comercios, hacen presencia en las esquinas, vigilan las calles y algunas bostezan con aires de uniforme nuevo y zapatos en proceso de ahormar. Llega el mediodía y emprendo el regreso a casa, por el camino pienso en los camiones recolectores de basura, en el plan de arrendamiento que se ofrece como solución al problema citadino. Seguimos pensando que el ayuntamiento debe tener su propia flotilla y así no dar de comer a empresas privadas que, como quiera que se le vea, se bastan solas. ¿Qué decidirán los regidores? ¿Optarán por la autosuficiencia aunque lleve un poco más tiempo o seguirán la ruta típica de los gobiernos prianistas de apoyarse en la empresa privada para resolver servicios públicos? El pueblo, en medio de la calle, sabe que la basura es cosa pública. Esperemos…