¿Es la menstruación tema legislativo?

 “Todas me odian, pero cuando yo les falte ahí las quiero ver llorando” (La Menstruación).

 

El martes 8 de este mes de la Patria se presentó una curiosa iniciativa por parte del colectivo “Menstruación Digna” en la Cámara de Diputados, a través de la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, aunque también apoyada por legisladoras de las distintas fracciones parlamentarias (Proceso, 9.09.20).

La iniciativa consiste en reformar el artículo 2º “A” de la Ley del IVA, para “implementar una tasa 0% de IVA a productos de gestión menstrual como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, entre otros”, aduciendo que el actual impuesto de 16% es “discriminatorio y atenta contra los derechos humanos de las mujeres”.

En su exposición de motivos, destaca además que “atenta contra el acceso a la salud, la vida digna, el trabajo y la educación de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes”.

La propuesta, dicen, tiene por objeto “posicionar la gestión menstrual como tema público que debe ser incorporado a las políticas públicas para crear condiciones estructurales que permitan a todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes en México, vivirla con dignidad”.

Desde luego se entiende que la tasa cero del IVA a artículos de higiene personal íntima femenina contribuye a la salud, porque al eliminar el gravamen se abaratan los productos y se hacen más accesibles a los consumidores, pero llaman la atención varios aspectos.

Si se trata de facilitar el acceso a productos de higiene personal, ¿no deberían entrar en la bolsa los jabones, champús, desodorantes, pasta dental, cepillos dentales, entre muchos otros de uso generalizado?

¿La tasa cero de un producto va a contribuir a la “gestión” de la menstruación? Para empezar, ésta es una función fisiológica periódica que no se gestiona, simplemente sucede. Se pueden gestionar recursos para la educación, para la salud, o soluciones a problemas personales, sociales, o a cuestiones administrativas, pero no una función orgánica.

Guardando las proporciones, pero está como decir que la tasa cero en el IVA del papel higiénico contribuye a la gestión de la defecación, lo que es más notable en tiempos de diarrea. Usted vacía sus intestinos con IVA o sin IVA, porque es una función fisiológica, tan natural e involuntaria como orinar o sudar, o la necesidad de alimentarse o respirar.

Por otra parte, no veo cómo el funcionamiento fisiológico normal de una mujer le puede impedir el acceso a la educación, al trabajo y a una vida digna, menos en tiempos en los que abunda la información y donde la tolerancia y la no discriminación son pauta social políticamente correcta.

Tampoco queda claro que además de las niñas, adolescentes y mujeres (sic) vaya a favorecer a “otras personas menstruantes”. Aquí es obligado preguntar ¿además de las mujeres (que por razones anatómicas y fisiológicas tienen útero y ovarios) hay otros seres humanos que también menstrúan? ¿Cuáles?

Si se trata de incluir a personas como los travestis, transexuales y similares, lamentablemente no se puede hablar de menstruación ni como posibilidad fisiológicamente remota, en todo caso, llamémosle por aproximación diarrea, misma que se “gestiona” de otra manera.

También llama la atención que se pretenda “posicionar la gestión menstrual como tema público que debe ser incorporado a las políticas públicas”, siendo que por razones naturales y culturales la menstruación es un suceso natural, personal, periódico e íntimo, que en todo caso requiere orientación en materia de higiene por parte de las familias y en las escuelas del nivel básico. Las funciones fisiológicas no son fenómenos sociales, políticos o económicos, sino orgánicos.

En este punto, uno se puede preguntar ¿de acuerdo con qué idea de humanidad se puede sostener que las funciones fisiológicas requieren políticas públicas y, en particular, “que creen condiciones estructurales para permitir a todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes en México, vivirla con dignidad”? ¿De qué nos estábamos perdiendo en milenios, siglos y décadas antes de esta revelación convertida en iniciativa de ley? ¿La menstruación actual ocurre sin dignidad?

No dudo que la iniciativa tenga una finalidad reivindicativa y que elimine la discriminación, no de la mujer y “otras personas menstruantes” (sic), sino de los productos en sí, tomando como criterio que los artículos de higiene personal no deberían pagar IVA por ser de primera necesidad, tanto personal como de interacción social.

Lo que llama la atención, además de las observaciones arriba señaladas, es el momento político en que se lanza la iniciativa y en hecho de que es presentada por Movimiento Ciudadano, que junto con el PAN, PRD y PRI constituyen un frente clara e histéricamente opositor al gobierno de AMLO, aunque, según la fuente informativa, también es vista con simpatía por legisladoras del partido guinda.

De acuerdo con lo antes expuesto, pudiera ser pertinente no sólo afinar los conceptos y las intenciones de la iniciativa en comento, sino dar una buena revisada a todo el articulado a la Ley del IVA, para resolver y actualizar posibles lagunas o desfaces y dar, si corresponde, un mejor sentido social a la recaudación de este impuesto al consumo.

Pero sobre todo, resulta pertinente que cuando se presenten iniciativas vayan debidamente fundamentadas y mejor redactadas, para la cabal comprensión de su contenido y clarificación de sus propósitos.

 

Emocionalmente débiles

 

“Al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie” (AMLO, conferencia matutina, 31 enero 2019).

 

Recientemente leí una reflexión que creo vale la pena rescatar: “Estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado. Porque “todo” es ofensivo… incluida la verdad.” Está firmada por Ferrer, supongo que se trata de David Ferrer García, profesor, escritor y poeta español contemporáneo.

 

Si una veintena de mujeres toma la sede de la CNDH, en vez de manifestarse frente a la Fiscalía General, ¿tendremos que dar por hecho que su acción es justificada, independientemente de que pueda ser una reacción extrañamente tardía al ultraje de una menor ocurrido hace cuatro años, y que se ocasionen daños a las instalaciones y a su contenido?

 No necesariamente, porque a estas alturas muchos advierten que la toma es desproporcionada y vandálica y que bien pudieran haber protestado durante el gobierno de Peña Nieto ante las autoridades competentes, además de que se niegan a entregar las instalaciones y a participar en una mesa de diálogo.

 A lo anterior habría que agregar que pretenden destinar el edificio de la CNDH como albergue “para muchas mujeres de todo el país” que tengan el mismo problema porque, dicen, esta es una acción “okupa” y están disponiendo de un bien público.

 Como sabemos, las acciones “okupa” originalmente se dieron en Europa, particularmente en España, consistente en la ocupación de edificios abandonados por personas que carecían de habitación, por lo que llamar “okupa” a la toma de un edificio público que cumple una función social es por lo menos absurdo cuando no perversamente intencionado, como lo es la sustracción y destrucción de expedientes. ¿Quién o quiénes resultan beneficiados con el caos? La respuesta la puede encontrar siguiendo la liga: https://youtu.be/4pG94dVQvo0  

 Algo similar ocurre en el país con otros eventos donde la causa del feminismo se ve reinterpretada por grupos como los incubados en instituciones como el ITAM, que ven apropiado volcar sus impulsos destructivos contra edificios públicos, comercios e incluso ciudadanos cuyo pecado es ser de sexo masculino porque estaban, según el criterio gringo, “en el lugar equivocado y a la hora equivocada”, con lo que pasamos de la lucha de clases a la lucha de sexos, perdiendo toda perspectiva que suponga una transformación socialmente progresista e incluyente.

 En Hermosillo tenemos varias muestras: el asalto vandálico a Catedral, al Congreso del Estado, al edificio del Poder Judicial, y daños a varios edificios públicos y privados, además de pintas en paredes y monumentos, en un contexto político nacional y local en el que las mujeres tienen peso y paridad electoral y donde, por mencionar algunos ejemplos, tanto el gobierno del estado y de la capital del país, así como la Cámara de Diputados y nuestro municipio son presididos por mujeres.

 Dichas acciones “feministas” curiosamente no se daban en los sexenios anteriores donde las mujeres marchaban ejerciendo su derecho a la manifestación, pero no vandalizaban. Al parecer, ahora es el momento propicio para las expresiones de irracionalidad destructiva y provocativa, justamente cuando está el gobierno de la 4T, por lo que las pulgas del neoliberalismo se le cargan a un gobierno que dialoga y que postula que “todo por la razón y nada por la fuerza”.

 

Los hechos referidos se puede relacionar con la histérica emergencia de grupos opositores ultraconservadores y fundamentalistas de la derecha de campanario que acusa al gobierno de llevarnos al desastre y, lo que es peor, al comunismo; o como el grupo de gobernadores del PAN y otros ideológicamente afines que lo mismo piden la renuncia del coordinador de la lucha contra la epidemia, Dr. Hugo López-Gatell, que forman una “alianza federalista” que decide salir de la CONAGO, que es la asociación civil de los gobernadores de México.        

 A lo anterior habría que agregar la virulencia de Felipe Calderón y su partido familiar “México Libre”, lo que parece estar siendo demostrado por la presión que se da entre estas feministas “okupas” para apoyar al esperpento político-electoral borolista, según nota del portal Revolución tres punto cero (Daniel Serrano, 8 de septiembre de 2020).

 Cada vez es más evidente que la política se ejerce en las instancias judiciales y en las calles mediante el financiamiento de grupos radicales que levantan banderas en muchos casos legítimas, pero cuyos objetivos no son necesariamente los que exhiben, a partir de las acciones caóticas y delictivas que emprenden.

 

Al respecto, el gobierno de López Obrador celebra la libertad de expresión y dice que no a la violencia, no a la represión porque “no somos los mismos”. Por mi parte diría que está bien que “no seamos los mismos”, pero que justamente por eso se espera que se cumpla la ley y se garantice la paz pública, lo que implica el diálogo constructivo entre pueblo y gobierno, no la complacencia ni la evasión de responsabilidades que solamente dan fuerza al delincuente.

 A veces da la impresión de que la ley sólo se puede aplicar en ciertas circunstancias y con las debidas excepciones, por razones de lo políticamente correcto en su interpretación más libre y acomodaticia, quizá para evitar que cualquier acción de orden público pueda ser desvirtuada por parte de quienes proclaman a berridos que vivimos en una dictadura o que el gobierno tiene una visión patriarcal de la sociedad y la familia.

 Así pues, mientras el imperio de la ley y el estado de derecho pasan a ser meras figuras retóricas, los delincuentes pululan con pasamontañas negros y exhiben sin inhibiciones su vulgaridad destructiva, pateando el interés público para dar paso a la mezquindad beligerante de los enemigos del cambio.

 

Nuestra sociedad sufre los embates de una generación hipersensible, egoísta y autocomplaciente, acostumbrada tanto al eufemismo como al agandalle: en la política por ejemplo se puede dotar de palos a campesinos chihuahuenses y lanzarlos contra la Guardia Nacional; los delincuentes de cuello blanco se pueden llamar perseguidos políticos,  y los tramposos pueden lograr la presidencia de la Cámara de Diputados mediante el chapulineo de legisladores que hacen temporalmente una mayoría artificial en beneficio de cierta fracción parlamentaria, la del PRI, independientemente del lugar que hayan alcanzado en las pasadas elecciones federales.

 En consecuencia, se tienen mayorías efímeras y coyunturales que tuercen la voluntad del electorado y la democracia en México, y movimientos cuyas acciones son formalmente punibles pero que la carga emocional y desinformativa que compartimos logra convertir en caricatura reivindicativa.

 En una sociedad dominada por la simulación, la ignorancia y los convencionalismos, la verdad es molesta e indeseable y en abierta oposición al imperio incuestionable de la subjetividad y el capricho. Aquí, en efecto, “todo es ofensivo… incluida la verdad”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cadáver del PRI

 

“Cuando más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje” (Aldoux Huxley).

 

Ya ve usted cómo son las cosas, la Cámara de Diputados tiene, por lo pronto, la presidencia en manos de Dulce María Sauri Riancho, de trayectoria inseparable de la cloaca política llamada PRI y sin duda representante de los valores de ese instituto político.

En estos tiempos donde las militancias se escabullen de las definiciones clásicas hay quienes ejemplifican con sobrada suficiencia la cara perversa de la política al modo del viejo régimen, porque relativizan las pertenencias ideológicas en aras de alcanzar mayorías instantáneas para llenar requisitos y lograr hacerse con posiciones como, recientemente, la presidencia de la mesa directiva de los diputados.

Pero, más allá del natural asco que produce el hecho de que el PRI alcanzó el número de legisladores que le permitió ser la tercera fuerza en el seno de la cámara, hay que tener claro y señalar que fue gracias a las manipulaciones, las trapacerías, los acuerdos y el chapulineo coyuntural de los legisladores, ya que, según el resultado de la elección del 1 de julio de 2018, esta posición le correspondía al PT.

El problema se dio a partir del trasiego de diputados que pasaron por alto la voluntad popular y se cambiaron a conveniencia la camiseta, inflando en este caso la nómina del PRI, y donde participaron estelarmente los legisladores del PRD, flamante comodín del Prianismo organizado.

Tan terrible realidad denota la pobreza política de un pueblo acostumbrado a que lo chamaqueen, lo acarreen, lo engañen cada trienio o sexenio, le den despensas, materiales baratos de construcción, tortas y refrescos cada campaña electoral, y en cada acto masivo la consabida camiseta, sombrilla y gorra.

La costumbre que se refrenda en los períodos electorales está claramente reflejada en la presencia del PRI, que por razones de legalidad plasmada en el reglamento ahora preside la Cámara de diputados, donde se legisla por México, sin olvidar que Morena y aliados son la mayoría que decide realmente el sentido de las decisiones, que Morena es la primera fuerza y que el partido no está solo, porque lo avalan 30 millones de votos en una votación histórica plena de legitimidad.

En lo personal, me parece ridículo el solo hecho de que los priistas tengan un papel en la conducción de las sesiones, pero de eso a que manden, dirijan o determinen el rumbo de la cámara de diputados hay una gran distancia.

Si consideramos que, chapulineo aparte, el PRI alcanzó transitoriamente el número de legisladores suficiente y necesario para ocupar el tercer lugar en la composición de las fuerzas electorales, y que por ese sólo hecho le tocaba presidir la mesa directiva, y que la votación era para elegir al legislador que iba a presidir dicha mesa directiva, entonces tenemos dos cosas:

 Primera: Los diputados de Morena simplemente acataron lo que dicta el reglamento, y tuvieron que aceptar que la tercera fuerza era el PRI.

 Segunda: La votación fue para elegir al presidente de la mesa directiva, que le tocaba por la razón antes señalada, al PRI. En este punto lo más sensato hubiera sido la abstención, el “ahí se la echan”, sin embargo, muchos de Morena optaron por votar por ceñirse a la disposición reglamentaria.

Algunos se manifiestan escandalizados, traicionados, decepcionados, ofendidos y decididos a cambiar de partido, siendo que de lo que se trata es de fortalecer a Morena y en todo caso reformar el reglamento que permite que los legisladores cambien de camiseta según vaya el viento, para después regresarse cómodamente a su posición original.

En todo caso, los cambios de fracción parlamentaria deben ser fundados y motivados y claramente explicados, y ser de carácter permanente o con candados que impidan la migración infundada y el oportunismo de coyuntura.

A juzgar por los proyectos en marcha del actual gobierno, es lícito pensar que Morena sigue siendo la mejor opción y que hay que fortalecerla, lo cual no deja de lado la crítica apoyada en el conocimiento y el análisis desapasionado de los hechos, mismos que no necesariamente demuestran que se trate de revivir el cadáver del PRI. Tocamos madera.

 

 

 

La corrupción ¿es cultura?

 

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella” (Joan Baez).

 

Desde que el gobierno de López Obrador inició sus esfuerzos por poner orden en el país, han repuntado las noticias, trascendidos y revelaciones sobre asuntos que desde antes se sospechaban en los corrillos ciudadanos: el sistema funciona gracias a la corrupción, expresada en forma de saqueo al erario, nepotismo, tráfico de influencias, desviación de fondos supuestamente etiquetados a programas sociales, de desarrollo económico, de modernización administrativa, de actualización del sistema legal acusatorio. También en materia del escalafón en el sector público y los mecanismos de premios y recompensas; así como en la forma y motivaciones para dictar sentencias por parte de jueces y ministros, los criterios para ocupar plazas en la burocracia, así como en la forma en que se legitiman los registros sindicales y las formas de ascenso y permanencia de las dirigencias.

 

También tenemos ejemplos importantes de corrupción en el sector privado cuando se inflan precios y se provoca escases de determinados productos con el fin de encarecerlos, sin olvidar los trucos para lograr el despido injustificado de empelados, la contratación temporal y la tercerización del empleo, las subrogaciones, la evasión de impuestos y el absurdo expediente de las pérdidas consolidadas, tanto como la devolución o la exención injustificada del pago de impuestos.

 En los estados y municipios, un gobierno que busca “mochadas” en la concesión de servicios como el alumbrado o la recolección de basura y que compromete las finanzas públicas o que pacta la desincorporación de bienes públicos por compromisos con agentes inmobiliarios privados, es y será corrupto, como lo es el que firma contratos y da concesiones a cambio de mochadas sin reparar en el costo económico y político de sus acciones.

 

Las recientes revelaciones periodísticas nacionales sobre los intereses y relaciones de García Luna, Osorio Chong, Videgaray  o Lozoya; o en el escenario local,  los reportajes de Cayetano Lucero en Vigilia Sonora y las redes sociales sobre el acaparamiento de tierras y aguas o los negocios inmobiliarios que se han logrado a costa del patrimonio público, por ejemplo en el municipio Hermosillo y Caborca, entre otros que padecen la depredación ligada a los apellidos Beltrones, Bours, Coppel, Padrés, Pavlovich o Torres, por citar algunos.  

 El expresidente Peña Nieto dijo que la corrupción era un problema cultural, en una forma cínica y simplista de convertir en “tema” lo que es esencialmente un problema.

 Si hay corrupción es que hay corruptos, y si hay corruptos es que el sistema provee las condiciones, los medios y la justificación para ello. Por eso, contra la lógica de la simulación y el cinismo, la actual administración federal apoya el recurso de la denuncia, la transparencia y el respeto a la ley de cara a un sistema judicial preñado de corrupción, nepotismo y vicios en la interpretación de la ley.

 

Los ataques histéricos y la ola de información falsa o distorsionada que impulsa el prianismo encabezado por los expresidentes Fox y Calderón, en la que concurren la prensa chayotera, el empresariado ganón y apátrida, el ciudadano frívolo y corruptible que se convierte en cómplice gratuito de explotadores laborales o de líderes charros, confirman que la actual administración pisa callos, afecta intereses y despierta la furia de los léperos de siempre.

 ¿Qué hacer ante esta plaga llamada corrupción? Pues atacarla con la denuncia ciudadana y la acusación formal de los agravios; no aceptar ni complicidades ni atropellos; levantar la voz ante las instancias correspondientes y ejercer, finalmente, una ciudadanía responsable, autocrítica e informada.

 Necesitamos tomar en serio eso de que “nada ni nadie por encima de la ley”, por eso tiene que ser una tarea y compromiso colectivo, y una demostración cotidiana de la madurez y conciencia del ciudadano como sujeto político, como hacedor de los cambios y como artífice de la nueva sociedad.

 Sólo así daremos fuerza y vigencia a la idea de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

 

 

Derecho de tránsito en Sonora

 “La ley es dura, pero es ley” (Principio general de derecho).

 Como usted sabe, la libertad de tránsito es una garantía consagrada en la Constitución en su artículo 11, y ese derecho solamente estará subordinado “a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

Sin embargo, se ha visto que esta libertad puede fácilmente limitarse o inhibirse por parte de autoridades sea estatales o municipales por diversas razones poco sostenibles legalmente. 

En Hermosillo tenemos el caso de la limitación de la movilidad impuesto por el ayuntamiento so pretexto de la epidemia, para finalmente ampliar el horario de circulación aunque persiste la amenaza de volver a coartar ese derecho por parte de la autoridad dependiendo de la evolución del semáforo epidemiológico.

 Al respecto, cabe señalar que la única función del ayuntamiento es la de vigilar que se cumplan las disposiciones federales y estatales, no inventar otras como se ha hecho en perjuicio de la legalidad.

 Pero, independientemente de la amarga experiencia hermosillense, tenemos el problema del cierre de vías de comunicación como forma de protesta o de llamar la atención pública para obtener alguna reivindicación política o económica en el sur de la entidad.

 Es natural que quienes están enterados de nuestra historia nacional y sobre todo regional reconozcan a los yaquis como una etnia que pudo resistir diversas amenazas por parte de blancos y mestizos, particularmente durante el período de Porfirio Díaz, más las trapacerías y abusos de gobiernos postrevolucionarios favorecedores de la burguesía agraria, ávida de tierras y aguas y ducha en eso de saltarse la ley con impunidad.

 

Ciertamente, el general Cárdenas emprendió la tarea de resarcir a los yaquis de las injusticias y despojos históricamente acumulados, y mediante decreto reconoció su territorio y estableció la parte que les correspondía en tierras y aguas.

 Considerando que la tierra y sus límites no son fijos, nuevos trabajos de deslinde han ido cambiando el mapa de sus reivindicaciones espaciales, en términos de su actualización por los avances de la topografía y sus sistemas de medición.

 Por el lado del agua, cabe recordar que el mapa hidrológico estatal ha ido cambiando en la medida en que se han construido obras de almacenamiento e irrigación cuya fuente es el Río Yaqui.

 Estas consideraciones vienen al caso porque los conflictos entre la tribu y los mestizos (ya casi no hay blancos) a veces caen en el terreno de la limitación del derecho a transitar libremente por el estado y la república, sin necesidad de permisos o salvoconductos, según dispone el artículo 11 constitucional.

 El derecho al libre tránsito tampoco escapa a los conflictos que se dan en el seno de la propia etnia, como es el caso de grupos que desconocen a las autoridades tradicionales y se erigen en “alternativa”, imponiendo al gobierno la condición de negociar con ellos, independientemente de los acuerdos entre gobierno y sus legítimas autoridades tribales.

 

Así las cosas, ¿con cuántos grupos, facciones, corrientes o personas debe negociar el gobierno federal, estatal o municipal? ¿Los acuerdos que se tomen con las autoridades legítimas de la etnia no son del todo válidos o aceptados por todos? ¿Cuántos interlocutores debe haber en la firma de acuerdos o convenios?

 Es importante considerar el hecho de que somos un país que reconoce la pluralidad cultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y que las comunidades indígenas son consideradas entidades de interés público, sin demérito al principio integrador que establece que la Nación Mexicana es única e indivisible (Artículo 2º Constitucional).

 Como la autonomía y el respeto a las decisiones internas de la etnia es principio constitucional, no estaría de más que se pusieran de acuerdo entre ellos para determinar qué tipo de reivindicaciones deben impulsar.  En fecha reciente el presidente de la república visitó y acordó con los gobernadores de los pueblos yaquis soluciones a viejos reclamos, por lo que llama la atención de que un grupo aparte exija no sólo atención sino reconocimiento a una representación que solamente los yaquis pueden determinar si es real y procedente.

 También es importante recordar que los yaquis son ciudadanos mexicanos y sujetos a las disposiciones de las leyes nacionales que en todo momento respetan la autonomía de la etnia, pero que la incluyen en los quehaceres públicos, políticos y sociales como sujetos de pleno derecho y, por tanto, también con obligaciones.

 

Como es sabido, el respeto es un camino de doble vía, y la paz y la sana convivencia social depende del delicado equilibrio que se tenga entre el interés público y el privado, entre el beneficio de grupos o individuos y el bien común.

 Los yaquis, en tanto partes integrantes de la sociedad mexicana no están ni al margen ni por encima del interés general de la nación o la entidad federativa, por lo que no es deseable que se llegue a utilizar como escudo de impunidad la pertenencia a este grupo social.

 El hecho de considerar que las acciones de los yaquis, o de otro grupo nativo, no admiten crítica o censura por el hecho de ser un pueblo original, sería tanto como, toda proporción guardada, justificar los crímenes contra los palestinos perpetrados por Israel, apoyados en el sufrimiento del pueblo judío por los horrores de la persecución nazi. Los hechos históricos deben verse en su contexto, sabedores que la historia es dinámica porque las condiciones sociales también lo son.

La solución de los problemas que existen en el sur del estado requiere buenas dosis de sensatez y buena voluntad por parte de sus actores principales, gobierno y autoridades tradicionales, así como por parte de grupos o sectores que en ningún caso deben anteponer sus intereses particulares al interés general, guardando en todo caso, respeto al estado de derecho.  

Hay renuncias que se agradecen

 

“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá” (Horacio).

 

Casi al finalizar la semana nos enteramos de la renuncia de Pedro Ángel Contreras López a la dirección del ISSSTESON, organismo que debiera ocuparse de garantizar la salud y la seguridad social de los trabajadores al servicio del estado y organismos afiliados, para buscar la candidatura del PRI al gobierno de Sonora.

 

Tras la mediocre y demagógica administración del actual secretario de Salud, contador público Enrique Clausen, el nuevo director del ISSSTESON abrió un capítulo que siguió con la línea del “no hay” aplicada a medicamentos y otros insumos esenciales para una adecuada atención al derechohabiente.

 

Se hicieron nuevas promesas de mejoramiento institucional pero, de manera destacada, se giraron ilegales amenazas de suspensión de servicios contra los organismos afiliados, y se condicionó el acceso a la pensión y jubilación a la firma de un torvo convenio que aumentaba el monto de las cuotas y los años de cotización, sin que necesariamente existiera compromiso en firme para cumplir con las funciones que establece la ley.

 

En el caso de la Universidad de Sonora, la rufianesca maniobra de “actualizar” onerosamente los términos del contrato de servicios sociales tuvo de comparsas tanto a las dirigencias sindicales como, en su momento, a la anodina rectoría que actualmente ejerce funciones.

 

Aunado a lo anterior, se maniobró para que la sala segunda de la SCJN, presidida por el corrupto magistrado Eduardo Medina Mora desconociera el derecho de los trabajadores retirados a una pensión digna y justa, en los términos de la propia ley 38.

 

Aquí se violó el principio constitucional de la no retroactividad en la aplicación de la ley, logrando que fueran desestimadas muchas demandas en juicios de nivelación pensionaria que estaban siendo exitosas, con lo que el ISSSTESON se “ahorró” mucho dinero que correspondía a los trabajadores demandantes.

 

Recientemente trascendió una carta dirigida a la gobernadora por parte de una asociación de jubilados universitarios donde señalan con detalle la gravedad del desabasto crónico de medicamentos esenciales para conservar la salud y la vida de quienes los necesitan, habida cuenta la alta incidencia de enfermedades metabólicas y crónico-degenerativas.

 

Sin embargo, en medio de una epidemia en fase activa el director del ISSSTESON se da el lujo de renunciar para ir en pos de una candidatura, lo que suena absurdo si se ve desde el punto de vista de las responsabilidades del cargo, aunque totalmente congruente si se ve en la óptica de quien llegó como sicario financiero y valedor de los saqueadores de los fondos del Instituto.

 

Dicho en otras palabras, durante su gestión al frente del ISSSTESON se encarecieron los servicios vía incremento en las cuotas y aportaciones, pero no hubo acciones que modificaran el esquema de saqueo establecido desde gobiernos anteriores. No se buscó acabar con la corrupción ni se fincaron responsabilidades contra los defraudadores y saqueadores del patrimonio institucional. Simplemente se pateó el bote.

 

Ahora llega a la dirección del Instituto un contador público cuyo último puesto ha sido el de administrar recursos humanos en la Secretaría de Hacienda estatal, con lo que al parecer nuevamente la seguridad social de los sonorenses estará a cargo de alguien sin formación para afrontar problemas relacionados con la seguridad social pero preparado en el manejo del presupuesto y las formas técnicas de justificar los gastos.

 

No tendría mucho caso hablar de éste como un sexenio fallido, o algún otro calificativo que denotara ausencia de cumplimiento de expectativas sociales, aunque quizá fuera más afortunado hablar de un típico gobierno del PRI en connivencia con los intereses del PAN, hermanados por la ideología neoliberal de corruptelas, moches, complicidades y rapiña. Así pues, tenemos un gobierno que hace lo que sabe hacer.

 

En este punto, no es posible pretender ocultar, diluir o negar la incumbencia del gobierno del Estado en los bienes y los males del ISSSTESON, cuya responsabilidad administrativa y financiera está claramente establecida en la propia Ley 38 orgánica del Instituto, así que tanto el secretario de Hacienda estatal como la gobernadora tienen importantes cuentas que rendir a la ciudadanía, de cara al cercano juego sexenal donde lo que se apuesta es el futuro de Sonora y, por ende, la seguridad social de los sonorenses.

 

Hay renuncias que se agradecen, pero hay otras que además parecen traer cargas de profundidad listas para estallar.

 

http://jdarredondo.blogspot.com

 

 

 

 

 

Nuestros aires preelectorales

 

“No te calientes, granizo” (AMLO).

 

La emergencia sanitaria no ha impedido que algunos personajes de la política se placeen con ánimos promocionales, como si fueran anuncios ambulantes de promesas, expectativas y nuevas formas de hacer gobierno.

 

Se buscan entrevistas, se hacen anuncios de lo que sea, con tal de llamar la atención y dar al posible votante la impresión de que hay nervio, carácter y capacidad ejecutiva. Incluso, se llega al punto en que una unidad del servicio público de recolección de basura puede ser como la calabaza de Cenicienta: un vehículo vulgar convertido en glamoroso transporte a palacio.

 

Aclaro que no estoy en contra de las legítimas aspiraciones de tal o cual persona, pero salta a la vista que repetir puede ser de muy mala educación. No es lo mismo el aire del cambio que el de algo fermentado largo tiempo en el panismo que gasifica y esparce su olor encaramado en la ola de Morena.

 

No hay duda de que los hermosillenses votamos mayoritariamente por López Obrador, y que su impulso permitió el reciclaje de prianistas y similares por el fácil expediente de saltar a la nueva opción en vísperas del proceso electoral, lo que confirma que el travestismo político-electoral ha tenido sus mejores tiempos a partir de la llamada transición a la democracia, cuando muchos estaban empeñados en “sacar al PRI de los Pinos”, pero sin medir las consecuencias de la decisión de con qué y quién se le iba a sustituir.

 

Así pues, recordamos el caso de un connotado personaje que decepcionado del PRI apoyó a Fox, en vez de a Cuauhtémoc Cárdenas que representaba a la izquierda, para tiempo después posicionarse en las filas de Morena, en un acto chapulinezco que muchos califican como “honesto y congruente”. Desde luego que no lo juzgamos, porque el chiste se cuenta solo.

 

Después de todo, tanto el PRI como el PAN fracasaron y arrastraron con ellos a opciones como el PRD, probadamente corruptible y sin brújula ideológica más allá de un protagonismo segundón, de comparsa, que lo hizo terminar como marioneta de la derecha pitufa.

 

Lo anterior permite establecer que el cambio de siglas no tiene nada que ver con el cambio verdadero, de fondo, porque ello depende no de los colores y los membretes sino del horizonte ideológico del partido, de su plataforma de principios, de la convicción y el compromiso de su militancia, de su honestidad institucional, de su programa de gobierno que en todo caso debe ser transformador.

 

Morena, en lo general ha respondió a estas expectativas de cambio y, de hecho, lo está haciendo contra viento y marea, enfrentando la dura barrera de los intereses creados por la corrupción como sistema de relaciones públicas y privadas así como la desinformación y el engaño como estrategia de manipulación de voluntades.

 

Sin embargo, sería ingenuo tratar de ignorar que la opción triunfadora de julio de 2018 es una rara y contradictoria mezcla de intereses y formas de entender el quehacer público; lo evidente es que tenemos un licuado político que ha servido de plataforma de lanzamiento de material reciclado, como es el caso de Hermosillo, y de oportunistas temporaleros donde el aspirante se pinta de Morena pero sin abandonar del todo ni los intereses ni la ideología neoliberal.

 

En este contexto, se puede suponer que el eje que vertebra el conjunto llamado Morena es fundamentalmente López Obrador, no tanto la ideología ni los principios políticos y programáticos que formalmente lo identifican pero que muchos ignoran, situación que constituye una gran ventana de oportunidades para travestis, chapulines y oportunistas que quieren participar sin realmente comprometerse con la lucha del presidente.

 

Tampoco se puede ocultar que en el seno enorme y laxo de Morena hay gentes de buena fe, activistas envejecidos en lides domésticas pero sin mayor alcance de miras, que terminan sobrevalorando sus propias capacidades y caen víctimas de un pragmatismo simplón y autocomplaciente, en aras de acceder a puestos de elección popular.

 

De lo anterior se desprende que la gran tarea del partido es la definición ideológico-programática de la organización, y lograr que dicha orientación sea una responsabilidad categórica de todos los militantes que ocupen, o no, puestos públicos.

 

Así pues, los gobiernos “de Morena” deben luchar por hacer realidad los postulados de Morena, y no lo que presente la coyuntura, los intereses creados, las viejas lealtades, o las jugosas corruptelas habidas y por haber.

 

En el caso de Hermosillo, por ejemplo, no se ha visto clara la conexión entre los principios y el programa político “del cambio” con el ejercicio cotidiano del gobierno.

 La experiencia vivida en nuestro municipio sugiere fuertemente que no sería deseable la reelección y quizá tampoco la postulación de alguno de los integrantes de la actual administración, por no haber significado contrapeso en las decisiones cuestionables que se tomaron, ni en las posturas ridículas y autoritarias que se exhibieron. Urge, por tanto, el cambio verdadero en Hermosillo, y en Sonora.

 

En lo personal, considero que se debe dar la oportunidad de servir a la comunidad a personas verdaderamente comprometidas con el cambio, no con la ambición de pararse arriba del ladrillo municipal y sentirse realizados como la imagen idealizada de sí mismos.

 

Se requiere, ni más ni menos, humildad y congruencia, no falsos prestigios ni ambiciones personales desbordadas, porque en cualquier cargo se debe mandar obedeciendo.