¿Qué hacer con el Río?

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza” (Leonardo Da Vinci).

Recientemente se celebró la tercera reunión de evaluación de la “zona económica especial del Río Sonora” (ZEERS), donde el gobierno y la iniciativa privada (Grupo México) lanzan bengalas al cielo no en pedido de auxilio sino como expresión pirotécnica del éxito de sobrevivir flotando en aguas colmadas de metales pesados.

Las expresiones de satisfacción y las acciones debidamente proclamadas pintan un escenario muy distinto al que el simple ciudadano del Río Sonora puede reconocer: la conformación de la ZEERS, “ha permitido que mejore la calidad de vida para habitantes de Ures, Aconchi, San Felipe, Huépac, Arizpe, Baviácora, Bacoachi y Banámichi, a través de inversiones en infraestructura, salud, educación y apoyos a productores agropecuarios, entre otros”, revela el Secretario de Gobierno Miguel Pompa (Kiosko Mayor, 21/10/2019).

La ingeniosa solución a un gravísimo desastre ambiental adoptada por el gobierno de Sonora resulta ser ejemplar para aquellos empresarios mineros, nacionales o extranjeros, que busquen echar bajo la alfombra los miles de metros cúbicos de sustancias tóxicas derramados en las aguas de un río que alimenta nueve municipios contando al de Hermosillo, asiento de la capital del Estado. Sólo fue cosa de crear una “zona económica especial” y los problemas derivados del interés por extraer metales y enriquecerse a como dé lugar quedan resueltos por vía de taparlos con el velo de la promesa de inversiones en infraestructura, y hacer de cuenta de que ahí no pasó nada. El progreso tiene sus costos y es natural que sean los ciudadanos los que paguen, frente a la empresa trasnacional que los “beneficia” con fideicomisos y demás flatulencias económicas tras los platos rotos del desastre ambiental.

Como usted sabe, ya han pasado cinco años y muchos metros cúbicos de contaminantes que se han distribuido generosamente a lo largo del curso del río, servidos en el riego de las tierras de cultivo, para sustento del ganado, de los seres humanos que abren la llave del agua para el aseo o la cocina, sin que haya trabajos de remediación que posibiliten hablar de normalización de la vida económica y social sin riesgo, y sin que los voceros de la buena nueva experimenten un súbito crecimiento de la nariz al estilo de Pinocho, el muñeco de madera que aspiraba a ser niño.

El pueblo que vive de la actividad agropecuaria, de la artesanía gastronómica, de las interacciones comerciales que se dan en la región no comparten la visión de los funcionarios y los políticos que viven en el medio urbano protegidos por su adhesión a la nómina del gobierno, a los aparatos de aire acondicionado, al agua embotellada con cargo al erario y que pueden ver pasar la realidad desde la cómoda y alfombrada perspectiva de ser autoridad.

El caso es que en la región hay personas enfermas, que la incidencia de cáncer ha aumentado, que los problemas de la piel se han exacerbado, que existe temor por el consumo de agua contaminada que permita la acumulación de metales pesados en el organismo de quien los ingiere, que existe la percepción de vivir en un peligro permanente, que el famoso fideicomiso fue una mala broma y que las promesas de solución fueron palabras que se las llevó el río.

Queda claro que las llamadas “zonas económicas especiales” sirven de cobertura mediática a la inacción del gobierno contra los depredadores ambientales, los abusadores en el saqueo de los recursos que debieran ser empleados en beneficio de todos. Su creación obedece a limpiar la cara de quienes delinquen por omisión o comisión, en este caso contra nueve comunidades, contando a Hermosillo, que ya presenta problemas de contaminación de agua en algunos puntos del norte de la ciudad capital, según han reportado investigadores independientes.

Nuestras presas resultan ser recipientes que contienen veneno sedimentado que se revuelve en cada temporada de lluvias, y que al salir a la superficie pasa a formar parte de las sustancias que se depositan en nuestro organismo, sin distinción de sexo, edad o condición social. A la larga o a la corta, nadie está a salvo. Lo anterior sugiere la pregunta de ¿qué hacer con el Río? La respuesta ha sido, hasta ahora, chapucera y demagógica. Mientras tanto, Grupo México sigue adelante con sus proyectos y el gobierno local parece babear de agradecimiento. ¿No cree que ya es tiempo de cambiar y de actuar realmente por Sonora?

      

El socavón

“Una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños” (Herbert E. Caen).

Hermosillo, la populosa capital de Sonora, tiende a ser un polo de atracción para los habitantes del Estado, como asiento de importantes instituciones educativas de añeja trayectoria y consolidada fama, como lugar de oportunidades de trabajo, como lugar para vivir y formar una familia, como centro político estatal y como escenario de las luchas que el ciudadano común tiene que librar para ser escuchado y tener visibilidad en el planteamiento de demandas económicas, políticas y sociales.

La capital se extiende más allá de su espacio físico y alcanza la imaginación y los sueños de muchos que, expulsado de sus lugares de origen por razones de pobreza y falta de oportunidades, llegan con una mano atrás y otra adelante a reclamarle a la vida un pedazo de suelo, de trabajo y sustento, tranquilidad personal y familiar y acceso a los bienes que el entorno urbano posee y distribuye.

La ciudad se extiende incontenible habida cuenta el desarrollo de proyectos inmobiliario que generan nuevos fraccionamientos y colonias urbanas y suburbanas, ganando espacios que, de manera legal o ilegal, se convierten en asiento de familias en busca de su patrimonio en forma de casa propia, así como de mayores ingresos en la cuenta corriente de los desarrolladores apalancados por apellidos linajudos e influencias alcahuetas.

En nuestro entorno es común la invasión silenciosa y continuada de terrenos nacionales y de áreas ejidales, más allá del fundo legal, a las que de repente les salen dueños, escrituras y compañías constructoras que pringan el mapa con fraccionamientos de lujo, con lago y legitimidad artificial, y que se cotiza en alto en los sueños monetarios de los propietarios y en los de los futuros compradores de estatus social. Recuerde usted las denuncias ciudadanas en redes sociales sobre terrenos en el antiguo vaso de la presa A.L. Rodríguez o en el cauce del Río San Miguel, entre otros ejemplos de impunidad legalizada mediante escritura pública.

Mientras la ciudad crece e ingresa en las páginas de sociales con inversiones “fifís” por obra y gracia de emprendedores de renombre local, el centro de la ciudad y barrios de añeja existencia acusan abandono y desaseo, tanto como nostalgia de otros tiempos donde el pavimento aguantaba los embates del clima y las circunstancias. Y qué decir de las colonias urbanas que surgieron como hongos a lo largo de la historia de nuestros asentamientos humanos con terrenos regulares, legales pero alejados de la mano de Dios en materia de mantenimiento de la infraestructura vial, de agua potable y alcantarillado y, en forma sobresaliente, de seguridad pública.

Recientemente los reportes de baches de mayor o menor tamaño colmaron los espacios y atrajeron la atención de automovilistas y peatones: caminar por las calles de Hermosillo es como atravesar una pista de obstáculos, ya que banquetas y vías de circulación vehicular presentan un espectáculo aterrorizante que apanica al más pintado por ser invitación a sufrir un accidente con daño patrimonial y físico incluido.

El mantenimiento de la infraestructura urbana debe ser prioridad para cualquier gobierno municipal, tanto como la de ofrecer de manera eficiente y continua la recolección de basura. Usted fácilmente puede imaginar lo que sería de nuestra salud si no hubiera una red de agua potable, drenaje y alcantarillado funcional que resista las contingencias del clima y el tráfago citadino. Los ingenieros municipales deben estar atentos a la prevención del natural deterioro de los servicios a su cargo, porque servicio que no se mantiene significa un daño a la vida de la comunidad.

Sin embargo, en la Colonia Sonacer, en la calle Juan de Dios Bojórquez casi esquina con Cerro Prieto, un socavón abierto desde hacía dos o tres semanas se tragó a un modesto trabajador que transitaba montado en su bicicleta. Las aguas negras fluían con tal ímpetu que los rescatistas no avanzaron en busca del infortunado por temor a ser arrastrados por la corriente. El tremendo hoyo sigue tan campante, abriendo su boca en busca de nuevas víctimas. Del infortunado ciclista sólo se sabe que vestía en forma modesta, que montaba una bicicleta roja que quedó como testigo en el lugar de los hechos.

Hermosillo crece, pero no se desarrolla de manera integral por cuanto que hay zonas de exclusión. Cubre más espacio pero la calidad y cobertura de los servicios no lo hace en la misma proporción, generalidad o velocidad. Urge replantear la política presupuestal y de financiamiento de la obra pública; es urgente implementar mecanismos de concertación ciudadana que permitan mejorar la recaudación de impuestos, derechos y aprovechamientos. La hacienda municipal debe fortalecerse y los ciudadanos debemos apoyar el esfuerzo recaudatorio de la autoridad municipal. El socavón no sólo se traga la tranquilidad ciudadana y la fluidez vial, se traga la confianza del ciudadano en la capacidad de respuesta de quien gobierna. Tanto el problema como la solución es asunto de todos.

  

Otra vez las pensiones

"Esta crisis evidencia que es una suerte tener un sistema de pensiones; sin él hoy estaríamos en una situación más dura en términos sociales" (Carles Campuzano, CiU).

Desde hace tiempo el tema de las pensiones ha sido recurrente, con matices escalofriantes que mucho recuerdan a aquellas películas donde un enorme asteroide se acercaba a la tierra con una trayectoria alarmantemente dirigida hacia algún punto de la superficie planetaria. Los gringos, salvadores del mundo por ministerio de Hollywood, hacían uso de seso y tecnología (el orden de los factores no altera el producto) y terminaban con una explosión bastante lucidora gracias al arrojo de osados astronautas (se entiende que lo arrojado eran misiles y la operación estaba a cargo de los astronautas). La tierra se ha salvado una vez más y la humanidad puede seguir consumiendo lo que “América” produce.

Bueno, pues así parece pintar la cosa pensionaria en un mundo donde las instituciones manchadas por la secreción neoliberal le dicen al ciudadano entrado en años: “¿no cree usted que ya es tiempo de morirse y dejar de ocasionar gastos al fondo de pensiones?” Tenemos el caso típico de que los patos les tiran a las escopetas, si recordamos que el Pueblo es el soberano.

Pero, por si fuera poco, las empresas administradoras de fondos y los despachos de actuarios constituidos en oráculos del desastre, les dicen a las “nuevas generaciones” que deben ahorrar más si quieren llegar a viejos con un ingreso más o menos viable para seguir con el alma pegada al espinazo; y, de preferencia, deben procurar darse de baja de la vida en la primera oportunidad que se presente tras el retiro.

Según esto, la clave del éxito empresarial dedicado a “garantizar una vejez tranquila y digna” es simple: usted aporta sus ahorros, los aumenta lo más que pueda porque “el sacrificio económico de ahora es la disponibilidad futura” y, por supuesto, debe retirarse lo más tarde posible y, ya entrados en gastos, fallecer al poco tiempo para dar paso a una nueva generación que ya exige su espacio en la economía nacional.

Se entiende que la buena disposición de usted es fundamental para la salud de las empresas que cuidan sus ahorros y además disponen de una parte de su dinero para invertirlo y que le cobran una cuota por hacer lo que les plazca con su dinero. De hecho, las Afores introdujeron la palabra “minusvalías” para referirse a las pérdidas que sufre el ahorro cautivo, con cargo al dueño de los recursos y sin responsabilidad para la empresa que ordeña la vaca pensionaria.

Tanto el titular de la Secretaría de Hacienda como el vicegobernador del Banco de México se han pronunciado, uno con discreción y el otro con cierto empaque financiero, por la necesidad de aumentar la edad de jubilación, lo que simplemente significa mayor tiempo de cotización y, obviamente, mayor flujo de recursos para las empresas nacionales y extranjeras que hacen su agosto con nuestras pensiones.

Pero, más pronto de lo que se dice “ganso”, el señor Presidente López Obrador saltó a la palestra fenicia y dijo “no”. “No se aumentará la edad de retiro mientras sea presidente”. Los mariachis financieros callaron… Los jilgueros a modo y los chayoteros de costumbre lanzaron gritos de horror por la futura crisis financiera que se profundizará hasta el centro mismo de la actividad económica nacional… y más allá.

El asteroide económico con curso a la ganancia de las Afores (y los bancos extranjeros a ellas asociadas) se podría desviar o destruir mediante los misiles del ahorro aumentado y por más tiempo, hasta que se descubrió un mensaje oculto en una botella flotando en las finanzas nacionales: “la seguridad social es un derecho internacionalmente reconocido y en México el Estado es el responsable de garantizarla”.

En Sonora, el ISSSTESON ha sido la manzana deseada por cada uno de los gobiernos neoliberales recientes del PRI y el PAN y el objeto de saqueos que alcanzaron cifras tan descomunales (sobre todo en el gobierno de Guillermo Padrés) como asteroide de película gringa. Para resolver el desastre, la receta fue aumentar las cuotas y el tiempo de cotización, como lo establece la conocida Ley Bours o Ley 38 del ISSSTESON, que los sucesivos gobiernos han convertido en garrote para tundir sin respiro a los trabajadores mediante la obligada firma de “convenios” leoninos donde la clave usted la conoce: “pagar más y por más tiempo”.

Recientemente la Universidad de Sonora dio paso a la firma de un nuevo convenio en el que se le da entrada a la aplicación retroactiva de la ley 38 y se nulifica el derecho de los trabajadores, porque modifica las ventajas legales de que gozaban antes de la reforma a la Ley en 2005.

En defensa de su derecho, los trabajadores habían demandado al ISSSTESON por nivelación de pensiones, según lo establecido en la Ley del ISSSTESON antes de la reforma y considerando la no aplicación retroactiva de las normas jurídicas, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra de los trabajadores, estableciendo un criterio más político que legal que favoreció al gobierno. El milagro lo operó el entonces ministro de la SCJN Eduardo Medina Mora (actualmente investigado por actos reiterados de corrupción), en obsequio a la “preocupación” de la señora de Torres, gobernadora del Estado, por las finanzas del Instituto.

Paralelamente, se hace posible la propuesta del panista Gullermo Padrés sobre la venta de bienes como los estadios en Hermosillo y Ciudad Obregón, entre otras muchas propiedades del pueblo de Sonora. Misiles contra el asteroide financiero generado por la inercia de saqueos al erario y desviaciones de fondos de los trabajadores a cargo del ISSSTESON, quienes, hoy por hoy, deberán pagar más por más tiempo.

Los estadios están en curso de venta al gobierno federal pero, ¿el dinero que ingrese será para apuntalar la seguridad social a cargo del ISSSTESON o alguna fuerza magnética espacial desviará los misiles financieros lanzados para destruir la amenaza?

Eduardo Medina Mora ya está fuera de la SCJN, pero ¿las transas, acuerdos y fallos a favor de la leperada, incluida la decisión contra la nivelación de pensiones en Sonora, quedarán como polvo espacial que se diluirá en el infinito de corrupción y leperada que el actual gobierno ha heredado? ¿La responsabilidad del ISSSTESON y el gobierno del Estado por la desviación de los fondos se perderá en el éter? Espere noticias… el asteroide está en curso y los misiles también.

     

Poder Judicial cuestionado

“Mejor que el hombre que sabe lo que es justo es el hombre que ama lo justo” (Confucio).

Se ha señalado que la corrupción se ha vuelto una forma de gobierno. Ha habido denuncias públicas puntuales sobre la venalidad de algunos juzgadores que más parecen trabajar para la delincuencia y el crimen organizado que para salvaguardar el estado de derecho y la paz social. Desde hace tiempo la sociedad se ha visto agraviada por funcionarios corruptos y por el manejo desaseado de las leyes y las instancias de procuración de justicia.

Como usted seguramente sabe, recientemente presentó su renuncia el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora Icaza, desatando una serie de comentarios a favor o en contra de dicha decisión. Lo cierto es que el Presidente de la República la ha aceptado y, de acuerdo con la Constitución, será sometida a la consideración del Senado.

Algunos manifiestan su preocupación por el equilibrio de poderes, bajo el supuesto de que se requieren contrapesos para el Poder Ejecutivo, es decir, una estructura judicial que no obsequie su voto frívolamente a las iniciativas del presidente. En efecto, el equilibrio de poderes es importante y básico en un régimen democrático y republicano, de acuerdo con el modelo federal que adoptamos de los gringos recién nuestro país se constituyó como libre, independiente y soberano. La duda, en este caso fundada, es ¿qué se entiende por equilibrio de poderes en un Estado donde la corrupción se encuentra instalada hasta el tuétano de las instituciones?

A juzgar por las recientes expresiones de oposición por parte del PRI, PAN y PRD en distintos escenarios a las iniciativas y acciones del gobierno emanado de Morena, se puede suponer que de lo que se trata es de conservar a como de lugar el estado de cosas que existía ante de la elección del 1 de julio de 2018. Es claro que la marea poselectoral está removiendo estructuras, acuerdos, cochupos e intereses cuya sobrevivencia depende de que desde el gobierno “no hagan olas”.

En el momento preciso en el que se encuentra el país, el “equilibrio de poderes” supone la conservación de privilegios, la permanencia del criterio neoliberal de entrega de los recursos nacionales y la más oscura connivencia con los intereses del capital extranjero. Seguramente alarmó lo suficiente la advertencia de que ya no se permitiría la corrupción, el tráfico de influencias y los negocios a la sombra del poder, cuestiones que alimentaron las grandes fortunas de los políticos y funcionarios del neoliberalismo hecho gobierno inaugurado por el PRI de Carlos Salinas de Gortari y fauna de acompañamiento en el PAN, PRD y satélites electorales.

Ahora tenemos que los beneficiarios de las corruptelas y complicidades del gobierno con la iniciativa privada que dieron por resultado grandes fortunas y condonaciones o devoluciones a empresarios multimillonarios, claman justicia y equilibrio de poderes para hacer frente al poder presidencial en sus iniciativas “aventuradas y riesgosas”. Pero, pensándolo con calma, tienen razón: la democracia y la transparencia, el respeto a la ley y la procuración de justicia tienen el defecto de despertar conciencias, de hacer una nueva ciudadanía, donde no resulte extravagante la consigna de “primero los pobres”. Estamos en un momento en el que el presidente requiere de todo el apoyo, de todo el poder para hacer cumplir la ley y honrar las promesas del cambio. Desde luego que quienes han estado contentos con que la ley sea una mercancía y quieren seguir esperando la temporada de ofertas, se sienten frustrados y afectados en sus intereses y, desde luego, pegan de gritos.

La renuncia de Medina Mora, de negros antecedentes ligados a la delincuencia de cuello blanco según ha trascendido en medios periodísticos y objeto de una investigación internacional protagonizada por EEUU y Reino Unido, han sido razón suficiente y necesaria para que se considere fundada su renuncia a la SCJN. Es claro que quien se encuentra como persona políticamente comprometida por sospecha internacional de lavado de dinero no puede estar en condiciones para formar parte del máximo tribunal de la nación.

En este orden de ideas, el Senado debe dar curso a dicha renuncia y al procedimiento establecido constitucionalmente para el nombramiento de un nuevo ministro. Si el presidente, de acuerdo con la ley, es quien presenta las ternas para la sustitución, debemos dar por supuesto de que quienes en ella sean presentados reunirán la estatura moral y autoridad profesional para garantizar el estado de derecho desde la cabeza del Poder Judicial.

Un aspecto que no debe ser dejado de lado es el de la necesaria revisión de los asuntos a cargo del ahora exministro Medina. Si existe la sospecha de malos manejos y negocios turbios, es lógico poner el duda la legalidad y certidumbre de los fallos dados por la Sala Segunda de la SCJN durante el tiempo de ejercer funciones del citado exministro. Si existen evidentes muestras de tráfico de influencias, criterios políticos más que jurídicos en la resolución de determinados casos, los expedientes deben ser regresados a su punto de origen.

Por poner un ejemplo de manejo político antes que jurídico, cito el caso de las demandas de nivelación de pensiones de ISSSTESON. Aquí se atrajeron los expedientes a la sala presidida por Medina Mora, siendo que eran asuntos de la estricta competencia de los juzgados locales, quienes se declararon incompetentes tras haber fallado a favor de los demandantes en 210 casos al inicio del gobierno de Claudia Pavlovich. De repente ya no eran competentes y la cosa pasó a manos federales donde se juzgó de acuerdo con la Ley del ISSSTE, siendo que la ley 38 que rige al ISSSTESON es estatal, y siendo como lo es un organismo descentralizado de la administración pública estatal. Como queda claro, el tráfico de influencias y la venalidad del juzgador son los elementos clave para una trama exitosa de corrupción y desaseo legal.  

El país requiere urgentemente de una limpia a fondo del Poder Judicial, plagado de corruptelas y simulaciones. En este sentido, bienvenido el cambio.

    

Contra el abuso económico

“La economía como esencia de la vida es una enfermedad mortal, porque un crecimiento infinito no armoniza con un mundo finito” (Erich Fromm).

Sonora es un estado con un gran potencial productivo cuya limitante importante es la mala distribución del agua en un contexto semidesértico. Actualmente tenemos toda la mitad oriental y una porción del poniente entregada vía concesión a empresas mineras, por lo que sólo parte de la franja costera está libre de este tipo de sujeción económica.

Desde luego que es revelador que algunos consideren “progreso” la grosera posesión de tierras para fines extractivos a cargo de empresas extranjeras donde se llevan la palma las canadienses; por supuesto que llenan las páginas periodísticas los beneficios de la extracción minera y, naturalmente, se reflejan en el discurso de gobierno donde se subraya la creación de empleos y el flujo de inversión que nos pone como estado económicamente relevante.

Los milagros y bendiciones de la entrega del territorio a transnacionales que asumen su función como repetidores contemporáneos de los colonizadores del siglo XVI en Latinoamérica, bajo el modelo de colonia de explotación en sociedades euroindígenas, nos da la pauta de comportamiento de lo que vemos con un sistema económico que privilegia la ganancia y desprecia la naturaleza, el ambiente y la cultura local.

Si usted cree que es bueno liquidar los recursos en mayor cantidad y con mayor velocidad que en el pasado en aras de dar paso a un presente y un futuro promisorio para los negocios, el empleo y la inversión, debiera considerar que los resultados de mediano y largo plazo son, en materia ambiental, salud y calidad de vida verdaderamente alarmantes: tenemos poblaciones enteras dañadas por la contaminación ambiental, carentes de agua potable y para riego, con economías locales y regionales sumidas en el desastre ocasionado por la explotación minera, que “genera inversión, empleo y bienestar”.

Basta una lectura ligera de la Ley Minera vigente para darse de topes contra la pared de los intereses extranjeros radicados en México, y sus nefastas consecuencias no sólo para la soberanía nacional sino para el futuro sustentable de nuestra economía.

Pongamos por ejemplo el artículo 6º de la citada ley:

La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.

El carácter preferente de las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos frente a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como frente al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

La Secretaría, previo a expedir títulos de concesión, deberá solicitar información necesaria a las autoridades competentes, a fin de verificar si, dentro de la superficie en la que se solicita la concesión, se realiza alguna de las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos o del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

En caso de que la información solicitada confirme la realización de alguna de las actividades a que se refiere el párrafo segundo de este artículo dentro de la superficie para la que se solicita la concesión, la Secretaría, con base en un estudio técnico que realice con la Secretaría de Energía y en el cual se determine la factibilidad de la coexistencia de actividades mineras con las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, o con las de servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en la misma superficie, podrá negar la concesión minera u otorgarla excluyendo la superficie que comprendan las actividades preferentes, en la medida en que resulten incompatibles con la explotación minera.

Con base en el estudio a que hace referencia el párrafo anterior, la Secretaría y la Secretaría de Energía podrán establecer reglas de convivencia entre las actividades mineras y las actividades estratégicas de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Como se ve, no se considera para nada la protección de las actividades productivas agropecuarias, la silvicultura o la pesca; no importa el derecho humano al agua, por lo que la vida y el patrimonio de las comunidades está en peligro, ya que se nulifica el derecho de propiedad privada y social en aras del desarrollo de la minería y las actividades relacionadas con la producción de energía, en un contexto donde la presencia de la inversión extranjera directa se permite y se propicia mediante la privatización de áreas antes consideradas estratégicas como son la petrolera y la eléctrica, puestas en liquidación por los gobiernos neoliberales a partir de las reformas de Carlos Salinas de Gortari. Con la mano en la cintura a usted le pueden expropiar “por causa de utilidad pública” su terreno, vivienda y lo que se les ocurra.

A partir de las reformas salinistas tenemos que a la ley minera pronto le siguió la Agraria y la de Aguas Nacionales, en la línea de la entrega de nuestros recursos minerales a las empresas mineras, porque la actividad seguramente “genera inversión, empleo y bienestar” a las comunidades. Sería bueno preguntar a los habitantes del Río Sonora sobre las bendiciones que les trajo dicha actividad, autorizada para depredar y acabar con el ambiente y la forma de vida de los municipios ribereños.

Urgen reformas que garanticen el respeto a la propiedad social y privada, que obliguen la responsabilidad ambiental de los mineros, a la protección y garantía de la calidad de vida de los ciudadanos. Es claro que la ley minera y las demás relacionadas deben cambiarse en beneficio de México y, en particular, de los estados que cuentan con recursos mineros y acuíferos, actualmente en grave peligro ambiental y patrimonial. Se debe hacer un frente social y político contra el abuso económico, en defensa de nuestro patrimonio y calidad de vida.

  

A río revuelto...

“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente” (Sócrates).

Como usted sabe, algunas reglas básicas de relación y convivencia han cambiado o están en ese proceso en México. Por ejemplo, tenemos que los sueldos y gastos de la alta burocracia tienen ahora un límite, de suerte que el dispendio, el boato faraónico y la impunidad en el ejercicio del gasto y las funciones públicas, según ha dicho el presidente de la república, “se acabaron”.

Desde luego que, en un período donde el propósito central es la puesta en orden de los asuntos de la nación, las cosas no se van a dar en automático, sin oposición; por tanto, menudean las acusaciones peregrinas, la cargada de amparos contra las medidas que se consideran perjudiciales para los intereses de personas o grupos acostumbrados a servirse con la cuchara grande.

La desigualdad, aunque parezca absurdo, ha sido la clave para que grupos político-empresariales se encaramen en el poder. Sin ella sería impensable que el sistema de justicia protegiera a delincuentes y castigara a ciudadanos inocentes.

Para ciertas mentalidades la igualdad y la equidad suponen pérdida de posición social, motivo de alarma y pretexto para el pleito legal y la diatriba política. Como usted sabe, se ha acusado al presidente López de “dictador”, de llevar al país al desastre, de ser parte de la conjura cubana-venezolana contra los valores “occidentales” postulados por al norte anglosajón y acólitos latinoamericanos.

Por otra parte, sería absurdo aceptar sin crítica alguna las nuevas medidas y los nuevos aires que soplan en el gobierno y la administración pública. Es claro que una ciudadanía vigilante contribuye más a la democracia y al buen gobierno que una pasiva y condescendiente. En este sentido, podemos disentir pero estando conscientes de que vamos en el mismo barco.

En su reciente visita a Sonora, AMLO abrió la puerta para que el caso de la Guardería ABC fuera reactivado y las posibilidades de que los afectados obtengan el beneficio de la justicia es más cercana que antes. Asimismo, los derrames tóxicos de Grupo México y la impunidad de su propietario merecen ser replanteadas a la luz del derecho. En estos y otros casos, la justicia social y la penal hasta la fecha han dormido en sus laureles ya que la protección legal no ha sido ni fluida ni expedita para los afectados, habida cuenta el desaseo y venalidad de que ha padecido el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la era del prianismo hecho gobierno.

Si bien es cierto que estos dos casos, entre muchos otros pendientes, son saldos de una administración corrupta y alcahuete, también lo es que la actual tiene que lidiar con ellos y resolver conforme a derecho, porque se sacó la rifa del tigre neoliberal y asume los costos del desastre heredado.

Sin embargo, tanto el PRI como el PAN y su mascota PRD en una curiosa alianza donde las siglas son lo de menos y donde las recomposiciones son posibles siempre y cuando de lo que se trate sea atacar al gobierno de Morena, gritan, se rasgan las vestiduras, acusan, amenazan, emprenden litigios y alegatos mediáticos en un curioso olvido de lo que en su momento hicieron o dejaron de hacer.

Al respecto, está suficientemente documentado que la corrupción, el dispendio y el tráfico de influencias auspiciados en el salinato, llegó a niveles insólitos en las últimas dos décadas, con la criminalidad en auge, la inseguridad generalizada y la pérdida de soberanía ante el poder del dólar. Los últimos expresidentes, por ejemplo, padecen de amnesia selectiva, de una gruesa coraza de hipocresía y cinismo, que es consentida y compartida por sus correligionarios políticos y financieros.

No cabe duda de que poner orden en la casa de todos es una labor complicada, ingrata y riesgosa. En este contexto de cambios es evidente la campaña de desestabilización nacional emprendida por los enemigos del actual proceso transformador, como también es palpable el apoyo popular hacia el actual gobierno.

Sabemos que “a río revuelto ganancia de pescadores”, y es claro que muchos se han lanzado a la pesca sin más propósito de hacer fracasar cualquier iniciativa que promueva la mejoría en las condiciones de vida de la población. A algunos les da agruras la consigna de “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, tanto como la de que “en este gobierno primero los pobres”. En su salud moral y de imagen pública lo hallarán.

         

    

De ver dan ganas.

“Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa” (Demócrates).

Las redes sociales permiten en segundos la comunicación y transmisión de noticias, ideas, preguntas y respuestas de una cantidad inimaginable hasta hace muy pocos años; las nuevas formas de comunicación también alientan la creatividad, que puede ser canalizada hacia el lado oscuro de la vida o hacia escenarios positivos para la sana convivencia de todos.

Así pues, nos encontramos con gente que comparte logros humanos, anécdotas curiosas, noticias raras, experiencias interesantes y buenas muestras de humorismo de ocasión. También tenemos que se comparten vídeos y notas que revelan una mentalidad enferma, morbosa, sádica y antisocial o simplemente primitiva.

La gama de asuntos que se comparten en las redes va del comentario tonto y desubicado, la alusión banal que pretende ser graciosa, el chisme sin consecuencia, la revelación insidiosa y destructiva, el desahogo místico con ribetes de apostolado cargado de cursilería; a la fijación morbosa por el sexo, la violencia física, la manipulación emocional, la desinformación política, económica y social.

Frente a estas manifestaciones aptas para el trabajo psiquiátrico tenemos, por el contrario, información científica y cultural, notas, vídeos, comentarios que nos hablan de los logros personales y sociales que sirven de ejemplo y apoyan la idea de que otro mundo es posible.

Las redes son tierra de contrastes donde el afán de compartir tiene, como se ha visto, una inmensa gama de posibilidades para influir tanto positiva como negativamente en el mirón eventual, en el usuario común o en el adicto a los medios electrónicos.

Nuestra sociedad parece ser una gran plaza pública donde los medios son el escenario de toda clase de protagonismos que, en algunos casos, pueden considerarse evidencias de descomposición social. Frente a la fuerza de trabajo que hace posible la riqueza social se levantan los delitos del orden común y federal, pero eso no nos dice gran cosa y es necesario documentarlo en forma visual: “necesitamos” el video donde el asunto sea la violación, el asalto, el asesinato que debe ser sanguinolento, la pelea de chicas secundarianas, la golpiza de un joven de bachillerato, la crueldad animal, la indefensión del indigente con cara sangrante, al menos sucia, entre otros desencadenantes de placer en una emotividad morbosa y perversa.

Se puede decir que el contenido de las redes sociales debe ser libre y es correcto. Que debe permanecer la red mundial fuera del alcance de la censura y el control ideológico del gobierno y estamos de acuerdo. El Internet debe permanecer libre, porque es la alternativa al control del poder económico y político sobre la sociedad; porque nos permite estar informados o desinformados al instante, porque las batallas informativas y sociales en general se libran hoy en el ciberespacio. Sin embargo, la libertad sin control fácilmente se convierte en libertinaje.    

¿Cómo controlar dentro de ciertos límites lo que es y debe ser libre? Pues a través de la educación y el ejemplo, que empieza en el seno familiar, sigue en la escuela y termina en la calle y los espacios de trabajo e intercambio de ideas y productos. El hilo conductor de nuestra sociabilidad debiera ser la formación ética y los principios y valores que socialmente sean defendibles y ejemplares, desde el punto de vista de nuestra identidad nacional, históricamente considerada. Para hablar claro: no somos ni gringos ni europeos, somos mexicanos y debemos reconocernos como tales.

Hay valores y tradiciones importantes distintas a las de los extranjeros anglosajones: el apego y respeto por la familia, la solidaridad entre amigos y vecinos, el respeto a la vida propia y ajena, el amor a la naturaleza y al patrimonio histórico colectivo de carácter cultural, entre otros. Sin embargo, estos valores se encuentran en dura batalla contra la agresión e influencia en los jóvenes por parte de los vecinos del norte: la televisión y el cine se encuentran saturados de muestras culturales donde destaca la violencia, el sexo y las drogas.

Usted dirá que nada de lo humano nos debe resultar ajeno y es correcto, sólo que la repetición de actos de violencia y de antivalores terminan persuadiendo de su “normalidad” sobre todo a los más jóvenes. Nuestra industria cinematográfica está subordinada a los temas y tratamientos escénicos de los gringos y la producción en televisión da pena ajena. México es y debe ser un país abierto al exterior, pero respetuoso de su identidad y cultura.

Los jóvenes estudiantes del nivel básico han sido protagonistas de peleas, agresiones estúpidas, imitaciones gangsteriles y otras muestras deplorables de hasta dónde puede llegar la imitación de patrones conductuales que vemos en la tele o en el cine. La respuesta debe ser educativa, y las familias tendrán que repensar su dinámica y conceder tiempo a sus hijos, independientemente de que la economía de mercado requiere de la presencia del padre y la madre en los procesos productivos. Lo cierto es que los hijos no se educan como futuros ciudadanos decentes y socialmente útiles frente a un monitor o pantalla de computadora o teléfono inteligente. Recuerde que, cuando no hay un criterio formado, de ver dan ganas.

La reciente golpiza videograbada a un estudiante de Conalep dio a los agresores un breve tiempo en pantalla, pero reveló el lado oscuro de la tecnología comunicativa cuando está al servicio de la estupidez. Tiempo de reflexionar y actuar.