Cuestiones de seguridad

                                                “Jamás consideraré libre al hombre que teme” (Horacio).

El pasado domingo 16 fue asesinado con arma blanca, en su hogar, un empresario hotelero hermosillense, un luchador social contra los excesos de las tarifas de servicios tan ineludibles y vitales como el agua, y un hombre de bajo perfil, salvo por sus críticas al gobierno municipal. El caso, hasta hoy, es uno más de los que coleccionan las autoridades locales para engordar las estadísticas del misterio y los interrogantes especulativos de quienes debieran ofrecer soluciones y medidas preventivas a los ciudadanos de nuestra desnaranjada capital de Sonora.

El caso ha servido para que la señora coordinadora de seguridad ciudadana (sic) salga a la luz pública y emita declaraciones con algún ingrediente tranquilizador que, seguramente, funciona en algún universo paralelo o en alguna otra dimensión distante de nuestra realidad cotidiana. Lo cierto es que la gente muere asesinada sin distinción de ocupación, sexo y edad, en una sucesión de “casos aislados” que solamente han servido para que la autoridad recomiende a los vecinos que se “cuiden entre ellos”, en un “aí se l’echan” oficial que invita a la organización ciudadana, pero sin “hacer justicia por su propia mano”.

También advierten de la incapacidad policiaca de intervenir en delitos que se cometen en vecindarios tipo “cerrada”, ya que son una modalidad de “condominio horizontal” y que, siendo propiedad privada, las fuerzas del orden no pueden actuar. Es decir, la lotificación tipo cerrada supone extraterritorialidad y, por tanto, las leyes locales y nacionales contra la delincuencia no aplican, como tampoco lo hacen respecto a actos que se realizan tras la barrera infranqueable de una puerta cerrada, asunto que, por otra parte, parece tener sin cuidado a los perpetradores que se pasan la seguridad hogareña y la vigilancia policial por el mero arco del triunfo.

Si así están las cosas y la población debe “cuidarse entre sí”, entonces, ¿por qué gastar millonadas en cachivaches como el “C5i”, versión mejorada del “C4” que incluye al número 911 de emergencias, tan acreditado en las series policiacas de EE.UU., y el cargo en nómina de funcionarios como los de la “coordinación de seguridad ciudadana”, tan inútiles como la oferta de apoyo psicológico después de que a una familia la han ultrajado en una demostración de viciosa impunidad? ¿Cree usted que con rollos motivacionales se resuelve el problema de la suprema ineptitud y negligencia de las autoridades?, ¿que se revierten los daños de la acción criminal concreta? ¿Alguien cree, en serio, que la inseguridad es un problema de percepción? ¿Con cháchara demagógica, cuando no cínica, se avanza en materia de seguridad pública? OMG!!!

Mientras que las autoridades que debieran ser competentes en materia (aunque en lenguaje político pri-peña-nietista se dice “tema”) de seguridad pública evaden su responsabilidad aparentando que la asumen, la ciudadanía experimenta una especie de orfandad cívica que afecta los fundamentos mismos de la coexistencia pacífica. El sentimiento de abandono termina por persuadir a cualquiera de que la justicia, para que funcione, debe ser pronta y expedita, y que su aplicación debiera estar a cargo de las autoridades, pero si éstas no pueden, no quieren o no saben cómo, entonces es el ciudadano quien de manera residual debe asumir una responsabilidad que, en principio, directamente no le corresponde.  Pero, “cuídense entre ustedes” da carta blanca para las acciones que dicte la desesperante evidencia de estar solos en la lucha por preservar integridad y patrimonio.

Si así están las cosas, ¿qué sentido tienen las campañas periódicas de “despistolización”, si quienes las usan para agredir a la población son delincuentes y las consiguen como sea? ¿Por qué desarmar a la población en medio de un clima de auge de la criminalidad y de lentitud, complicidad y venalidad de las autoridades y cuerpos operativos? En este momento crítico debe revisarse cuidadosamente la legislación y retirar los ordenamientos que den lugar a la impunidad de los delincuentes y criminales.

Si se presume la inocencia de cualquiera, es de justicia cambiar de criterio cuando alguien es claramente responsable de algún ilícito, aunque en la aplicación de la ley la interpretación literal no deja de ser una mala caricatura. Sin antecedentes, contexto y estudios periciales no hay bases para dar por descontada la inocencia o la culpabilidad de alguien. Se debiera postular que nadie es culpable o inocente hasta que se demuestre de manera suficiente. Sin embargo, la nueva modalidad judicial parece inclinada a dar todas las ventajas posibles a la criminalidad, en un sistema impuesto, como la reforma energética, por nuestros vecinos gringos.

Si no ponemos orden en nuestra economía, nuestra política seguirá observando las pautas e intereses del capital extranjero y la empresa trasnacional decidirá el futuro del Estado. En estos momentos urge una generosa dosis de nacionalismo, en aras de fortalecer nuestra economía, dignificar la política y hacer del trabajo legislativo una forma útil de refrendar nuestra nacionalidad y los mejores intereses nacionales. Sin duda alguna, la legitimidad de las autoridades sería real, y no un producto forzado de las campañas mediáticas y la demagogia de ocasión.

Es un hecho indiscutible que la inseguridad pública es expresión de las fallas del sistema económico, porque sin empleo e ingreso seguro la marginalidad deviene en estructuras fundadas en códigos de conducta distintos y opuestos a los que debieran regir en una sociedad donde predomine el estado de derecho. Quizá estemos a tiempo para revertir los daños, pero, mientras tanto, los funcionarios debieran abstenerse de decir tantas pendejadas. Sería un buen inicio.

Hacia una defensa colectiva de la seguridad social en Sonora

                                        “La justicia es reina y señora de todas las virtudes” (Cicerón)

Sin duda, los tiempos actuales permiten que las conciencias adquieran una especie de blindaje que les permite sortear con relativa fortuna las eventualidades propias de un sistema que abarata y deteriora las condiciones de vida de los ciudadanos. Las abarata porque ahora legalmente el despido laboral es fácil y sencillo, sin muchas complicaciones para la parte patronal, además de las enormes ventajas del outsourcing para evadir responsabilidades y dejar en estado de indefensión a los trabajadores, que terminan siendo recursos renovables a una velocidad de rotación en el empleo al gusto y conveniencia de los patrones. En consecuencia, sobreviene el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores con las obvias consecuencias negativas para la estabilidad de las familias, la permanencia de los hijos en la escuela y la minusvalía social que trae consigo la vulnerabilidad económica. 

Mientras que los productores directos de la riqueza social sufren la marginación y el abandono del sistema, las empresas, a pesar de las evidentes ventajas de las que gozan, parecen no aportar lo suyo a la economía, que acusa un mediocre crecimiento y una cada vez más deficiente distribución social del producto generado.

Tanto el gobierno como la empresa privada se empeñan en generar ahorros en la nómina, mediante el fácil recurso de los ajustes y recortes laborales, a pesar de que los bonos, gratificaciones y sueldos de los directivos no sufren la contracción del gasto corriente. Los recortes, en todo caso, se aplican a programas de impacto social y a la sobrevivencia de los trabajadores y sus familias.

Por el lado de la organización de los trabajadores, la defensa de sus derechos se ve comúnmente obstaculizada por la densidad burocrática y por las trapacerías legaloides a que son tan afectos los patrones, seguros de gozar de la aquiescencia y franca complicidad de las autoridades que debieran poner orden y hacer cumplir la ley.

En los últimos años, hemos visto el deterioro creciente de los servicios fundamentales para la preservación de la calidad de vida y de los derechos humanos de quienes han pasado al retiro por razones de edad o enfermedad. En México, la seguridad social ha sido insistentemente vapuleada y disminuida, con la consecuente pérdida de ingresos y precarización de los servicios de salud en las instituciones públicas cuyo deber y razón de ser es, precisamente, el dar calidad de vida al trabajador. Tanto el IMSS como el ISSSTE han sido víctimas de modificaciones al marco legal, de la disminución de la calidad de sus servicios, del perverso mecanismo de las subrogaciones, no sólo en áreas de apoyo como los de ambulancias, cocina, mantenimiento y limpieza, sino en servicios esenciales para la buena marcha de las instituciones, como son los de hemodiálisis, banco de sangre y tomografías computarizadas.

Por si fuera poco, los fondos de pensiones y jubilaciones han pasado a manos privadas como recursos frescos e inagotables para hacer negocios especulativos, donde nadie puede garantizar la recuperación del ahorro de los trabajadores en caso de “minusvalías”; es decir, que los fondos ahorrados que se juegan en inversiones especulativas de alto riesgo se pueden perder sin responsabilidad para las operadoras de fondos de retiro. Es fácil imaginar que en este juego de azar los que menos injerencia tienen en la administración de su propio dinero son los trabajadores, que pueden ver esfumarse sus ahorros de toda la vida o, en el mejor de los casos, recibir una mísera pensión mientras que el costo de la canasta básica se eleva más allá de las posibilidades adquisitivas de una mayoría creciente de trabajadores. 

Mientras que los cuadros básicos disminuyen hasta alcanzar coberturas elementales, los servicios hospitalarios se precarizan y las pensiones se regatean y privatizan; muchos mexicanos carecen de algún tipo de cobertura médica o de pensión (según Forbes, el 60 por ciento de los mayores de 65 años), arrojando un saldo de más marginados cada año y, por consecuencia, mayor inseguridad social. Sin embargo, el gobierno de la república parece no enterarse de la gravedad de la situación y todo lo reduce a un problema de costos, siguiendo obedientemente las recetas del FMI y la OCDE, “moviendo a México” con rumbo al estallido social y a una creciente victimización y criminalización de la pobreza.

En Sonora, se ha dado el caso del saqueo impune de los recursos del fondo de pensiones a cargo del Isssteson, organismo creado para garantizar la seguridad social de los trabajadores del gobierno del estado, municipios  e instituciones afiliadas, lo que debe suponer un esfuerzo adicional para cubrir en tiempo y forma los pagos mensuales a los pensionados. Por otra parte, existen organismos que no cumplen con la entrega de los recursos al instituto, producto de las cuotas que deben cubrir y que son descontadas del salario de los trabajadores, así como aquellos que no actualizan su convenio con el Isssteson, dando por resultado que sus trabajadores reciben una pensión inferior a la que debieran recibir.

En este sentido, cabe preguntarse cuál es el futuro de la seguridad social en un contexto caracterizado por la rapiña y la corrupción; ¿qué deben saber los trabajadores para poder paliar, o incluso revertir los perversos efectos de las reformas dictadas por los organismos financieros internacionales y servilmente acatadas por nuestro gobierno?, ¿cuáles deben ser las medidas que tome la clase trabajadora en defensa de los derechos laborales y la seguridad social?

Con el ánimo de responder éstas y otras preguntas, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), en coordinación con otros sindicatos y organizaciones hermanas, se plantea la tarea de realizar un congreso estatal sindical sobre la seguridad social, donde se pretende analizar el contenido y efectos de las reformas en el país, así como la situación actual y las perspectivas de las pensiones y jubilaciones en nuestra entidad. La fecha propuesta es el día 16 de noviembre próximo. Esperemos los detalles.

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Congreso

CONGRESO ESTATAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

“Por una vejez con futuro”

CONVOCATORIA

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, a través de su Delegación de Pensionados y Jubilados, invita a la comunidad universitaria y a las organizaciones hermanas preocupadas por el futuro de la Seguridad Social en el nivel nacional y local, a sumarse a este esfuerzo deliberativo y resolutivo que busca satisfacer los propósitos siguientes:

·       + Conocer los orígenes y alcances de las reformas a la seguridad social emprendidas por el gobierno.

·       + Estado que guarda la organización de los trabajadores en defensa de la seguridad social.

·        + Propuestas de organización y acciones locales de corto, mediano y largo plazo.

En consecuencia, los ejes de la discusión serán:

1.    Contenido e impacto de las reformas en la prestación de los servicios de salud.

2.    Análisis y perspectivas de los sistemas pensionarios en México y Sonora.

3.    Formas de organización de los derechohabientes y líneas de acción colectiva.

El Congreso se llevará a cabo el día miércoles 16 de noviembre de 2016, en el Auditorio del Sindicato de Telefonistas, a partir de las 9:00 horas.

Se solicita que las ponencias sean presentadas en formato Word, letra Arial de 11 puntos con espacio interlineal de 1.5 puntos, y podrán registrarse a partir de la fecha de esta convocatoria y a más tardar el día viernes 11 de noviembre, mediante su envío al Delegado de Pensionados y Jubilados del STAUS, Mtro. Francisco Pintor Vázquez, con correo electrónico aguilapintor@hotmail.com, y/o al Subdelegado, Dr. Darío Arredondo, correo dalmx@yahoo.com, incluyendo en el mensaje el título y un breve resumen del tema abordado así como los datos del autor. El tiempo de exposición de los trabajos no deberá ser mayor a 10 minutos.

Hermosillo, Sonora, a 19 de octubre de 2016

Delegación de Pensionados y Jubilados STAUS

Magia en Sonora

                                                  “Somos engañados por la apariencia del bien” (Horacio).

No hay duda que en Sonora existen evidencias de que el pasado no fue mejor y que el presente riñe con el futuro por lograr las mejores marcas en el abatimiento de males sociales, como son la pobreza y la inseguridad. Recientemente la gobernadora declaró en Cd. Obregón y Huatabampo que están siendo superadas las feas y deslucidas marcas del abandono económico y la marginación, gracias a la instalación de algunos comedores y estancias infantiles en la entidad. La señora Pavlovich subraya los sacrificios que ha hecho y lo satisfecha que se siente con los resultados.

La señora hace notar públicamente sus esfuerzos, roturas de alma, a la par de la inmensa satisfacción de poder dar la cara, en estos actos protocolarios, y ponderar sus propios logros en un ejercicio de transparencia auto-valorativa que, entre otras cosas, demuestra lo bien que combina el asistencialismo con el manejo de imagen.

Por su parte, el delegado de Sedesol, Rosario Rodríguez, alaba el éxito del primer año del gobierno local, gracias a la gestión de la gobernadora en congruencia con la política social del presidente Peña, a quien se debe acreditar que en tres años se han abatido los índices de pobreza extrema y pobreza en general, a partir del resultado a la baja en el siempre complaciente recuento oficial del número de pobres.

Por si esto fuera poco, los delegados de economía y gobernación, así como el de Profepa, aplauden los logros en Sonora y el apoyo federal a nuestra entidad, y nos regalan la noticia de que los recortes federales no afectarán la suave marcha del gobierno que cumple un año, en consonancia con el gobierno que tiene tres. Como quien dice, en el país y la entidad la crisis nos da risa.

Por el lado de la seguridad pública también están de plácemes, ya que el tremendo panorama de la delincuencia y sus funestas consecuencias materiales y morales, ha encontrado poderoso obstáculo, a partir del día 3 del presente, gracias a la operación del número mágico e internacional del 911. Antes, seguramente no había condiciones para dar respuesta a los llamados de emergencia de la población, pero ahora las corporaciones están ligadas y sus acciones coordinadas mediante las virtudes representadas por esos tres simples dígitos.

Las maravillas del C5i con componentes tecnológicos provistos por una empresa privada que cobrará lo suyo, dejan atrás la modesta operación del C4 y el irrelevante número 066. ¿Quién puede dudar de la sagacidad y previsión del presidente Peña al adoptar por decreto el número 911, tan prestigiado en las series de televisión que nos mandan de EEUU y que consumimos con viciosa fruición? Parece ser obvio que los sistemas de alerta y prevención del delito y, en su caso, los de respuesta inmediata a las emergencias ciudadanas, funcionan mejor cuando el gobierno los pone en manos de la lógica extranjera y del aporte remunerado de alguna empresa que, como es natural, hace negocios.

Sin negar la importancia que tienen los gobiernos mediáticos y sus efectos psicológicos en el ánimo de la población, no podemos dejar de considerar que todo ser humano es un ente bio-psico-social, de donde queda claro que los determinantes de nuestra relación con la realidad no son únicamente los derivados de la percepción o la influencia de los medios, sino que también los propios del disfrute de factores entre los que destacan la alimentación, salud, vivienda, empleo y seguridad social.

A pesar del curioso y bobalicón optimismo oficial que acompaña y enmarca al primer año de gobierno de la señora Pavlovich de Torres y el comprensible despliegue declaratorio de los delegados federales y los funcionarios locales, aún queda por explicar al pueblo de Sonora la presencia de una masa creciente de indigentes en las calles, hordas de desempleados y empleados precarios, trabajadores al borde de un ataque de inanición ante la realidad económica que se aproxima en medio de una nube de zopilotes; o los derechohabientes de las instituciones de salud y seguridad social que ven cada vez más pequeños los cuadros básicos de medicamentos, y que deben suplir al personal de enfermería en las necesidades básicas del familiar enfermo, y que deben de ir a comprar, a la hora que sea, materiales de curación y medicamentos inexistentes en los hospitales.

O los trabajadores cansados y enfermos que tienen que seguir en sus puestos porque el gobernador en turno ha dispuesto de los fondos para pensiones y no es posible la expedición oportuna del dictamen jubilatorio, así como otros funcionarios que saquean las arcas públicas y que también gozan de una impunidad que se compra con fianzas y amparos.

Asimismo, los estudiantes que carecen de aulas y pupitres y aulas que no cuentan con pizarrones y otros medios y materiales didácticos; o los plateles donde campea la inseguridad y donde la cuota es requisito para la inscripción, para la obtención del certificado, y multitud de jóvenes que abandonan la escuela por tener que trabajar en apoyo a la economía familiar, en medio del triunfalismo de tal o cual “reforma” fallida.

O la incapacidad para generar empleo digno y decorosamente remunerado, donde la antigüedad laboral no desaparezca con cada contrato. O el porqué de una economía que no crece y que debe acudir a los recortes presupuestales periódicos y a la cesión de espacios económicos prioritarios a la inversión extranjera privada, lo cual no es necesariamente un triunfo, pero se pretende acostumbrarnos a que sí lo es.

El triunfalismo oficial cae como balde de agua fría en la jeta de los económicamente hipotérmicos habitantes de Sonora, aunque quizá por tener algo de que aferrarse, se opta por un discurso onírico, chapucero y ridículo. Pero, al fin y al cabo, sólo hay un primer informe y hay que disfrutarlo. ¿Felicidades? 

Uber y más

             “Es justo que quien participó en la ganancia participe en la pérdida” (frase latina).

Tremendo alboroto se ha desatado entre los apoyadores a la forma tradicional de prestar el servicio de taxis y los que ven con buenos ojos el formato de Uber. La ciudad capital de Sonora ha sido el escenario reciente de empujones, golpes, bloqueos y mentadas de madre de los trabajadores del volante que toman las vías de hecho para defender su medio de vida, mientras resuenan en el oído público las llamadas al diálogo y las amenazas de los funcionarios que, competentes o no, están al frente de las oficinas del transporte.

Al coro oficial se une la voz atiplada de la CTM, negando afiliaciones y, con ello, posibles implicaciones cómplices y molestias derivadas de la responsabilidad negada. El sindicalismo y la oficialidad hacen la combinación perfecta en defensa de un modelo de servicio que con el paso del tiempo ha negado la actualización, tanto de los usos y costumbres, como de la legislación que los ampara.

Si la tecnología supone el mejoramiento de los servicios juntamente con la fluidez, limpieza, comodidad y seguridad para el usuario, parece que la cápsula de tiempo representada por los taxis “tradicionales” niega, o al menos, se resiste a dar ese paso esencial en la ruta por la calidad. Las amenazas, las provocaciones, los golpes y bloqueos dan pena ajena, ya que expresan un primitivismo digno del gremialismo de mediados del siglo pasado, y una situación de desamparo oficial que más que indignar conmueve.

¿Por qué, ante la propuesta de nuevas opciones de prestación del servicio de taxis, el gobierno permanece ajeno y distante a los cambios? ¿Por qué en vez de ir por la ruta de la solución y puesta al día, se opta por la amenaza, y una curiosa propuesta de diálogo que supone la existencia de un conflicto “entre particulares”, antes que un problema de la competencia inmediata de las autoridades del transporte y del poder legislativo local?

Antes que buscar soluciones integrales a un problema crónico en la ciudad, donde el abuso y la inseguridad han sido características notables, ¿por qué se insiste en buscar solamente presuntos funcionarios y empresarios involucrados en el, para algunos, lucrativo negocio de las concesiones y la propiedad real de las flotillas de carros? Desde luego que detrás de un conflicto hay siempre algún beneficiario, pero, ¿qué hay de la capacidad del gobierno para resolver, mejorar y ampliar la cobertura y prestación de los servicios? ¿En el “Sonora hoy” no figura como prioridad la regularización y actualización del transporte urbano y suburbano?

La realidad es cambiante y la sociedad debe verse desde el punto de vista dinámico, de que cambia, se transforma y avanza, concepto que debe guiar el esfuerzo del gobierno de garantizar no sólo derechos sino obligaciones; de procurar generar y mantener las condiciones para la paz y el progreso social; de legitimar la gestión pública mediante acciones afirmativas, pertinentes a los problemas que se presenten. En el caso del trasporte no se han visto manifestaciones de vida inteligente en el planeta gobierno.

Es claro que el asunto del transporte es de primera importancia para la gran mayoría de los ciudadanos de a pie, aquellos que, siendo estudiantes, personas que acaban de hacer su compra en el “super” o ciudadanos con apuros, que van lejos, o que tienen problemas de movilidad, que merece algo mejor que abordar un carro antihigiénico, con problemas mecánicos, y recibir una atención que raya en el desprecio cuando no la agresión. Es obvio que la población usuaria de estos servicios tienda a aceptar nuevas ofertas y mejores opciones.

Sin duda el derecho al trabajo y al sustento personal y familiar es un derecho humano que el Estado debe reivindicar mediante la acción y vigilancia cotidiana de las instancias correspondientes, y que las normas y condiciones de la prestación del servicio deben adecuarse a las nuevas realidades sociales y tecnológicas. La obsolescencia de los instrumentos de trabajo, el desinterés público, la modorra tecnológica de los empresarios y la indiferencia de los prestadores directos, son los ingredientes obligados de la generación de conflictos. ¿Qué hará el gobierno para demostrar su competencia? ¿La legislación se queda como está, o ya quedó claro que el cambio es no sólo necesario sino urgente?

El reclamo de hace 48 años: 2 de octubre no se olvida.

Discriminación

“La discriminación (del latín discriminatĭo, -ōnis) es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, en las que se da un trato diferente a una persona, grupo o institución en términos diferentes al que se da a sujetos similares, de los que se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de ese trato. Habitualmente, este trato se produce en atención a las cualidades personales del sujeto que es objeto del mismo, aunque también puede deberse a otros factores, como el origen geográfico, sus decisiones u opiniones en lo social, lo moral, lo político u otra área de interés social” (RAE-Wikipedia).

A estas alturas, nadie puede negar honestamente que Germán Larrea y Grupo México sean evidentes víctimas de discriminación por parte de las autoridades federales y locales que en el ramo económico, hidrológico y ambiental han optado por dar un trato alcahuete y cómplice a uno de los más grandes ecocidas del tiempo mexicano contemporáneo. A pesar de los estragos causados y por causar por su famoso derrame, no ha faltado funcionario que insista en la inocuidad y potabilidad del agua que fluye en los ríos afectados y en los pozos y cañerías que surten a ciudades como la nuestra.

Los empresarios mineros canadienses también entran en la lista de los discriminados por razones de origen y estatus económico, sufriendo una penosa impunidad que asombra a las comunidades perjudicadas por los daños ambientales, pero que mantiene impávidos y afebriles a quienes reciben un sueldo por evitar, castigar y remediar los estropicios derivados de la actividad empresarial que genera empleos precarios, consume agua, agota recursos naturales y contamina el entorno.

Asimismo, las compañías refresqueras, de lavado de autos, maquiladoras, entre otras, reciben la indiferencia oficial y, ya de malas, la obligación de cooperar con determinados funcionarios para lograr la agilización de trámites y la invisibilidad deseada para el logro de sus metas comerciales.

En otro escenario, los acaparadores urbanos que realizan tareas de apropiación, cercamiento, lotificación y posterior usufructo, pasando, si es necesario, por la desviación de cauces de río y el daño patrimonial y ambiental a los vecinos, padecen del desprecio oficial por más que sean evidentes los méritos alcanzados para obtener, así sea poca, la atención del aparato público que tiene el deber de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Tampoco debemos olvidar la muchedumbre de funcionarios públicos que llegan cargados de deudas y pretensiones a sus puestos, para salir multimillonarios, socios de empresas establecidas o no durante su encargo, titulares de jugosas cuentas en moneda nacional o en dólares, terratenientes urbanos y rurales, y en algunos casos, legisladores plurinominales de sus partidos políticos.

Si bien es cierto que muchos de los ninguneados por la ley forman en las filas arriba señaladas, también existen otras categorías de discriminados que, aunque lucen como árbol de navidad en las fechas decembrinas, usted, aquellos y yo, en más de una ocasión cerramos los ojos y los dejamos pasar, incluso contenemos la respiración y resoplamos una vez que nos alejamos lo suficiente para conjurar olores y humores.

Los recortes presupuestales acaban con las posibilidades de que los programas paliativos del régimen puedan hacer felices por el día de recepción del beneficio a los enlistados. Así, los programas para comunidades en zonas económicamente deprimidas, las becas escolares, los desayunos en el nivel básico, terminan siendo siglas llamativas y pretexto para llenar de propaganda los medios informativos.

Asimismo, los apoyos a los productores rurales se reducen a la par que aumenta la dependencia alimenticia, la miseria y el desarraigo, creando una masa miserable que emigra, porque no le queda de otra, dejando tierra, familia y vida en manos del destino. Pero el gobierno exhibe como logro económico los ingresos por concepto de remesas. La pobreza y el desarraigo de muchos se convierte en éxito del régimen.

Mientras unos son favorecidos por las oportunidades y los planes del gobierno que busca la modernidad, una inmensa mayoría que ni se ve ni se oye padece la discriminación y la exclusión de los logros y beneficios de un gobierno que puede ser panista o priista, pero que, como uno solo, insiste en “mover a México” en la dirección dispuesta por los organismos financieros internacionales.

Es necesario puntualizar que la precarización del empleo y la privatización de las funciones y servicios del gobierno, con la consecuente disminución de los derechos laborales y la seguridad social, son esencialmente consecuencias directas de una política de discriminación de gran alcance social. Son los intereses de una minoría contra los de la mayoría.

En resumen, México es un país donde la discriminación se ha hecho política de estado, que cotidianamente incumple la ley pero que crea normas que formalizan la marginación y la exclusión, tanto como la trivialización y reducción al absurdo de los derechos humanos, y que son legitimadas por la SCJN, comparsa del régimen neoliberal que se padece.

Así como el sistema es obsequioso y tolerante con los empresarios y los políticos corruptos que operan sus proyectos, discriminando positivamente a los canallas, el pueblo se autodiscrimina, ya por costumbre, al votar cada tres o cada seis años contra las posibilidades de cambio y auténtica representación. Seguimos como sociedad votando por los mismos, acostumbrados a la discriminación y autoexclusión a favor de apellidos, fortunas y los viejos y recientes proyectos de destrucción de nuestra vida e identidad nacional. Es necesario, urgente, comprender cabalmente la idea de inclusión social y actuar en consecuencia.

En otro asunto, ¿por qué en una pareja se debe discriminar al hombre o a la mujer? Una pareja incluyente es la que los integra. 

Concluyo con la frase de la temporada: Apoyo la diversidad y no hay nada más diverso que la relación ente un hombre y una mujer. ¿Por qué conformarse con lo mismo? La diferencia es vida.

Naturalidad y normalidad

En la actualidad se cuestionan aspectos de la vida y de las relaciones humanas que antes eran consideradas obvias por asumirse como naturales o normales. La seguridad de que el matrimonio se refería exclusivamente a la unión entre hombre y mujer para fines afectivos y cuyas consecuencias social y personalmente esperadas eran la constitución de una familia que aportara a las estadísticas demográficas, no tenía discusión ni se veía la necesidad de establecer demasiadas puntualizaciones y precisiones legales. Se partía del supuesto de que el enamoramiento y cortejo tenía que ver con el amor y el deseo de compartir la vida y perpetuar la especie, llevando el ADN de las partes “hasta el infinito y más allá”, mediante las sucesivas reediciones y las combinaciones genéticas que, ya fortaleciendo o atenuando ciertos rasgos y características, trazaban una huella vital y cultural que permitía la trascendencia, no sólo familiar sino social de apellidos, fisonomías, costumbres y visiones.

Los fines reproductivos de la relación se daban por sentados, partiendo de que es natural que la unión heterosexual tenga por fruto un nuevo integrante, lo que da sentido al concepto “matrimonio”, que en origen significa “el estatus jurídico de una mujer casada y la maternidad legal, y todos los derechos que de ello se deriven para la mujer, como la condición de madre de familia”.

Desde luego que lo normal es que uno y otro de los cónyuges esté en capacidad de procrear, pero, en caso de que esto no sea posible por una situación particular, anómala, se considera legítima y legal la adopción. Tampoco había discusión respecto a que la prioridad familiar eran los hijos, dándose por natural la obligación de los padres de proveer a su desarrollo integral en las mejores condiciones posibles, porque la finalidad del matrimonio era la preservación de la especie en las condiciones materiales y afectivas que eran capaces de proveer los cónyuges.

Si bien es cierto que la familia natural está integrada por padre, madre e hijos, los lazos de consanguinidad amplían este concepto incluyendo a abuelos, tíos, sobrinos y nietos, sin que para ello debiera mediar advertencia judicial o reclamo expreso de parte de autoridad competente. Se considera natural que personas de la misma sangre mantengan una relación familiar como parte de su normalidad. En nuestra cultura latina, los viejos y los más jóvenes de la familia siempre han merecido especial consideración por parte del resto de ese subconjunto social. De hecho, una familia mexicana típica puede integrar bajo un mismo techo de manera normal a tres generaciones. Lo anterior no excluye a la familia integrada por uno solo de los progenitores y sus hijos, sea por viudez o separación, o por soltería, siendo la consanguinidad lo que une.

Actualmente, el gobierno impulsa otras formas de relación a las que da el carácter de familia, bajo el supuesto de que así combate la discriminación y reivindica los derechos humanos, sin embargo, somos una sociedad cuyas condiciones son profundamente discriminantes y excluyentes, de suerte que termina privilegiándose la forma sobre el contenido, independientemente de que es una falacia suponer que la naturaleza humana cambia por decreto.

Tenemos un país en el que, por decreto, llegamos al “primer mundo” gracias a la incorporación a organismos internacionales como la OCDE, tanto como con Banco Mundial y FMI; por otra parte, tenemos convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo y tratados comerciales con una impresionante cantidad de países, destacado obviamente el TLC, suscrito con los países del norte. México participa de las calenturas del Comando Norte de EE.UU. llegando a comprometerse en maniobras conjuntas y, tanto la Armada como el Ejército y las fuerzas de seguridad siguen el guión dictado por el extranjero, ya que nuestra seguridad nacional está uncida al control de Washington tras el incidente de las Torres Gemelas, haciéndose cada vez más evidente la presencia en territorio nacional de las agencias de inteligencia de nuestro vecino gringo; es claro que la actuación de los gobiernos del PRI-PAN actúan según las prioridades de la agenda de la Casa Blanca -la del vecino gringo- y que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial han terminado en remedos de aquél, siendo el Legislativo mera comparsa sin representación real de los intereses ciudadanos.

Tanto las reformas “estructurales” de Peña como las emprendidas por los gobiernos panistas, resultan ser instrumentos jurídicos que privilegian los intereses extranjeros por sobre los nacionales, logrando un significativo retroceso en diversas materias, como es en la económica, política, administrativa, laboral, educativa y, en general, en seguridad tanto pública como social. Aquí cabe destacar la absurda subordinación del gobierno a los intereses de las trasnacionales y la abyecta complacencia “diplomática” que permitió la presencia del candidato republicano Donald Trump en el primer plano del acontecer político nacional. 

La precarización nacional ha traído consigo la de las conciencias, ya que la ciudadanía se ejerce mediante despensas, tarjetas de débito, tortas con refresco, recomendaciones entre cuates, negocios privados a la sombra del poder público, ejercicio clientelar de las prerrogativas electorales y uso populista de la iniciativa legislativa, tanto como la manipulación y los distractores mediáticos que permiten las acciones de reingeniería social en una comunidad cuyo rumbo es incierto, confuso y difuso. En este marco, destaca la iniciativa presidencial de reformas tanto a la constitución como al código civil, relativas al “matrimonio igualitario”.

Aquí es inevitable recordar el pronunciamiento de la administración Obama en favor de las uniones homosexuales, justamente en un momento político de baja popularidad y en un contexto desfavorable para dicho presidente, así como su activismo por presionar a otros países a aceptar los derechos de este sector poblacional bajo la cobertura de los derechos humanos.  Parece claro que, en épocas de baja popularidad, cualquier recurso es bueno, siempre y cuando no afecte la voracidad de los empresarios trasnacionales y la ganancia del capital global. Pueden seguir las violaciones a los derechos humanos, la segregación racial, la xenofobia, la pobreza y la marginación, los abusos de la autoridad y las mil y una caras de la corrupción que hace funcionar al sistema. Las prioridades nacionales se determinan por las encuestas de popularidad. En lo fundamental, se cambia para no cambiar.

En nuestro país, el descrédito del gobierno abarca los tres poderes de la Unión y, en mayor o menor medida, a los gobiernos estatales. En todo el territorio nacional se observan las múltiples facetas de la discriminación incentivadas por la pobreza y la marginación, el atraso y la dependencia que se ha profundizado en renglones prioritarios para la nación: crecemos de una política económica propia, dependemos del exterior en materia de alimentos e insumos agrícolas, y nos podemos declarar una colonia de explotación minera, agroalimentaria, químico-farmacéutica y, gracias a las reformas de Peña, energética.

Los observadores internacionales han considerado a nuestro país como peligroso para los luchadores sociales y los periodistas, y un violador contumaz de los derechos humanos, que ha asombrado al mundo por sus desapariciones forzadas, incremento y violencia de las organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas, corrupción generalizada y venalidad de las autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, el gobierno pasa por alto los asesinatos (“ejecuciones extrajudiciales”), las desapariciones, la agresión creciente a la educación pública, la precarización del empleo, la inseguridad laboral, la disminución del marco legal de la seguridad social, el abandono escolar ligado a la pobreza, la generación de condiciones para la disfuncionalidad familiar, y el uso y abuso de los medios de desinformación masiva. Sin embargo, el gobierno promueve y la Suprema Corte de Justicia de la Nación legitima reformas e iniciativas que, hasta el momento, no han abonado en nada al bienestar nacional.

Se puede decir que el gobierno no ha cumplido con los fines sociales y políticos que guían al sector público. Igualmente, se puede afirmar que la iniciativa de Peña imita la de Obama en condiciones de baja popularidad, sin que medie en realidad un afán protector de los derechos humanos. Si éstos realmente le importaran, caería por su propio peso el paquete de reformas “estructurales” que la SCJN no ha tenido empacho en avalar.

El desbarajuste nacional afecta a la familia, a la relación de pareja y a la tranquilidad y seguridad de los hijos. Afecta a la comunidad en su expresión territorial más próxima, al barrio y la colonia, a la ciudad y al estado. Es evidente que los derechos humanos no son una prioridad en un país colonizado por los intereses económicos trasnacionales y sus operadores locales; es claro que las acciones deben ser predominantemente mediáticas, de apariencia, de forma y no de fondo, pero que proporcionen a la opinión pública y a sectores progresistas la sensación de que la orfandad ideológica y la ausencia de un programa de transformaciones sociales puede ser paliada por causas y acciones que aparenten una reivindicación, siempre y cuando no se pongan en contexto. En este sentido, ¿realmente la iniciativa presidencial de reformas sobre el matrimonio son una prioridad nacional? ¿En serio, se protegen derechos humanos? Me parece que no.

Las prioridades nacionales en materia de derechos humanos deben pasar por garantizar en los hechos el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad pública y social, al respeto a la diversidad política, social y cultural; a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a la paz, tranquilidad y bienestar social. Me parece que el gobierno va en otra dirección. Usted, como es natural, es libre de pensar lo que quiera.