El fin de la Pascua

                                                “Lo que fueron vicios, hoy son costumbres” (Séneca).

Semana Santa o de Pascua. Semana contradictoria en cuestiones climáticas y de puesta al día ciudadana respecto a las acciones de los delincuentes que, organizados o no, asuelan las cacarizas vialidades, los espacios públicos y privados y los precarios goznes de la civilidad sonorense. Semana de “operativos” para prevenir lo que las costumbres arraigan con la fuerza de una ley no escrita: lo etílico define el estado de la diversión y las bondades de unas merecidas vacaciones. Lo demás es pura casualidad.

Los vacacionistas remontan las adversidades monetarias y sacan a relucir el arrugado billete o la lustrosa tarjeta que abre las puertas del paraíso terrenal, como si el acto de gastar surtiera efectos extraeconómicos directamente relacionados con la autoestima, el reconocimiento social y la epifanía de un hedonismo a la carta. Somos lo que gastamos, pero también gastamos lo que somos.

La visión de la arena, el sol y el agua marina son los espejismos culturales que acariciamos con amigos o consanguíneos, de los cuales obtendremos las anécdotas necesarias para subsistir con decoro en las conversaciones por sostener. Nadie que diga “no salí” podrá gozar de la misma consideración de quien afirma haber sido picado por una “aguamala”, cortado por un vidrio en la planta del pie, asaltado por un vago o por un comerciante de temporada; la aventura sabe a comida chatarra, arena y cerveza, cuando no a carroña de restaurante, insecticida en aerosol y salsa picante. Desde luego que el nivel de la experiencia gastronómica depende del precio, el lugar y las condiciones del servicio y, muchas veces, tanto de la suerte como de la resistencia de su aparato digestivo.

El paseo por ese campo minado que llamamos playa puede verse comprometido por obstáculos a veces infranqueables como cercos, letreros de “propiedad privada”, “prohibido el paso” o “cuidado con el perro”, lo que adquiere particular relevancia si están acompañados de vigilantes debidamente entrenados y autorizados por alguna instancia de inequívoca vocación mercenaria. La propiedad privada de las playas en México sigue siendo un misterio legal que quizá algún día se pueda resolver mediante el improbable expediente de la conciencia ciudadana en confrontación con la voracidad de los acaparadores inmobiliarios. Cierto que todos somos iguales ante la ley, pero hay unos que son más iguales que otros.

Si, por un lado, nuestro derecho de tránsito es coartado por barreras privadas irregulares, también lo es gracias a los “retenes” que filtran el aforo vehicular bajo el supuesto de prevenir accidentes y poner coto a la delincuencia de temporada. Somos un país de libertades condicionadas y vías de comunicación arbitrariamente interrumpidas; ciudadanía comprimida por las leyes del mercado que minimizan el espacio público y amplían el privado a costa de libertades otrora indiscutibles por obvias. Así las cosas, México se mueve a empujones de inversión extranjera privada a contrapelo de la protección del ambiente, el equilibrio ecológico y el bienestar popular.

Si en la playa la diversión es pastosamente multitudinaria e inercial, en el campo se advierten también las dificultades de acceso a los lugares de descanso por obra de una deficiente red carretera, saturada e incapaz de dar vía fluida a los cada vez mayores volúmenes de vacacionistas. Aun en estas condiciones el comercio florece de la mano del abuso, la improvisación y eventuales problemas de higiene, tolerados por el entusiasmo de la época, el afán de cambiar una rutina de abuso y minusvalía cívica por otra más abierta y campirana. No es lo mismo que te traten de joder en el campo que en la ciudad, ¡que para eso es el asueto de Semana Santa!

El Vía Crucis vacacional cobra su cuota de sangre, sudor y lágrimas gracias a los excesos propios de la ocasión: de velocidad, alcohol, confianza, distracción. Así tenemos algún muerto y lesionados en accidentes de tránsito, en asaltos con arma blanca, por picadura de algún bicho marino de consistencia gelatinosa, por intoxicación etílica o alimenticia, o afectados por vidrios en la arena, comerciantes abusivos, funcionarios inescrupulosos, propietarios gandayas, o simples y joditivas manifestaciones del karma.

Al final, la resurrección de Cristo se reedita con letras doradas y es celebrada con puntualidad ritual; aunque vista a trasluz, las miserias humanas insinúan que nuestra pascua fue, como suele ser, tiempo de jolgorio comercial y de clientelas en pos de bienes y servicios que alcanzan su clímax consumista y por gravedad caen en alguna estación del amplio territorio de la insolvencia. Agotado el domingo y su simbolismo, la puerta del lunes se abre mostrando de nuevo el camino de la rutina y el arrepentimiento. La Pascua ha concluido. Caminemos, pues.

Cálida Semana Santa

             “Una vez más en el atolladero, queridos amigos; una vez más” (Shakespeare).

El pronóstico del clima indica que esta semana será soleada y ventosa, con temperaturas que no alcanzarán a freírle pero que sí constituyen una fuente de sudor e incomodidad a la hora de las interacciones sociales. El frescor asociado a esta época queda como un recuerdo agradable que servirá para hacer comparaciones. Los horrores del cambio climático auguran fuertes presiones para encender los aires acondicionados antes de la fecha clave del 1 de mayo, día en que se celebra el inicio del subsidio al consumo eléctrico y que antes de la reforma laboral conmemoraba la lucha y conquistas de los trabajadores.

La calidez del ambiente y la proximidad de las vacaciones son, según Seguridad Ciudadana (Expreso, 21.03.16), las causas psicológicas de los accidentes de tránsito, con lo que los choques y atropellamientos resultan ser efectos de una causa imposible de tipificar en las leyes y reglamentos vigentes. Así las cosas, el exceso de velocidad, la compulsión por los celulares, la distracción, la incivilidad vial o la simple estupidez algo aportan, pero no determinan las heridas y muertes en el asfalto. En este caso, cae por tierra el sustento de las iniciativas ciudadanas de construir puentes, pasajes o vías a desnivel en las proximidades de la Universidad de Sonora y demás puntos conflictivos por su peligrosidad para el peatón.

En el mismo sentido, las oleadas de calor por encima del promedio, deben verse con ojos acusadores y señalarlas como las causas del repunte de robos a comercios y domicilios particulares, antes atribuidos a las malas costumbres, los vicios, el desempleo, la pobreza y la desesperación de los económicamente marginados.

Quizá debiera replantease el Código Penal y el Bando de Policía y Buen Gobierno, entre otros ordenamientos que establecen pautas de conducta susceptibles de ser castigadas por el Estado. Que yo sepa, la causal “clima” no está contemplada en nuestra legislación y, según se ha dicho, debiera.

En otro asunto, el ahorro y la prudencia son esenciales para llevar una vida aburrida pero estable, ajena a las órdenes de aprehensión por enriquecimiento inexplicable, pero familiar a las buenas costumbres y la honesta medianía republicana, lo que implica un esfuerzo menor en una sociedad donde la clase media decrece al ritmo que aumenta la ciudadanía en los linderos de la indigencia. Todos debemos trabajar para vivir, pero, ¿qué pasa cuando el trabajo honesto es retribuido con una golpiza por encargo?

Sucede que el payaso conocido como “Tony Tambor”, que hacía su trabajo en una fiesta, fue molido a golpes por varios sujetos, resultando con pérdida de piezas dentales y un ojo en grave estado. Al parecer la golpiza fue por encargo de la madre de un infante de cinco años que se sintió frustrado al perder en un juego infantil. “Fue el karma”, dice la madre, mientras que la gobernadora Pavlovich declara: “Yo siempre he pensado que el tema de la violencia que se puede dar en cualquier lugar, no es sólo un tema del gobierno, es algo que tenemos que trabajar en conjunto con el tema de educación y de valores, tiene mucho que ver la sociedad, tenemos que observar lo que estamos viviendo” (Uniradio Noticias).

¿Fue el karma?,¿un “tema” multifactorial?, ¿fue el calor que incita a la violencia, y trastorna a victimarios y víctimas? ¿Es la proximidad de las vacaciones? ¿Es que la conducta actual no privilegia valores y principios, pero sí el hedonismo más pedestre e individualista? Si esto pasa en las vísperas, ¿cómo será nuestra convivencia cuando el termómetro llegue a los 40 grados y contando? ¿Qué hará el gobierno? ¿Concesionará mediante licitación pública un sistema de enfriamiento ambiental capaz de cubrir la superficie municipal? ¿Habrá refrescos y helados para todos? Misterios de cuaresma, enigmas de pascua, incógnitas de una ciudad e interrogantes de una población al borde del colapso primaveral…

La educación asediada

                                                      “Enseñar es aprender dos veces” (Joubert).

El discurso educativo predominante sugiere ánimo eficientista, moderno, tecnológico y de apertura global; despliega mecanismos de fiscalización y validación de programas y resultados, de personas y productos, de formas de organización administrativa, de operación y de costos. Lo que no aparece por ningún lado es su relación con la vida institucional real y la complejidad de las interacciones en el aula, el entorno, usos, costumbres, tradiciones, expectativas de los alumnos y necesidades a satisfacer de las comunidades de procedencia de los estudiantes. No es aventurado decir que tiene más elementos administrativos y laborales que propiamente educativos, que centra su atención de manera selectiva en los actores y deja de lado el contexto; que señala formas, pero no contenidos. La reforma educativa tiene (se ha dicho muchas veces) propósitos vagamente educativos y evidentemente punitivos. Lo anterior se explica si tomamos en cuenta el papel de la educación en la reproducción de la ideología dominante   y en los propósitos del modelo económico subyacente.

La propaganda oficial de la búsqueda de la calidad educativa difícilmente se puede asociar al uso de la fuerza pública para imponer una reforma que desprecia la historia y el desarrollo institucional a cambio de “depurar” la nómina magisterial a punta de garrote, gases y balas de goma. Se relaciona más con los intentos desesperados de hacer avanzar la privatización de la educación y la eliminación de los elementos críticos que inciden en la formación de los maestros y alumnos. La lucha es ideológica y política, donde la calidad es lo que menos importa, no así la domesticación del magisterio para fines de control y manipulación de la conciencia de este importante sector profesional, cuya presencia e influencia ha sido y sigue siendo de primera importancia en el desarrollo de las comunidades, sobre todo las rurales.

Existen elementos de juicio suficientes como para afirmar que la educación pública mexicana está bajo el asedio de los organismos financieros internacionales que postulan la ideología neoliberal, en la misma forma en que lo están, entre otros, el trabajo, la salud y la seguridad social. Las consignas de la OCDE se convierten en exigencias de alta prioridad en gobiernos peleles como el presente, que se ha revelado particularmente obediente con los intereses trasnacionales y represivo con los nacionales, configurando una verdadera amenaza para la sobrevivencia de la república y el marco jurídico que la sustenta. No es exagerado decir que en nuestro caso se ha dado un golpe de estado desde la cúpula del poder, largamente preparado y madurado durante al menos dos décadas.

Los sucesos relacionados con las normales rurales y la agresión oficial no sólo a éstas sino a la totalidad del magisterio, se deben considerar en el marco de la campaña neoliberal por generar terror, alarma y confusión entre los opositores reales y potenciales al discurso privatizador. Es la doctrina del shock aplicada puntualmente en un país donde la violación de los derechos humanos se vuelve cotidiana, intrascendente por la saturación del horror que entorpece los sentidos y el pensamiento. Esta oleada permanente de irracionalidad tiene por función afectar y destruir la resistencia de los opositores a las políticas trasnacionales impulsadas por el gobierno. Sus operadores apuestan al cansancio de la población y a la semiparálisis de una ciudadanía apática e indolente, apenas capaz de reaccionar buscando evadir el golpe antes que enfrentar al agresor.

En un entorno donde la simulación se viste de reformas, planes y programas, vale más la forma que el contenido, de suerte que se gobierna a través del montaje cotidiano de parodias, farsas y comedias, y se finge cumplir con las obligaciones que la ley impone, pero a las que ha renunciado en obediencia a los imperativos del mercado.  

Así pues, a los maestros sonorenses despedidos se les puede decir que el gobierno está dispuesto a dialogar, pero que ese asunto es cosa federal y que aquí no hay nada que hacer, salvo acatar las decisiones del centro. Curiosa forma de diálogo en donde la protesta se resuelve por el fácil camino de la demagogia y los garrotes.

Mientras el gobierno se empeña en imponer mecanismos de evaluación sin contexto ni valor formativo, las escuelas mexicanas resienten la ausencia de una verdadera política educativa, que contribuya al progreso nacional y local rescatando lo mejor de nuestros valores, tradiciones académicas, experiencia y compromiso con México. Los docentes, en el nivel que trabajen, son una comunidad que se autocorrige y perfecciona, que requiere y merece respeto y libertad de acción en el campo de su competencia. ¿por qué se impide su desarrollo desde una oscura y apátrida maquinaria burocrática? Es claro que el asedio a la educación es una necesidad para el avance del modelo privatizador.

Las luchas del magisterio representan las de la nación entera, en busca de su camino libre, soberano e independiente. ¿Qué razón tendríamos al no apoyarlas?

El Estado vs la justicia laboral

         “Los ignorantes aprenderán y los que saben con agrado recordarán” (Hónault).

La lucha por mejores condiciones de trabajo y vida parece resultar incómoda, molesta, incluso innecesaria para la cúpula del gobierno, la iniciativa privada y, por supuesto, los representantes de las instituciones involucradas. A estas alturas, no es extraño leer declaraciones de personajes públicos pontificando acerca de las maravillas del salario mínimo y de la increíble bonanza de quienes alcanzan sueldos de hasta dos mil pesos.

De acuerdo a este criterio, la canasta básica se encuentra al alcance de cualquier asalariado y, por tanto, resulta incompresible por desproporcionado el reclamo de mayores ingresos y garantías como la seguridad social, ya que, en todo caso, el Seguro Popular satisface colmadamente las necesidades de aspirinas y curitas del proletariado medio. La presión por mejores condiciones de vida ejercida por algunos sindicatos resulta no estar dentro de los parámetros conductuales de una clase, la trabajadora, tan altamente beneficiada por sus patrones trasnacionales y nacionales que se empeñan en “educar” a sus empleados en las emocionantes realidades del empleo precario, la sobreexplotación y la carencia de prestaciones sociales.

Frente a la precarización del empleo se yergue un mercado laboral que poco contribuye a la economía nacional porque su capacidad formativa y de ascenso social es limitada. La ausencia de industria nacional se ve compensada por la apariencia de modernidad representada por el capital extranjero y modelos de organización que no pueden ser otra cosa que neocoloniales: se instalan maquiladoras en vez de fábricas; negocios de formato estandarizado y provisión de insumos y servicios a cargo de pocas firmas. Las manufacturas y el comercio con raíces, responsabilidades e intereses locales parecen ser cosa del pasado nacionalista que el neoliberalismo botó a la basura.

Las expectativas de progreso y capilaridad social ligadas a la educación como proceso formativo superior riñen fuertemente con los esquemas que el propio gobierno impulsa e impone con la fuerza pública: la mediocridad y homogeneidad burocrática se prefieren al desarrollo de la inteligencia y la libertad personal fundadas en el logro académico. El ogro burocrático se lanza contra la disidencia y rechaza el ideal educativo que conduce al pensamiento crítico y el trabajo socialmente constructivo. En este contexto, la educación pública es un concepto demasiado pesado e indigesto para los empresarios educativos y los funcionarios públicos que defienden al mercado, al estudiante como cliente y la ganancia comercial frente a la formación técnica y humanista con responsabilidad cívica.

Si se trata de formar ejércitos de empleados sin perspectiva social, anclados en la inmediatez de un hedonismo ramplón y que no extrañen la ausencia de derechos laborales, la reforma educativa resulta ser notable en su imposición. La fuerza del gobierno contra los trabajadores de la educación, los propios estudiantes y sus familias, gana espacios periodísticos y a coro los funcionarios locales se empeñan en felicitar a quienes cedieron su primogenitura magisterial a cambio de lentejas de ignominia y subordinación. El garrote federal se ve acompañado de las cachiporras estatales, en plan de sicarios educativos, subrayando el carácter patéticamente centralista del quehacer público nacional. Pero, si la educación básica y media superior se marchitan bajo la bota del neoliberalismo autoritario, no se puede decir menos de la educación superior y la investigación científica y tecnológica.

Las universidades, institutos y centros de investigación parecen ser los enemigos jurados de un sistema que lucha por desposeer a sus profesores e investigadores de las condiciones laborales y sociales para el desempeño óptimo de sus funciones. La creación y recreación del conocimiento, la extensión y difusión de la cultura quedan sometidas a una sistemática degradación de sus contenidos y formas de expresión, mediante remedos de “reformas curriculares” cuya función es la trivialización de las profesiones y la supresión de sus contenidos críticos.

No es novedad que los nuevos planes de estudio de las ciencias sociales presten mayor atención a los procedimientos que a los razonamientos; y que, en carreras como Economía, las autoridades se empeñen en reducir y mutilar los cursos de Economía Política, Historia Económica y los enfoques teóricos heterodoxos sobre el desarrollo, favoreciendo la enseñanza de los enfoques neoclásicos y los rudimentos instrumentales de la profesión. Una vez perdido el equilibrio entre estas dos concepciones de la ciencia, el mercado termina imponiéndose y nulifica la conciencia social y política de los formadores y los sujetos en proceso de formación.

Tampoco se puede decir que el tratamiento laboral que reciben los universitarios sea completamente distinto al de sus pares de los niveles educativos previos. En las relaciones entre la administración y los académicos sindicalizados destaca un evidente desprecio hacia estos últimos.

En nuestro medio, la relación institucional entre las autoridades administrativas y sindicatos académicos reproduce la hostilidad oficial hacia los trabajadores, al punto de negar, desde el inicio mismo de las negociaciones salariales y contractuales que marca la ley, cualquier posibilidad de acuerdo: la frase “no hay dinero y háganle como quieran”, aparece como la versión sintética del pensamiento administrativo que excluye la palabra “negociación” con la misma firmeza con que evade “gestión” y “transparencia”.

El sistema genera la parálisis de la conciencia y manipula la voluntad de los funcionarios administrativos, convirtiéndolos en zombies al servicio de la cancelación de la inteligencia y la conciencia crítica. Son ellos situados frente a los sindicalistas, representando los intereses del gobierno neoliberal y no los de la nación ni los de los trabajadores académicos. Sin duda, la precarización de la educación representa un síntoma de la descomposición social de un país con un gobierno que sirve a intereses ajenos.

El sindicalismo universitario sonorense representa un bastión de lucha contra la liquidación del patrimonio intelectual, la respetabilidad y utilidad social de nuestras instituciones de educación superior. Esta etapa de negociaciones salariales y contractuales no ofrece facilidades, porque, a pesar de la ley, las autoridades estatales y las administraciones de los centros de estudios se muestran empeñadas en provocar los estallamientos huelguísticos, criminalizar la protesta y la suspensión de labores, desacreditar al sindicalismo y hacer prevalecer una política laboral y educativa absurda e ilegítima.

Los académicos, los estudiantes y el pueblo de Sonora en su conjunto, debemos estar preparados contra la manipulación informativa, el triunfalismo mediático, el engaño y la desinformación. No hay mejor inversión que la educación ni tarea con mayor importancia y trascendencia social que la docencia. Es urgente e inexcusable apoyar con firmeza al sector académico, y hacer posible que nuestras instituciones de educación e investigación superior cuenten con las mejores condiciones para su funcionamiento y desarrollo. Nuestro futuro como sociedad depende de ello.

Inseguridad social: ¿meta del gobierno?

No hay duda que la naturaleza humana es contradictoria, a veces indiscernible, aunque casi siempre predecible. Pasamos de la búsqueda de la verdad al absurdo del pragmatismo cómplice; de la defensa verbal de la justicia a acción abusiva y criminal; del respeto a la legalidad a la violación sistemática de la norma; de la libertad como objetivo a la dominación y sujeción como propósito. Hablamos de las bondades de la democracia y el respeto a la dignidad humana mientras se busca el ascenso político mediante la compra de voluntades y la corrupción. Mientras que se reclama transparencia y honestidad, se gobierna con opacidad, simulación y represión a los disidentes.

Nuestro país ha retrocedido dramáticamente, entre otros rubros, en materia de empleo, ingreso y seguridad social, debido a una agresiva política de privatización que ha rebasado los límites impuestos por la prudencia política en otros gobiernos, igualmente neoliberales y entregados al gobierno de los Estados Unidos, pero con algunos residuos de dignidad y respeto a las formas. La política económica dista mucho de tener un enfoque nacionalista que procure no sólo estabilidad sino desarrollo económico, quedando sujeta a una función meramente instrumental que retoma y aplica medidas ajenas al interés general. De ahí la creciente inconformidad y el evidente fracaso de las políticas asistencialistas: no se fomenta el empleo y el ingreso y sí la acumulación privada en cada vez menos manos.

La aplicación mecánica e irresponsable de las recetas del FMI, Banco Mundial y OMC, ha desprotegido la economía nacional y desmantelado la infraestructura productiva, en beneficio del capital extranjero. Los productores nacionales se encuentran en franca desventaja respecto a las trasnacionales, de suerte que, por ejemplo, en la producción de alimentos e insumos agrícolas queda en manos de Monsanto, Syngenta, Dow, DuPont, entre otras, con grave daño a la biodiversidad y la sobrevivencia de especies y variedades endémicas.  En tal virtud, la oferta de alimentos se reduce y decrece en calidad, lo que explica la aparición de enfermedades crónico-degenerativas antes desconocidas o poco significativas. Gracias a la complicidad del gobierno, la soberanía alimenticia y la economía agrícola está en manos de extranjeros, dejando al campo mexicano en calidad de zona de expulsión de fuerza de trabajo y de área de influencia del crimen organizado.

Si el trabajo y el ingreso disminuyen, es claro que la demanda de bienes y servicios se precariza, condenando a los asalariados y desempleados a cuadros de subconsumo creciente. Con ello, la vulnerabilidad de la población a enfermedades asociadas a la pobreza, aumenta. Un organismo inmunodeprimido es blanco de enfermedades y, en consecuencia, aumenta la probabilidad de contraer padecimientos que difícilmente pudieran atacar a una persona alimentada adecuadamente y en condiciones de buena calidad de vida. La disminución del ingreso en términos reales más una deficiente alimentación permite suponer un incremento en la demanda de servicios de salud y asistencia social.

A la precarización de la economía nacional sigue la privatización de áreas y funciones antes responsabilidad del Estado, con lo que se han impulsado reformas que afectaron tanto al IMSS como al ISSSTE, subrogando áreas y servicios en detrimento de la calidad de la atención, pero sobre todo, de la función social del gobierno: la salud se privatiza parcialmente gracias a la subrogación, con lo que se perfila tanto la salud como la seguridad social como áreas de oportunidad para los negocios privados.

El gobierno prefiere pagar rentas y la provisión de servicios a agentes privados, antes que administrar sus propios recursos e invertir en infraestructura, equipo, medicamentos y personal especializado, que puedan elevar la calidad del servicio mediante la capacitación y actualización constantes. En la actualidad las instituciones de salud pública agonizan; se carece de equipo, medicamentos y materiales de curación; las condiciones de atención hospitalaria no favorecen la pronta recuperación del paciente y los familiares se ven obligados a realizar labores de enfermería al ocuparse de las necesidades básicas del enfermo, ya que el personal no se ocupa de ellas. Asimismo, se extienden recetas con la esperanza de que las familias cuenten con los recursos para surtirlas, ya que las farmacias muchas veces se niegan a proveer medicamentos ante la incertidumbre de que la institución cuente con la capacidad para cubrir el importe en un plazo razonable.

Los recortes de personal y la cancelación o desincorporación de servicios y responsabilidades, se han convertido en práctica obligada por el modelo económico neoliberal, lo cual se agudiza cuando la administración pública se ejerce con torpeza y arbitrariedad. El reciente caso del despido de personal médico y de enfermería adscrito al Hospital Chávez del Isssteson constituye un ejemplo claro de esto.

Para nadie en su sano juicio puede ser creíble que el despido de 300 trabajadores puede llegar a resolver el problema de nómina del instituto. Si las autoridades han dicho que se trata de “desvincular” (despedir) a personal de confianza, ¿quién puede creer que los eventuales están en esta categoría? Si un trabajador eventual es alguien que figura en una lista para ser llamado cuando se le necesite y qué solamente funge como empleado en el momento en que la institución lo llama para cubrir un turno, ¿cómo se puede justificar que sean desalojados justamente cuando están ejerciendo las funciones temporales para las que fueron convocados? Entonces, ¿para qué los llamaron?

Tras la arbitrariedad de su violenta expulsión del centro de trabajo, la actuación de las autoridades apoyadas por elementos de la policía constituye una verdadera ofensa a la dignidad de los profesionales de la salud y, en general, a la clase trabajadora sonorense. Duele ver el desparpajo de las declaraciones: “fue una medida dolorosa pero necesaria”; “si no hacemos esto, se corre el riesgo de que el Isssteson quiebre…”

Los mensajes son contradictorios, ya que por una parte se habla de poner orden en las finanzas estatales, pero las primeras víctimas son humildes trabajadores eventuales que viven de la buena o mala fortuna de una llamada para cubrir una jornada, de acuerdo al criterio de la parte patronal. ¿A qué hora se pondrán a trabajar en serio? ¿Cuándo se dejará de gobernar a periodicazos?

Inseguridad

 “Seguro se está cuando no se tiene temor ni a los inconvenientes del momento ni al          desenlace de la empresa” (Cicerón).

La inseguridad señorea nuestras relaciones sociales, personales e institucionales. Nada puede darse por sentado y la duda corroe las entrañas de una ciudadanía instalada en el hedonismo y la apatía. La cómoda posición política de no hacer ni participar siquiera en apoyo de los que sí hacen revela la causa profunda del porqué existe tamaña impunidad en los asuntos públicos y los privados. Somos los causantes del desorden que reina; callamos convenencieramente los despropósitos del gobierno arropados con las sábanas de la indolencia, mientras nuestro entorno social se resquebraja y derrumba.

La ciudad de Hermosillo, otrora orgullosa capital del antes pujante e industrioso estado de Sonora, navega con bandera de priista en un mar de componendas, tráfico de influencias y política panfletaria diseñada para el manoteo y la manipulación. Hasta la fecha, no hay evidencias de un gobierno que trabaje por el bienestar ciudadano en vez de aplicar mecánicamente las torpes y a veces absurdas disposiciones del centro. ¿Tenemos gobierno del estado o una simple gerencia del poder central?

La pasada administración panista dejó en claro que el saqueo del erario era su mejor opción antes que cumplir con la ley. En la actual, las declaraciones han llenado los espacios periodísticos sin que la realidad se haya visto modificada en beneficio de la legalidad y la justicia.  El daño ocasionado por un gobierno de rateros sigue afectando nuestras finanzas públicas y el descrédito político de la clase gobernante no distingue grandes diferencias entre PRI y PAN. El balance histórico es implacable en su crudeza: unas y otras siglas no han hecho la diferencia, porque la cultura de la componenda, el influyentismo y las relaciones clientelares han reducido y pervertido la democracia sonorense.

Tan han afectado a las prácticas democráticas y el proceso de aprendizaje y maduración de una ciudadanía alerta, informada y participativa, que los movimientos sociales navegan en aguas llenas de escollos que propician la atomización, el individualismo y la eventual traición a los principios que en un momento dijeron defender. Algunos caen en garras de la seducción corruptiva del sistema, otros resisten valientemente en una lucha desigual y no del todo comprendida y apoyada por los propios sectores eventualmente beneficiados. El primer enemigo a vencer no es el sistema sino la propia vulnerabilidad.

Mientras la ciudadanía se debate entre la desesperanza y el miedo, el gobierno ofrece soluciones mecánicas, pueriles y francamente ofensivas para cualquier inteligencia dentro de la normalidad. Ahora lanza la gobernadora la iniciativa de dar por ley el 50 por ciento de las alcaldías a mujeres, bajo el supuesto de que se reforzaría la democracia y el cambio añorado por Sonora.

Tristemente, la experiencia nacional e internacional sobre la participación de las mujeres en el gobierno es ajena a la idea de proporcionar soluciones mágicas a los países, regiones o localidades. Es inevitable pensar en el plano internacional en Margaret Thatcher, como en el entorno nacional en Rosario Robles, o en lo local Dolores del Río o la propia Claudia Pavlovich.

Las mujeres mexicanas han ocupado la presidencia nacional de partidos, gobernado estados y municipios, ocupado posiciones en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; su participación en el Senado o en la Cámara de Diputados, así como en los cuerpos legislativos locales y cabildos permite afirmar que no hay discriminación política que impida a una mujer llegar a los puestos de elección popular. Siendo así, ¿qué sentido tiene la iniciativa de la gobernadora Pavlovich? ¿En qué favorece a la mujer y a la democracia?

Inclinar la balanza legal hacia un sexo u otro es, en principio una forma de discriminación y nada tiene que ver con la vida democrática. Las cuotas de “género” son una imposición que no se sustenta en un verdadero crecimiento político, sino en el atraso y la inmadurez.

En lo particular, pienso que el sexo es irrelevante cuando se trata de elegir a los candidatos más aptos, ya que el desempeño de un cargo público difícilmente tiene que ver con la sexualidad ni con las cuotas de “género”. Así como hay hombres corruptos, torpes y nefastos, también tenemos mujeres envilecidas por el sistema y que sólo trabajarán para sus intereses personales y de facción política. Ser hombre o mujer no garantiza necesariamente los resultados de una gestión pública honesta y eficiente, porque este asunto tiene más que ver con la personalidad, preparación, características y decisión individuales. La vocación y la capacidad políticas no son un asunto hormonal. Maduremos. ¿Por qué no elegir libremente a los representantes y funcionarios, sin cuotas, trabas y condicionamientos clientelares? 

Mientras se nos distrae con soluciones y propuestas “patito”, torpemente efectistas, la ciudad capital se revela como un lugar inseguro, peligroso y conflictivo. La zona centro de la capital, ocupa el segundo lugar, después de Miguel Alemán, en robos, asaltos y lesiones. En lo que va del año, se han registrado 140 robos en casas, 110 asaltos a comercios, 25 robos a escuelas y 35 a transeúntes (El Imparcial, 22.02.16).

¿Es imaginable para usted que puede ser asaltado, lesionado y quizá asesinado en el mero centro de la ciudad capital? ¿La policía actuará con más eficacia cuando se implante el número “911”, que nos hará sentirnos como arizonenses nopaleros? ¿El mando único también impulsado desde el centro logrará, además de lesionar la autonomía municipal y el federalismo, abatir los índices de la delincuencia que surge de una sociedad sin oportunidades de empleo decente y seguro?

Es claro que con parchecitos ridículos no se puede tener un gobierno de logros, independientemente del sexo de quien gobierne. El problema está en otro lado, como también lo está su solución. Pero podemos seguir haciéndonos tontos…

La fascinación por el Papa

           “Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Lucas 20:25).

Por más que uno se esfuerce en dejar de lado el tema de la visita del Obispo de Roma, para abordar otros de más evidente y urgente terrenalidad, se tiene que reconocer la inutilidad del intento. ¿Cómo dejar de pensar en una situación tan traída y llevada mediáticamente? ¿Cómo ocultar la cabeza a semejanza de algún avestruz opinante cuando las redes sociales desparraman a borbotones la chucatosa y pringante opinión de tirios y troyanos a favor, casi a favor, en contra con aclaraciones de pie de página y variadas y sesudas reflexiones acerca de nuestra curiosa laicidad? Es necesario armarse de paciencia de camello filósofo para sobrevivir a las falsas, aunque cómicas disyuntivas que se plantean, por ejemplo: ¿Vino como peregrino o como jefe de Estado? ¿El presidente Peña asistió a misa como católico o como mandatario? ¿Cesarán los abusos del gobierno y el clero comodón que representan al sistema al que Francisco ha criticado tanto en Roma como en México? ¿Ya se empiezan a arrugar las lozanías de la parvada de anticristos nopaleros de saco y corbata que junto con los de sotana y alzacuello claman, como en los viejos tiempos, por “religión y fueros”, tanto como por “orden y progreso”?

Las interrogantes son muchas y las respuestas fluyen a cuentagotas por los canales azolvados del sentido común, porque parece ser que en el país la abundancia de necesidades insatisfechas y frustraciones acumuladas han dejado poco margen para los juicios a salvo de adjetivaciones. El Papa Francisco es un inevitable polo de atracción para protagonismos temporaleros, sea por razones humanamente válidas o por obra de una autoestima estropeada por los esteroides de la vanidad. En realidad, la idea de tener enfrente a la persona real o virtual del pontífice arma de valor escénico a muchos, que sin este estímulo serían como cacahuates en la jaula del chango: carentes de personalidad y con una utilidad transitoria e intrascendente.

En este sentido, vale la pena insistir en que el Papa, al igual que el Presidente, son personajes que representan un poder o autoridad que dura mientras cumplen con su encargo, y no dejan de ser lo que son ni siquiera al ir al baño. El mandatario mexicano lo es a la hora de dirigirse a la nación tanto como cuando se limpia los mocos, y el jefe de la Iglesia Católica lo es tanto en San Juan de Letrán como en su estancia privada viendo el fútbol. Resulta un simple garabato retorico decir que uno asiste a misa como católico y no como presidente, tanto como el otro declararse simple peregrino en su visita a México.

Desde luego que sería un error garrafal suponer que uno y otro se miden con el mismo rasero, ya que Peña representa al Poder Ejecutivo por seis años, es un actor político con obsolescencia programada legalmente a dicho período, aunque algunos opinantes suspicaces afirman que su impulso está agotado desde antes de la toma de posesión; se le confiere, en tal supuesto una utilidad instrumental al servicio de otra soberanía, de acuerdo con su prisa por desmantelar al Estado mexicano mediante la firma de pactos, acuerdos y decretos de fuerte olor trasnacional. El Papa, en cambio, tiene una calidad y representación anclada en una de las tradiciones más antiguas de la cultura occidental, cuyo poder es moral y su ámbito espiritual. Uno tiene trascendencia local mientras que el otro mundial.

Pero, con el ánimo de matizar un poco, se puede decir que las acciones y los dichos de Peña tienen capacidad ejecutiva mientras que los del pontífice romano la tienen normativa en los términos de una valoración ética y teleológica de la conducta.

En este sentido, ¿por qué esperar del Papa algo más allá de una conducta empática y moral expresada mediante opiniones y reflexiones de carácter más bien general? ¿Por qué exigir pronunciamientos con detalladas y explícitas condenas hacia personajes y actos que, por su naturaleza, corresponden al pueblo y sus instituciones señalar, juzgar y castigar? Si el Papa se pronuncia contra la corrupción, la exclusión, el abuso y la muerte, así como contra el saqueo y el abandono de los pueblos originales, ¿no deberíamos los ciudadanos convertir en obras los buenos deseos y caminar unidos hacia otra sociedad más justa e incluyente?

Después de todo (¿podrán algunos entenderlo?), el jesuita Bergoglio no es agente del ministerio público, juez o ministro de la Suprema Corte, pero sí uno de los líderes morales de la humanidad. Cada chango en su mecate. Desde luego que los límites entre estado y religión se confunden al igual que lo hacen los del estado y mercado, gracias a la labor difuminante de la ideología neoliberal instrumentada en México por el patético enano Salinas, que abre cauces para convertir en negocio hasta las funciones fisiológicas. Sus reformas achaparran la vocación liberal y laica nacional y hacen constitucional la visibilidad de las iglesias en forma de asociaciones con las capacidades que otorga el código civil y otros complementarios. De autoridad moral pasan a ser causantes en un régimen que privilegia la opacidad y la simulación. Ahora, las familias neoporfirianas pueden declararse simples ciudadanos cuando las apariencias del cargo público les exigen guardar respeto a las investiduras republicanas…

Pero, se entienda o no, el mensaje papal fustiga a los oligarcas de corbata o alzacuello, reivindica la opción por los pobres del Tatik Samuel Ruiz y abraza amorosamente la defensa de los migrantes, como respaldo claro a la labor misionera de Alejandro Solalinde. La puesta en marcha, la operatividad de las intenciones y señalamientos dependen del pueblo, católico o no, que sienta como propio el mensaje evangélico del amor al prójimo como a uno mismo. La moneda está en el aire, como las palabras de Francisco.