Noviembre ha cumplido su fecha de defunción con la puntualidad con la que mueren los mexicanos que postulan para ingresar a las dilatadas filas de los daños colaterales calderonícolas. Mañana será diciembre, mes de los aguinaldos y las ofertas con precios a rajatabla, las promociones y los paquetes exclusivos que se ofrecen masivamente a gritos y a bocinazos, mes de la estridencia convertida en reclamo publicitario, oferente de paraísos al alcance de su presupuesto y con facilidades de pago.
La iniciativa privada, la muy privada y la escrupulosamente privada, relajan sus fajas térmicas y se disponen a ventilar las maravillas de la economía de mercado, del microcrédito, de la vida loca de los pagos pequeños, de las solicitudes de crédito con cargo a los remordimientos de conciencia, de la indigencia programada por semana, quincena o mes, de las ventajas del mercado cautivo, frente a las saludables precauciones que debe tomar la demanda ante los requerimientos de la oferta.
Por otra parte, el ciudadano-cliente, transita por el empedrado de buenas intenciones y promesas de pre-campaña que cuelgan de las ramas de las ilusiones perdidas en el árbol político nacional, como esferas de colores que anuncian el próximo estallido social, la caída estrepitosa de prestigios y el rebote de personalidades que huelen a diseño de imagen vendido a granel en los mercados públicos.
A pesar de los esfuerzos mercadológicos del gobierno, el anuncio de nuevas marcas de policía no logra seducir a los consumidores, acostumbrados al gato por liebre de los anuncios de remedios milagrosos contra la impotencia oficial y los dolores de cabeza ciudadanos. La nueva palabra en la jerga comercial es “acreditable”, lo que es susceptible de acreditar.
En un estado civilizado regido por leyes, el crédito de una institución emana de sus funciones y de la capacidad de que es dotado para cumplirlas en beneficio de la sociedad, así es que el gobierno actúa de acuerdo al interés ciudadano con el apoyo y la confianza de éste. Podemos decir que está acreditado por la confianza pública en el marco del derecho. Desde luego que esa confianza se puede perder en la medida en que se incumpla la obligación de servir al interés ciudadano. Quienes tienen la función de salvaguardar el orden y el imperio de la ley se llaman policías y su cuerpo es “la policía”.
Una policía puede ser buena, mala o pésima, pero sigue siendo policía. Si no sirve se le reforma, capacita, supervisa, reglamenta y evalúa. No necesita de la marca “acreditable” porque toda la función pública, por el hecho de serlo, está sujeta a escrutinio y mejora. Quien no cumple, es o debe ser, sancionado o, en caso extremo, dado de baja.
Con la novedad de la policía estatal “acreditable”, se pudiera suponer que el al gobierno le pareció insuficiente contar con un cuerpo policiaco sujeto a reglamentación particular y dotado de una jerarquía con responsabilidades específicas. Una de ellas, común a todo servidor público, es cumplir con lo que legalmente le corresponde y dar cuenta de ello. En realidad no es necesario crear nuevos membretes, logotipos, escudos y uniformes, porque no es un producto comercial que tenga que luchar con la competencia y que depende de lo llamativo de su lanzamiento al mercado.
Es probable que, por su ignorancia profunda sobre los misterios del sector público, los panistas venidos a funcionarios no atinen a comprender lo innecesario que es inventar lemas publicitarios si se trata de funciones gubernamentales establecidas en las leyes.
Es cierto que el neoliberalismo atrofia el sentido común y empaña la vista de los gobernantes, pero basta con leer el marco normativo vigente para enterarse de las funciones de tal o cual corporación. Lo que interesa es el cumplimiento, no su eventual cambio de nombre o de integrantes.
Por otra parte, lo acreditable no es igual que acreditado, y el crédito no lo conceden las marcas, anuncios espectaculares ni el aparato promocional que paga espacios periodísticos, sino las acciones emprendidas y los propósitos cumplidos. Qué triste papel, el del gobierno, porque ni siquiera en el nombre del nuevo cuerpo hay un compromiso explícito de obligación con la sociedad y, simplemente, se relativiza al sugerir que queda al arbitrio de alguna otra instancia burocrática. En una democracia esto es fatal y las novedades debieran ser las de contar con funcionarios cumplidos y decorosamente remunerados, de cara a una sociedad que avanza por la ruta del empleo e ingreso decente y posibilidades de ahorro e inversión.
Ya se perciben los aires decembrinos, de aguinaldos y regalos, en contraste con la fetidez de las cloacas donde se refugian los excluidos, los cada vez más numerosos marginados y condenados a la indigencia, a los fantasmones de ropas raídas y mirada desesperada que nos asaltan en las calles, plazas y avenidas, pidiendo ayuda o amenazando nuestra seguridad. Los marginados que deambulan por las calles, acreditan que el gobierno falló, que dejó de responder a las expectativas de progreso y bienestar de la sociedad. La nueva policía ¿a quiénes va a proteger y a qué intereses va a servir?
