Extraña iniciativa

                             “Un estómago vacío no es un buen consejero político” (Albert Einstein).

Estamos en tiempos en los que la apariencia vale más que la realidad de las personas o las cosas. Nos parece aburrido y falto de glamur que los diputados sean simplemente representantes ficticios de esa masa anónima, difusa, incolora e insípida que se etiqueta como pueblo. Cuesta trabajo entender que los elegidos no necesariamente lo fueron realmente y que el hecho de aparecer en las boletas electorales pudo haber sido obra de la necesidad de cubrir el expediente que se repite cada tres o seis años.

Ahora, por ejemplo, aparecerán mujeres en el 50 por ciento de las candidaturas, lo hayan buscado, querido o se hayan preparado y empeñado en ello o no. La decisión se da por decreto de la gobernadora que, siendo mujer, parece no querer dejar dudas al respecto. Lo anterior no quita que exista un sector femenino en los partidos cuyas aspiraciones vayan en ese sentido, como tampoco lo hace con aquellas féminas que llegaron a la política por mera casualidad, por parentescos, por afinidad personal o por darle sentido a la petición recurrente de apoyos en dinero o en especie que se hacen a quienes administran las clientelas de los partidos políticos.

Los diputados en funciones no dejan de estar preocupados por dar muestras de vida en el foro legislativo, más ahora que por votación de ellos mismos, habrá reelecciones en Sonora, lo que les supone un esfuerzo extraordinario por sacar la cabeza del trasero e impulsar iniciativas, antes que la revisión escrupulosa de la legislación vigente y de las posibilidades reales de su aplicación. En nuestro estado, así como en el resto del país, es más fácil legislar de nuevo que aplicar la ley que ya existe. La memoria es débil y conviene relanzar perogrulladas jurídicas antes que perderse en la anodina rutina del cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. El descubrimiento del agua tibia no existe hasta que alguien lo lanza como iniciativa.

La misma dinámica del sistema económico que precariza y deteriora el empleo, el salario y la seguridad social pone en manos de la iniciativa privada actividades y funciones antes de competencia y responsabilidad exclusiva del gobierno, como son los servicios de salud, protección social y, desde luego, la educación y la protección a la infancia y la familia.

Una madre que trabaja deja en manos de terceros el cuidado de sus hijos y se incorpora a la masa asalariada o a la muchedumbre de trabajadores “por cuenta propia” y sujetos a las eventualidades de la demanda de ciertos servicios. Más de la mitad de los trabajadores carecen de algún sistema de seguridad social y la informalidad resulta ser la “solución” a las restricciones de la demanda de trabajos formales. A lo anterior hay que añadir que los nuevos empleos se ofrecen sin garantía alguna de recibir al final de la vida laboral las prestaciones que la ley, antes de la reforma laboral, otorgaba a los trabajadores. Ahora se contrata mediante el truco legalizado de las subcontrataciones, que dejan desprotegido al empleado, sin antigüedad reconocida ni respaldo en caso de alguna necesidad. 

En estas condiciones, se esperaría que algún legislador con escrúpulos pudiera revisar el marco legal existente y tratar de fortalecer el empleo y el ingreso, la salud y la seguridad social de los trabajadores, las condiciones económicas y sociales de la familia y la protección institucional de los menores de edad. Se supondría que una iniciativa legal que favoreciera las condiciones de vida y de relación de las familias pudiera impulsarse y así ganar espacios en la consideración de los votantes, quienes al verse favorecidos decidirían el voto a favor de una eventual reelección. Sin embargo, los señores poseedores de una curul descansan a dos nalgas sin que su cerebro de muestras de vida inteligente.

Es ilustrativo de lo anterior la iniciativa de la diputada priista Iris Sánchez, en el sentido de dar una aportación económica, algo así como un sueldo o cosa parecida, “a los abuelos que cuiden nietos y que no tengan remuneración de ningún tipo”, en apoyo a las madres que trabajen sin cobertura de servicios de guardería.

Para empezar, la iniciativa cuestiona y mercantiliza el apoyo familiar del cuidado de los nietos, que siendo voluntario difícilmente podrá integrarse al catálogo de las ocupaciones asalariadas; las relaciones familiares y la dinámica que se establece en los hogares son asuntos de índole privado, regidos por la consanguinidad o la afinidad, lo que supone deberes morales y acciones de tipo solidario y subsidiario, dependiendo del caso. Una familia no es una unidad productiva en el sentido económico, ni mucho menos una fábrica de futuros empleados o desempleados, sino un hecho sociológico portador de valores, principios y tradiciones que suponen una identidad y un sentido de pertenencia, histórica y socialmente determinado. Cobrar por el cuidado de un familiar es, por lo menos, absurdo. 

La iniciativa no toca el fondo del problema que se expresa en la necesidad de la madre de abandonar a sus hijos para trabajar, en un ejercicio dramático de indefensión y sobrevivencia; no repara en el hecho de que cada empresa debiera obligarse a garantizar la protección y el cuidado de los hijos de sus trabajadores durante la jornada laboral; no toma en cuenta que las guarderías ofrecen servicios especializados que cuidan la integridad física y mental de los menores a su cargo, por lo que debiera ser una exigencia social y legal hacia el empleador. Parece ignorar que la seguridad social sigue siendo una obligación del Estado.  

La iniciativa no repara en el hecho de que la precarización del empleo y el deterioro del salario encarece las subsistencias y aumenta los costos de la vida familiar, lo que obliga a los miembros de la familia a trabajar para sostener el cada vez más alto costo de la vida. Asimismo, el manejo privado de las necesidades sociales lo único que hace es recalcar la pérdida de los espacios públicos y las responsabilidades colectivas. Afecta, en última instancia, la vida familiar y los valores que trasmite.

¿Por qué no convertir en tarea legislativa la defensa de la familia, la protección de cada ciudadano sonorense, independientemente de su sexo, desde el nacimiento hasta la muerte? ¿Por qué no fomentar el empleo y el ingreso digno? ¿Por qué no garantizar que la mujer, por ejemplo, pueda dedicarse a la familia o a trabajar, si ese es su deseo, sin la presión económica de que a su marido no le alcanza el salario? ¿Cómo es posible que una diputada pretenda convertir en empleo lo que es una decisión familiar? ¿Cómo ponerle precio a la solidaridad entre familiares? La realidad es que el sistema económico no sólo precariza el empleo y el ingreso, sino la idea de familia que tenemos.  

Es lamentable que la legisladora Sánchez caiga en el rollo facilón de ponerle parches al sistema depredador e inhumano que soportamos, en vez de proponer alternativas válidas de solución. El Estado debe responder a los requerimientos de la población, mediante acciones prontas y efectivas de parte del gobierno. ¿O no hay gobierno?