En estos tiempos que corren, el
pensamiento y la acción neoliberales nos persuaden de que la luna puede ser de
queso y que la economía funciona muy bien, a pesar de que la objetividad sugiere
lo contrario. Así las cosas, el ingreso y la calidad de vida pueden disminuir
en términos reales, pero la noticia de que las ganancias suben, ayuda a que los
organismos encargados del arreglo estadístico nacional nos alegren la vida con
promedios que presentan alguna imagen alentadoramente borrosa en materia de
empleo e ingreso. ¿Qué sería de nuestra existencia si la realidad se nos
presentara sin los siempre imaginativos colores y sabores oficiales? Algo
similar ocurre con las siempre opresivas cifras de las muertes por causas
ajenas a lo natural.
Actualmente, tenemos una gran expansión
de los asuntos funerarios, que abarcan minas, como Pasta de Conchos, así como
la agreste campiña guerrerense donde un día sí y otro también se encuentran
nuevas fosas con restos humanos, lo que da cuenta de una prolífica compulsión
criminal que mata y entierra para ocultar temporalmente sus víctimas. A
cualquiera le da la impresión de que en México la versión del Plan Colombia
llamada Iniciativa Mérida (aprobada por el Congreso de EE.UU. el 30 de junio de
2008), contribuye eficientemente para acrecentar la inseguridad que carcome al
país, particularmente en las zonas campesinas con gran biodiversidad en las que
la economía rural y la organización comunitaria pueden ser un obstáculo
cultural para el avance trasnacional a que se subordina el gobierno.
Tras los terribles sucesos ocurridos en
Nueva York el 11 de septiembre 2001, que algunos expertos han calificado como un
autoatentado, se desató una histeria que respondía al fantasma del terrorismo
en el suelo patrio. Los medios de comunicación instalaron en la mente del
gringo común la idea de ser la próxima víctima de un bombazo, de una fea y
letal bacteria en el agua, el aire y hasta en el papel higiénico. A consecuencia
de ello, el mediocre gobierno de Bush se reposicionó gracias al terror inducido
y nuevas leyes hicieron de camisa de fuerza para las garantías constitucionales
que protegen las libertades e intimidad del ciudadano gringo, quedando todo
mundo en calidad de posible sospechoso de sedición. El Gran Hermano se
convierte en realidad gracias al militarismo de la ultraderecha republicana
encaramada en el poder, y la sórdida tarea de dominación mundial tiene sus
mejores páginas. Atacan e invaden Afganistán, Irak y Libia, mientras que otras
naciones de la región caracterizada por su riqueza petrolera, ven pisoteada su
soberanía y disminuidas sus expectativas de paz
y progreso.
La maquinaria de guerra occidental
liderada por EE.UU., hace funcionar la economía gracias a la destrucción y
muerte de los ciudadanos de las naciones intervenidas, a la par que se crean
empresas de asesores y de compañías constructoras que pronto las controlan
política y económicamente, cercando la producción petrolera y expandiendo redes
de dominación geopolítica.
En México, no hay un teatro de guerra
convencional pero, en aras de un torpe colaboracionismo, bajo la cobertura de
la Alianza para la seguridad y prosperidad de América del Norte (ASPAM) creada
el 23 de marzo de 2005, Felipe Calderón emite una declaratoria de guerra
“contra el crimen organizado”, dejando una estela inacabada de sangre tanto en
el medio urbano como en el rural. El número de muertes asociadas a la guerra de
Calderón es de aproximadamente 116 mil 100 personas. En los primeros 20 meses
de su gobierno se registraron 18 mil 451 asesinatos intencionales, mientras que
con Enrique Peña Nieto la cifra alcanzó
los 29 mil 417 homicidios dolosos en el mismo período.
La intervención del Ejército y la Armada
nacionales en funciones propias de las autoridades policiales, han añadido un
elemento preocupante en la ecuación del terror, ya que se han convertido en activos
protagonistas del drama que vive la población civil en las zonas de conflicto,
figurando como agresores y no como salvaguarda de la seguridad de los
pobladores. Lo triste del asunto es que, cada vez con mayor frecuencia, la
población civil es víctima de agresiones y ejecuciones extrajudiciales, tanto
por elementos de las fuerzas de seguridad como por miembros de las fuerzas
armadas.
Sin el ánimo de ser exhaustivo, señalaré
algunos acontecimientos relevantes que ilustran el terrorismo que ha inducido
el Estado, sea por omisión o por comisión.
En 1993 iniciaron los asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas eran jóvenes de clase
trabajadora de entre 12 y 25 años de edad. Con la firma del Tratado de Libre
Comercio, el auge de la industria maquiladora ocasionó una expansión de la
ocupación de fuerza de trabajo femenina y, al mismo tiempo, una escasa
valoración de la misma bajo la idea de ser fácilmente sustituible y, por tanto,
prescindible. Desde mediados de la década del 2000, la atención se ha desviado
hacia el narcotráfico.
El 28 de junio de 1995, en Aguas
Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, un grupo de campesinos
demandaba la libertad de Gilberto Romero Vásquez que se encontraba desaparecido,
además de agua potable, escuelas, caminos y hospitales. La manifestación fue reprimida duramente por la policía con el
resultado de 17 campesinos muertos y 21 heridos.
El 22 de diciembre de 1997, en Acteal,
Chiapas, un grupo de paramilitares equipados con armas de uso exclusivo del
ejército disparó contra indígenas tzotziles de la comunidad de “Las Abejas”,
resultando 45 muertos, entre los que se encontraban niños y mujeres
embarazadas. Existen testimonios que declaran que los militares armaron y
animaron a los agresores a atacar a los indígenas, con el fin de acabar con la
base social de los zapatistas.
El 15 de septiembre de 2008, estallan
dos granadas durante la celebración de la ceremonia del grito, en Morelia,
Michoacán. En los hechos, mueren tres personas y en la madrugada del 16,
fallecen cuatro heridos graves; se reportan oficialmente 132 heridos, entre los
cuales varias personas perdieron las extremidades. Tres ciudadanos declarados
sospechosos de los atentados son secuestrados, torturados y obligados a
confesar su participación en el atentado. Según el periodista Miguel Ángel
Granados Chapa, la “Familia Michoacana” fue la que entregó a los tres
inculpados a la PGR.
El 31 de enero de 2010, en una
residencia del fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez,
Chihuahua, se celebraba una fiesta en la que se encontraban reunidos alrededor
de 60 estudiantes de secundaria y bachillerato. A ella llegó un grupo de al
menos 20 paramilitares fuertemente armados y masacró a 16 estudiantes y dejó
heridos a 12. El gobierno se apresuró a anunciar que se había debido a un
“ajuste de cuentas” entre grupos dedicados al narcomenudeo. El 11 de febrero, Felipe
Calderón se presentó para encabezar el acto oficial llamado “Todos somos
Juárez” con el propósito de reevaluar la estrategia contra el crimen
organizado, que no convenció a los familiares de las víctimas quienes
protestaron y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.
El 16 de julio de 2010, explota un
coche-bomba en Ciudad Juárez, encontrándose en el lugar restos del explosivo C4
(fabricado en EE.UU.) y de un celular. El atentado dejó cuatro personas muertas y un número indeterminado
de heridos.
En Tlatlaya, estado de México, el 30 de
junio de 2014, un grupo armado de 22 civiles fue ubicado en una bodega que
pronto estuvo bajo el control del ejército. Los ocupantes se rindieron y, aun así,
los soldados ejecutaron a 15 civiles desarmados, eliminando a los heridos con
tiros de gracia en una clara ejecución extrajudicial.
En Ayotzinapa, municipio de Iguala,
Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurre la represión policial,
captura y desaparición de 43 normalistas rurales, hecho que derrama el vaso de la pasividad del pueblo
mexicano y horroriza al mundo. Las protestas y reclamos de justicia recorren México
y el extranjero en una ola imparable de indignación, mientras que el gobierno
cae en contradicciones respecto los avances de la investigación, lo que
refuerza la sospecha de que fue un crimen de Estado, con el añadido de que se
criminaliza la protesta y se legisla para amordazar las voces ciudadanas.
¿Estaremos en presencia de una
estrategia de dominación trasnacional cobijada por los gobiernos neoliberales?
¿El gobierno de México obra en beneficio de los planes de control de los
recursos naturales donde el petróleo, el gas, el agua y la biodiversidad ocupan
un lugar central? ¿Tenemos un gobierno que agrede y expulsa a los pobladores
rurales para allanar el terreno de los inversionistas extranjeros? ¿Tenemos un
gobierno que acata consignas del exterior y despliega acciones que infunden
terror y confusión en la población? ¿Es un gobierno que mata? En este contexto,
¿será posible hablar de una feliz Navidad? ¿De seguir igual, podrá ser un
próspero año nuevo?
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