El VH y Santa Fe

Esta mañana pasé por lo que fuera el edificio del VH, por la calle Reforma, cercano a la Universidad de Sonora. La aun majestuosa edificación que esperaba ver semi-vacía, tenía algo distinto a los días previos en que había pasado por ahí. La entrada del otrora VH estaba abierta y dentro se veía el trajinar de vendedores y clientes en lo que era un supermercado en operación. Lo que en otras condiciones hubiera sido una buena noticia, me proporcionó el malestar nuestro de cada día en tiempos de la mezquindad hecha gobierno.

Frente a la puerta de acceso al supermercado ahora Santa Fe, una decena de trabajadores mostraban cartulinas con leyendas que decían: “Liquidación al 100 %”, “No al 50 % de liquidación” y otras similares, denotando que a ellos, los ex-empleados del VH les habían jugado una mala pasada, porque la empresa apostó al juego de hacer tiempo y darle largas al asunto de la liquidación justa en espera de que los trabajadores se colmaran de deudas y, agotado el crédito, aceptaran una liquidación leonina, inmoral, del 50 por ciento de lo que legalmente les corresponde.

Los ex-empleados, en una actitud respetuosa pero firme, se apostaron frente al acceso principal y desplegaron sendas cartulinas que expresaban en forma sintética el drama que viven, no sólo ellos sino muchos trabajadores mexicanos que se encuentran en calidad de deshechos comerciales o industriales en una guerra en la que el despido es simplemente un daño colateral.

En una economía de mercado sin esperanzas, con un futuro incierto agarrado a veinte uñas del dogma neoliberal, la irracionalidad se convierte en recurso forzoso y determina acciones en otro contexto impensables, repugnantes y altamente destructivas, pero que, sin embargo, parecen privar en las relaciones entre capital y trabajo formalizadas en las leyes.

Los patrones manejan a su antojo el tiempo y las dilaciones y atrasos en el cumplimiento de las liquidaciones hacen vulnerables a los trabajadores, que esperan inútilmente el finiquito mientras ven que éste se reduce velozmente. El 100 por ciento legalmente establecido pasa a ser la mitad, en una transgresión que en los hechos aparece casi como acto de generosidad de parte del empresario fracasado.

La gravedad del asunto se magnifica cuando el gobierno solamente se complace en cortar listones inaugurales sin responsabilidad de lo que significa la liquidación de una fuente de empleo y su sustitución casi inmediata por otra. La cara sonriente del mandatario en turno se parece a la del anterior al posar en la foto que oficializa el acto de sustitución empresarial sin responsabilidades hacia los empleados víctimas del despojo laboral y patrimonial.

Da pena ajena el ver y oír la cháchara demagógica del “nuevo Sonora”. Declaración hueca y sin sentido que atiende más la vocación derechista del diseñador del concepto político en el que se inserta una gestión basada en declaraciones, sonrisas ante las cámaras y remodelación de oficinas y cambios de logotipos. El color gris puede ser una promesa de mediocridad, cuando no de autoritarismo solapado en una torcida interpretación de las leyes.

Si bien es cierto que un gobierno que inicia puede tener el beneficio de la duda, son los hechos, las omisiones, los encubrimientos, las complicidades lo que definen el verdadero color y la naturaleza de los cambios. En el Sonora de hoy hay muchos problemas pendientes de solución, como hay soluciones que al parecer no se darán.

Si el gobierno tiene, por poner un ejemplo, la obligación de proveer lo necesario para la atención a la salud, ¿por qué se necesita la imposición de un esquema privado de atención y rehabilitación de infantes en la figura del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT)? ¿Por qué no apoyar el centro de rehabilitación que tiene el DIF y el resto de la infraestructura de salud con que cuenta el Estado? ¿Por qué el gobierno en sus primeras acciones se entrega a Televisa y entra en el juego de manipulaciones que esta empresa hace a cuenta de la compasión por los niños?

En un asunto tan delicado como es la atención a menores con problemas motrices, o del tipo que estos sean, se prefiere poner en charola de plata la posibilidad de evadir impuestos mediante la fraudulenta operación Teletón, que transfiere la obligación tributaria a los despistados ciudadanos que llenan con sus colaboraciones voluntarias las alcancías, urnas o botes de las colectas, con lo que Televisa recibe el descuento de impuestos por su “generosa” gestión. El gobierno actúa como cómplice de una operación a gran escala de evasión de impuestos perpetrada por una empresa privada. El Estado evade con ello una obligación constitucional.

Si los trabajadores del VH, de Cananea, etcétera, valen un cacahuate partido por la mitad, y los niños hermosillenses de la guardería ABC valen igual, ¿podemos hablar de un nuevo Sonora?

Casi medio centenar de niños esperan justicia porque fueron inmolados en aras del mercado espurio de la seguridad social, en forma de concesiones a guarderías infantiles a cargo de familias ligadas a los hombres y a las familias del PRI y el PAN en el poder. El gobierno federal es evidentemente culpable, pero el de Sonora no puede suponerse libre de culpas. Tiene la obligación de dar seguimiento y luchar porque se haga justicia; proveer lo necesario para que el crimen no quede impune.

En materia laboral, son los trabajadores, y sus familias, los que sufren el impacto de la ineficiencia empresarial, la venalidad de los órganos de procuración de justicia, el silencio de la prensa, la obscena connivencia entre el empresariado sin conciencia ni compromiso social y el gobierno que usa y abusa de la demagogia, que acusa ineptitud precoz, que simula antes de actuar en beneficio de los ciudadanos y que entra al ruedo del ejercicio público ya atado de manos por los intereses de los grandes consorcios mediáticos. Quiero y puedo equivocarme en esta percepción inicial, pero la realidad es más terca que las buenas intenciones. Al tiempo.