El semáforo de todos tan temido

 

“Que cada uno barra delante de su propia puerta, y todo el mundo estará limpio” (Johann Wolfgang von Goethe).

 

Somos una sociedad de paradojas, colgada del hilo de nuestras necesidades y apremios que ponemos por arriba y delante de cualquier consideración ajena al interés personal: la epidemia les pega a otros. Puede ser un vecino, un pariente lejano, alguien de una ciudad distinta a la nuestra, algún país extranjero metido en las tripas de este mundo caótico pero deseable. 

Con esta convicción, muchos… bastantes de nuestros congéneres navegan por la vida negando la realidad, negociando su bienestar o la satisfacción de sus apetitos, compulsiones o deseos debidamente maquillados y vestidos de necesidad apremiante, que puede ser una fiesta, la pisteada del viernes, el cumpleaños, las posadas, entre otros. Aquí vale aquello de que la justificación somos todos.

Sabemos que la economía debe funcionar, que no estamos preparados para resistir tiempos prolongados de austeridad y frugalidad, que muchos dependen del trabajo en la calle y sin seguridad social para conservar el alma pegada al espinazo; vemos al vendedor ambulante, a la señora que busca trabajo en alguna casa, del que se ofrece para limpiar el patio, la banqueta del enfrente, el que atiene el carro de los hot-dogs y el “bolero”, como parias necesarios en estos tiempos de “quédate en casa”.

Nos enteramos de que muchos negocios pequeños o micronegocios están en plena agonía, mientras los grandes y medianos recortan personal y reprograman turnos y procedimientos, a la par que hacen presión ante las autoridades competentes para torcerle el brazo al semáforo de riesgo epidemiológico y darles “chance” de trabajar.

En este tiempo de desastre económico por fortuna también se promueven novedosas modalidades de venta acordes con las circunstancias, y así nos encontramos con el llame y recoja, la atención previa cita, los servicios a domicilio, y las medidas de contención al interior de los locales en forma de control del aforo, horarios, tapetes, gel-alcohol, uso de cubrebocas y toma de temperatura que dicta la autoridad como respuesta al nivel de contagios registrado. 

Sin embargo, la conciliación del interés por salvaguardar la salud de la población y la buena o razonable marcha de la economía se ve envuelta en mil y una interpretaciones conflictivas que, generalmente, privilegian más la apariencia que la respuesta a la necesidad real y cruda que nos impone la epidemia.

En este sentido tenemos supuestos como el que hace que los negocios cierren más temprano, mientras en el día se observan largas filas en espera de ingresar al banco, a la tienda de ropa, al super… como si el virus sólo tuviera horario nocturno para contagiar.

Desde luego que también se presentan situaciones ridículas, como las de señalar como necesario el cubrebocas en los espacios abiertos y suficientemente ventilados, o creer que con esta prenda en la cara podemos estar hechos bola en donde se nos ocurra.

Como dato consolador tenemos que las lecciones producto de la emergencia sanitaria dan algunos frutos, entre los que vale la pena considerar la negativa a penalizar legalmente a las personas que incumplan ciertas recomendaciones, como lo es el uso del cubrebocas, a cambio de dar mayor peso a la difusión de las medidas que se consideran útiles en la prevención de los contagios.

Asimismo se reconoce el acatamiento del semáforo de riesgo epidemiológico, según el acuerdo entre el gobierno federal y los estatales, basado en la misma Ley general de Salud, y se aprueba una iniciativa que busca diferenciar los impactos de la epidemia en los municipios de Sonora, considerando las características que tienen en cuanto densidad de población, dinámica social y actividad económica, así como la tasa de contagios, de letalidad, disponibilidad hospitalaria, entre otros que configuran el nivel de riesgo.

Así pues, la iniciativa “Por un Sonora en Semáforo Verde” anuncia el “Mapa Sonora Anticipa”, que habrá de alertar a la población de los diversos municipios acerca de las medidas particulares que se recomiendan para controlar el nivel de contagios y, eventualmente, situarnos en el color verde del semáforo de riesgo epidemiológico, lo que supone acciones concertadas entre gobierno y los diversos sectores económicos y sociales de la entidad (Expreso, 26.11.20).

Queda claro que la ley del garrote no funciona, como lo demuestra el ejemplo de países y regiones donde se han implementado medidas que pasan por encima de los derechos ciudadanos y que, sin embargo, siguen incrementando el número de contagios y de víctimas fatales.

Al parecer, la estrategia del gobierno federal está empezando a entenderse y es posible que si se trabaja de manera coordinada nos sea más fácil sortear el terrible azote viral que propicia el caos y la desesperación en todos los rincones del mundo. Podemos hacer la diferencia.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La reforma universitaria de enfrente

 

“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (Paulo Freire).

 

La actual ley orgánica de la Universidad de Sonora, conocida como Ley 4 o Ley Beltrones, postula una forma de organización con fuerte incremento de la burocracia universitaria, de los órganos de gobierno y de la dislocación entre la comunidad universitaria y la administración.

No se puede decir que sea una ley democrática y ni siquiera funcional para los propósitos de mejoramiento de la calidad educativa y la oferta académica oportuna, pertinente y futurista para una universidad al servicio de los sonorenses.

Al parecer su propósito central fue y sigue siendo el fortalecer los mecanismos de control y hacer valer las decisiones de un, ya no tan pequeño, grupo de iluminados que marcan el rumbo de la institución de educación superior autónoma más reconocida regionalmente.

Su promulgación, el 22 de octubre de 1991, borró de golpe las aspiraciones de participación amplia de los sectores universitarios en el destino institucional, centralizando lo que apuntaba hacia la transparencia de los procesos democratizadores y las corresponsabilidades de autoridades y miembros de la comunidad universitaria que consagraba la ley anterior, dejando como una gran mayoría marginal a los académicos, los estudiantes y los trabajadores universitarios.

Recientemente se han manifestado fuerzas que promueven el cambio de la ley orgánica buscando su democratización, y encontramos que legisladores de Morena y el propio candidato avalado por el Consejo Estatal de dicho partido se pronuncian a favor de una nueva ley orgánica; incluso se sabe de la intención de solicitar que la elección del nuevo rector “se aplace hasta después de los comicios electorales de 2021” (Expreso, 19.11.20).

Esto último parece no corresponder al dicho del sonante precandidato de Morena, Alfonso Durazo, quien se proclama “respetuoso de la autonomía universitaria” (misma fuente), pero sucede que no se puede ser tan respetuoso cuando se pretende dar línea (intervenir, pues) en los tiempos de un proceso que compete legalmente a los órganos universitarios facultados para ello.

Una ley orgánica no puede ni debe ser argumento de promoción electoral, ni se debe impulsar su reforma por razones coyunturales, o llevarse a cabo a empujones. En este sentido, debe ser la propia comunidad universitaria la que, de acuerdo con su experiencia y expectativas, proponga el contexto normativo deseable para el desarrollo de las funciones institucionales acordes al futuro que se pretende construir.

En este caso, cabría esperar que la voluntad de los universitarios de Sonora pudiera sumarse al nuevo impulso macrosocial que la Cuarta Transformación pretende darle a la educación superior nacional, y situar la reforma en el contexto de las necesidades a satisfacer y las particularidades sociales, económicas, culturales y políticas de nuestro estado.

Es claro que no puede haber un plan transformador sin diagnóstico previo, y sin horizonte de corto, mediano y largo plazo que defina y establezca los objetivos y metas a lograr.

Aquí es necesario pensar en el contenido de la reforma desde la definición del modelo de universidad que queremos, es decir, primero debemos responder a las preguntas ¿qué tipo de universidad queremos?, ¿cuál es el objetivo o propósito transformador que orienta la reforma?, ¿a quiénes va dirigida la reforma?, ¿cómo implementaremos la reforma? En forma simplificada: ¿para qué reformar, para quién, y cómo reformar?

Siendo una institución de educación superior, antes que cualquier otra cosa se debieran responder las siguientes interrogantes: ¿a qué propósitos va a responder la organización académica y administrativa; qué ideal social va a animar a sus egresados en su quehacer profesional; qué transformaciones sociales, económicas, culturales, políticas se van a impulsar desde la universidad?

Salvo mejor opinión, pienso que la democratización universitaria no debe ser más que la consecuencia de un nuevo modelo académico-administrativo-cultural que debe corresponder a la puesta en marcha de la nueva educación, la educación post-neoliberal, democrática, incluyente, equitativa y justa, socialmente comprometida con el pueblo que la sostiene.

Es decir, debe definirse primero el modelo universitario que responda a la expectativa de progreso y bienestar con justicia social que Sonora necesita y que, en lo nacional, el actual régimen federal impulsa, y luego la forma en que va a operar en nuestra realidad para transformarla, así que primero debamos responder el para qué, el para quién, y finalmente el cómo operará el modelo transformador, donde figura no sólo el marco normativo sino el modelo curricular.

Así pues, hablar sólo de la democratización como el objetivo de la reforma hace que el discurso se quede muy corto frente a las necesidades de transformación nacional y local, en las que la nueva educación universitaria debe tener un papel no sólo formativo sino integral, con contenido humanista, ideológico y ético, en tanto contribuyente al cambio social y económico que el país y la entidad reclaman.

 

   

 

 

La pandemia, oportunidad de negocios.

 

“Medidas más duras contra COVID-19 dan mayor capital político” (Carlos Petersen).

 

Con la epidemia nos encontramos con una de las grandes oportunidades del sistema de mercado y ejemplo de su capacidad adaptativa. Así, tenemos que una tragedia de salud se convierte en ventana de oportunidades para los nuevos y viejos emprendedores que olisquean los vientos de la patogenicidad viral y, de inmediato, lanzan ofertas de suplementos alimenticios, medicamentos milagrosos y eficaces.

En este tiempo tampoco podían faltar rutinas preventivas que se convierten en protocolos obligados para cualquiera que aprecie su salud y, destacadamente, accesorios como el cubrebocas que alcanzan la importancia del calzón o el brasier según, en su momento, atinó a declarar una improvisada epidemióloga municipal (proyecto puente, 15.07.20).

De la mano de noticias y advertencias alarmantes que ponen en riesgo su estabilidad emocional, surgen otras que hablan de la versatilidad del mercado y sus infinitas posibilidades: el comercio de “artículos Covid” vive sus mejores tiempos.

La venta de cubrebocas NK95 y tricapa, las caretas, el alcohol en gel, las toallas y soluciones desinfectantes, los tapetes “sanitizantes”, los guantes, y últimamente la pujante industria emergente de los cubrebocas de tela con colores y diseños especiales, abre un abanico de opciones nunca imaginadas (El Imparcial, 11/11/20).

Así pues, las grandes farmacias, las boticas de barrio y las simples tiendas de miscelánea que abundan en el centro de la ciudad hacen su día gracias a la epidemia o, más concretamente, a la sinergia entre el virus, el alarmismo mediático y las razonables advertencias y recomendaciones de las autoridades en algunos casos competentes.  

El fenómeno comercial desencadenado por la epidemia no es exclusivo de nuestra entidad, ahora en riesgo alto según el semáforo epidemiológico que nos pone de color anaranjado, sino que se observa en el nivel nacional y más allá.

Según reporte de La Jornada (11/11/20), la Asociación Nacional de Farmacias (Anafarmex), registra un incremento muy importante en las ventas gracias a la demanda extraordinaria de cubrebocas, ya que el 80 por ciento de los 127 millones de habitantes del país lo utiliza.

Al respecto, informa que no sólo existe oferta en el comercio tradicional si no que ahorra se tiene una muy significativa presencia en las ventas por internet, donde diversas marcas compiten en un mercado en expansión, y cuyos precios van desde 15 pesos por unidad hasta $4 mil pesos en marcas de lujo:

“En tiendas en línea como Amazon y Mercado Libre, los precios dependen de la cantidad de unidades a adquirir; por ejemplo, un paquete de tres piezas reutilizables cuesta 350 pesos; mientras un pedido de un millón de piezas de cubrebocas N95 con certificado tiene un valor de 64 millones de pesos.

“Marcas como Fendi ofrecen cubrebocas con valor de hasta 4 mil 540 pesos o Dolce & Gabbana que vende un conjunto coordinado de corbata con cubrebocas a un precio de 5 mil pesos”, señala el citado rotativo nacional.

La epidemia ha hecho volar la imaginación de los mexicanos, no sólo en materia de promoción de ventas sino en lo que corresponde a la interpretación de los datos que difunde diariamente la Secretaría de Salud, ya que existen fuentes que centran su atención en la cifra de los muertos y no toman en cuenta la de los recuperados, y le dan un peso mayor a los contagios antes de que hayan sido comprobados en laboratorio, con lo que generan falsas alarmas y exageraciones no necesariamente mal intencionadas pero que resultan en alarma y compras de productos farmacéuticos que nada tiene que ver con la enfermedad Covid-19 que suponen combatir.

Tampoco escapa de la atención del público el manejo faccioso que se ha hecho de la epidemia, enderezando críticas y ataques contra el gobierno de López Obrador, en contraste con el reconocimiento que ha recibido por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su oportuna respuesta sanitaria.

En nuestra entidad tenemos que, mientras muchos giros comerciales considerados no esenciales luchan por sobrevivir ejerciendo presión en las instancias oficiales, los giros cuyo funcionamiento es necesario ven restricciones en sus horarios de funcionamiento, afectando todo ello la marcha de la economía y la seguridad sanitaria de la población.

Si Sonora se encuentra en semáforo color naranja, razón de más para que haya prudencia y se manifieste el buen juicio de las autoridades y la actitud responsable de la población, a fin de evitar en lo posible los contagios y el daño económico que el alarmismo y las decisiones torpes y arbitrarias pudieran ocasionar.

El respeto a los derechos humanos y la información oportuna y veraz deben ser la norma antes que la imposición, la falta de respeto y la coacción contra los ciudadanos.

 

http://jdarredondo.blogspot.com  

No me defiendas, compadre

 

“La pregunta es, ¿quién está promoviendo la ignorancia? Bueno, esas organizaciones que tratan de mantener las cosas en secreto, y esas organizaciones que distorsionan información verdadera para hacerla falsa o desvirtuada. En esta última categoría, está la mala prensa” (Julian Assange).

 

Nos enteramos por la prensa que en algunos municipios se implementan medidas para evitar que suban los contagios, y optan por dictar las restricciones propias del caso.

En Nacozari, por ejemplo, quedan suspendidas todas las actividades no esenciales, lo que incluye eventos públicos y privados, gimnasios, actos religiosos y deportes, pero lo que llama la atención es que “en negocios esenciales solo podrá entrar una persona por familia, queda prohibido el acceso a niños y adultos mayores” (Expreso, 29.10.20).

Desde luego figura la obligación de portar cubrebocas para clientes y empleados en los negocios esenciales por ser una fuente potencial de contagios, y a nadie le puede extrañar que se tomen precauciones en lugares cerrados donde haya frecuentes interacciones humanas.

Al respecto, se nota el contraste entre la respuesta de algunos gobiernos locales y el federal, ya que la propia Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en reciente reunión con gobernadores de la Conago dijo: “este gobierno no tiene previsto ni hemos contemplado la adopción de medidas de penalización administrativa por no respetar medidas de prevención y autocuidados, ni mucho menos toques de queda o restricción a los derechos humanos y garantías individuales” (Expreso, 30.10.20).

Sin embargo, en Sonora se tienen medidas restrictivas a partir del día 2 de noviembre, que establecen reducciones de horario en el funcionamiento de giros comerciales que luchan por sobrevivir y que cargan con los efectos de la reciente cuarentena, y se legisló sobre el uso del cubrebocas (El Imparcial, 29.10.20; Dossier Político, 03.11.20).

Lo anterior pudiera ser parte de una estrategia para reducir las posibilidades de contagio, pero tiene algunos aspectos que no quedan del todo claros.

¿Tiene sentido utilizar obligatoriamente el cubrebocas en espacios públicos abiertos y donde no hay problemas de ventilación, si se puede guardar la sana distancia y no se presentan síntomas de afección respiratoria?

Al reducir el horario en actividades básicas como las relacionadas con el expendio de alimentos, bebidas y otros productos necesarios para el consumo familiar, ¿se parte del supuesto de que el virus tiene un horario nocturno para los contagios, y por eso hay que cerrar temprano?

La obligación de los clientes de usar el cubrebocas en el interior de restaurantes y demás centros de consumo, ¿supone que los usuarios sólo están a salvo en su mesa cuando comen y beben y que vuelven a correr peligro cuando se desplazan dentro del local al que entraron con cubrebocas, gel y pasaron por “tapetes sanitizantes”, y donde los empleados cumplen con las precauciones del caso?

¿No basta con una recomendación, así que hay que aprobar una ley que haga obligatorio el uso del cubrebocas para dar sustento a la eventual aplicación de sanciones y “resolver” el problema de los contagios? Cabe recordar que ya se aplica esta medida en el comercio local y que los negocios prohíben el ingreso de quienes no lo portan, por lo que la disposición en forma de ley tiene un cierto tufo recaudatorio.

Recordemos que el cubrebocas es una barrera física que sirve para proteger a los demás de las gotitas y aerosoles que se expulsan al hablar, toser o estornudar, y que no suple el lavado de manos y la sana distancia entre personas.

Ahora, ¿tiene sentido restringir solamente el ingreso de adultos mayores a los giros comerciales “que concentren más de 10 personas”? Un viejo es un ciudadano de pleno derecho y debe poder hacer sus compras, realizar trámites y vivir una vida dentro de los límites de la normalidad en un contexto de epidemia. Recordemos que en México está prohibida la discriminación por razones de edad (Artículo 1º Constitucional).

Si realmente se trata de “proteger” al adulto mayor, a los niños o a las mujeres embarazadas, ¿por qué no se les atiende primero en las filas de los supermercados, farmacias y demás giros esenciales obligados a respetar las precauciones sanitarias? Lo humanamente aceptable es darles facilidades. Es lógico que entre más pronto ingresen, sean atendidos y salgan del local menos riesgo hay de contagio.

En esta epidemia, lo peor que puede pasar es inclinarse por criminalizar al ciudadano, establecer penalidades y pasar por encima de los derechos humanos; justamente la conducta que la Secretaria Sánchez Cordero señalaba como inapropiada y que, sin embargo, parece que está siendo adoptada en Sonora. ¿Seremos así de primitivos?

¿Qué parte de los mensajes y recomendaciones del gobierno federal no se ha entendido en los estados? ¿Pensarán los gobernadores o alcaldes que con cualquier medida restrictiva se pueden combatir o moderar los efectos de una epidemia de alcance mundial que en un momento determinado cumplirá su ciclo?

Tenemos noticia de que cadenas comerciales (como Sears, Ley, Wal-Mart, Soriana o Carls Jr.) impiden, de plano, la entrada a adultos mayores y, en algunas, también a menores y embarazadas en clara la violación de sus derechos. ¿Intervendrá la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o seguirá con la cabeza metida en el trasero? La protección de los adultos mayores empieza por el respeto a sus derechos.

¿Las grandes cadenas comerciales se mandan solas? ¿La histeria colectiva, la ignorancia y la presión mediática se convierten en política y norma administrativa? ¡No me defiendas, compadre!                                                                                                                      

                                                                                                         

La amenaza de las multas

 “Una actitud saludable es contagiosa, pero no esperes a tomarla de otras personas, se un portador” (Tom Stoppard).

La multa es como una vara eléctrica puesta en el trasero del ciudadano para controlar su conducta. El temor a la descarga hace que la gente se comporte de acuerdo con los deseos de los administradores de las descargas eléctricas que se aplican en sustitución del convencimiento de los ciudadanos, o cuando de plano se infringen normas consideradas de observancia obligatoria.

Quien representa la autoridad, o actúa en su nombre, debe basar su conducta en el marco normativo vigente. Ninguna autoridad actúa lícitamente si no se apoya en lo que expresamente le permite la ley.

Lo anterior viene al caso porque, recientemente, una funcionaria municipal lanzó una bola que puede ser bateada fácilmente por cualquiera que tenga la curiosidad de indagar un poco sobre las cosas que se divulgan en los medios informativos, porque no toda amenaza de multa o sanción tiene sustento legal.

Estamos en el punto de cruce de dos epidemias: la de Covid-19 y la de Influenza, por lo que la sensibilidad ciudadana se encuentra preparada para dejarse atrapar por una red de infodemia o abrir los ojos y afrontar racionalmente las nuevas realidades que nos acojonan, sacuden y reformatean socialmente.

En este contexto se publica la afirmación de la directora del DIF municipal Hermosillo, de que Ley General de Salud concede al Ayuntamiento la “facultad” de aplicar multas de $3 mil pesos a quienes no usen el cubrebocas en vía pública, pero que “se han enfocado sólo en sancionar a los negocios”, y aclara que la intención es evitar un rebrote y que para nada es afán recaudatorio, (Proyecto Puente, 27.10.20).

Pero resulta que el artículo 4º de la Ley General de Salud dispone que sólo son autoridad sanitaria el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales.

Como se ve, de acuerdo con la citada ley los ayuntamientos no son autoridad sanitaria, y tampoco se les conceden atribuciones en materia de salud en el artículo 115 Constitucional, y aún no existe una ley estatal que establezca el uso obligatorio del cubrebocas, por lo que la afirmación de la citada funcionaria carece de sustento legal.

En todo caso, la administración municipal deberá vigilar la aplicación de las disposiciones que dicten quienes constitucionalmente tienen la competencia para hacerlo, es decir, el gobierno federal y el estatal.

Cabe recordar que, desde el inicio de la epidemia, el gobierno federal se ha opuesto a criminalizar al ciudadano, y que su estrategia se ha basado en limitar las actividades no esenciales, el confinamiento voluntario y en establecer medidas preventivas generales para evitar que se dispare el número de contagios.

El problema de aprobar una ley a empujones de la gobernadora, cuya materia está resuelta por la vía de las recomendaciones y la vigilancia preventiva en la comunidad, consiste en que trae aparejada una sanción a quien la incumpla. Lo anterior abre la puerta a la aplicación de multas o algún otro tipo de penalización que tendría consecuencias en la economía o las libertades de los ciudadanos, como se puede ver en otros estados, como Jalisco, por ejemplo.

Este jueves 28 nos encontramos con la noticia de que el Consejo estatal de salud aprobó una serie de medidas que limitan el horario de servicio y el aforo en actividades comerciales y sociales, a partir del lunes 2 de noviembre (El Imparcial, 28.10.20).

Desde luego que es mejor prevenir que lamentar, pero cabe destacar que si realmente se quiere proteger a los adultos mayores de 65 años, el asunto no se resuelve restringiendo su libertad de acceder al comercio o la banca, sino dándoles prioridad en la atención en tiendas de servicio y otros establecimientos: entre más facilidades tengan para hacer sus compras, mejor librados salen.

Aquí cabe recordar que el artículo 1º Constitucional prohíbe la discriminación por edad, entre otros aspectos, y el hecho de separar (so pretexto de “proteger”) al adulto mayor de una vida medianamente normal en el contexto de la epidemia, quizá no sea la mejor respuesta. ¿Para qué añadir más angustia a la que ya se tiene?

En todo caso, quienes deben extremar los cuidados y cumplir las medidas preventivas en espacios cerrados son los empleados que atienden al público y quienes se encargan de higienizar los espacios, así como cuidar que se cumpla con el uso del cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia a fin de minimizar la posibilidad de que ocurran contagios por negligencia o descuido.

Se tiene que entender que una epidemia no se detiene con leyes de temporada, medidas coactivas, ocurrencias, amenazas, manipulaciones informativas, terrorismo mediático y declaraciones irresponsables, y que este tipo de eventos tiene su ciclo de aparición, auge, estabilización y descenso, de tal manera que lo único posible es la prevención sensata y razonada, sustentada en la ciencia y la experiencia adquirida.

La amenaza de las multas y sanciones nunca debe ser una estrategia válida para “prevenir” los efectos de una epidemia. Más seriedad.

Notas de un paseo por el centro

 “Lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre” (Mafalda).

 

Hoy decidí salir a ver cómo iba el mundo; bueno, la parte de mundo que se ve cuando alguien sale de su casa con cubrebocas puesto por instrucciones de la autoridad de quien se esperan sanciones o, al menos, malos modos.

 

Las calles aledañas al Mercado Municipal No.1 no tan llenas como se pudiera suponer pero lo suficiente como para apreciar cuán benéfica es la epidemia para la civilidad y el orden ciudadano:

 

Una familia de gringos caminando como si la calle fuera suya o no hubiera nadie más en el planeta, y más delante un imbécil desparramando humo de cigarro atrincherado en su nube, quizá sintiendo la satisfacción de ser un elemento que no pasa inadvertido gracias a su poder contaminante.

 

Peatones en modo turulato con el cubrebocas como gargantilla dando pistas sobre la importancia de guardar el sudor del cuello aunque sea dejando fuera la nariz e incluso la boca.

 

Cubrebocas colgando de una oreja, quizá para tener a mano el trapito de marras en prevención de que llegue alguien a hacer algún reclamo, o que haya que ingresar al OXXO, o a cualquier negocio donde se pone como requisito el portar esa prenda.

 

Sin embargo, algunos negocios a pesar de tener a la vista los requisitos sanitarios para la prestación del servicio, hacían como que les valía gorro; por ejemplo, una peluquería donde el propietario ya entrado en años esperaba clientes con el rostro descubierto, dando la cara al coronavirus con un valor digno de nota necrológica.

 

En el contexto de las precauciones, nos enteramos de que algunas cadenas comerciales transnacionales, se han constituido en autoridad sanitaria capaz de prohibir la entrada a sus instalaciones a “mujeres embarazadas y adultos mayores”.

 

Lo anterior nos hace reflexionar acerca de las normas impulsadas por los comentócratas y los profesionales de la ocurrencia, por ejemplo Lilly Téllez frente al epidemiólogo Hugo López-Gatell, y se nos ocurre pensar que, si la señora Téllez puede increpar a un médico altamente especializado, también Walmart o alguna otra empresa puede poner reglas y prohibiciones al margen de la autoridad sanitaria nacional.

 

¿Qué puede importar que el artículo 1º de la Constitución federal prohíba expresamente la discriminación por razones de edad, entre otras, si una transnacional se pone en plan de autoridad sanitaria?

 

En esta ciudad capital tenemos la experiencia de sufrir las ocurrencias de la autoridad local, en forma de prohibiciones, limitaciones y normas que rebasan por mucho las señaladas por la Secretaría de Salud, y que luego se cambian, flexibilizan o simplemente se dejan discretamente al olvido, en lo que parece una especie de plaga de epidemiólogos improvisados y de exhibicionistas políticos de ocasión.

 

Aquí se han violado derechos ciudadanos con el ridículo pretexto de proteger la salud, logrando que, curiosamente, muchas víctimas del terror inducido crean que así debe ser porque ya se sienten como el personaje central del velorio.

 

Sin embrago, cabe recordar que en ningún momento la autoridad sanitaria federal ha dispuesto medidas de carácter coactivo u obligatorio a los ciudadanos. El terrorismo ha corrido por cuenta de la prensa chayotera y de algunos gobiernos locales.

 

Sabemos que muchas decisiones empresariales no pasan por el filtro de la autoridad “competente” porque ésta se encuentra atrapada en la burbuja de sus oficinas, coro de subalternos, tropa de cazadores de notas y fotos con posibilidades de ser palancas electorales, porque son tiempos de amnesias inducidas y logros maquillados.

 

Como nota aparte, no deja de sorprender que, por ejemplo, la alcaldesa o la gobernadora vayan a tal o cual parte a “supervisar” alguna obra de rehabilitación urbana o programa en marcha, y me surge la pregunta siguiente: ¿tendrán capacidad técnica para supervisar tanto obras de ingeniería como dispositivos de salud, o sólo será una forma amable de decir que fueron a un lugar donde alguien estaba haciendo algo y fueron a posar porque habría fotógrafos de por medio? ¿Saldrá bien colocado el cubrebocas?

 

En una escala estratégica, paré en ISSSTESON e hice un trámite con respuesta inmediata, gracias a una amable y eficiente empleada, quedando claro que los trabajadores son los que mueven al sector público, mientras que los jefes y otros seres jerárquicamente superiores hacen lo contrario y dan explicaciones ridículas acerca del porqué de la carencia de medicamentos, materiales de curación, equipo, o personal de salud especializado en sus unidades de atención.

 

Me quedo con la idea de que se toman medidas dizque protectoras del ciudadano y son meras formas de discriminación, verdaderas agresiones a la dignidad de las personas, claras violaciones a los derechos humanos, torvas manifestaciones de ignorancia y, finalmente, pendejadas con disfraz de disposición oficial.

 

Es claro que Walmart no debe ni tiene porqué discriminar a los clientes, y que una mujer embarazada o un adulto mayor deben ser respetados y protegidos simplemente reconociendo sus derechos, y no queriendo imponer reglas o normas que carecen de fundamento legal, razón por la cual las autoridades competentes deben intervenir.

 

No estaría mal que en el gobierno estatal o municipal dejaran un poco la campaña de autopromoción electoral para cumplir mínimamente con su deber. ¿Podrán darse tiempo? ¿Querrán? ¿Lo tendremos que resolver en 2021?

 

Hablemos de los fideicomisos

  

“El gobierno es un fideicomiso, y los oficiales del gobierno son fideicomisarios. Y el fideicomiso y los fideicomisarios se crean para el beneficio del pueblo” (Henry Clay).

 

 

El tema de moda, que viene cargado de emociones encontradas y de enormes despliegues mediáticos donde la saliva corre caudalosamente, es el de los fideicomisos.

El fideicomiso es un contrato en virtud del cual una o más personas (fideicomitentes o fiduciantes) transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (fiduciaria, que puede ser física o jurídica) para que administre o invierta los bienes en beneficio propio o de un tercero llamado beneficiario, y se transmita su propiedad al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario, es decir cualquier persona que tenga autoridad para administrar los bienes de otra persona a quien se le permite hacer tareas sin lucrar de estas, y que puede ser el fiduciante, el beneficiario u otra persona.

Seguramente usted ya tiene una larga lista de adjetivos que aplicar a esta figura y muy probablemente le faltarán otros cuya contundencia hablará de su enojo, complacencia o indiferencia respecto a la desaparición de una figura legal de cuya existencia muchos no tienen idea.

El ciudadano de a pie generalmente no se entera de la existencia de bolsas o fondos cuya cuantía puede ser significativa, porque generalmente permanecen ocultos tras el velo de la supuesta respetabilidad de las instituciones involucradas, que pueden ser judiciales, deportivas, culturales, científicas, entre otras.

En cualquier caso, lo que está en juego es una cantidad de dinero que bien puede contarse por miles de millones de pesos, aunque de su administración no se sepa nada o casi nada.

Así pues, ahora nos enteramos que el cocinero Daniel Ovadia, primo de Salomón Chertorivsky exsecretario de Salud de Calderón, fue beneficiario de varios fideicomisos del CONACyT durante el gobierno de Peña Nieto; o que varios fideicomisos se crearon para proveer a las necesidades de los magistrados de la SCJN que van desde abultar sus pensiones, complementar su asistencia en materia de salud, o mejorar sus viviendas; habiendo otros de carácter cultural que apoyaron proyectos cinematográficos como las películas de Eugenio Derbez; o el fideicomiso que apoyaba a Sabritas para el desarrollo de nuevas frituras, entre muchos otros.

Son 109 fideicomisos los que desaparecen y cuyos fondos milmillonarios pasan a la administración directa de la Secretaría de Hacienda, lo cual alborota hasta la histeria a muchos de los, hasta el momento, beneficiarios de las bolsas siempre discretamente ocultas al escrutinio público.

La desaparición de los fideicomisos trae aparejada la revisión escrupulosa de su funcionamiento, lo cual significa que muchos administradores y beneficiarios van a salir raspados y prácticamente con boleto para montar algún espectáculo de tiendas de campaña, protestas en medios de comunicación, sainetes en los recintos legislativos, plantones y performances con el tema de la dictadura, el asalto y cancelación del derecho al bienestar personal, gracias al dinero público ordeñado en forma de apoyos y asignaciones a beneficiarios suertudos e impunes… hasta el momento.

Para no hacer muy largo el cuento, le comento que el monto total en la bolsa de los fideicomisos en México es de $835,477 millones 800,000 pesos, lo que equivale al 15.82% de todo el presupuesto de 2018 y al 4.12 del PIB (Fundar, A.C., 2018).

Lo anterior seguramente explica por qué los panistas, priistas, perredistas, emecistas y, de repente, los petistas aúllan desconsolados y se rasgan las vestiduras, mientras ven que no sólo vuelan las tiendas de campaña en el Zócalo de la CDMX, sino también las expectativas de engordar el cochinito personal a costa de dinero público.

La extinción de los fideicomisos sube la canasta y empuja al destete de la ubre que estaban alimentando a miles de parásitos presupuestales, becarios, traficantes de influencias, holgazanes empedernidos y farsantes de diversa ralea.

La extinción de los fideicomisos no significa la suspensión de los apoyos, sino la eliminación del manejo discrecional de los recursos.

Por eso el crujir de huesos y el rechinar de dientes en la Cámara de Diputados y en las cámaras empresariales. No es fácil ver cancelarse la puerta de acceso al botín de poco más de 800 mil millones de pesitos, aunque sean devaluados y que ahora pasan al control de la Secretaría de Hacienda. Por eso chillan como marranos.