Resulta un verdadero embrollo traducir al español algunos conceptos que son generalmente validados por la prensa. Pueden ser incorrectos, pero de tanto que se repiten resulta socialmente problemático oponerse a la ola devastadora de la ignorancia protegida por la palabra escrita. Lo incorrecto, gracias a la validación social apuntalada en la ignorancia, la apatía y una cobarde propensión a no chocar con los demás se vuelve correcto, aceptado, de buen gusto y obligatorio para cualquier hablante receptivo.
Por ejemplo, si decimos “suprema corte de justicia de la nación”, el impacto producido por la solemnidad de dichas palabras es importante, porque la Real Academia de la Lengua Española (RAE) nos revela que significa que es lo máximo, que no hay nada superior en su línea; La RAE apunta algunas acepciones del término “corte”, entre las que destacan: “entorno de personas que rodean a alguien famoso o importante”; “corral o establo donde se recoge de noche el ganado”; “aprisco donde se encierran las ovejas”, aunque también nos da idea de tribunal, en todo caso el más alto de la justicia ordinaria. Sobre el término “justicia”, señala que se trata de “una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”; “derecho, razón o equidad”, y “aquello que debe hacerse según derecho o razón”.
Desde luego que si algún ciudadano común habla del máximo tribunal nacional, lo hace con respetuosa ignorancia, con una fe en las instituciones que ruborizaría a cualquier republicano convencido de que el celoso cumplimiento del deber enaltece y dignifica. Nos negamos a reconocer que “del dicho al hecho hay mucho trecho” en eso de la probidad de los funcionarios públicos y de los empresarios privados, porque no queremos a aceptar que en el país hace mucho tiempo que no se hace economía ni se imparte justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado muestras de ser cualquier cosa antes que el conjunto de especialistas en derecho que vigila la constitucionalidad de las normas, el predominio del estado de derecho y la viabilidad de las instituciones fundadas en la ley. Lo anterior va por una serie de decisiones claramente lesivas al derecho de los ciudadanos, a la economía nacional y la paz social.
Son memorables algunos fallos de la SCJN, como cuando consideró legal el cobro de intereses
sobre intereses, conocido como anatocismo. Con ello facultó a la banca extranjera asentada en este paraíso fiscal para las empresas trasnacionales llamado México, ya que las principales ganancias de la banca establecida en el país son, precisamente, las derivadas del robo que perpetran cada día gracias a la visionaria concesión de la Suprema. El anatocismo ha permitido que a usted le cobren intereses más IVA, más los intereses de los intereses, más el cobro de comisiones más IVA más los intereses generados por lo anterior. La legalidad del robo es un caso patético en México que se comporta económicamente como cualquier país de la periferia que dejó de respetarse por ser, el respeto, una forma políticamente incorrecta de relacionarse con el primer mundo.
Todo mundo recuerda cómo el máximo tribunal dio por buena la liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro, mediante decreto presidencial que ignoró la existencia del Poder Legislativo Federal y, sin haber una ley preexistente, borró de un plumazo una empresa pública federal. Derivado de esto, la SCJN dio en sostener el fallo pero al mismo tiempo reconoció al sindicato de la empresa desaparecida, el SME, con lo que existe legalmente la organización sindical y su derecho a reclamar que la Comisión Federal de Electricidad asuma sus responsabilidades como el patrón sustituto de los trabajadores afiliados al SME, actualmente en lucha.
Como una especie de graduación en eso de violar el derecho y abofetear la justicia, se recuerda vivamente el caso de las víctimas en el incendio la guardería ABC de Hermosillo, donde se reconocen violaciones a las garantías sin que se acepte señalar la responsabilidad de los funcionarios encargados de velar por su cumplimiento. Sí hay violación pero no hay culpables, con lo que se exonera al ex director del IMSS Molinar Horcasitas, al actual director, Karam, al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, al ex presidente municipal de Hermosillo, Gándara, entre otros.
Últimamente la Suprema nos ha dejado con el ojo cuadrado al aducir razones económicas y decretar una sustancial disminución en el monto de las pensiones del IMSS: de 25 salarios mínimos como base, pasa a diez, logrando un ahorro para el instituto de 40 por ciento. Con ello se condena a la inopia a los trabajadores y a cambiar su mentalidad: la pensión o jubilación no es el período de retiro con remuneración que ha ganado el trabajador, sino la antesala de la muerte biológica tras haber fallecido socialmente, gracias a la buena noción del ahorro que tienen los ministros millonarios de la Corte. Los pensionados verán drásticamente disminuida su capacidad de compra, su calidad de vida y sus expectativas de una muerte digna.
Ante tanta y tan desproporcionada avaricia, inhumanidad, ausencia de respeto por la vida, y tan grandes y constantes servicios al capital y al sistema económico que excluye la bondad y la solidaridad, suena convincente aplicar a la palabra “corte” alguna de las acepciones de la RAE: “entorno de personas que rodean a alguien famoso o importante”; “corral o establo donde se recoge de noche el ganado”; “aprisco donde se encierran las ovejas”, excluyendo aquella de Tribunal Supremo, por su notoria ausencia de justicia. No se puede evitar imaginar la SCJN como una muy favorecida piara a la que se alimenta mensualmente con varios cientos de miles de pesos por cabeza. Una millonaria inversión a cambio de la impunidad que protege a los depredadores neoliberales que usted conoce, en el gobierno y en las empresas privadas. La justicia dejó la espada, tomó una caja de condones y se fue a talonear a la esquina.
Por ejemplo, si decimos “suprema corte de justicia de la nación”, el impacto producido por la solemnidad de dichas palabras es importante, porque la Real Academia de la Lengua Española (RAE) nos revela que significa que es lo máximo, que no hay nada superior en su línea; La RAE apunta algunas acepciones del término “corte”, entre las que destacan: “entorno de personas que rodean a alguien famoso o importante”; “corral o establo donde se recoge de noche el ganado”; “aprisco donde se encierran las ovejas”, aunque también nos da idea de tribunal, en todo caso el más alto de la justicia ordinaria. Sobre el término “justicia”, señala que se trata de “una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”; “derecho, razón o equidad”, y “aquello que debe hacerse según derecho o razón”.
Desde luego que si algún ciudadano común habla del máximo tribunal nacional, lo hace con respetuosa ignorancia, con una fe en las instituciones que ruborizaría a cualquier republicano convencido de que el celoso cumplimiento del deber enaltece y dignifica. Nos negamos a reconocer que “del dicho al hecho hay mucho trecho” en eso de la probidad de los funcionarios públicos y de los empresarios privados, porque no queremos a aceptar que en el país hace mucho tiempo que no se hace economía ni se imparte justicia.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado muestras de ser cualquier cosa antes que el conjunto de especialistas en derecho que vigila la constitucionalidad de las normas, el predominio del estado de derecho y la viabilidad de las instituciones fundadas en la ley. Lo anterior va por una serie de decisiones claramente lesivas al derecho de los ciudadanos, a la economía nacional y la paz social.
Son memorables algunos fallos de la SCJN, como cuando consideró legal el cobro de intereses
sobre intereses, conocido como anatocismo. Con ello facultó a la banca extranjera asentada en este paraíso fiscal para las empresas trasnacionales llamado México, ya que las principales ganancias de la banca establecida en el país son, precisamente, las derivadas del robo que perpetran cada día gracias a la visionaria concesión de la Suprema. El anatocismo ha permitido que a usted le cobren intereses más IVA, más los intereses de los intereses, más el cobro de comisiones más IVA más los intereses generados por lo anterior. La legalidad del robo es un caso patético en México que se comporta económicamente como cualquier país de la periferia que dejó de respetarse por ser, el respeto, una forma políticamente incorrecta de relacionarse con el primer mundo.Todo mundo recuerda cómo el máximo tribunal dio por buena la liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro, mediante decreto presidencial que ignoró la existencia del Poder Legislativo Federal y, sin haber una ley preexistente, borró de un plumazo una empresa pública federal. Derivado de esto, la SCJN dio en sostener el fallo pero al mismo tiempo reconoció al sindicato de la empresa desaparecida, el SME, con lo que existe legalmente la organización sindical y su derecho a reclamar que la Comisión Federal de Electricidad asuma sus responsabilidades como el patrón sustituto de los trabajadores afiliados al SME, actualmente en lucha.
Como una especie de graduación en eso de violar el derecho y abofetear la justicia, se recuerda vivamente el caso de las víctimas en el incendio la guardería ABC de Hermosillo, donde se reconocen violaciones a las garantías sin que se acepte señalar la responsabilidad de los funcionarios encargados de velar por su cumplimiento. Sí hay violación pero no hay culpables, con lo que se exonera al ex director del IMSS Molinar Horcasitas, al actual director, Karam, al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, al ex presidente municipal de Hermosillo, Gándara, entre otros.Últimamente la Suprema nos ha dejado con el ojo cuadrado al aducir razones económicas y decretar una sustancial disminución en el monto de las pensiones del IMSS: de 25 salarios mínimos como base, pasa a diez, logrando un ahorro para el instituto de 40 por ciento. Con ello se condena a la inopia a los trabajadores y a cambiar su mentalidad: la pensión o jubilación no es el período de retiro con remuneración que ha ganado el trabajador, sino la antesala de la muerte biológica tras haber fallecido socialmente, gracias a la buena noción del ahorro que tienen los ministros millonarios de la Corte. Los pensionados verán drásticamente disminuida su capacidad de compra, su calidad de vida y sus expectativas de una muerte digna.
Ante tanta y tan desproporcionada avaricia, inhumanidad, ausencia de respeto por la vida, y tan grandes y constantes servicios al capital y al sistema económico que excluye la bondad y la solidaridad, suena convincente aplicar a la palabra “corte” alguna de las acepciones de la RAE: “entorno de personas que rodean a alguien famoso o importante”; “corral o establo donde se recoge de noche el ganado”; “aprisco donde se encierran las ovejas”, excluyendo aquella de Tribunal Supremo, por su notoria ausencia de justicia. No se puede evitar imaginar la SCJN como una muy favorecida piara a la que se alimenta mensualmente con varios cientos de miles de pesos por cabeza. Una millonaria inversión a cambio de la impunidad que protege a los depredadores neoliberales que usted conoce, en el gobierno y en las empresas privadas. La justicia dejó la espada, tomó una caja de condones y se fue a talonear a la esquina.
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