CIUDADANOS EN LUCHA

“Pena de prisión a las ratas del ISSSTESON” (consigna sindical).

 

Nuevamente vemos que los jubilados y pensionados del ISSSTESON se plantan frente a Palacio de Gobierno a denunciar el estado de cosas que priva en el instituto que tiene por misión garantizar la seguridad social de los trabajadores activos y retirados y sus familias.

Nuevamente se escuchan los reclamos y denuncias sobre las deficiencias en la atención de los servicios de salud, como los retrasos, reprogramaciones y cancelaciones de cirugías, entre otros procedimientos.

Nuevamente se alza la voz de los pensionados y jubilados señalando el desabasto de medicamentos, la carencia de materiales de curación, cobertura y funcionamiento de los servicios médicos y la lentitud exasperante de respuesta a las solicitudes de pensión y jubilación.

Nuevamente tocan las puertas de Palacio para recibir como respuesta el silencio de quienes tienen la obligación legal de responder al ciudadano que solicita audiencia.

El día 12 de noviembre se reunió una pequeña multitud armada de pancartas y paciencia, de respetuosa y prudente urgencia, de emociones guardadas en la bolsa de lo políticamente correcto. Una manifestación pacífica cercanamente vigilada por guardias nacionales y, seguramente, por policías discretamente vestidos de civil.

Los medios informativos revolotearon en torno a los manifestantes y recogieron las carencias e inconformidades verbalizadas en la calle, con el sol en alto, sin descanso y sin cobijo.

Un día más, una manifestación más, una vuelta más a la tuerca de la indignación ciudadana hacia un gobierno del que se espera humanidad y certidumbre… todavía.

El gobernador ha dicho que se trabaja en el rediseño del ISSSTESON, lo que puede significar varias cosas, pero ninguna solución puede pasar por alto a los derechohabientes del instituto.

Ninguna medida podrá tener éxito sin el conocimiento y apoyo de sus beneficiarios.

Ningún negocio en lo oscurito podrá dejar de iluminarse con el ojo crítico del pueblo.

Ninguna acción pasará inadvertida para quienes son los destinatarios legítimos del esfuerzo público.

Se sabe que el hueco financiero es del orden de los 17 mil millones de pesos, pero aún no se sabe dónde quedaron los miles de millones que fueron desviados del fondo pensionario, ¿a quiénes o a qué fueron destinados?

No se sabe a ciencia cierta si fueron destinados a obra pública o si engordaron las cuentas de funcionarios ganones, en su caso aún impunes.

La transparencia deseada y esperada en el gobierno termina como parte de los buenos deseos de una ciudadanía que no acaba de acostumbrarse a las dilaciones, las mentiras y los negocios privados a la sombra del poder público.

La gente de Sonora merece respuestas, soluciones con sentido social, sin patadas al bote institucional. Mientras se dan las respuestas y las soluciones, la ciudadanía está en lucha, en un contexto donde parece que dar la cara es un lujo que no cualquier político se puede dar. ¿Entonces?

EL ABSURDO JUDICIAL

 “El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado” (Herbert Hart).

 

Como se ve, la cara institucional de la justicia ha sido deformada por la corrupción, el engaño y el afán sectario de quienes debieran ser garantes de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, sin embargo, los ministros se empeñan en pasar por alto las disposiciones constitucionales al pretender “calificar” las reformas constitucionales, aunque ya estén publicadas (https://lc.cx/_JnmtF).

Incluso hay algunos que afirma que nuestra Carta magna debe acatar las disposiciones de los tratados y acuerdos internacionales, con lo que se pone en seria duda la supremacía constitucional, pasando por la soberanía nacional y, desde luego, la voluntad popular que se expresa en las urnas electorales y se formaliza en las leyes.

Así las cosas, el soberano no es el pueblo representado en la Cámara de Senadores, la de Diputados y en los congresos estatales, sino las disposiciones externas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien califica y puede corregirle la plana al Soberano.

Arguyen que son “los últimos intérpretes de la Constitución”, pero se saltan la parte donde se establece quién es el constituyente permanente y artífice, por tanto, de las reformas constitucionales. El Poder Judicial es uno de los tres poderes constituidos, pero sólo hay uno, el Legislativo, que es constituyente.

Entonces, ¿cómo se puede justificar la oposición del Poder Judicial al nuevo texto constitucional, siendo que su obligación es guardar y hacer guardar la Constitución y vigilar que las normas que de ella emanen se apeguen al espíritu y la letra de la Ley Suprema?

¿Cómo es posible que se hayan admitido amparos contra la reforma judicial siendo que, según la propia Ley de Amparo, las normas constitucionales son inatacables y que no existe competencia por parte de jueces, magistrados y ministros para invalidarla? ¿En qué cabeza cabe que una reforma constitucional pueda declararse inconstitucional?

Bien pueden llenar los espacios informativos, físicos y virtuales, con sus alegatos, parloteo legaloide, cháchara pseudotécnica, demagogia retorcida y confusa por enana y mentirosa, pero la gente común, el simple ciudadano, sabe que la lucha por la reforma judicial, así como otras en curso, solamente pretenden rescatar al país de la demagogia entreguista de los regímenes neoliberales que depredaron al país y profundizaron su dependencia.

¿Cómo explicar que un juez defienda los intereses de empresas transnacionales alegando problemas de competitividad, de libertad comercial, de buena imagen e México ante el capital extranjero, y arrincone o margine a las empresas estatales nacionales, o que proteja evasores de impuestos? ¿Para estos jueces y magistrados es de mayor interés Iberdrola o Chevron que la CFE o Pemex?

Debe ser un grave problema de percepción el afirmar que se defiende al país poniendo por encima de nuestro interés el de las empresas extranjeras y sus gobiernos, algunos de ellos marcados históricamente como saqueadores de los recursos naturales de otros pueblos, instigadores de golpes de Estado, de inestabilidad política y social de quienes se ponen en el foco de sus ambiciones militares y comerciales.

Todo este jaloneo respecto al protagonismo de la SCJN en materias que no le corresponden sólo puede tener la explicación del interés desestabilizador del capital internacional, más concretamente el de EEUU, seguido de Canadá y socios europeos, actuales parásitos privilegiados del espacio económico de México.

Parece que la moderna piratería internacional pasa por los estrados judiciales y sus armas son las andanadas de procedimientos legales, la amenaza política y militar en forma de mecanismos de cooperación o coordinación, como es el caso de los famosos comandos norte y sur que atrapan a nuestras fuerzas armadas en ejercicios estúpidos que vulneran las soberanías de los países de la región al sumarlos al mando de los gringos.

Si México y los países latinoamericanos no deciden emanciparse del dólar y la Doctrina Monroe, seguirán dándose absurdos como los que ahora vemos con el Poder Judicial, queriendo asumir funciones que no le corresponden en clara ruptura de la división de poderes y, por tanto, del orden constitucional.

A partir de sus constantes desatinos “legales”, como el autoengaño final de creer que la SCJN por mayoría de votos puede impugnar una reforma constitucional (https://lc.cx/5bOX1c), se añade la sospecha de una formación profesional inconsistente con la que pudiéramos suponer en un juez, magistrado o ministro, independientemente de los títulos que ostenten.

Después de todo, la corrupción neoliberal y apátrida se cuela por las escuelas y universidades y, en consecuencia, se hace presente en los colegios, las barras y asociaciones de abogados.

Otra posible interpretación es que están podridos hasta el hueso, y que en su miseria moral no reconocen más luz que el dinero y las prerrogativas del cargo que aún ostentan.

JUEGO DE ROLES

 Ya ve usted que ahora los roles, o papeles, o cometidos, parecen estar en razón directa a la acción o pasión de los actores de esa cosa amorfa que algunos llaman política.

Celebramos la llegada de una mujer a la presidencia de la república, como antes los sonorenses lo habíamos hecho con Claudia Pavlovich, como gobernadora de la entidad. Ahora, en la liga universitaria, ya tenemos a Rita Plancarte, la primera rectora del Alma Mater.

Salvo error u omisión, estas llegadas femeninas a los puestos de representación de las instituciones han sido logrados gracias a la voluntad de los electores, siendo la participación de los hombres definitiva y definitoria. Pongo por caso la elección presidencial, donde el 62 por ciento de los votos afirmativos fue del sector masculino.

Quien llega a los cargos que se votan lo hace porque el grueso del electorado así lo decide democráticamente y, se puede afirmar, que tal decisión obedece a la convicción y afiliación política al proyecto que se abandera.

Aquí, la decisión popular nada tiene que ver el sexo sino la adhesión a un proyecto que se considera transformador, por más que se pueda decir lo contrario. En todo caso, quien llega al cargo debe dirigir, coordinar, representar, encabezar o gobernar procesos, programas y propósitos que abarquen la totalidad de la masa electoral, llegar al ciudadano de a pie, bicicleta, vocho o limusina, y trabajar para el pueblo, porque ese es su rol por voluntad electoral. No se puede gobernar para una parte habiendo llegado por el voto de todos.

El papel y la defensa de los principios democráticos para nada excluyen a nadie por razones de sexo, edad o condición social, así que cualquier condicionamiento al ejercicio de derechos ciudadanos es, será, simple y llanamente un acto autoritario y excluyente, contrario a la ley y la justicia.

Se ve claro que el rol o papel que tiene los actores sociales y políticos está determinado por las normas legales y las expectativas sociales vigentes y no por actos de voluntarismo coyuntural, dado que las acciones que se emprendan o se dejen de emprender siempre reportan consecuencias que afectan al conjunto social y, de paso, al partido, idea, proyecto u opción electoral.

Mientras que en la administración pública la moneda electoral ya se decidió, en el terreno de las opciones electorales en instituciones educativas, caso Universidad de Sonora, saltan a la vista algunas aristas que vale la pena considerar.

Tenemos que la administración de la máxima institución educativa de Sonora no ha mostrado su mejor cara, ya que el examen de sus finanzas ofrece resultados reprobatorios, incluso se señala que en materia de sueldos las altas esferas de su burocracia rebasan los supuestos de la austeridad republicana que establece la ley.

Recientemente se acusó a la rectora Plancarte de tener un sueldo por encima del asignado a la presidencia de la república, a lo que la propia afectada respondió en una defensa no tan republicana al remitir las intenciones del periodista acusador, Demian Duarte, al terreno de la misoginia y la violencia de género, como si el señalamiento financiero tuviera que ver con su condición de mujer y no con lo establecido en la nómina a la luz de la ley vigente.

Es claro que los privilegios y las excepciones nada tiene que ver con el libre ejercicio de los deberes y obligaciones que marcan las leyes para tal o cual cargo. Las interpretaciones y mecanismos de defensa de la persona que ocupa cierta posición no necesariamente deben pasar por supuestos ataques sexistas, ni que el hecho de ser mujer sea factor para la victimización por default. Aquí, como en muchas cosas de la vida, papelito habla y la nómina de la administración puede más que cualquier alegato “por razones de género”.

En otro matiz de la vida universitaria, algunos se aprestan a lucir sus mejores galas en la pasarela con rumbo a rectoría, ya encaramados en una especie de movimiento al que llamaron Unidad Alternativa Universitaria y, en curiosa imitación a escala del proceso electoral interno de Morena, eligieron a un coordinador: Cuauhtémoc González Valdez, a la sazón secretario general del STAUS con licencia temporal para estos fines preelectorales.

Como estamos en la época de las “primeras veces”, ahora tenemos a un dirigente sindical que pretende brincar a la cabeza de la administración de la UNISON, con lo que se abre la posibilidad del establecimiento de puertas giratorias entre la administración universitaria y la representación sindical, allanando el camino para concluir que los intereses opuestos no lo son tanto, y que la apariencia puede ser una categoría política que debemos ver con seriedad.

El rol político, económico o social que tengan los actores en tiempos de la transformación institucional, más allá de las frases, consignas y tratamientos de moda, debiera venir con un manual para el usuario que facilite su comprensión, aunque seguramente las nuevas oleadas de neologismos, actitudes, conductas y expectativas tendrán como eje la libre expresión de las diferencias y el libre desarrollo de la personalidad que sus actores.

En ausencia de una idea clara de los objetivos y compromisos institucionales, la nueva tierra de nadie se construye con roles intercambiables, incluso adecuaciones y rectificaciones de las bases normativas institucionales y todo aquello que favorezca expectativas y aspiraciones personales o de grupo. Así las cosas, el sentido de la pertenencia va de lo político e ideológico a la apariencia, al sexo y la temporalidad.

NO ESTAMOS EN NARNIA

 “Las críticas no serán agradables, pero son necesarias (Winston Churchill).

Llama la atención el llamado que hace una periodista de Contralínea, a propósito de la grosera y condenable agresión digital que sufrió la legisladora Andrea Chávez por parte del monero Antonio Garci Nieto.

Hace un llamado a los hombres a “romper el pacto” y no solapar este atropello, con lo que nos pone en el plan de cómplices instantáneos y parte de un pacto patriarcal que, según ella, obliga al silencio, la complicidad y la protección entre hombres.

Le aseguro que nunca he suscrito ni defendido un pacto en el cual no tengo parte ni evidencia de su existencia. Creo, en cambio, en la justicia y en que una serie de prejuicios sociales del pasado se han venido superando en beneficio de una mejor convivencia social.

Las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley no sólo por mandato constitucional sino por madurez y convicción social. Así pues, durante el siglo XX, las mujeres mexicanas han venido ocupando puestos de diversa importancia en la economía, la política, la administración y los diversos organismos de representación social.

Son empresarias, funcionarias públicas y privadas, profesionales de las más diversas disciplinas universitarias y, por otra parte, figuran en la dirección del crimen organizado en sus variadas modalidades. Así como hay profesionales de la salud también hay reconocidas asesinas y sicarias. Baste ver la historia de la administración pública y las legislaturas estatales y federales para saber que la presencia de la mujer es parte de la normalidad.

En este sentido, no se explica (salvo por razones ideológicas) la insistencia en declararlas objeto absoluto de marginación y abuso, siendo que el panorama nacional e internacional dice lo contrario.

Tampoco se puede negar la existencia de individuos capaces de abusar, agredir e incluso matar a una mujer, pero no debemos hacer la vista gorda en los casos de asesinato, robo y violencia de las mujeres entre sí y contra los hombres, cuestión comprobable con la simple revisión de los periódicos y medios digitales.

Para todos debiera estar claro que la violencia, el abuso y los instintos criminales no son patrimonio exclusivo de tal o cual sexo, y que los actos delictivos son condenables independientemente de quien los cometa, pero de ahí a prejuzgar, politizar y judicializar incluso las relaciones personales y familiares hay diferencia.

El actual marco legal permite dar cauce a cualquier denuncia que se haga sobre situaciones como las señaladas, e incluso puede afirmarse que la igualdad entre hombres y mujeres ha sido rebasada, habida cuenta la existencia de leyes y disposiciones explícitamente en favor de la mujer.

Hay casos de denuncias que siendo falsas se dan por ciertas y el hombre queda prácticamente en estado de indefensión legal, política y social. Una acusación por violencia de género, cierta o no, puede acabar con una carrera política o profesional. Al respecto, resulta ilustrativo leer el libro del abogado Francisco Serrano, La dictadura del género, editorial Almuzara, España, donde expone el origen, desarrollo y consecuencias de esta ideología en la sociedad española. 

En este marco, es posible afirmar que la igualdad que se consagra en el artículo 4º constitucional ha sido desdibujada en la legislación secundaria y que ahora se profundiza la desigualdad “legal” con las innecesarias reformas a los artículos 4º, 21º, 41º, 73º, 116º y 123º constitucionales propuestas por la titular del Ejecutivo Federal.

Tales reformas abren paso a la criminalización del hombre porque queda prácticamente cancelada la presunción de inocencia, además de condicionar la voluntad popular mediante la consagración de las cuotas “de género”. Como quien dice, el poder de la democracia como igualdad aritmética avanza a costa de la democracia como expresión política de las mayorías, independientemente de su sexo o condición social.

El pueblo mexicano votó por el Plan C y el segundo piso de la 4ª Transformación, y el 62% de los votos en favor de la Dra. Claudia Sheinbaum fueron de hombres. ¿Son por definición machistas, abusones, cómplices de violadores y acosadores de mujeres quienes la llevaron a la presidencia? (https://lc.cx/CcNdkj)

Votamos en favor de consolidar el humanismo mexicano impulsado por López Obrador y no para satisfacer agendas transnacionales, ni reproducir aquí las ideas del Ministerio de la Igualdad encabezado por Irene Montero en España, donde se creó un clima legal persecutorio y fuente de injusticias que han abierto una brecha enorme de recelo y distancia entre mujeres y hombres.

Debe prevalecer la cordura y el sentido de la justicia, habida cuenta que la ley no puede ni debe ser un garrote en manos de una parte de la sociedad para usarlo contra la otra. Tampoco estamos en Narnia, sino en un país donde los valores familiares se deben respetar porque garantizan estabilidad, unión y fortaleza.

Muchos crecimos en hogares donde el respeto y el cariño a los mayores, a los padres y hermanos era la clave de la convivencia y donde el respeto a las mujeres se inculcaba desde muy temprana edad. Estas costumbres han sido la base de hogares sólidos y, aunque nadie niega que existan excepciones, áreas oscuras en la sociedad e influencias mediáticas perniciosas, no deben pagar justos por pecadores.

No perdamos lo que tenemos en aras de una “modernidad” parasitaria que viene de la anglosfera, de las cloacas académicas gringas y del estercolero europeo.

 

HABLEMOS DE LA DEFENSA DEL ISSSTESON (II)

 El comentario anterior se refirió a que los derechohabientes del ISSTESON tienen un marco legal que hasta el momento no han sabido aprovechar, será porque los abogados “especializados” en seguridad social han dedicado sus esfuerzos en sacarle dinero al Instituto, sin más propósito de gozar de honorarios simplemente nadando de muertito en las aguas del tiempo procesal a costa del esperanzado cliente.

Se entiende que una opción rentable para mantener el estatus, es promover recursos legales contra el ISSSTESON por el cobro de los servicios médicos (el 7 por ciento de la pensión), o por no actualizar el pago de acuerdo con los incrementos que por ley se conceden cada año, o por no proveer medicamentos a pesar de haber una prescripción médica de por medio, entre otras razones litigiosas.

Sin embargo, abundan las quejas sobre otros asuntos que quedan impunes, como, por ejemplo, las afectaciones en la salud e integridad física de los pacientes cuando no se les atiende a tiempo o en forma deficiente, encontrando que muchas muertes o incapacidades son evitables. Es en este sentido que mencionábamos el artículo 122 de la ley 38.

En el mismo sentido, cuando se trata de un descalabro al patrimonio e integridad funcional del propio Instituto donde tanto de la Junta Directiva como el director general incurren en responsabilidad administrativa o penal, deben pagar por ello, conforme lo dispone el artículo 125 de la ley del ISSSTESON.

Así pues, el daño patrimonial, administrativo, social y político que pueden sufrir las instituciones como el ISSSTESON y sus afiliados, pueden ser resarcidos por vía jurisdiccional, que para eso están los abogados, aunque la dimensión y repercusiones de algunos asuntos probablemente no sean tan atractivos para patrocinarlos.

A muchos les tiembla la mano cuando se enfrentan al gobierno, a la propia Universidad cuando son parte de la comunidad académica, por aquello de que sean vistos con malos ojos “de arriba”, que sean marginados, caigan en desgracia o que se les tache de poco institucionales, como si serlo equivaliera a complicidad.

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley 38 establece que, “En caso de enfermedad no profesional, el trabajador y el pensionista tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

I.- Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sean necesarias, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. El reglamento de servicios médicos determinará que se entiende por este último concepto.”

Llamo la atención sobre el segundo párrafo: “El Instituto no estará obligado a proporcionar servicios de cirugía cosmética, ni a proveer dentífricos, cosméticos, aparatos de prótesis,de odontología o aparatos de prótesis de ortopedia.”

Todos estaremos de acuerdo en que la edad de los pensionados y jubilados permite que los esquemas privados de seguros médicos logren jugosas ganancias, y que la seguridad pública debe cubrir esta ausencia.

Sin embargo, el propio Reglamento para los Servicios Médicos, sólo cubre los casos de riesgo profesional “debidamente calificado por el Departamento de Salud Ocupacional” (artículo 5), lo que significa que quienes no están en el servicio activo tampoco están en el radar de la protección institucional, en caso de tener que enfrentar alguna de las excepciones que señala el artículo 23.

Así que, cuando se llega a la edad de las caídas con fractura de cadera, deterioro y daño en las rodillas y cualquier problema que amerite la instalación de una prótesis, nos vamos enterando de los costos de la edad y que la exclusión social e institucional existe y es una de las variadas formas de la discriminación prohibidas por la Constitución.

Por tanto, si alguna reforma en la ley orgánica del ISSSTESON tendría sentido, sería lo relativo a la cobertura integral de servicios referidos a los riesgos de la tercera edad donde las palabras ortopedia y prótesis son no sólo muy importantes sino vitales.

Tampoco es cosa menor lo relativo a los pagos por concepto de impuestos a las pensiones, ya que, según el artículo 66 de la ley “es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta Ley establece. Devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandato judicial o para el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta Ley.”

Algunos dirán que es cosa de interpretación y se afanarán en buscar precedentes, acuerdos y nudos en los amasijos de telarañas que algunos llaman jurisprudencia, y podremos estar de acuerdo o no en que la Junta Directiva se pasó esta disposición por el arco del triunfo al gravar las pensiones que rebasen las 15 UMA (criterio tomado de la miscelánea fiscal) con el pretexto de ajusticiar a los megapensionados, quienes seguramente se partieron de risa al oír las balas de salva institucionales.

Pero, mientras la discusión de la absurda sustitución de salarios mínimos por UMA sigue adelante, esperamos que el gobierno, ahora sí, recoja el reclamo de los trabajadores jubilados y abandone este criterio de 2016 asumido por la SCJN, que es parte del jolgorio neoliberal peñanietista.

Mientras pasa la novedad gubernamental, preparémonos para lo que venga, y como dijo uno de mis maestros de secundaria al señalarme la salida, el movimiento se demuestra andando.

 

HABLEMOS DE LA DEFENSA DEL ISSSTESON (I)

 “Hechos, no palabras” (frase atribuida a Catón el viejo).

 

Parece que quejarse de las fallas en los servicios es un deporte local, y adquiere particular relevancia cuando se trata de la seguridad social y los beneficios que, por ley, corresponden a los afiliados del ISSSTESON.

Los derechohabientes reclaman en diversas formas y en variados foros “lo que a su derecho conviene”, se convocan ruedas de prensa, marchas, mítines y plantones donde la ciudadanía manifiesta qué tan molesta está y cuánto daño le hace la falta de medicamentos, insumos, equipo, servicios y especialistas que forman parte de las obligaciones a cargo del Instituto que hace posible la salud y seguridad social de los afiliados sonorenses.

La cara más sensible, solidaria y distributiva del gobierno parece ocultarse avergonzada por causa del afeamiento que produce la mala administración de sus recursos, la ausencia de control de sus flujos financieros, la rapiña sistemática y su constante amenaza de colapso, falacia que algunos sostiene a pesar de lo previsto en el artículo 116 de la propia ley 38, que establece que el déficit deberá ser cubierto a) por el Estado, b) los organismos afiliados y c) los propios derechohabientes en los términos de la propia ley.

Así pues, el gobierno del Estado es responsable en primera instancia de mantener funcionando la seguridad social y no hay vuelta. Los organismos afiliados a su vez están obligados a aportar un monto mensual y los derechohabientes la cuota que la ley establece.

Ahora, si se ocasionara un daño al Instituto o a sus derechohabientes (como es evidente que ha ocurrido por años), la ley previene que los funcionarios y trabajadores del Estado y organismos afiliados responsables serán acreedores de sanciones (artículo 122); sin perjuicio de que los miembros de la Junta Directiva y el director, estarán sujetos a las responsabilidades civiles y penales en que pudieran incurrir como encargados de un servicio público (artículo 125).

Como es cada vez más claro, el ISSSTESON pasó de ser la caja chica a la caja grande de los sucesivos gobiernos, y que los recursos por concepto de cuotas y aportaciones de organismos y usuarios no se entregan al Instituto, siendo cuchareados o simplemente retenidos por el gobierno estatal para fines ajenos a su objeto original.

¿Cómo se va a revertir el desfondo que hizo crisis desde hace años si se sigue ordeñando la vaca de la seguridad social? Visto lo presente, ¿cuándo se va a aplicar la ley y se fincarán responsabilidades a los funcionarios públicos encargados del servicio? ¿Tendremos otro gobierno que se pase por el arco del triunfo los artículos 122 y 125 de la ley del ISSSTESON? ¿Cuándo veremos acciones legales y propositivas por parte de las representaciones sindicales?

Durante muchos años hemos insistido en el ámbito sindical universitario que, ante los problemas en el servicio de salud y el desabasto de medicamentos, se exija a la administración universitaria que demande al Instituto por incumplimiento del convenio de prestación de servicios vigente, suscrito por las partes en los términos de la propia ley del ISSTESON y en cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, que en su cláusula 141 incorpora la seguridad social estatal al catálogo de derechos de sus agremiados.

El silencio sindical, en esta parte del espectro de las luchas que los trabajadores universitarios han emprendido, no tiene explicación fácil, a pesar de que los impactos de un servicio ineficiente se ven y se sienten entre sus agremiados, activos y jubilados.

Pareciera que el tema del ISSSTESON se reserva para las lamentaciones en los chats, en las asambleas, en los corrillos y las antesalas de hospitales y módulos de atención, o en las especulaciones de dirigentes debidamente enchufados, sin un interés real en que se intervenga institucionalmente de manera directa y decidida para intentar poner orden.

A veces parece que existe entre las dirigencias sindicales la consigna de “el ISSSTESON no se toca”, a pesar de ser uno de los más oscuros objetos del deseo tanto del gobierno como de las empresas privadas proveedoras de materiales y servicios de salud, por vía de las subrogaciones o por compras de dudosa transparencia.

No es rara la existencia de negocios privados a la sombra del poder público, lo que adquiere particular relevancia en el ánimo de los derechohabientes y hace que cobre plena vigencia aquella consigna de “¡pena de prisión a las ratas del ISSSTESON!”

Podrá haber mil marchas, mítines y plantones, pero si sólo son para fines de constancia mediática valen tanto como un pedo de borracho en despoblado. Es tiempo de que la lucha legal se sume a la lucha política y mediática.

Considerando que la ley provee los recursos necesarios para que los derechos de los trabajadores y usuarios de los servicios realmente tengan vigencia, ya basta de hacerle al tío Lolo. Demandemos por la vía jurisdiccional y sigamos el proceso hasta las últimas consecuencias y sigamos poniendo el reflector en el rescate de la seguridad social que deberá ser siempre solidaria y distributiva.

Es tiempo de acciones afirmativas no de palabras distractoras. 

UNA DUDOSA IGUALDAD

“No todo lo que brilla es oro” (Aforismo del siglo XII).

 

Las frases recurrentes van perfilando la cara del tiempo que corre, tiempo de mujeres, dicen, a partir de que llega a la presidencia la doctora Sheinbaum y proclama que no llega sola, sino que llegaron todas.

Suena esperanzador el discurso que incluye nuevas disposiciones legales en favor de la mujer, en busca de lo que se ha llamado igualdad sustantiva que, según se entiende, formalmente figura en nuestras leyes desde el 14 de noviembre de 1974, cuando se aprueba la reforma al artículo 4º constitucional y establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, es decir, con igualdad de derechos y obligaciones frente al hombre.

Para cualquiera que sepa leer, la reforma evita que la mujer sea víctima de cualquier tipo de discriminación por razones de su sexo, lo que supone un avance en materia de derechos humanos que todos celebramos.

Ahora, si ya existe esta disposición gravada con el fuego constitucional, ¿para qué ponerle apellidos que resultan no sólo redundantes sino innecesarios?

La reforma constitucional que ahora se propone parece desconfiar del significado preciso de los conceptos y del acatamiento que la sociedad hace de las normas que, al parecer, nunca son suficientes. La redundancia, reiteración o insistencia formal en subrayar lo que ya está escrito, da a sospechar que sus razones no son necesariamente de protección jurídica sino de reafirmación ideológica.

La doctora Sheinbaum se ha declarado feminista, y quizá eso lo explique, pero también ha manifestado su afiliación al humanismo mexicano como asidero ético del quehacer publico mexicano promovido por la 4T.

La reforma supradicha se ve fortalecida con una serie de modificaciones adicionales que apuntan en la misma dirección, y añade la promesa de que habrá una cartilla de los derechos de las mujeres, lo que despierta cierta inquietud toda vez que ya teníamos claro que ante la ley hombres y mujeres somos iguales.

 La duda radica en qué tan posible es que las disposiciones legales de observancia general sean dirigidas a un sector de la población en particular, sin que esto sea contradictorio con el espíritu no discriminatorio del propio artículo 4º constitucional y, consecuentemente, las leyes que de él emanen.

Otro elemento que da a pensar en la misma línea de la discriminación es la instauración de un programa que apoya a las mujeres de 60 a 64 años, por considerar que el trabajo (sic) de cuidar de su familia es acreedor de remuneración.

El planteamiento tal como se lee y argumenta en la iniciativa y varias publicaciones al respecto (por ejemplo https://lc.cx/Be89Xq), parece partir del supuesto del feminismo radical de que el trabajo o, más bien, las actividades realizadas por la mujer en el seno del hogar son una especie de explotación que el estado debe compensar de alguna manera, ya que no es posible por ahora proscribir la familia y así liberar a la mujer del yugo patriarcal.

Es claro que, si la familia se entiende como una unidad patriarcal de explotación de la mujer, el cuidado de los hijos sería una forma de la plusvalía femenina que se extrae en beneficio de terceros, entre los que eventualmente pueden figurar sus padres, su cónyuge, o familiares.

Habría que ver si la llamada perspectiva de género obedece en realidad al humanismo mexicano que, según se entendió en el pasado gobierno, es incluyente, no discriminatorio y respetuoso de la igualdad tutelada por la Ley Suprema de la nación.

También habrá que ver qué tan necesario y pertinente es el feminizar cualquier palabra sin tomar en cuenta su etimología y carácter incluyente como, por ejemplo, presidente o comandante.

Me parece que se está privilegiando la forma sobre el contenido, quizá porque no existe una idea clara de la realidad nacional al considerar a la mujer como desinserta de un contexto que genera sus propias necesidades y respuestas. La familia crea lazos y compromisos de carácter ético y moral que, según se entendió en su momento, eran fundamentales y gozaban de la protección del humanismo de AMLO.

La mujer que cuida, cuida a alguien y lo hace porque forma parte de un conjunto humano unido por la sangre y la afinidad, cuyos lazos íntimos y emocionales van más allá de la simple y vulgar relación comercial que pone precio a las cosas y a las personas.

Espero que sigamos por la ruta de la recuperación, o si se quiere, la regeneración nacional, evitando el quemar la pólvora constitucional en diablitos, que ponen en duda el supuesto de la igualdad.

Por último, creo absolutamente necesaria la reforma judicial, el fin de la impunidad y el respeto absoluto a la no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres que, por cierto, a estas alturas de la evolución social no depende de una visibilización forzada ni de imposiciones desde el poder.