“Del dicho al hecho hay mucho trecho” (conseja popular).
Proyectos que se pierden en divagaciones de especialistas, expertos, académicos con aspiraciones mediáticas y monetarias y funcionarios sexenalmente vigentes, cuyo fin es evadir el problema nuclear de la relación México-EUA en cuestiones comerciales y políticas: la soberanía.
En cada proyecto que se presenta al escrutinio público la discusión se centra en la viabilidad técnica, en los costos y tiempos de realización, en los impactos ambientales, en el monto de la inversión, la rentabilidad, en los beneficios para los habitantes de la región, entre otros asuntos.
Las ruedas de prensa sirven para hacer ver que el asunto se está estudiando desde el punto de vista científico, técnico, financiero, pero para nada se consideran los aspectos que atañen a la política, a nuestra soberanía y el dominio de la nación sobre su territorio y recursos.
Surgen comités técnicos locales, estatales y federales que alimentan el tema con datos, cifras, proyecciones, cálculos sustentados en la magia de la computadora, las corridas financieras, los modelos y paradigmas tecnocráticos que hacen lucir capaces y confiables a los técnicos de la burocracia en turno y a los académicos que visten sabiduría enlatada para la ocasión.
Pero nadie habla del interés nacional, la defensa de los recursos, del espacio vital nacional, de tierras y aguas que son patrimonio de México y los mexicanos.
La razón científica, el alegato técnico y financiero aparentan valer mucho más que principios y valores, respeto por la Carta Magna, y la obligación del gobierno (federal, estatal, municipal) de cumplir y hacer cumplir la ley suprema y las leyes que de ella emanen.
En este marco están los proyectos de instalar una planta desaladora en Puerto Peñasco, al servicio de Arizona; plantas de licuefacción de gas en Puerto Libertad y Guaymas, al servicio de Texas y la competencia energética de EUA contra Asia; planta productora de Amoniaco en Topolobampo, para beneficio de EUA y socios inversionistas, donde encontramos que en el Golfo de California se tienen proyectos potencialmente peligrosos para el ambiente y la vida comunal.
Pero, más allá del peligro ambiental y social, se tiene una clara intromisión extranjera (gringa) en aguas y costas del noroeste de México, que de ser realidad convertirían al Golfo de california en patio de maniobras estratégicas del Comando Norte y tiburones corporativos gringos. ¿Y la soberanía nacional? El plan regional que se configura huele a apropiación territorial que seguramente será para fortalecer la “seguridad nacional” del norte.
Es de desear que el gobierno deje de apoyar iniciativas, elaborar proyectos, estudios de factibilidad llenos de argumentaciones técnicas, financieras, de cooperación y buena vecindad, para enfrentar el verdadero problema de la relación bilateral cuando una parte presiona y otra cede y trata de encubrir la cesión con argumentos o explicaciones cuantitativas, siendo que se trata de un problema y una solución eminentemente política.
El número de proyectos de corte extractivista que tenemos en curso, incluyendo los petroleros/gaseros de fractura hidráulica (fracking) que amenazan la Huasteca potosina y el noreste mexicano, los desarrollos turísticos depredadores que amenazan a la isla Tiburón frente a costas sonorenses (curiosamente también en aguas del Golfo de California), son razón suficiente y necesaria para ver con alarma el rumbo económico y empresarial que parece impulsar o permitir el gobierno federal.
Queda claro que la soberanía nacional no se defiende solamente con discursos y asambleas fervorosamente nacionalistas y soberanistas, sino con acciones afirmativas en defensa y salvaguarda de tierras, mares y espacio aéreo nacional, en los términos del artículo 27 constitucional.
No es necesario argumentar técnicamente la negativa a un proyecto cuando se trata de defender el interés nacional frente a los intereses del capital extranjero. México es una nación soberana con territorio, población y gobierno propios.
No suena ni técnica ni científicamente lógico que por una parte hablemos de soberanía mientras que en los hechos abramos la puerta al interés extranjero en perjuicio de nuestro patrimonio y porvenir. Decir NO puede ser poco diplomático, pero es honesto y ha salvado algunas virginidades. Que haya congruencia.

