Otra vez los filtros

 

“Cuando alguien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública” (Thomas Jefferson).

 

Pues la policía municipal ha iniciado una polémica medida consistente en verificar si el conductor del vehículo ha ingerido bebidas alcohólicas que le impidan conducir con seguridad. La Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH) dice que estará en cada filtro de revisión.

Sin embargo, en boletín publicado en diversos medios locales, la misma CEDH señala que las pruebas de alcoholimetría debieran ser voluntarias, y en caso de que el agente de policía tenga que verificar, debe contar con la anuencia del conductor. Hay que recordar que el libre tránsito es derecho constitucional y, por lo que se sabe, Sonora no está al margen de las normas de la República (El Imparcial, 11.08.2022).

Sucede que para que le hagan una revisión debe haber mandato judicial previo y específico, por lo que parece que la Policía Municipal se está pasando por el arco del triunfo la ley suprema… Y no sólo ellos.

Resulta familiar y recurrente establecer medidas supuestamente inspiradas en el deseo de “salvaguardar la integridad física y patrimonial” de los hermosillenses, pero de eso a violar la ley hay distancia.

Aún se recuerdan con espanto las medidas ilegales y autoritarias que, con el pretexto de la pandemia, implementó la administración de Célida López, en agravio de los hermosillenses.

O la Constitución está mal, junto a las normas que protegen los derechos humanos, o el Ayuntamiento está tomando medidas que no sólo predisponen el ánimo ciudadano sino que para nada le dan tranquilidad a la ciudad, ahora convertida en coto de caza de autoritarismos y quizá propósitos recaudatorios.

Como quiera que sea, las explicaciones y justificación de las autoridades que aplican la ley y el orden en esta apartada orilla del Oeste sonorense suenan forzadas, guangas por decirlo de esta manera, sebosas y poco digeribles para quienes tengan una ligera idea de sus derechos y obligaciones ciudadanas consagradas en las normas jurídicas y en una noción responsable de la dignidad de las personas.

En otro asunto, la autoridad correspondiente dice que el seguro contra ponchaduras por baches no está activo en esta administración, y que habrá que esperar un acuerdo. Es decir, en Bachilandia una llanta ponchada es bronca del dueño del vehículo, no de la administración que ve hoyancos como ver llover y no mojarse.

En una ciudad donde los baches se tragan vehículos y los socavones casas enteras debería haber mecanismos de protección ciudadana tanto para las personas como de su patrimonio, sea casa o carro. Sin embargo, las veleidades de la naturaleza se agarran de la mano de las ocurrencias, faltas u omisiones de quienes están, o debieran estar, para cuidar la paz, armonía y seguridad ciudadana. Pero ni pum.

Esperemos que la presidencia municipal y funcionarios actuales no se queden en la autocomplacencia fotogénica que se desahoga en visitas a las colonias, y trate de centrarse en la realidad municipal, para conocerla, buscar remediarla y aplicar las medidas que la necesidad y la urgencia determinen. Sin mamadas, pues.

Aquí es necesario recordar el trato injusto e indignante que se les ha dado a los trabajadores jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo, desconociendo derechos adquiridos y ofendiendo la dignidad de personas que quemaron su vida laboral en el altar del trabajo burocrático y operativo municipal.

Por otra parte, ¿cuándo se les restituye a padres de familia y estudiantes su escuela, la Leona Vicario?