PONER ORDEN EN EL NOTARIADO

 Cuando conozco a alguien no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano” (Walt Whitman).

                                                                                                                                   

Es conocida la importancia de la función notarial que da fe pública a los actos donde la voluntad de los particulares se formaliza y adquiere estatus legal.

Hasta la fecha, los puestos de notario podían ser manejados de forma discrecional, torciendo la lógica de los merecimientos y la capacidad profesional de quienes los ejercen. Bastaba un acto de autoridad del gobernador en turno para que algún cercano colaborador aterrizara cómodamente en la titularidad de una notaría.

No era necesario tener experiencia, estudios específicos de derecho notarial, trayectoria en el ejercicio del derecho que acreditara probidad y confiabilidad. Bastaba estar bajo el ala protectora del primer funcionario del Estado.

Alfonso Durazo decidió dar un manotazo y romper la inercia de excepciones y privilegios que anidó en la función notarial y darle algo de la dignidad perdida por los vaivenes de la política entendida como sistema de recompensas y premios a los más cercanos.

Lo esencial del cambio parece apuntar en dirección de eliminar alguno de los privilegios que adornaban la investidura del gobernador. Ya antes se había señalado y criticado la facultad de conceder pensiones a discreción y el deber de acatar las normas de la ley del ISSSTESON. Ahora llega el caso de las notarías.

Poner orden en la casa, revisar, corregir y aumentar la utilidad y pertinencia del marco normativo sonorense es, de por sí, meritorio, y más si responde al ánimo de cortar de tajo prerrogativas claramente contradictorias al espíritu de justicia que debe animar el quehacer público.

El legislar y acatar la norma legal es un acto socialmente exigible y democrático, si se piensa en la importancia de los méritos y la trayectoria profesional en la toma de decisiones para cubrir puestos vacantes ligados al servicio público.

Por otra parte, el saber que existe un Cártel Inmobiliario donde algunos notarios y miembros del Poder Judicial han sido cómplices de tiburones urbanos y rurales y que, con las manos embarradas de lodo y a veces sangre, han logrado amasar fortunas indignantes, basta para desear que la función notarial sea saneada y vigilada adecuadamente.

Recientemente, el secretario de gobierno ha explicado a la presa el inicio del proceso legislativo que hará realidad esta iniciativa. También reveló que en Sonora hay 117 notarías, habiendo dos vacantes, una en Cananea y otra en Agua Prieta, “que serán ocupadas por mujeres por equidad de género para fortalecer su participación en este sector” (El Imparcial, 20-04-2023).

Respecto a esto último, me parece que las mujeres tienen igual capacidad que los hombres para ejercer cualquier puesto o responsabilidad, sin dejar de considerar la condición esencial de que exista igualdad de oportunidades.

En este sentido, la paridad de género señalada debiera entenderse justamente como el piso parejo para cualquier aspirante, y no el acto simple forzado y forzoso de incorporar mujeres por el hecho de serlo.

Creo que más que razonamientos aritméticos debiera darse importancia a la capacidad y la trayectoria profesional, la probidad y la reputación de los aspirantes, independientemente de su sexo.

A partir de la experiencia acumulada, queda claro que tanto los hombres como las mujeres pueden ser capaces de logra una meritoria trayectoria pública o privada, que unos y otros pueden, también, ejemplificar lo peor de la sociedad en cualquier campo del delito y el crimen organizado, así que la virtud y el defecto no son patrimonio de unos u otras.

Si se quiere una sociedad verdaderamente incluyente y democrática debe empezarse por darle el peso que les corresponde a los aspectos propios del logro y aportaciones personales de quienes aspiren a tal o cual cargo público, y no a sus atributos físicos, su apariencia o sus enchufes con el poder.

Cualquier ciudadano (hombre, mujer o lo que crea ser) tiene derecho a ser tomado en cuenta, tratado con respeto y dignidad, ser incluido, votar y ser votado, y recibir el premio o el castigo por sus aciertos o errores. En caso contrario, simplemente estaremos modernizando la discriminación, el sectarismo y las formas de dominación social que deciden los centros de poder y los fenómenos de transculturación propios de la globalización impulsada por el norte.

En lo particular, no tengo ni he tenido ningún problema en votar y apoyar a quien tenga los méritos, la capacidad y la voluntad para ejercer cualquier encargo. Para ser claro, me importa un rábano el hecho de que sea hombre o mujer, lo importante es la integridad y la voluntad de servir. La discriminación (positiva o negativa) ya debiera ser considerada cosa del pasado, residuo cultural del neoliberalismo, el clasismo y el atraso. Un trapo sucio y pestilente que ya no admite lavadas ni remiendos. Superémoslo.