Hablemos de corrupción

 “Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella” (Joan Báez).

 

Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, corrupción es el “comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos, o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria”.

Últimamente el tema se ha abordado de acuerdo con diferentes ópticas e intereses donde los opinantes denuncian y atacan, mientras que otros disimulan, matizan y hasta justifican los actos y consecuencias de la corrupción, según sean, o no, sus beneficiarios.

Sin embargo, son pocas las expresiones autocríticas que ponen de relieve la corrupción en la sociedad como totalidad interactuante; la conducta se describe en el otro, en el ajeno y distante pero que puede mancillar la propia integridad. Gozamos de la ficción de que la corrupción es de otros, siempre de otros.

En la mayoría de los casos la asociamos a la esfera pública y, recientemente, la figura del fideicomiso se reveló como la bolsa que arropa intereses privados, individuales o de grupo; también la encontramos en las subrogaciones de servicios, en la tercerización del trabajo, en el tortuguismo burocrático que se agiliza a cambio de un estímulo, y en el proceso electoral donde se comercia con el voto.

En el ámbito educativo tenemos los estímulos, los bonos y premios con dedicatoria especial para las clientelas que se generan gracias a los recursos que alimentan la influencia de camarillas académicas y sindicales.

Tenemos que los programas institucionales de tortibecas o tortipuntos son una forma meritocrática que termina concediendo puntos a la simulación a costa de evadir la responsabilidad salarial y la probidad profesional, lo que dificulta la transparencia del ingreso al factor trabajo y la posibilidad de fiscalización y gravamen, además de transformar un derecho en un logro individual condicionado a ciertos requisitos.

Las cuentas de la transparencia salen tan cortas como larga es la red de complicidades y dependencia que se crea en torno al estímulo monetario.

Así pues, tanto en la administración pública como en los sindicatos ciertas prerrogativas pueden ser fuente de ganancias privadas. Un sindicato que gestiona y administra recursos pronto termina generando clientelas que, antes que luchar por la independencia y objetivos de su organización, lo hacen por la camarilla que controla los recursos y favores.

Las instituciones, públicas, sociales o privadas donde el disfrute de su bonanza patrimonial se pone a disposición de particulares a cambio del silencio e incondicionalidad de los favorecidos son esencialmente corruptas.

En este caso, la corrupción es parte activa y esencial de la prostitución institucional en cuanto a que se persiguen fines ajenos a su propósito legal. Se puede decir que en la corrupción triunfa el Mercado sobre el Estado.

Lo anterior ocurre cuando las entidades públicas, que representan la acción gubernamental encaminada hacia el bien común, dirigen subrepticiamente sus objetivos hacia el bien privado, así que se corrompen porque se privatizan.

La corrupción supone un cambio ilegítimo en la misión y metas de las instituciones, es decir, una alteración negativa de su deber ser.

Concluimos que la privatización de lo público es, necesariamente, un acto de corrupción, y en eso justamente hemos caído como país, como queda claro en materia de comunicaciones, banca, energéticos, minería, salud, biodiversidad, trabajo, migración y el dominio del capital privado extranjero en actividades estratégicas de la nación, incluso en la toma de decisiones y la impartición de la justicia.

En el ámbito político-electoral, los partidos que no trabajan en la línea de un programa al servicio de la nación y que se dedican a buscar posiciones y empleos, prerrogativas y beneficios económicos son un buen ejemplo de corrupción en el que venció el mercado sobre la función y la responsabilidad pública.

Asimismo, los legisladores que apoyan normas que permiten la explotación de recursos en beneficio del capital privado afectando el patrimonio y la soberanía económica nacional, son corruptos.

En este contexto, se puede decir que si tal es el contenido de la lucha y denuncias de López obrador, debemos apoyar sus esfuerzos.