Con la salud no se juega

 “La máxima tragedia no es la opresión y crueldad de las malas personas, sino el silencio de la buena gente” (Martin Luther King).

 

Estalla de nuevo la bomba cargada de negligencia, abandono y valemadrismo instalada en el gobierno del estado y el Isssteson, y su estruendo inunda las calles y sofoca el optimismo y la vanagloria oficial: la seguridad social en Sonora es un trapo sucio, una caca de perro secándose al sol observada por algún funcionario que expresa su preocupación bajo la fronda de su cargo refrigerado.

Frente a las oficinas centrales de Isssteson y en las calles aledañas grupos de ciudadanos indignados reclaman el incumplimiento del gobierno, exhiben sus vales de medicamentos sin surtir, el retraso en el pago de sus pensiones, la orfandad política y social que los acogota cada mes, cada día, cada momento crítico en sus vidas.

Las organizaciones sindicales reunidas en el Consejo Sindical Permanente (o cosa parecida) proclaman su preocupación y su ocupación en ruedas de prensa, en negociaciones y reclamos hacia las autoridades, pero en la calle los derechohabientes, en su mayoría sindicalistas, reclaman su desprotección, sus complicidades, su demagogia y se erigen como un movimiento independiente de los “charros”.

Es claro que en este espacio no vamos a juzgar a nadie, no vamos a divinizar a nadie pero no vamos a dejar de considerar que muchas organizaciones en buena medida actúan según las prácticas de un modelo basado en las componendas, los acuerdos opacos y la manipulación de sus bases.

Así, tenemos organizaciones de trabajadores cuya dirección parece estar más comprometida con permanecer en el control que en cumplir con estatutos, normas de conducta ética o con las promesas y compromisos que formaron parte de su plataforma de principios.

Salvo error u omisión, es posible que muchas de las estructuras burocráticas sindicales no entiendan que el modelo vertical-descendente de toma de decisiones (que aparenta justamente lo contrario) esté agotado, sea incapaz de una respuesta del tamaño y la intensidad que exigen las actuales circunstancias.

Es probable que las bases, los agremiados o adherentes, y sus dependientes, estén cansados de las promesas, de los discursos tronantes, de las marchas y plantones que terminan en una mesa de diálogo donde una comisión pone la mejor cara ante sus posibles benefactores, toma acuerdos y acepta plazos. Todo dentro de lo políticamente correcto, “con madurez y cortesía”.

Es algo así como tener cáncer y tomar aspirinas o un té de manzanilla con la esperanza de que se resuelva el problema.

Mientras tanto, el desabasto de medicamentos de urgente necesidad, la atención médica general y especializada, los materiales de curación y la certidumbre de recibir el pago de la pensión en tiempo y forma brillan por su ausencia.

La gente espera que la gobernadora Pavlovich cumpla, siquiera antes de irse, con el compromiso del gobierno de proporcionar seguridad social a sus trabajadores y organismos afiliados que pagan puntualmente sus cuotas, que dan las aportaciones que exige la ley, que esperan y desesperan por el cumplimiento de lo que es la razón y el deber del Instituto, y que depende de que el gobierno le entregue los fondos que los trabajadores aportan para su funcionamiento.

La pregunta obligada es: ¿qué pasa con las cantidades que recibe la Secretaría de Finanzas del gobierno por concepto de cuotas y aportaciones de los trabajadores y organismos? ¿Por qué no lo entrega al Isssteson en forma oportuna y transparente?

Lo que queda claro es que la actual ley es eminentemente recaudatoria y que los convenios firmados con Isssteson resultan una especie de yugo en el cuello de las organizaciones y sus trabajadores, sin recibir nada o muy poco a cambio.

También es evidente que una ley no tiene efectos retroactivos y que las mejoras al Instituto deben ser en materia de organización administrativa, mecanismos eficientes de control del gasto, políticas efectivas de austeridad y, sobre todo, reforzar el carácter solidario y distributivo de la seguridad social en Sonora, además del urgente apoyo financiero que garantice su funcionamiento.

Tampoco es ajeno pensar que la delincuencia de cuello blanco que ha depredado al Isssteson tiene cuentas por pagar y que debe aplicarse todo el peso de la ley a los responsables del desfondo.

Aquí resulta indispensable rescatar la consigna de “pena de prisión a las ratas del Isssteson”, siempre vigente frente a la impunidad de sus depredadores. Que se haga justicia.