Vacunación voluntaria

 “La vacunación de Covid no será obligatoria” (AMLO).

 

Usted podrá decir que la vacunación debe ser obligatoria, que es cosa de responsabilidad social imponer medidas para la protección de los ciudadanos y las familias, que la gente no entiende, no hace caso y por eso hay que tomar medidas enérgicas como en Francia, o como amenaza el gobierno de EEUU. Sí, podrá decir eso y más, pero la realidad se cuece aparte.

Desde luego, la aplicación de una sustancia con características preventivas es muy importante y éticamente recomendable por la inmunidad que genera frente al virus que nos acecha.

Considerando lo anterior, es útil aclarar que se llama vacuna a una “substancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas; estimula la formación de anticuerpos con lo que se consigue una inmunización contra esas enfermedades” (Oxford Lenguages).

Dicho en pocas palabras, “la vacuna se administra para producir en el receptor inmunidad contra un microorganismo en particular” (Prosalud.org).

La inmunidad se define como el “estado de resistencia, natural o adquirida, que poseen ciertos individuos o especies frente a determinadas acciones patógenas de microorganismos o sustancias extrañas” (Diccionario de la lengua española RAE).

Como sabemos de viva voz de los representantes de la Secretaría de Salud (federal y estatal), la actual vacuna no evita la aparición de la enfermedad, no evita los contagios ni está plenamente demostrada su eficacia y seguridad por la sencilla razón de que aún está en fase experimental (etapa III), y que su aplicación fue autorizada por tratarse de una situación de emergencia mundial.

Para decirlo en forma breve y directa, las actuales “vacunas” aún no reúnen la características de una substancia que se pueda llamar categóricamente vacuna porque aún no son capaces de generar inmunidad aunque, al parecer, atenúan los efectos de la enfermedad.

En este caso, la vacunación debe ser voluntaria e informada, porque en realidad se está participando en un experimento médico en pleno proceso que, si bien arroja resultados alentadores, aún no son concluyentes.

Quedando claro que las vacunas contra Covid-19 son experimentales, cabe recordar al lector que la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (en lo sucesivo Declaración), establece que “se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses” (Artículo 5).

Y que, “toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno” (Artículo 6).

Es decir, gracias a las gestiones del gobierno tenemos acceso a una vacuna en fase experimental cuya aplicación debe ser, por razones éticas y legales, totalmente voluntaria, sin que las personas que decidan abstenerse de su aplicación sean señaladas, discriminadas, atacadas y objeto de coacción por parte de alguna entidad pública o privada.

Al respecto, la Declaración señala que “ningún individuo o grupo debería ser sometido por ningún motivo, en violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, a discriminación o estigmatización alguna” (Artículo 11).

De acuerdo con lo anterior, es de esperar que el Ayuntamiento o el Estado no rebasen el límite de sus competencias, que actúen en beneficio de la sociedad con absoluto respeto a los Derechos Humanos y que se peguen a las normas éticas y morales admitidas en el plano nacional y mundial.

Recordemos que por convicción humanitaria nuestro país está suscrito al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.

En un contexto de emergencia sanitaria se corre el riesgo de ceder al impulso de imitar medidas absurdas o francamente autoritarias anunciadas o emprendidas por parte de gobiernos extranjeros.

No dejemos que el miedo y la ignorancia den paso a acciones violatorias de los derechos y la dignidad de los ciudadanos y sigamos atendiendo las recomendaciones que, desde el inicio, dictaron las autoridades responsables.