A río revuelto...

“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente” (Sócrates).

Como usted sabe, algunas reglas básicas de relación y convivencia han cambiado o están en ese proceso en México. Por ejemplo, tenemos que los sueldos y gastos de la alta burocracia tienen ahora un límite, de suerte que el dispendio, el boato faraónico y la impunidad en el ejercicio del gasto y las funciones públicas, según ha dicho el presidente de la república, “se acabaron”.

Desde luego que, en un período donde el propósito central es la puesta en orden de los asuntos de la nación, las cosas no se van a dar en automático, sin oposición; por tanto, menudean las acusaciones peregrinas, la cargada de amparos contra las medidas que se consideran perjudiciales para los intereses de personas o grupos acostumbrados a servirse con la cuchara grande.

La desigualdad, aunque parezca absurdo, ha sido la clave para que grupos político-empresariales se encaramen en el poder. Sin ella sería impensable que el sistema de justicia protegiera a delincuentes y castigara a ciudadanos inocentes.

Para ciertas mentalidades la igualdad y la equidad suponen pérdida de posición social, motivo de alarma y pretexto para el pleito legal y la diatriba política. Como usted sabe, se ha acusado al presidente López de “dictador”, de llevar al país al desastre, de ser parte de la conjura cubana-venezolana contra los valores “occidentales” postulados por al norte anglosajón y acólitos latinoamericanos.

Por otra parte, sería absurdo aceptar sin crítica alguna las nuevas medidas y los nuevos aires que soplan en el gobierno y la administración pública. Es claro que una ciudadanía vigilante contribuye más a la democracia y al buen gobierno que una pasiva y condescendiente. En este sentido, podemos disentir pero estando conscientes de que vamos en el mismo barco.

En su reciente visita a Sonora, AMLO abrió la puerta para que el caso de la Guardería ABC fuera reactivado y las posibilidades de que los afectados obtengan el beneficio de la justicia es más cercana que antes. Asimismo, los derrames tóxicos de Grupo México y la impunidad de su propietario merecen ser replanteadas a la luz del derecho. En estos y otros casos, la justicia social y la penal hasta la fecha han dormido en sus laureles ya que la protección legal no ha sido ni fluida ni expedita para los afectados, habida cuenta el desaseo y venalidad de que ha padecido el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la era del prianismo hecho gobierno.

Si bien es cierto que estos dos casos, entre muchos otros pendientes, son saldos de una administración corrupta y alcahuete, también lo es que la actual tiene que lidiar con ellos y resolver conforme a derecho, porque se sacó la rifa del tigre neoliberal y asume los costos del desastre heredado.

Sin embargo, tanto el PRI como el PAN y su mascota PRD en una curiosa alianza donde las siglas son lo de menos y donde las recomposiciones son posibles siempre y cuando de lo que se trate sea atacar al gobierno de Morena, gritan, se rasgan las vestiduras, acusan, amenazan, emprenden litigios y alegatos mediáticos en un curioso olvido de lo que en su momento hicieron o dejaron de hacer.

Al respecto, está suficientemente documentado que la corrupción, el dispendio y el tráfico de influencias auspiciados en el salinato, llegó a niveles insólitos en las últimas dos décadas, con la criminalidad en auge, la inseguridad generalizada y la pérdida de soberanía ante el poder del dólar. Los últimos expresidentes, por ejemplo, padecen de amnesia selectiva, de una gruesa coraza de hipocresía y cinismo, que es consentida y compartida por sus correligionarios políticos y financieros.

No cabe duda de que poner orden en la casa de todos es una labor complicada, ingrata y riesgosa. En este contexto de cambios es evidente la campaña de desestabilización nacional emprendida por los enemigos del actual proceso transformador, como también es palpable el apoyo popular hacia el actual gobierno.

Sabemos que “a río revuelto ganancia de pescadores”, y es claro que muchos se han lanzado a la pesca sin más propósito de hacer fracasar cualquier iniciativa que promueva la mejoría en las condiciones de vida de la población. A algunos les da agruras la consigna de “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, tanto como la de que “en este gobierno primero los pobres”. En su salud moral y de imagen pública lo hallarán.