Los necesarios ajustes

“Cuanto mayor la riqueza, más espesa la suciedad” (John Kenneth Gailbraith).

Seguramente a estas alturas ya se diluyó para la opinión pública el impacto de la renuncia del Dr. Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda tras su inmediata sustitución por Arturo Herrera González, quien es un economista que cuenta con amplia experiencia en cuestiones fiscales, faltando sólo su ratificación por el Senado posiblemente el próximo jueves 18.

Lo cierto es que tenemos un panorama fiscal caracterizado por favorecer plenamente y sin disimulos al sector privado de la economía, y de éste a un grupo de empresarios a quienes se ha condonado o devuelto impuestos por una cifra verdaderamente escalofriante en los últimos gobiernos neoliberales: alrededor de 400 mil millones de pesos; sin embargo, en el primer trimestre del año se tuvo un subejercicio de 86 mil millones de pesos.

La salida del doctor Urzúa promete ajustes en el quehacer financiero nacional que den respuesta a la profunda desigualdad que existe en los montos y formas de la distribución y redistribución del ingreso. Para nada sirve un cambio de gobierno y de personajes en la titularidad de las dependencias si el modelo económico neoliberal sigue tan campante.

Si los cambios en el aparato económico y financiero del gobierno son urgentes y necesarios, también lo son los relacionados con el Poder Judicial de la nación, habida cuenta que el poder económico no sería tan factible si no tuviera como respaldo un aparato encargado de una mañosa interpretación y aplicación de las leyes. Tras los grandes defraudadores está siempre una pandilla de abogados, jueces, ministros y otros agentes operativos que integran esa hedionda cloaca llamada Poder Judicial.

En fecha reciente nos desayunamos (es un decir) con la noticia de que habían detenido al abogado Juan Collado, dueño de empresas financieras y casas de empeño, ligado a los intereses políticos y a los negocios que hacen posible el encumbramiento de personajes como los Salinas o los Peña Nieto, pasando por connotados panistas que fuman puro y de repente son secuestrados en condiciones por lo menos sospechosas, o con líderes sindicales eternizados en sus organizaciones ya charrificadas y convertidas en patrimonio personal, como es el caso emblemático de Carlos Romero Deschamps.

Queda para el anecdotario el clavado que se tiró al piso del restaurante en donde se encontraba con Juan Collado creyendo que iban por él, confusión que puso en evidencia que la vida de un parásito sindical también ofrece riesgos (Vanguardia-Mx 11.07.2019).

Los medios periodísticos pronto dieron cuenta de las relaciones “de pellizco y de nalgada” que el abogado Collado tiene con la cúpula del Poder Judicial, como son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo, en claro conflicto de intereses si se trata de la procuración de justicia y el respeto a la constitucionalidad de las normas. Lo anterior demuestra, una vez más, la imperiosa necesidad de cirugía mayor en la SCJN y el rescate de la confiabilidad, respeto por la ley y su aplicación por los órganos jurisdiccionales que deben hacer posible la legalidad y la justicia.

Como seguramente usted lo habrá pensado, no tiene ningún beneficio que haya cambios si no los hay en la planeación y la ejecución de los programas y proyectos de alcance nacional que se proyecten en cumplimiento de los deberes y obligaciones del gobierno federal y, en su caso, los estatales.

Al respecto, dice el presidente López Obrador que la Cuarta Transformación no se trata simplemente de un cambio de gobierno sino de un cambio de régimen, lo cual supone la articulación de las acciones públicas y las instituciones que las hacen posibles a un horizonte ideológico que las oriente y dote de sentido y dirección.

López Obrador ha dicho que en su gobierno “primero los pobres”, con lo que la salida de Urzúa (y las que resulten) sugiere el replanteamiento de las prioridades tanto en lo estrictamente financiero como en el rumbo de la economía en su conjunto.

En otro asunto, ya se reportan especies marinas muertas por el último derrame tóxico de Grupo México en Guaymas, donde se vertieron al mar 3 mil litros de ácido sulfúrico. Desde luego, la empresa niega el daño ambiental en la zona que se considera el “acuario del mundo”. ¿Los intereses políticos y económico de Germán Larrea circulan en una órbita distinta a la del combate a la corrupción que ha emprendido el gobierno? Esperemos que se haga justicia, a los afectados en 2014 y a las actuales y futuras generaciones de sonorenses.