UNISON, la dimensión humana del problema

“La máxima tragedia no es la opresión y crueldad de las malas personas, sino el silencio de la buena gente” (Martin Luther King).

Como usted sabe, el director del ISSSTESON ha emprendido una campaña mediática contra la Universidad de Sonora sustentada en el supuesto de que la institución “paga de menos” sus aportaciones y cuotas que por ley todo organismo afiliado debe cubrir. Con la magia del Power Point pretende conjurar los fantasmas de la razón y el sentido común ciudadano y, en particular, los de las autoridades universitarias.

Cabe señalar que el rector de la UNISON ha manifestado su disposición a ceder a los imperativos del director del ISSSTESON, a contrapelo con el criterio de los sindicalistas universitarios que sufren en carne propia las perversidad de una medida punitiva de cuya legalidad se duda y más bien se sitúa en el arsenal de los recursos políticos de disuasión y aniquilamiento del “enemigo”. Campaña sucia que parece haber emergido de las cloacas del sistema que, hoy por hoy, representa el gobierno de Claudia Pavlovich y del que Pedro Ángel Contreras López es simple y llanamente un sicario financiero encubierto como director de una institución cuyo propósito ha sido el de proporcionar servicios de salud y seguridad social a los trabajadores sonorenses al servicio del Estado y organismos afiliados, como es el caso de nuestra Alma Mater.

Lucha de lodo protagonizada por enanos rabiosos de su propia pequeñez, mezquina turba de inadaptados y reaccionarios a la nueva etapa política que vive el país y que, al parecer, no encuentra eco en la mentalidad y maneras de los funcionarios estatales que protegen, sea por omisión o por comisión, el escandaloso robo de los fondos bajo custodia y administración del ISSSTESON, organismo que incumple con su misión y que presenta huecos severos en materia administrativa y de operación de los servicios de los que es responsable. Caja chica de las administraciones estatales y reducto de compadres y emprendedores, cuando no de cómplices y alcahuetes, a la sombra del poder público.

Usted recordará que antes se decía que el daño patrimonial y el desfondo se debía sobre todo a las “pensiones abusivas” que se pagaban a exfuncionarios que siguen gozando de pensiones de lujo, a pesar de los aspavientos y fallidos recursos legales que solamente legalizaron y legitimaron el exceso; otra fuente de quebranto eran las prestaciones extraordinarias que se tenían conquistadas en el contrato de los trabajadores sindicalizados del propio ISSSTESON “por encima del resto de las organizaciones sindicales”; y la cereza del pastel de los problemas del Instituto fue la negativa de la UNISON de “armonizar” su contrato de prestación de servicios a los supuestos de la Ley 38 reformada en 2005, donde evidencia su espíritu recaudatorio al aumentar los años de cotización y el monto de las cuotas y aportaciones a ese barril sin fondo que es el ISSSTESON.

Hasta la fecha no se han recuperado los miles de millones de pesos saqueados de las arcas del ISSSTESON. Está en el aire el desfondo pensionario y no hay culpables pagando su deuda social y legal con el pueblo de Sonora. Ahora los culpables son los trabajadores universitarios “porque pagan de menos”.

Para cualquiera que tenga idea del derecho que asiste a las partes, es claro que la UNISON paga justamente lo que le corresponde pagar y así recibe pensiones de alrededor del 67 por ciento del último sueldo devengado. No recibe el 100 por ciento de la pensión porque se aplica el criterio de la ley reformada en forma retroactiva, situación ilegal pero que ha sido legitimada por fallo de la SCJN, aunque este mismo órgano del Poder Judicial ha reconocido que, en el caso de la UNISON y el ISSSTESON, lo que impera no es la ley sino el contrato que se tiene suscrito con el Instituto: Pacta sunt servanda. Los pactos o contratos deben ser honrados. En este caso no cabe decir que la UNISON paga de menos, porque cumple con los porcentajes pactados en el contrato vigente y debe recibir a cambio las prestaciones a que se ha comprometido el ISSSTESON, que al parecer se niega a honrar el contrato.

El director del ISSSTESON puede decir y presentar las laminitas Power Point donde dice que tiene la razón en sus acciones arbitrarias contra los trabajadores universitarios, en un esquematismo que da pena ajena, pero la realidad legal es que la UNISON está en lo correcto, según han defendido los sindicatos universitarios y otros organismos solidarios. Puede hacer circo, maroma y teatro en este penoso asunto, pero lo cierto es que vulnera un derecho esencial que es el de la seguridad social.

Estamos hablando que el futuro de alrededor de cinco mil universitarios está en la cuerda floja debido a una errónea y abusiva interpretación de una tesis jurisprudencial de la SCJN, aplicada fuera de su contexto y rebasando claramente las facultades de la Junta Directiva que aprobó el “acuerdo” dictado por el director e inspirado en la política recaudatoria de la actual gobernadora. Pero el hueco financiero sigue ahí, no ha sido posible taparlo con distractores como la venta de los estadios y 65 inmuebles propiedad del pueblo de Sonora, donde se liquida patrimonio para cubrir en pequeña escala el robo perpetrado contra el trabajador afiliado al ISSSTESON quien es el que sostiene con su ahorro a dicha institución.

El rector de la UNISON bien haría en asesorarse con los sindicatos universitarios en defensa de lo que a su derecho conviene, en vez de buscar plegarse a la exigencia de firmar un convenio a la medida de las expectativas de seguir tapando hoyos financieros en el ISSSTESON provocados por el mismo gobierno y la complicidad de la propia Junta Directiva. Es evidente que mientras no se aclare la cuestión legal y no cambien las condiciones el contrato vigente debe defenderse a como dé lugar. Es clara la falta de liderazgo en este momento de crisis cuando el gobierno del Estado recorta la parte que le corresponde del subsidio universitario. Es obvia la grosera y amenazante actitud del director del ISSSTESON, aunque sabemos que no se manda solo.

Las familias de los trabajadores universitarios representan el rostro humano de la verdadera dimensión de medidas tan arbitrarias e inusuales como la de recortar las pensiones “a la brava”, amenazar con iniciar un procedimiento de “desafiliación” de los trabajadores e, incluso, recomendar en tono retador que se vayan “al seguro popular”. ¿Usted tiene idea de las condiciones de vulnerabilidad que padecería una familia de trabajador manual o administrativo con un ingreso de alrededor de, cuando mucho, tres mil pesos mensuales, o un académico con maestría o doctorado condenado a una pensión de entre seis y nueve mil pesos? O en el supuesto de la “desafiliación”, de repente verse sin pensión, sin servicios médicos, sin medicamentos, sin futuro a una edad donde es imposible conseguir un empleo, salvo de empaquetador de mercancías en las cajas del super Ley? ¿Se imagina, además del drama humano,  el costo social y político que tendría?