Pues, de repente, tenemos que hace un año asumió la gubernatura el C. Alfonso Durazo Montaño e inicia la cuesta arriba de un gobierno cuya situación financiera es, por decir lo menos, crítica, digamos que, al borde de un ataque de inanición, según trascendió al inicio del mandato.
La receta a aplicar ha sido, según se ha dicho, la reducción del gasto innecesario, vigilancia de los centavos que entran y los pesos que salen, promoción de inversiones y apoyo a emprendedores, entre otras acciones necesarias y urgentes.
Seguro que los esfuerzos por enderezar el barco nacional son cosa de todos los días, y que la necesaria austeridad es parte de la vida cotidiana que se eleva como propósito salvador en medio de la crisis ocasionada por el saqueo de las arcas pública y los gobiernos mediáticos buenos para los regalos, las concesiones y las prebendas, tanto como los actos de nepotismo y los negocios privados a la sombra del poder.
Sin embargo, hay cosas que no se entienden del todo, a la luz del discurso soberanista de la 4T y las acciones tendientes a recuperar el espacio económico nacional.
Sin duda alguna la conexión renovada entre Guaymas y Chihuahua es un avance notable desde el punto de vista económico y social, habida cuenta la enorme diversidad de recursos que ofrece el noroeste de México, cuyas posibilidades de integración productiva se amplían con la carretera.
No hay duda que la integración deseable para nuestro país es, en primer lugar, entre las regiones geoeconómicas que lo conforman y, yendo más allá, entre nuestra nación y el resto de Latinoamérica y el Caribe.
La experiencia histórica demuestra que la integración con el norte solamente reafirma las relaciones de dominación-subordinación existentes entre áreas con diferente desarrollo, de manera que la más desarrollada se sirve de los recursos e, incluso, llega a dominar políticamente a la menos desarrollada, porque influye sesgadamente en sus decisiones, a pesar del supuesto formal de la soberanía e independencia nacional.
Cabe recordar que desde la década de los 80, siendo gobernador de Arizona Fife Symington y de Sonora Manlio Fabio Beltrones, ya se hablaba de integrar económicamente estos estados, entre otras cosas mediante la modernización del puerto de Guaymas que, en su momento se consideró como el “puerto de salida de Arizona”.
De hecho, en el plan de desarrollo del gobernador Symington se hacían cuentas alegres sobre Guaymas, como parte de los recursos estratégicos ¡de Arizona!
Quizá sea tiempo de replantear nuestra reacción con el norte y generar propuestas de desarrollo que sean compatibles con los propósitos de recuperación del espacio económico nacional y local, donde chocarían los planes de avance y explotación gringos con aquellos que apunten hacia nuestro desarrollo soberano.
En este contexto, cabe mencionar la construcción del parque solar que proveería de energía al norte de Sonora, con salida para venta al país vecino, y la instalación de una planta para licuar gas en Puerto Libertad, que serviría para apuntalar las exportaciones de EEUU a Asia.
En ambos proyectos, parece que la idea recurrente es beneficiar al vecino, sirviendo de estación de servicio de otra soberanía y, desde luego, colocándonos en el radar geoestratégico de los intereses económicos y militares de EEUU. Al respecto, en Latinoamérica hay muy buenos ejemplos de anexión silenciosa so pretexto de la cooperación internacional y las alianzas estratégicas.
No hay duda que el comercio internacional es muy importante, pero lo es más la salvaguarda de la independencia y soberanía nacionales, tanto como establecer relaciones de intercambio justas entre países, pero no a cambio de aparecer como un protectorado de una potencia militar beligerante, como es el caso del vecino.
Nuestro país y, por consecuencia, la entidad federativa, debe defender el escaso margen de maniobra que le dejaron los gobiernos apátridas del Prian, y no comprometerlo ni acortarlo.
Se ha cumplido un año, y aún quedan muchas cosas por hacer y deshacer, en el marco del derecho y el interés nacional y local.
En otro asunto llama la atención el anuncio de que se piensa exigir la constancia de supervivencia en el ISSSTESON, siendo que lo más fácil es conectar su sistema al del Registro Civil, y verificar si los beneficiarios de una pensión viven o no; sin embargo, otras instituciones (ISSSTE, IMSS) lo hacen sin problema, incluso la Universidad de Sonora ha dejado de pedir el acta de nacimiento gracias al enlace de su sistema de registro.
¿Qué pasa en el ISSSTESON? ¿No cuentan con un sistema que valga la pena para evitar pagos indebidos? ¿No hay personal que verifique las actualizaciones del Registro Civil? ¿No hay capacidad para coordinarse informáticamente al interior del gobierno y cotejar información? Independientemente de que no hay duda de que se hacen esfuerzos importantes en beneficio de los derechohabientes, se necesitan respuestas operativas y soluciones prácticas.
De nueva cuenta: ¿Se va a rehabilitar la Escuela Leona Vicario y regresar el plantel a sus alumnos? ¿Habrá justicia para los jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo? ¿Tendrán los derechohabientes del ISSSTESON los servicios que establece la ley y habrá castigo a los culpables del desfondo pensionario?
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