El derecho de protestar

 “El primer principio de la protesta pública o privada es que no puede estar relacionada con cosa alguna de lo que el que protesta pueda ser responsable” (P.D. James).

Según el diccionario, protestar significa “exponer una persona de forma vehemente su queja, oposición o disconformidad por algo que considera injusto, inadecuado, ilegal, etc.”, y ya entrados en gastos, diremos que vehemente significa que se manifiesta “con ímpetu, viveza o pasión”.

En ninguna parte de la definición existe elemento alguno que suponga que protestar sea sinónimo de vandalizar, que significa “cometer acciones destructivas contra la propiedad pública”.

De lo anterior se desprende que no es lo mismo protestar que vandalizar y que son acciones independientes que responden a propósitos políticos distintos.  

Mientras que la protesta es una expresión pública de objeción o desaprobación de una acción o idea, el vandalismo carece de propuesta y sólo daña la propiedad pública (o privada), lo que genera un clima de hostilidad e inseguridad social además de desvirtuar la inconformidad legítima, ya que se toma como pretexto de conductas antisociales. La primera busca vías de entendimiento mientras que el otro impone una agenda caótica a la sociedad.

Es claro que los ataques contra la propiedad pública no constituyen vías de conciliación o medios válidos para reivindicar un derecho.

En el mejor de los casos la toma de edificios públicos, destrucción de aparadores comerciales, ventanales, cajeros automáticos, plafones, paradas y unidades de transporte público, las pintas o el daño a vehículos privados, paredes, monumentos y equipamiento urbano, reflejan simplemente la falta de conciencia social, el subdesarrollo emocional y político de quien ejerce el vandalismo; y en el peor escenario, da cuenta de una agenda perversa de caos social y desestabilización política.

Queda claro que la protesta tiene fines de mejora social mientras que el vandalismo es, más que un desahogo visceral, el trabajo sucio de peones políticos.

Tenemos ejemplos recientes de actos vandálicos en las acciones de la turba de mujeres que se arman de pintura, martillos y otros objetos contundentes y la emprenden contra la propiedad y servidores públicos en un sainete ridículo, tan condenable como cualquiera de los que protagonizan las bandas de porros que se infiltran en las manifestaciones pacíficas.

A estas alturas, casi nadie duda que el clima de inseguridad resultante esté relacionado con la escalada de descalificaciones y francos ataques contra el actual gobierno federal, protagonizados por varios actores, entre los que se encuentran:

A) El grupo de despistados pastoreados por Gilberto Lozano, un fascista de guarache, instalado mediáticamente en una parte del zócalo capitalino, entre rezos y maldiciones contra el presidente legal y legítimo de los mexicanos;

B) Acciones sediciosas de empresarios y políticos ligados al viejo régimen;

C) Gobernadores con finanzas opacas que quieren sostener la discrecionalidad en el gasto y réditos electorales;

D) La intelectualidad mercenaria y la prensa lacayuna aficionada al chayote que hizo del ejercicio periodístico un negocio prostibulario cuya materia prima es negociar la verdad a cambio de pagos y estímulos monetarios, y finalmente:

E) Los grupos porriles de “feministas” financiados por empresarios tales como María Beatriz Gasca Acevedo, mano derecha del priista Raúl Beyruti de GIN group (El Universal, 28/09/20) o las reclutadas por la priista Xóchitl Fuentes Martínez financiada por Grupo Femsa (Revolución 3.0, 28/09/20), además de los grupos formateados ideológicamente por opinólogos como Denise Dresser, del ITAM.

Aquí es inevitable señalar que la manifestación por un “aborto libre, gratuito y seguro” escenificada violentamente en la Ciudad de México el día 26 de septiembre, carece de sentido, toda vez que ahí es legal y cuenta con las garantías de salud siempre y cuando no rebase las 12 semanas de gestación. Si es legal, entonces ¿qué es realmente lo que persiguen? ¿A qué intereses responden sus acciones violentas?

Al respecto, en el caso de Sonora, existen dos excluyentes de delito: cuando es producto de un evento involuntario, accidental o el embarazo es consecuencia de una violación, y cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer. Aquí tampoco aparece como necesario el ejercer acciones destructivas o violentas contra personas o edificios, dado que existen vías institucionales para atender inquietudes o propuestas de la parte interesada.  

Desde luego que no falta quién apoye el desorden, la violación de la ley y los derechos humanos, con el pretexto de que el ruido y la destrucción hace que las autoridades “volteen a ver” a las víctimas de agravios, como si no fuera posible otra vía, como si el estado de derecho pudiera ser realidad en el caos, e ignorando convenientemente la perfectibilidad de las normas jurídicas y los esfuerzos que se hacen para erradicar la corrupción y el resultado de décadas de simulación y discrecionalidad. 

Hoy más que nunca se ha garantizado la libertad de expresión y la libertad de manifestación de inconformidades y disensos, sin embargo se ha incrementado el tono y la frecuencia de las descalificaciones, los llamados a la insurrección, los intentos de lograr por la fuerza lo que no se logró en las urnas electorales, los esfuerzos por descarrilar a un gobierno que está trabajando en la reconstrucción nacional y dignificando el servicio público, además de ser ejemplo internacional en materia de programas de asistencia social, como “Jóvenes construyendo en futuro”, replicado en Escocia (El gato político News, 23/09/20) y el de apoyos a adultos mayores en EEUU (El Financiero, 24/09/20).

Lo anterior da cuenta de que el viejo régimen da coletazos agónicos, que sus beneficiarios no quieren reconocer que el pueblo decidió mandarlos al basurero de la historia, que nos encontramos en la construcción de una nueva civilidad donde la justicia debe y puede ser para todos, sin influyentismos, sin chayote, sin corruptelas ni manoseos de la verdad.

Ahora, lo que queda es que el pueblo preserve su identidad y memoria, y siga ratificando con su actuar diario la decisión que tomó en el pasado proceso electoral para hacer realidad una sociedad mejor, donde todo mundo quepa y donde todo mundo cuente.