“Mejor que el hombre que sabe lo que es
justo es el hombre que ama lo justo”
(Confucio).
Se ha señalado que la corrupción se ha
vuelto una forma de gobierno. Ha habido denuncias públicas puntuales sobre la
venalidad de algunos juzgadores que más parecen trabajar para la delincuencia y
el crimen organizado que para salvaguardar el estado de derecho y la paz
social. Desde hace tiempo la sociedad se ha visto agraviada por funcionarios
corruptos y por el manejo desaseado de las leyes y las instancias de
procuración de justicia.
Como usted seguramente sabe,
recientemente presentó su renuncia el Ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora Icaza, desatando una serie de
comentarios a favor o en contra de dicha decisión. Lo cierto es que el
Presidente de la República la ha aceptado y, de acuerdo con la Constitución,
será sometida a la consideración del Senado.
Algunos manifiestan su preocupación por
el equilibrio de poderes, bajo el supuesto de que se requieren contrapesos para
el Poder Ejecutivo, es decir, una estructura judicial que no obsequie su voto
frívolamente a las iniciativas del presidente. En efecto, el equilibrio de
poderes es importante y básico en un régimen democrático y republicano, de
acuerdo con el modelo federal que adoptamos de los gringos recién nuestro país
se constituyó como libre, independiente y soberano. La duda, en este caso
fundada, es ¿qué se entiende por equilibrio de poderes en un Estado donde la
corrupción se encuentra instalada hasta el tuétano de las instituciones?
A juzgar por las recientes expresiones
de oposición por parte del PRI, PAN y PRD en distintos escenarios a las
iniciativas y acciones del gobierno emanado de Morena, se puede suponer que de
lo que se trata es de conservar a como de lugar el estado de cosas que existía
ante de la elección del 1 de julio de 2018. Es claro que la marea poselectoral
está removiendo estructuras, acuerdos, cochupos e intereses cuya sobrevivencia
depende de que desde el gobierno “no hagan olas”.
En el momento preciso en el que se
encuentra el país, el “equilibrio de poderes” supone la conservación de
privilegios, la permanencia del criterio neoliberal de entrega de los recursos
nacionales y la más oscura connivencia con los intereses del capital
extranjero. Seguramente alarmó lo suficiente la advertencia de que ya no se
permitiría la corrupción, el tráfico de influencias y los negocios a la sombra
del poder, cuestiones que alimentaron las grandes fortunas de los políticos y
funcionarios del neoliberalismo hecho gobierno inaugurado por el PRI de Carlos
Salinas de Gortari y fauna de acompañamiento en el PAN, PRD y satélites
electorales.
Ahora tenemos que los beneficiarios de las
corruptelas y complicidades del gobierno con la iniciativa privada que dieron
por resultado grandes fortunas y condonaciones o devoluciones a empresarios
multimillonarios, claman justicia y equilibrio de poderes para hacer frente al
poder presidencial en sus iniciativas “aventuradas y riesgosas”. Pero,
pensándolo con calma, tienen razón: la democracia y la transparencia, el
respeto a la ley y la procuración de justicia tienen el defecto de despertar
conciencias, de hacer una nueva ciudadanía, donde no resulte extravagante la
consigna de “primero los pobres”. Estamos en un momento en el que el presidente
requiere de todo el apoyo, de todo el poder para hacer cumplir la ley y honrar
las promesas del cambio. Desde luego que quienes han estado contentos con que
la ley sea una mercancía y quieren seguir esperando la temporada de ofertas, se
sienten frustrados y afectados en sus intereses y, desde luego, pegan de
gritos.
La renuncia de Medina Mora, de negros
antecedentes ligados a la delincuencia de cuello blanco según ha trascendido en
medios periodísticos y objeto de una investigación internacional protagonizada
por EEUU y Reino Unido, han sido razón suficiente y necesaria para que se
considere fundada su renuncia a la SCJN. Es claro que quien se encuentra como
persona políticamente comprometida por sospecha internacional de lavado de
dinero no puede estar en condiciones para formar parte del máximo tribunal de
la nación.
En este orden de ideas, el Senado debe
dar curso a dicha renuncia y al procedimiento establecido constitucionalmente
para el nombramiento de un nuevo ministro. Si el presidente, de acuerdo con la
ley, es quien presenta las ternas para la sustitución, debemos dar por supuesto
de que quienes en ella sean presentados reunirán la estatura moral y autoridad
profesional para garantizar el estado de derecho desde la cabeza del Poder
Judicial.
Un aspecto que no debe ser dejado de
lado es el de la necesaria revisión de los asuntos a cargo del ahora exministro
Medina. Si existe la sospecha de malos manejos y negocios turbios, es lógico
poner el duda la legalidad y certidumbre de los fallos dados por la Sala
Segunda de la SCJN durante el tiempo de ejercer funciones del citado
exministro. Si existen evidentes muestras de tráfico de influencias, criterios
políticos más que jurídicos en la resolución de determinados casos, los
expedientes deben ser regresados a su punto de origen.
Por poner un ejemplo de manejo político
antes que jurídico, cito el caso de las demandas de nivelación de pensiones de
ISSSTESON. Aquí se atrajeron los expedientes a la sala presidida por Medina
Mora, siendo que eran asuntos de la estricta competencia de los juzgados
locales, quienes se declararon incompetentes tras haber fallado a favor de los
demandantes en 210 casos al inicio del gobierno de Claudia Pavlovich. De
repente ya no eran competentes y la cosa pasó a manos federales donde se juzgó
de acuerdo con la Ley del ISSSTE, siendo que la ley 38 que rige al ISSSTESON es
estatal, y siendo como lo es un organismo descentralizado de la administración
pública estatal. Como queda claro, el tráfico de influencias y la venalidad del
juzgador son los elementos clave para una trama exitosa de corrupción y desaseo
legal.
El país requiere urgentemente de una
limpia a fondo del Poder Judicial, plagado de corruptelas y simulaciones. En
este sentido, bienvenido el cambio.
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