Sólo promesas

                                           “A la pobreza le falta mucho, a la avaricia todo” (Publilio Siro).

Parece que las altas temperaturas no sólo han afectado la piel, la salud visual, además de los efectos en el metabolismo de los sonorenses, amenazados continuamente de escases de agua y azotados por sensaciones térmicas cercanas a los 45 o 50 grados Celsius (centígrados para los cuates), sino que también la capacidad de asombro y la memoria colectiva. De otra manera sería muy complicado explicar por qué la mayoría permanece impasible, ajeno, lejano y valemadrista ante el horror que sufren los habitantes de siete municipios rivereños a partir del 6 de agosto de 2014.

Las promesas de la empresa minera culpable se hicieron una con las del gobierno en forma de un fideicomiso que vendría idealmente a resolver los impactos más inmediatos del daño. Pronto la realidad cruda y deshidratada vino a demostrar que Grupo México, tanto como otras empresas mineras no están para asumir responsabilidades y costos que, seguramente, adjudican a los propios lugareños por establecer sus pueblos y actividades productivas en el cauce del drenaje que el Estado les concedió para vaciar sus desechos contaminantes. Su famosa aportación de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y una variedad de metales pesados debe reconocerse no como un cargo sino como un abono a la industria extractiva sonorense y, lo más importante, a la creación de empleos. ¿Qué haría Sonora sin las inversiones que detonan la economía de algunas regiones de nuestras arideces geográficas?  

Cabe reconocer que el esfuerzo productivo tiene, y a veces exige, daños colaterales, arrugas en la planchada superficie de la complacencia gubernamental alineada a los proyectos de la oligarquía trasnacional que emociona al gobierno federal y provoca eyaculaciones precoces en el estatal. Si las mineras nacionales y extranjeras permiten la generación de un “fondo minero” altamente fotogénico y mediático, ¿qué tanto debe importar la problemática doméstica de los municipios afectados? Al parecer, las evidencias científicas oficiales deben obedecer no al interés comunitario sino a la expectativa de progreso empresarial y la atracción de inversiones que tanto preocupa a la gobernadora Pavlovich.

Como se sabe, recientemente se realizó en Aconchi un foro de análisis a casi dos años del derrame tóxico. Balance necesario y concluyente de que el daño le cambió la vida a miles de ciudadanos que, hasta el momento, no ven cómo salir de sus problemas de salud, del daño patrimonial y de la caída violenta que sufrieron en su calidad de vida. Las promesas tienen el efecto de endulzar el oído de quien las pronuncia, pero de la boca para afuera no corre más que el aire y el agua contaminados, la desesperación de los productores regionales, y el enorme vacío que se acrecienta en la desconfianza, la desprotección y la lejanía de quien gobierna. 

En Sonora, la contaminación minera, la de empresas textiles y la ocasionada por las actividades agropecuarias intensivas no son asunto menor, como tampoco lo son sus consecuencias en la economía, la salud y calidad de vida de sus víctimas.

En otros asuntos, llama la atención la oportunista aparición del SNTE en el conflicto originado por la imposición de la mal llamada reforma educativa y sus mecanismos de evaluación punitiva y desaparición de los derechos laborales de los profesores. La maniobra de desaparecer o hacer pasar a un segundo plano a la CNTE, opositora a la reforma, no pasa de ser una patética confesión de charrismo y de complicidad sectaria con un gobierno poco nacionalista, irresponsable y, prácticamente sin cabeza.

Las iniciativas enarboladas por Peña suponen un alto grado de lameculismo trasnacional, tan propio del extranjerismo del gabinete itamita, pero tan apabullantemente torpe y nocivo para los intereses nacionales. Tales despropósitos cubren una amplia gama de temas, entre los que destacan las absurdas “reformas estructurales”, el matrimonio igualitario, el alza de las gasolinas y la tarifa eléctrica, la creciente dependencia agroalimentaria, financiera y tecnológica que contrastan con realidades como la creciente pobreza, el desarraigo, la inseguridad pública, la cada vez más frecuente migración y existencia de indigentes y la nociva inutilidad del trabajo legislativo, sospechosamente apátrida, que se hace con fines mediáticos, electorales, entreguistas y de simple y llana simulación.

México es un país comprometido con un alto número de tratados internacionales, pero la fiesta de firmas, declaraciones y fotos no ha alcanzado algún saldo positivo ni en la economía nacional ni en la paz interior del país. Salir en la foto de los acuerdos y tratados internacionales no resuelve la carencia de objetivos claros ni mucho menos la omisión al cumplimiento de la obligación constitucional de procurar el desarrollo integral de la nación. Tenemos el triste caso en que la acción gubernamental no tiene mucho que ver con la salvaguarda del interés nacional, y sí con la servidumbre al capital extranjero, a la disposición de nuestros recursos estratégicos y al manoseo de la soberanía nacional.

A estas alturas del camino, queda claro que no se puede seguir sosteniendo una farsa nacional y local, basada en la demagogia, el cinismo y la traición. Resulta más que evidente que la nación y la entidad no pueden funcionar con solo promesas, con declaraciones ridículas, con pretextos absurdos, con torpeza inadmisible.

Los profes

                                 “La corrección es la parte más útil de la enseñanza” (Quintiliano).

La llamada reforma educativa nos pone frente a la historia: el ayer colonial y el hoy globalizado desfilan en la superficie de una pantalla espectacular que irradia progreso occidental y que se erige imponente sobre la tierra oscura de un pasado indígena cuyas raíces, ahora genéticamente modificadas por la ciencia occidental y los intereses trasnacionales, resuman folclorismo, parafernalia decorativa y un no-sé-qué de nostalgia: Los indios son decorativos, ecológicos, evocadores de un pasado que la modernidad ignora y la conveniencia niega; los pobladores originales y sus condiciones de vida sugieren que la educación pública debe ser un paliativo administrado en condiciones que no deben rebasar los estándares de semi-exclusión impuestos en beneficio de las “gentes de razón” interesadas en los recursos naturales todavía en manos de las comunidades rurales.

Las comunidades rurales deben apegarse a la añoranza occidental de una vida de privaciones, un tanto silvestre, aunque bendecida por la promesa de un futuro en el que la educación y los beneficios del progreso se ligarán a modelos de desarraigo cultural y depredación económica con rostro anglosajón, que le tuerzan el cuello al cisne de la Revolución de 1917 y al legado de los gobiernos emanados de ella. La pesada carga del agrarismo alentado por Cárdenas y el discurso nacionalista deben ser erradicadas del imaginario colectivo de los nativos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, como en buena medida lo ha sido en las regiones urbanas y norteñas, donde campea una versión despeinada del “american way of life”.

¿Para qué empecinarnos en discutir las raíces de un pueblo mestizo de cara a las transformaciones globales que impulsa nuestro vecino del norte? ¿Qué caso tiene luchar contra los significativos avances de la neocolonización financiera y comercial de Latinoamérica desde una trinchera nacionalista? El progreso, como la belleza, tiene sus costos. Las apariencias deben guardarse y, en este caso, los contrastes son significativos: tenemos un potente faro orientador que marca la ruta hacia el progreso, pero no puede funcionar sin esos espacios oscuros que permiten apreciar la claridad de la luz. ¿Qué sería del progreso sin puntos de contraste? ¿Qué haríamos sin indígenas en una nación mestiza?

Por otra parte, existen formas de ver el progreso y el bienestar enraizadas en nuestra historia patria, que contrastan fuertemente con la visión unipolar del sistema; se tienen puntos de vista que surgen de nuestra experiencia colectiva y que atienden y dimensionan los orígenes de nuestra nacionalidad sin ignorar los puntos luminosos y los oscuros que nos hacen ser una nación pluriparticular, rica culturalmente, con enormes recursos por aprovechar de acuerdo a nuestras posibilidades e intereses. Queda claro que la homogeneidad no tiene mucho que ver con nuestra realidad, y que ningún modelo impuesto puede suplir la lógica interna de nuestro devenir.

En este contexto, no hay duda que un punto de encuentro entre pasado, presente y futuro de nuestras regiones y comunidades es la escuela. Allí coexisten e interaccionan los personajes, problemas y soluciones que emergen de los libros, las lecciones y actividades escolares, pero también las costumbres, tradiciones, valores y principios de sus actores esenciales: el maestro y los alumnos. Se cuenta con el paisaje cultural formalizado en los libros de texto, en la literatura complementaria, así como con la formación y la experiencia del docente; se tienen vivencias del contexto económico, social y cultural de la escuela, pero también la conciencia de ser y pertenecer a una comunidad. Hay una identidad nacional, pero también una local y familiar que nutre y redimensiona la experiencia escolar. La idea de mundo cambia y se amplía en el trabajo cotidiano, en el que los conocimientos generales y los problemas y soluciones particulares construyen un nuevo horizonte de interpretación y de vida para cada estudiante.

Pero, ¿quién hace posible la obra de toma de conciencia de los alumnos y actúa como promotor del cambio en las comunidades? ¿Quién vive y convive con los actores locales y las situaciones problemáticas que éstos enfrentan en forma cotidiana? El maestro rural cubre funciones de docente, de orientador escolar y familiar, de gestor comunitario, de testigo y cronista de los dichos y los hechos que se suscitan en el entorno escolar y regional. Su compromiso es palpable cuando se trata de hacer posible que la justicia social, económica y política baje de los libros a la realidad cotidiana de su comunidad. Es claro que su conocimiento de la realidad lo convierte en un opinante informado, en un actor legítimo en la búsqueda de respuestas y soluciones sociales.

Pero, en oposición a la labor de servicio comunitario que realizan los maestros, los impulsos globalizadores a los que ha cedido el gobierno adquieren una gravedad tal que ponen en peligro la obra social, económica y política de la Revolución y la defensa, en los hechos, de nuestro patrimonio nacional.

La apariencia de legalidad riñe fuertemente con la legitimidad de la acción cotidiana de los maestros en sus comunidades, y el derecho a la educación tanto como la defensa de nuestro patrimonio viven la agonía de la represión física y la agresión mediática. La reforma educativa es una perversa maquinación “legal” contra los derechos laborales de los maestros y un retroceso monumental de la legalidad y credibilidad de los funcionarios públicos. Se puede afirmar que la reforma atenta contra el derecho de los pueblos a la educación, y que al reprimir y privar de derechos a los maestros se vulnera y desprotege la vida comunitaria asediada por las ambiciones de las empresas transnacionales que ven en los maestros un obstáculo para el control de espacios comunitarios ricos en biodiversidad, agua y otros recursos esenciales.

La lucha de la CNTE no es poca cosa. Debiera ser la de todos los mexicanos por recuperar los espacios controlados por las empresas trasnacionales, con grave perjuicio de la agricultura y el comercio comunitarios; debiera ser una exigencia nacional el poner coto a la grosera intromisión extranjera en la vida y destino de los mexicanos; debiera ser tarea nacional el recuperar los espacios que en el México rural explotan con impune desfachatez empresas embotelladoras, agrícolas y mineras que dejan diariamente su cauda de contaminación, miseria y exclusión en todo lugar donde se establecen. Pero, sobre todo, debiera ser un imperativo categórico la defensa de la educación pública gratuita y de calidad. Debiera.

Al paso que vamos...

                                     “En la adversidad se precisa el camino más rápido” (Séneca).

Al parecer hay cosas incomprensibles para el común de la gente, asuntos que permanecen lejanos y ajenos a la inteligencia de quienes un día como cualquiera se ven, de repente, en medio de una situación insospechada. En ciertos casos podemos aceptar fácilmente el absurdo, pero en cambio rechazamos la realidad si esta nos incomoda.

Podemos aceptar que los políticos sean corruptos y roben aprovechando la impunidad que rodea al cargo público, y ver con esperanzado interés la jerga legaloide que indica que nadie es culpable hasta que se demuestre, siendo que la presunción de inocencia cae por tierra todos los días al estar basada en la facilidad para traficar con influencias, hacer valer los lazos familiares y las oportunidades que ofrece la estructura clientelar de los partidos que, hasta hoy, se rotan en el poder. En cambio, es fácil y cómodo rechazar ideas y opciones políticas que prometan cambios a nuestra muy bien engrasada maquinaria de saqueo y explotación, porque pueden comprometer nuestro futuro que se vería amenazado con ataques masivos de honestidad.

Nos asombramos y quedamos con el alma estrujada cuando recibimos la noticia de que una familia ha perdido todo en el incendio que acabó con su vivienda en alguna invasión o en alguna colonia periférica, pero fruncimos la nariz cuando nos encontramos frente a un indigente con mugre acumulada de días y con evidentes necesidades de alimentación y vestido. ¿Quién se para y saca de su bolsa unas monedas para paliar utópicamente el sinfín de carencias no resueltas de ese ser humano que se nos pone enfrente? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a simular una ayuda que de entrada no estamos tan dispuestos a ofrecer? ¿El solo hecho de arrojar una moneda a la mano del pobre nos coloca como promotores del cambio social?

Leemos en los periódicos que tal o cual comunidad ha sufrido de inundaciones porque algún ricachón con influencias decidió desviar el cauce del río y que están apoderándose de tierras comunales porque la ley protege a los depredadores con apellidos frecuentes en las páginas de sociales. Sabemos de actos criminales donde se contamina el suelo y el agua, dejando a muchas familias expuestas a enfermedades producidas por el contacto con substancias tóxicas, y que los culpables del ecocidio pueden seguir gozando del fuero que da el dinero y las influencias.

Tenemos evidencias de que la calidad del aire ha disminuido drásticamente y que esa mezcla nociva provocará enfermedades a nuestros hijos, al agredir sus vías respiratorias de manera continua y prolongada. Nos enteramos que la agricultura basada en el uso intensivo de agroquímicos como fertilizantes, herbicidas y pesticidas, contamina el ambiente y contribuye al cambio climático, pero nos hacemos de la vista gorda por no aparecer como enemigos del progreso, independientemente de la realidad de los períodos de sequía, la menor disponibilidad de agua y el descenso de la calidad del líquido.

Sabemos que las poblaciones de abejas cada vez son menores, y que la calidad y cantidad de la miel está siendo afectada, pero no es cómodo señalar a las trasnacionales que comercian con veneno que afecta la vida de las colmenas y las condiciones de la polinización. ¿Se imagina enfrentar a Monsanto o DuPont, por ejemplo, y correr el riesgo de ahuyentar inversiones y fuentes de trabajo? ¿O a Grupo México y sus similares canadienses?

Celebramos la reanudación de las conferencias Sonora-Arizona, pero parece que olvidamos que una y otra son entidades de dos naciones distintas y con objetivos no necesariamente compartidos. ¿Por qué quemar incienso en el altar de la hipocresía y el oportunismo anglosajón? ¿Nos sentimos tucsonenses honorarios? Si bien es cierto que el gobierno de la república tiene la misión de liquidar los activos nacionales en beneficio del extranjero, ¿Sonora debe celebrar ser el traspatio y fuente de recursos de su vecino del norte? ¿Por qué no empezar por fortalecer la economía regional sonorense y generar proyectos propios?

Al paso que vamos, la posibilidad de un cambio auténtico, distinto y opuesto a la bazofia neoliberal que ha alimentado al ciudadano común y al mercenario académico, al hampón político y al lamebotas sexenal, parecerá lejana pero no lo estará tanto. Por fortuna, hay gente que es capaz de ser solidaria, que ve la diferencia entre una causa justa y una simple manipulación imperial; capaz de salir a la calle y marchar con los maestros, los trabajadores de la salud, los afectados por la rapiña con influencias, los marginados políticos, los ciudadanos de a pie.

Derechos de papel

                        “Todos ven lo que tú aparentas; pocos advierten lo que eres” (Maquiavelo).

Sonora ocupa mediáticamente un lugar prominente en materia de transparencia, combate a la corrupción y empoderamiento de todos cuantos las olas de la política sexenal permitan hacerlo. Es, por decirlo así, un paraíso de logros y realizaciones, de acuerdo al catecismo peñanietista. Aquí se carece de competencia para restituir en sus empleos a los maestros despedidos por la reforma educativa, pero sí se cuenta con capacidad y voluntad de reprimir y encarcelar docentes “salidos del huacal”.

Se tienen instancias y mecanismos para procurar justicia y brilla la modernidad en forma de juicios orales, pero sigue siendo contaminado el suelo y el agua por los mismos rufianes que se escudan en el dinero y las influencias. Siguen derramando tóxicos las mineras y continúan gozando de impunidad, frente a miles de pobladores de las regiones afectadas que enferman y se empobrecen. Asimismo, tenemos defensores legislativos de variadas causas, pero tras siete años de espera la justicia para las víctimas de ABC sigue ausente.

Se cuenta con una gobernadora, pero los hombres y mujeres de a pie siguen viviendo las mismas carencias y penurias, porque la pobreza, marginación y falta de oportunidades actualmente tiene más que ver con el sistema y sus privilegiados que con el sexo. El logro y reconocimiento de las mujeres que hoy brillan en la política sigue asociado a las redes familiares, el lustre de los apellidos y los reacomodos generacionales partidistas.

Mientras que los reflectores iluminan los rostros y apellidos de moda, la penumbra del anonimato arropa a varios cientos de indigentes en las plazas, calles y el centro de la ciudad capital, miserables que en número creciente dan testimonio del abandono y exclusión en que viven y mueren los ciudadanos más pobres entre los pobres.  

Al parecer, la idea predominante de gestión pública y gobierno se reduce a los efectos mediáticos que producen las continuas apariciones públicas de los personajes, las fotos besando, saludando, o apapachando a alguien, o modelando para promocionales de obras sociales. El palacio de gobierno recuerda en mucho a una agencia de modelos donde la cultura de la pasarela suple el cumplimiento de deberes y obligaciones públicos ceñidos a la sobriedad y razonable medianía postulada por el Benemérito Juárez. Pero, la política de estudio televisivo y la sobreexposición mediática de los actores políticos de temporada empieza a cansar, tras casi un año de lo mismo.

Independientemente de lo que han afirmado algunos funcionarios y otros opinantes no del todo independientes, Sonora no cuenta con un plan de desarrollo digno de ese nombre. No se puede llamar plan a una colección de ocurrencias que suponen acciones, pero sin que exista un diagnóstico sectorial previo. Lo mismo puede decirse del municipio.

La carencia, el abandono de la planeación pública, equivale a tener un gobierno expuesto a las presiones y conveniencias del sector privado, a las ocurrencias en materia de inversión, obra pública, gestión de proyectos, entre otros. Representa un modelo de cesiones y concesiones ligado a la coyuntura, cuando no a intereses ajenos al progreso y bienestar social de la entidad. Aquí la voz ciudadana se pierde y relativiza; se debilita por no haber una representación real de sus intereses, y sí una atada a los círculos clientelares de un poder recuperado coyunturalmente.

Sigue el despojo de predios por parte de personajes con apellido linajudo, el desvío del cauce del Río San Miguel, y los expedientes sin aclarar de enriquecimientos ilícitos, los miles de millones de pesos perdidos en cuentas desconocidas, el libre trasiego de recursos y la inacción de quien tiene el poder de congelar cuentas y revisar contabilidades y fincar responsabilidades.

Si bien es cierto que en algunos casos hay citatorios, líneas de investigación, procedimientos de fiscalización e integración de expedientes y análisis de pistas y documentos, aun no es posible hablar de justicia, de reparación del daño, de castigo a los culpables, de aplicación imparcial y enérgica de la ley. Hay notas de prensa, cabos sueltos, investigaciones que no se realizan, pese a la denuncia pública de los afectados, a los constantes reclamos, a las eventuales reacciones y muestras de apoyo y simpatía de parte de algunos actores sociales.

Sonora sigue enferma de contaminación por radiación y por substancias tóxicas en el suelo y el agua, por la flagrante complicidad del gobierno con compañías constructoras y mineras; por ignorar e incluso ocultar la cauda de injusticias que deja el afán de lucro, la codicia irresponsable, el envilecimiento de los servidores públicos, y la apatía comodona de una ciudadanía aun inmadura y manipulable. Se tienen derechos, pero la legalidad y la justicia no son accesibles a los ciudadanos comunes.

Indigna que la gestión pública sea predominantemente publicitaria por su formato, aunque ayuna de contenido verdaderamente útil o trascendente. Se intenta vender un producto que a duras penas disimula su caducidad. En realidad, no necesitamos de Chicas Superpoderosas o de Iron Man, sino de ciudadanos que al llegar al poder público se sientan responsables y comprometidos con el progreso y bienestar de Sonora y actúen en consecuencia.

Académicos jubilados, ¿ciudadanos de gratis?

                “Conociendo la desgracia, me apresuro a socorrer a los desdichados” (Virgilio).

En nuestra actualidad existe una enorme falta de información y sensibilidad sobre la existencia y observancia del marco legal que protege y da visibilidad al adulto mayor, incluso entre quienes se encuentran en situación de pensionado o jubilado. Al parecer, por el solo hecho de pasar a retiro, muchos profesionistas sufren una descalificación inmediata en las instituciones donde prestaban sus servicios, razón por la cual en este caso me voy a referir a los académicos universitarios jubilados.

Es común que los profesores e investigadores universitarios jubilados reciban un trato distinto al correspondiente al grado académico y la posición social e institucional derivada de la experiencia, méritos y dotes personales. De repente, la estatura académica empieza a disminuir, y las referencias a logros y aportaciones se mencionan, si acaso, en tiempo pasado. Como si el académico dejara de ser él y su trayectoria fuera un expediente por archivar de camino al olvido. El carpetazo social suena fuerte y acalla cualquier intento de visibilidad creativa, en una especie de muerte anticipada provocada por los propios compañeros en activo.

La administración de la Universidad firma el acta de defunción social del retirado y decide olvidarse del expediente, los logros y aportaciones a la institución, las generaciones formadas, el número de egresados titulados, la permanencia y oportunidad de las asesorías, la orientación y acompañamiento extra clase, en un borrón existencial que, sin decirlo claramente, desconoce, menosprecia y excluye a quienes cumplen con la antigüedad legalmente establecida, y se van del servicio activo. Paradójicamente se premia y reconoce la antigüedad, pero se castiga el beneficio legal de la pensión o jubilación.

No es raro que cuando un jubilado se encuentra a un maestro en activo, la conversación llegue al tema de los ingresos pensionarios. Cualquier cantidad revelada permite una sola respuesta: “Qué a gusto, recibes dinero sin hacer nada”, lo cual coloca prácticamente al pensionado como un mantenido social, un chupasangre que recibe dinero gratis, un parásito que consume oxígeno sin beneficio. La carga moral puede llegar a ser pesada, más por la pedante incomprensión de que el jubilado ya cumplió su tiempo y razonadamente decidió dejar su plaza en beneficio de algún nuevo elemento que, de otra manera, difícilmente podría acceder a ese puesto.

Muchos piensan que la pensión recibida es producto de la generosa beneficencia pública, que es una dádiva susceptible de ser disminuida o retirada, según el criterio de la institución de seguridad social que corresponda, además de ser blanco de recriminaciones gratuitas. Pero, sucede que es un derecho, una conquista de justicia laboral y social protegida por el derecho internacional y el nacional.

“Al ser legítimo el derecho a la pensión, incluso tratándose de una prestación derivada de los contratos colectivos de trabajo, esto quita a la pensión la naturaleza de un acto de generosidad o beneficencia. Se trata de un derecho y en consecuencia no violable como puede serlo una prestación” (Derechos del pensionado y el jubilado, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura).

A pesar de estar claramente establecida la legitimidad de las pensiones y el derecho que asiste al jubilado, como ciudadano en pleno goce de las garantías que otorgan las leyes internacionales, nacionales y locales, aún existen personas con mentalidad porfiriana que pretenden socavar la legitimidad y la legalidad de la acción, los beneficios y las formas de organización de estos ciudadanos.

No falta el despistado que cuestione la existencia de espacios de participación de los jubilados en el seno de las organizaciones gremiales, o específicamente sindicales, como es el caso de la delegación de pensionados y jubilados que existe en algunos sindicatos académicos. En este caso, la ignorancia real o fingida pudiera tener expresiones de ridícula pedantería como, por ejemplo, “debiera de desaparecer la delegación y agruparse en una asociación civil para así poder ayudarlos”.

En nuestra vida cotidiana, lo que es un logro, una conquista laboral, puede verse cuestionado no solo por ignorantes, sino por individuos presa de una insondable fatuidad que, a pesar de ser trabajadores en vías de envejecer y con ingresos modestos, se colocan del lado de la parte patronal y postulan el más trivial juicio neoliberal.

Al parecer, hay una buena cantidad de personas, incluso en el propio sindicalismo, que ignoran olímpicamente que sólo tienen tres alternativas en su carrera académica: renunciar al empleo, morir o jubilarse. Si la tercera alternativa es, para muchos, la más deseable, ¿por qué no abandonar esa actitud indolente, despreciativa y alienada hacia los pensionados y jubilados? ¿Por qué no cobrar conciencia que la jubilación es un logro colectivo que debe defenderse y protegerse? ¿Por qué no atender a la realidad de que si existe una delegación de pensionados y jubilados es porque constituye la representación de un cada vez mayor número de sindicalistas, algunos con plenas capacidades de intervenir y aportar experiencias e ideas que pueden ser innovadoras? ¿Acaso no es razonable procurar las mejores condiciones para la jubilación, no sólo por unos cuantos años sino en forma permanente? ¿No es lógico pensar que una buena jubilación estimula el retiro y, por consecuencia, la disponibilidad de plazas? ¿No es sensato visualizar el futuro y actuar en consecuencia?

Infancia y sociedad disfuncional

                                         “Los hechos se califican y juzgan por su causa” (frase latina).

Parece que cada año, cuando se conmemora el “Día contra el trabajo infantil”, las buenas conciencias se sienten estrujadas, víctimas de remordimientos renovables, presas de temblores, sollozos y gemidos que el alma reserva para las efemérides que suponen rezagos y adeudos sociales insolutos y, nuevamente, las voces acusadoras se elevan en busca de alguna resonancia, de oídos dispuestos y atentos al mensaje: “no debieran estar trabajando sino estudiando”.

Como es de esperarse, los personajes con vigencia de derechos en el poder ejecutivo, el legislativo y el mundillo académico, hacen acto de presencia mediática y dicen lo que a su estatus conviene, proponiendo acciones, impulsando iniciativas y planteando proyectos que suponen acciones coordinadas y firma de convenios en aras de proteger el “interés superior del niño”. Una vez más, las fuerzas vivas sociales están en marcha y dispuestas a no permitir el abuso infantil dentro y fuera de los hogares, para lo que hay que diseñar instrumentos, aplicar encuestas, hacer entrevistas, integrar un equipo inter o multidisciplinario de analistas y llegar a conclusiones que permitan saber quiénes son y dónde están.

Asimismo, se busca analizar la reorientación del gasto social, poner bajo observación las políticas y aplicación de fondos destinados al desarrollo social, tan lucidores en los discursos y en los informes de gobierno, pero que han resultado ineficaces porque, en los hechos, “la pobreza antes de disminuir, se ha incrementado” (Expreso, 12.06.2016).

En Sonora, de 500 campos agrícolas existentes solamente 40 tienen certificación de estar libres de trabajo infantil, lo que nos da un triste panorama donde la palabra explotación surge de manera obligada. Asimismo, en las calles de Hermosillo y otras ciudades es común ver parvadas de menores asediando a los automovilistas para “limpiar el vidrio” de la unidad, hacer actos de malabarismo con pelotas, aros, o cualquier objeto adecuado; ofreciendo chicles u otras golosinas, despertando la lástima mediante historias lacrimógenas, solicitando cooperación para “el camión”, para un pariente enfermo, para “un taco”, entre los múltiples y variados argumentos de petición que esgrimen con soltura los cada vez más numerosos menores que pululan en las calles.

La preocupación de los legisladores y demás personajes oficiales por la infancia que trabaja también incluye entre los sospechosos de este mal social a las familias de los chicos, de donde no falta quien diga que es necesario prestar atención a esta variable en los estudios socioeconómicos que se hagan, ya que muchos “pueden ser obligados a participar en las labores domésticas, sobre todo las niñas”: ¿se imagina usted a una niña auxiliando a su madre o abuela en las tareas domésticas? El horror de cierta legisladora local seguramente no es compartido por muchas familias de distintos niveles de ingreso pero que incluyen a los más jóvenes en la dinámica y las responsabilidades de sus respectivos hogares como una forma de integración dentro de los valores que comparten.

Las buenas intenciones de los legisladores y otros actores sociales y políticos seguramente están fundamentadas en la realidad económica y social de nuestra entidad, pero curiosamente se apoyan en sus efectos, no en sus causas. Se ven los efectos más inmediatos y dramáticos de la migración, como el consecuente desarraigo de las familias, las dificultades que enfrentan los chicos de permanecer y culminar sus estudios básicos en forma oportuna y conveniente; la imposibilidad de mantener y fomentar entre ellos el sentido de pertenencia y la solidaridad con una comunidad de intereses afines y complementarios, dotada de valores y capaz de vertebrar moralmente a sus miembros; la siempre presente amenaza de la criminalidad que acecha al niño víctima de la marginación.

Las consideraciones sobre el trabajo y la explotación infantil no pasan se ser epidérmicas, superficiales, aparentes, extraviadas en la trivialidad y la intrascendencia y, por desgracia, más interesadas en la autocomplacencia, en el protagonismo coyuntural de una fecha consagrada al discurso que marca la corrección política.

La preocupación centrada en el menor que trabaja, que no estudia por carecer de tiempo y oportunidad es sospechosa de omisión, porque deja de considerar al menor como parte integrante de un conjunto de relaciones e interrelaciones entre personas unidas por lazos de consanguinidad o afinidad que integran una unidad familiar. La pobreza del menor es la pobreza de la familia; el destino de la familia determina en primera instancia el del menor. Lo desconcertante de este asunto es que los señores legisladores y otros opinantes privilegiados no han atinado a buscar analizar las causas de la pobreza familiar. Les ha parecido más cómodo centrarse en el menor, como si fuera un individuo independiente con una dinámica propia y distinta a la de sus padres y hermanos. ¿En qué universo paralelo la familia dejó de ser una unidad interactuante y sus elementos transitan por rutas distintas y separadas en las etapas formativas del sujeto? ¿Cuándo la familia dejó de ser la primera escuela de los hijos?

Si realmente se tratara de acabar con la explotación infantil, se emprenderían acciones para garantizar el empleo, ingreso y seguridad social de los trabajadores y sus familias; se protegería la estabilidad en el empleo y se cuidaría la cobertura y calidad de la educación, la salud, la vivienda y el acceso a los bienes de consumo familiar; se protegería la integridad y bienestar de las familias y salvaguardarían sus derechos; se trabajaría en la mejora de las condiciones de vida de la población y en una equitativa distribución del ingreso, garantizando a los ciudadanos y sus familias el acceso a los frutos del progreso económico y los avances tecnológicos y científicos, con respeto absoluto a los derechos humanos.

Lo anterior implicaría someter a crítica al sistema económico y político que padecemos con resignación masoquista. Hacer acopio de valor civil y con sentido humanista señalar las verdaderas causas del atraso y la dependencia, de la marginación y la exclusión.

Si realmente queremos acabar con la explotación del trabajo infantil, debiera entenderse que es consustancial al régimen de explotación propio del sistema capitalista que impulsa, defiende e impone la delincuencia financiera internacional organizada en el FMI, BM, OCDE y otras excrecencias de dominación mundiales, y que nuestro país y estado acatan con voluntad de zombi.  Como que es hora de dejar de simular y llamar a las cosas por su nombre.

Siete años y contando

                                                “Hágase justicia para que el mundo no perezca” (Hegel)

Algunas personas de “alta solvencia moral e intachable honorabilidad” (Claudia dixit) seguramente se están riendo solas ante la reciente decisión de la gobernadora de reservar hasta 2026 la información relativa al incendio de la Guardería ABC, ya que su divulgación “pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas”, informa el director del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, C4. (Proceso,1 de junio de 2016). El posible jolgorio de las honorables personalidades propietarias de la ex guardería y las autoridades directamente implicadas en la autorización, vigilancia y operación del establecimiento, más el de los operadores de la bodega vecina donde se generó el incendio, constituyen un contrapunto sangriento a la proclamada transparencia y respeto a la legalidad del actual gobierno.

Han pasado siete años en los que la maroma y el teatro acabaron por expulsar la idea de justica del circo legal sonorense. Hasta hoy, parece que triunfaron los payasos, los defensores y personeros de la gente de bien, los abogados oficiales y oficiosos del linaje, el apellido, las redes familiares que trascienden colores partidistas y refrendan en cada acto la verdadera cara del aparato legal como apéndice de la clase política dominante.

La ausencia de justicia se justifica mediante el expediente de la impunidad, del derecho de pernada porfiriano en su versión más actualizada: la ley sólo tiene por función proteger al capital, servir a los capitalistas que “generan empleos” y mantenerlos a sana distancia de las masas ciudadanas con ánimo vindicatorio. Si hay muertos y heridos, es porque estaban en el lugar y momento incorrecto; las víctimas y sus familiares terminan siendo los culpables cuando no los daños colaterales que siempre es posible ignorar en el entramado de los derechos sociales y políticos de la comunidad. En cambio, los representantes de la cultura emprendedora poseen la credibilidad y aprobación inmediata de quien gobierna. ¿Recuerda que un presidente dijo que su gobierno era para y por los empresarios?

Por supuesto que el aparato de procuración de justicia emprende investigaciones, cita a testigos, arraiga sospechosos y, para cumplir con la apariencia de legalidad, hace declaraciones, alienta esperanzas, finca responsabilidades y encarcela presuntos implicados que engrosan el rebaño de los chivos expiatorios, en una puesta en escena que no busca justicia sino guardar las formas de lo “políticamente correcto”.

Pero, la corrección política después de un tiempo de escenificarla, termina desgastando credibilidades, deteriorando el respeto a las instituciones, cuestionando a las autoridades, y alimentando una inconformidad que no admite pretextos ni dilaciones en la satisfacción de sus reclamos.

Hasta ahora, el gobierno y las personas y familias encumbradas por el sistema no han logrado tapar la herida familiar y social sangrante con el dedo de la “corrección política”. Las marchas, concentraciones, mítines a todo lo largo y ancho de la república, así como en el extranjero, en las conversaciones privadas y en las variadas formas de comunicación social, dan fe de la memoria y la intensidad del recuerdo. El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, se cometió un crimen de lesa humanidad cuyo castigo permanece “en reserva” por causa de complicidades políticas. La justicia aún brilla por su ausencia.