LA LUCHA POR EL ISSSTESON

 

“Pena de prisión a las ratas del Isssteson” (consigna popular).

 

El martes 24 se realizó una rueda de prensa frente a Palacio de Gobierno. En la mesa representantes de la Delegación de Pensionados y Jubilados del STAUS, en la calle algunos representantes de medios locales y un grupo de derechohabientes de la tercera edad que reclamaban lo que a su derecho convino: garantía de que las jubilaciones saldrán dictaminadas en tiempo y forma, cumplimiento en las citas médicas y las intervenciones quirúrgicas, abasto de medicamentos, justicia y prontitud de repuesta en el trato de problemas de la competencia de la Institución.

Dentro de los problemas expuestos sigue siendo tema recurrente la falta de transparencia que parecía resuelta en el tiempo en que fue director Jesús Manuel Acuña Méndez, cuya gestión terminó cuando apenas se estaban viendo resultados por causas que aún permanecen ocultas en los entretelones de la política palaciega.

Acuña Méndez supo establecer un diálogo directo, claro y franco con la derechohabiencia, construyendo puentes de comunicación que revelaban las posibilidades de que, por fin, la Institución de seguridad social de los sonorenses pudiera responder a las necesidades y reclamos de sus afiliados.

Se inició la puesta en orden de los inventarios, su actualización y situación real, se revisaron y eliminaron subrogaciones, poniendo en evidencia el abuso y el agandalle de las anteriores administraciones.

Se reveló el obsceno esquema de complicidades entre el gobierno y la iniciativa privada para lucrar a costa del erario, así como la existencia de empleados deshonestos y negocios particulares a la sombra del poder público.  

Por primera vez se supo del monto de los recursos que ingresaban al Isssteson y cuánto y en qué se estaba gastando. Por primera vez los usuarios sintieron que eran tomados en cuenta y que la interlocución entre pueblo y gobierno podía dar buenos resultados. Su gestión dignificó el trato institucional y la imagen el gobierno de Durazo.

Sin embargo, pesa en el ánimo de los derechohabientes un retorno al pasado que se dijo combatir y la puesta en duda de la promesa de que “no se iba a patear el bote” en este gobierno. Es revelador el hecho de que la sección de información financiera que incorporó el director Acuña desapareció de la página oficial del Instituto.

Han ido y venido directores generales, se han pronunciado discursos, promesas y justificaciones, pasando por las explicaciones de la novedad en el cargo, problemas presupuestales donde destaca el costo de la nómina de pensiones respecto a lo que se recibe por concepto de cuotas y aportaciones.

Hasta la fecha, nadie informa por qué no se ha resuelto el desfondo pensionario que hizo crisis en los tiempos de Guillermo Padrés con Teresa Lizárraga en la dirección general, y que ha seguido sin resolverse a pesar de la caravana de directores y danza de los millones que pasaron de un desfondo de 6,000 a quizá el triple de la cantidad declarada, lo que permite sospechar que los malabares contables y las excusas sólo son una distracción de un problema mayor: El Isssteson sigue siendo la caja chica de la administración.

En este contexto, cualquiera puede preguntarse ¿qué pasa con las cuotas que puntualmente pagan vía descuento en nómina los trabajadores? ¿Qué pasa con las aportaciones que entregan los organismos afiliados, sean universidades, ayuntamientos u otros organismos públicos? ¿Por qué no se entregan los recursos al Isssteson en vez de quedar entrampados en la administración estatal para fines ajenos a su propósito?

Y, muy importante, ¿qué pasa con las acciones legales contra los defraudadores de los ahorros de los trabajadores y causantes del daño patrimonial del Isssteson? ¿Por qué no se establecen responsabilidades y se aplica la ley?

La lucha por el Isssteson es la lucha de los ciudadanos afiliados a la seguridad social del Estado, que debiera ser garante de la misma, en los términos de la Ley 38 orgánica del Instituto. No es problema menor y sí una realidad que habla de la capacidad redistributiva del producto social de Sonora, distorsionada por la incapacidad o simplemente por una posible complicidad en la corrupción.

Convertir en negocio privado un bien público no tiene relación con la idea de cambio, de revolución pacífica contra los males y la perversidad del régimen neoliberal, ya que refrenda el modelo que se dice combatir.

Es claro que se gobierna con la calidad y cobertura de los servicios a cargo del Estado. En este caso, nos ha faltado gobierno.

 La lucha por el Isssteson es la lucha por la salud y la seguridad social, por el respeto al derecho ciudadano al bienestar, la paz y la no discriminación. Si queremos una sociedad igualitaria, democrática e incluyente, empecemos por el acceso a los servicios que la sociedad requiere.

Los trabajadores jubilados y pensionados de Sonora exigen con toda razón un trato justo e incluyente, y el Isssteson es un referente obligado y esencial del bienestar.

Los universitarios han dado un paso importante en la visibilización de este problema social. Hagamos que funcione.

 

PORRISMO INSTITUCIONAL

 

“Los abogados, con su habilidad, nos enseñan a confundir lo verídico con lo verosímil” (Marco Tulio Cicerón).

 

No habíamos visto espectáculo parecido en un foro tan dado a las formalidades como lo es el Senado de la República. De hecho, en cualquier otro sitio, como las calles de México, ya no resultan tan extraños actos vandálicos y gritería intransitable como es el caso las marchas locas con pasamontañas, pañuelo o paliacate protector de identidades vociferantes; pero, ¿en el templo de la civilidad republicana y el pacto federal?

Una buena cantidad de trabajadores y estudiantes (hijos algunos de connotados opositores) arremetió contra las puertas del Senado con el ánimo de tronar la sesión en curso referida a la iniciativa de Reforma Judicial que había sido aprobada por los diputados. La sesión se pausó y cambió de lugar.

A estas alturas aún me parece insólito, y grotesco que una horda gritona e histérica haya llegado a este nivel de desprecio por la ley y la institucionalidad que de ella emana. “Somos abogados, no somos acarreados”, coreaban como una justificación a la caída libre que sufrieron en el campo de la ilegalidad. La defensa de privilegios no puede se una lucha justa. ¿El nepotismo es defendible? (https://lc.cx/BCOMxp).

¿Qué objetivo tenían al atacar porrilmente un poder soberano? ¿Qué clase de formación jurídica tienen cuando ignoran que la función del Poder Legislativo es justamente legislar? ¿Qué sentirá Norma Piña al bajarse de su pedestal judicial y hacer de activista ocasional y marchar por cerca de 20 o 30 minutos y seguir atizando el conflicto?

El contenido de la reforma, antes que objeto de análisis para la corrección de fallas, excesos y desviaciones, se convirtió en asunto de litigio para las huestes de la toga y el birrete. El interés por la justicia es menos atractivo que el interés bancario.

Por otra parte, llama la atención la sintonía de los porros judiciales con la oposición panista, sus diálogos y miradas cómplices ya en el salón de plenos de la Cámara de Senadores. Apapachos y sonrisas que dejaban muy poco margen a la sospecha.

Durante las horas del debate parlamentario, que continuó en sede alterna, el porrismo siguió presente pero ahora en los zapatos de los legisladores de la oposición Prianista-emecista.

La grosería y las malas maneras de conducirse en el debate fue la tónica que marcó una oposición redundante, hueca, sin argumentos legales, políticos o históricos dignos de ese nombre. Las poses prepotentes, las descalificaciones, el clasismo y hasta el racismo tuvieron su momento estelar.

Morena y sus aliados actuaron en todo momento con prudencia y respeto institucional. Soportaron la grosería de las intervenciones, las provocaciones y la injuria gratuita y sebosa de quienes se atrincheran en la investidura senatorial para comportarse como verdaderos patanes.

Brilló con mérito propio “nuestra” Lilly Téllez, agresiva y amiga de los discursos vacíos y de arrolladora mentecatez convertida en coraza protectora de ausencias y debilidades formativas y miserias emocionales.

Es casi imposible no pensar en las graves consecuencias de tener una representación legislativa sin maldita idea de para qué sirve el cargo, lo que nos pone en el caso de visualizar lo absurdo de tener candidatos más mediáticos que aptos para los puestos de elección. A qué intereses sirve una legisladora hueca y sin vocación de servicio, es cosa del dominio público.

La estulticia, la carencia de argumentos y de empatía hacia el simple ciudadano fue la aportación de las bancadas opositoras a la reforma, en un desfile de vanidades, poses dramáticas, mentiras y distorsiones, chantajes emocionales, rutinas de circo y sainetes.

Aquí, los herederos de Miramón y Mejía, posaron para los medios gringos y europeos, disfrazados de pueblo “en lucha por la libertad y la democracia”, los dos gusanos conceptuales con los que pican los tiburones corporativos occidentales (https://lc.cx/WP6Icp).

Los jueces y magistrados seguramente babean ante la expectativa de atención mediática externa que puede tener su “lucha”, e imaginan sus efectos en quienes dirigen los organismos internacionales que trabajan por la inmovilidad del sistema global, por la homogeneidad anodina del ciudadano lobotomizado que consume noticias, ideas y costumbres excretadas por la anglosfera.

La sesión senatorial que culminó en la madrugada del miércoles 11 de septiembre de 2024 es, en efecto, histórica.

Puso a los legisladores y al pueblo de México frente al porrismo judicial, la insidia mentirosa, manipuladora y agresiva del Prian-mc, en una lucha entre la violencia y la prudencia, entre el avance de la privatización del Poder Judicial y quienes defienden el carácter ciudadano de la función pública. Aquí ganó el pueblo, y prevaleció su mandato.

En otro asunto: el 11 de septiembre se cumplieron 51 años del golpe de Estado patrocinado por la embajada gringa en Chile, en el que fue asesinado el presidente legítimo Dr. Salvador Allende. La derecha aquí y allá huele a violencia, traición y dólares.

 

 

MES PATRIÓTICO, DÍAS DIFÍCILES

“En asuntos internacionales, la paz es un período de trampas entre dos luchas” (Ambrose Bierce).

 

Aún se levanta el polvo mediático del 6º informe presidencial. Los vídeos circulan a la velocidad de lo efímero, de lo que debe saberse para luego dar paso al olvido por acumulación informativa.

Las “lecturas” de los especialistas florecen y los rostros y los gestos marcan el paso a la interpretación de un hecho que resulta una especie de mega-mañanera en el marco de la rendición de cuentas que ordena la Constitución, en forma verbal y escrita.

Lo escrito se cumplió al entregar el documento al Congreso de la Unión, lo verbal se acató ante el soberano, el pueblo, al aire libre, en la plaza pública que constituye el mayor escenario político de la nación.

No entraré en detalles sobre el estado que guarda la administración pública, que usted seguramente conoce por ser asuntos del dominio público, aunque no estaría de más señalar que la economía no va tan mal como algunos quisieran.

Es claro que hay serios y viejos problemas pendientes, pero el empleo ha crecido, la pobreza ha disminuido y se ha recuperado algo del espacio económico comprometido gravemente por los gobiernos anteriores, tan amigos de organizar ventas de garaje de los activos y recursos nacionales en favor de las empresas extranjeras.    

Los empeños de dar reversa a las reformas neoliberales que en paquete se llamaron “Pacto por México” celebrado por el PRI, PAN y PRD, tuvieron (y tienen) un Poder Judicial dispuesto a batear cualquier iniciativa presidencial con olor a nacionalismo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su red de tribunales con magistrados y jueces arracimados en torno a la defensa del interés extranjero y privado, se declaró en guerra con el escudo y el garrote de “la ley”, en una andanada de amparos y descalificaciones a las iniciativas que avanzaron en el Poder Legislativo.

El pueblo de México ha visto en este sexenio cómo un poder de la Unión se convierte en censor y enemigo de los otros, asumiendo una superioridad ficticia agarrada precariamente de formalismos fuera de contexto donde se ataca a la Constitución diciendo que se la defiende, exhibiendo una jerigonza engañosa y falaz.

Muchos pensamos que se trata de una intentona de golpe de Estado por la vía judicial, lo cual posible si se entiende que México está en la óptica de las trapacerías que nuestros vecinos del norte cometen a escala global.

Queda claro que el tener cerca (muy cerca) a Estados Unidos no nos hace ni amigos ni mucho menos socios confiables, toda vez que el T-MEC resulta ser la alberca donde ocurren los ejercicios natatorios de tiburones y sardinas.

Ha sido demasiado evidente el desprecio que sienten los vecinos por la ley, la soberanía y la paz social del país que parasitan. Es claro que se sienten capaz de imponer su visión supremacista a quien cae en su área de influencia, y más si lo ata a su lógica imperial mediante préstamos, acciones de cooperación, fondos para el desarrollo, para la democracia, la salud, contra la corrupción, el terrorismo, contra el narcotráfico, fortalecimiento de la justicia y todo lo que quepa.

El embajador de EUA en turno ha metido la cuchara en el asunto de la reforma judicial, y los argumentos que esgrime son los mismos que emplean las huestes judiciales que a gritos y sombrerazos defienden la inviolabilidad del régimen de privilegios de que gozan ministros y jueces. No lo han dicho tal cual, pero en el fondo de cada pronunciamiento, paro o documento público está la consigna de “la Corte no se toca”.

La evidencia de la función política que asume la SCJN la tenemos a la vista: dos jueces “ordenan” al Poder Legislativo que no discuta la reforma judicial ni proceda, en su caso, al trámite legislativo, excediendo sus facultades y mandando al carajo la división de poderes.

¿Cómo es posible que un órgano jurisdiccional pueda ignorar que la función y facultad del Poder Legislativo es legislar? ¿En qué marco legal se apoyan para impedir el cumplimiento de las competencias que la Constitución concede a los legisladores? ¿Ahora las leyes serán dictadas según el antojo de quien debiera vigilar el cumplimiento de las normas de acuerdo al interés nacional?

En forma simplificada, el Poder Legislativo es la representación del pueblo y las entidades federativas y le corresponde establecer el marco normativo nacional; al Poder Ejecutivo le corresponde atender la cosa pública y proveer lo necesario para el cumplimiento de los objetivos nacionales marcados por las leyes, y al Poder Judicial vigilar el cumplimiento y la constitucionalidad de las normas.

El Poder Judicial no legisla, no hace leyes y sólo vigila la correcta observancia del marco jurídico. Quien legista es el Poder Legislativo, y al Poder Ejecutivo (presidencia de la república) ejecuta el mandato popular en el marco del derecho.

La rebeldía del Poder Judicial de la mano de la intervención declarativa de Canadá y Estados Unidos rompe el equilibrio de poderes, huele a traición, a asociación delictuosa, a falta grave de respeto a la decisión del pueblo y, para variar, intervención extranjera.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben poner orden de acuerdo a su competencia, porque la ley no se negocia ni la traición se perdona. Con un Poder Judicial sumido en la ilegalidad, los días de septiembre serán difíciles pero definitorios para el país y el próximo gobierno. Y sí, aquí la tolerancia resulta igual a complicidad.