Esta Navidad y fin de año nos siguen faltando

¿Tras el 2014, podemos esperar algo mejor?

En estos tiempos que corren, el pensamiento y la acción neoliberales nos persuaden de que la luna puede ser de queso y que la economía funciona muy bien, a pesar de que la objetividad sugiere lo contrario. Así las cosas, el ingreso y la calidad de vida pueden disminuir en términos reales, pero la noticia de que las ganancias suben, ayuda a que los organismos encargados del arreglo estadístico nacional nos alegren la vida con promedios que presentan alguna imagen alentadoramente borrosa en materia de empleo e ingreso. ¿Qué sería de nuestra existencia si la realidad se nos presentara sin los siempre imaginativos colores y sabores oficiales? Algo similar ocurre con las siempre opresivas cifras de las muertes por causas ajenas a lo natural. 

Actualmente, tenemos una gran expansión de los asuntos funerarios, que abarcan minas, como Pasta de Conchos, así como la agreste campiña guerrerense donde un día sí y otro también se encuentran nuevas fosas con restos humanos, lo que da cuenta de una prolífica compulsión criminal que mata y entierra para ocultar temporalmente sus víctimas. A cualquiera le da la impresión de que en México la versión del Plan Colombia llamada Iniciativa Mérida (aprobada por el Congreso de EE.UU. el 30 de junio de 2008), contribuye eficientemente para acrecentar la inseguridad que carcome al país, particularmente en las zonas campesinas con gran biodiversidad en las que la economía rural y la organización comunitaria pueden ser un obstáculo cultural para el avance trasnacional a que se subordina el gobierno.

Tras los terribles sucesos ocurridos en Nueva York el 11 de septiembre 2001, que algunos expertos han calificado como un autoatentado, se desató una histeria que respondía al fantasma del terrorismo en el suelo patrio. Los medios de comunicación instalaron en la mente del gringo común la idea de ser la próxima víctima de un bombazo, de una fea y letal bacteria en el agua, el aire y hasta en el papel higiénico. A consecuencia de ello, el mediocre gobierno de Bush se reposicionó gracias al terror inducido y nuevas leyes hicieron de camisa de fuerza para las garantías constitucionales que protegen las libertades e intimidad del ciudadano gringo, quedando todo mundo en calidad de posible sospechoso de sedición. El Gran Hermano se convierte en realidad gracias al militarismo de la ultraderecha republicana encaramada en el poder, y la sórdida tarea de dominación mundial tiene sus mejores páginas. Atacan e invaden Afganistán, Irak y Libia, mientras que otras naciones de la región caracterizada por su riqueza petrolera, ven pisoteada su soberanía y disminuidas sus expectativas de paz  y progreso.

La maquinaria de guerra occidental liderada por EE.UU., hace funcionar la economía gracias a la destrucción y muerte de los ciudadanos de las naciones intervenidas, a la par que se crean empresas de asesores y de compañías constructoras que pronto las controlan política y económicamente, cercando la producción petrolera y expandiendo redes de dominación geopolítica.

En México, no hay un teatro de guerra convencional pero, en aras de un torpe colaboracionismo, bajo la cobertura de la Alianza para la seguridad y prosperidad de América del Norte (ASPAM) creada el 23 de marzo de 2005, Felipe Calderón emite una declaratoria de guerra “contra el crimen organizado”, dejando una estela inacabada de sangre tanto en el medio urbano como en el rural. El número de muertes asociadas a la guerra de Calderón es de aproximadamente 116 mil 100 personas. En los primeros 20 meses de su gobierno se registraron 18 mil 451 asesinatos intencionales, mientras que con Enrique Peña  Nieto la cifra alcanzó los 29 mil 417 homicidios dolosos en el mismo período.

La intervención del Ejército y la Armada nacionales en funciones propias de las autoridades policiales, han añadido un elemento preocupante en la ecuación del terror, ya que se han convertido en activos protagonistas del drama que vive la población civil en las zonas de conflicto, figurando como agresores y no como salvaguarda de la seguridad de los pobladores. Lo triste del asunto es que, cada vez con mayor frecuencia, la población civil es víctima de agresiones y ejecuciones extrajudiciales, tanto por elementos de las fuerzas de seguridad como por miembros de las fuerzas armadas.

Sin el ánimo de ser exhaustivo, señalaré algunos acontecimientos relevantes que ilustran el terrorismo que ha inducido el Estado, sea por omisión o por comisión.

En 1993 iniciaron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas eran jóvenes de clase trabajadora de entre 12 y 25 años de edad. Con la firma del Tratado de Libre Comercio, el auge de la industria maquiladora ocasionó una expansión de la ocupación de fuerza de trabajo femenina y, al mismo tiempo, una escasa valoración de la misma bajo la idea de ser fácilmente sustituible y, por tanto, prescindible. Desde mediados de la década del 2000, la atención se ha desviado hacia el narcotráfico.

El 28 de junio de 1995, en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, un grupo de campesinos demandaba la libertad de Gilberto Romero Vásquez que se encontraba desaparecido, además de agua potable, escuelas, caminos y hospitales. La manifestación  fue reprimida duramente por la policía con el resultado de 17 campesinos muertos y 21 heridos.

El 22 de diciembre de 1997, en Acteal, Chiapas, un grupo de paramilitares equipados con armas de uso exclusivo del ejército disparó contra indígenas tzotziles de la comunidad de “Las Abejas”, resultando 45 muertos, entre los que se encontraban niños y mujeres embarazadas. Existen testimonios que declaran que los militares armaron y animaron a los agresores a atacar a los indígenas, con el fin de acabar con la base social de los zapatistas.

El 15 de septiembre de 2008, estallan dos granadas durante la celebración de la ceremonia del grito, en Morelia, Michoacán. En los hechos, mueren tres personas y en la madrugada del 16, fallecen cuatro heridos graves; se reportan oficialmente 132 heridos, entre los cuales varias personas perdieron las extremidades. Tres ciudadanos declarados sospechosos de los atentados son secuestrados, torturados y obligados a confesar su participación en el atentado. Según el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, la “Familia Michoacana” fue la que entregó a los tres inculpados a la PGR. 

El 31 de enero de 2010, en una residencia del fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se celebraba una fiesta en la que se encontraban reunidos alrededor de 60 estudiantes de secundaria y bachillerato. A ella llegó un grupo de al menos 20 paramilitares fuertemente armados y masacró a 16 estudiantes y dejó heridos a 12. El gobierno se apresuró a anunciar que se había debido a un “ajuste de cuentas” entre grupos dedicados al narcomenudeo. El 11 de febrero, Felipe Calderón se presentó para encabezar el acto oficial llamado “Todos somos Juárez” con el propósito de reevaluar la estrategia contra el crimen organizado, que no convenció a los familiares de las víctimas quienes protestaron y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

El 16 de julio de 2010, explota un coche-bomba en Ciudad Juárez, encontrándose en el lugar restos del explosivo C4 (fabricado en EE.UU.) y de un celular. El atentado dejó  cuatro personas muertas y un número indeterminado de heridos.

En Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014, un grupo armado de 22 civiles fue ubicado en una bodega que pronto estuvo bajo el control del ejército. Los ocupantes se rindieron y, aun así, los soldados ejecutaron a 15 civiles desarmados, eliminando a los heridos con tiros de gracia en una clara ejecución extrajudicial.

En Ayotzinapa, municipio de Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurre la represión policial, captura y desaparición de 43 normalistas rurales, hecho que  derrama el vaso de la pasividad del pueblo mexicano y horroriza al mundo. Las protestas y reclamos de justicia recorren México y el extranjero en una ola imparable de indignación, mientras que el gobierno cae en contradicciones respecto los avances de la investigación, lo que refuerza la sospecha de que fue un crimen de Estado, con el añadido de que se criminaliza la protesta y se legisla para amordazar las voces ciudadanas. 

¿Estaremos en presencia de una estrategia de dominación trasnacional cobijada por los gobiernos neoliberales? ¿El gobierno de México obra en beneficio de los planes de control de los recursos naturales donde el petróleo, el gas, el agua y la biodiversidad ocupan un lugar central? ¿Tenemos un gobierno que agrede y expulsa a los pobladores rurales para allanar el terreno de los inversionistas extranjeros? ¿Tenemos un gobierno que acata consignas del exterior y despliega acciones que infunden terror y confusión en la población? ¿Es un gobierno que mata? En este contexto, ¿será posible hablar de una feliz Navidad? ¿De seguir igual, podrá ser un próspero año nuevo? 

El gobierno que no fue

Los tiempos en que la gente podía confiadamente salir de noche, dormir con las puertas del domicilio abiertas, beber agua “de la llave” sin el temor de envenenarse, mandar a los chicos a la tienda de la esquina a la hora que fuera, dejar el carro sin candado, dispositivo electrónico inmovilizante y alarma o maldiciones gitanas al posible ratero; transitar libre y confiadamente por las calles y ver a la policía sin sentirse posible desaparecido o paciente de hospital, o cruzarse en el camino de jóvenes desaliñados sin el riesgo de ser candidato a asalto, vejación o muerte, parecen tan lejanos como lo son aquellos en los que el pueblo veía a los funcionarios de gobierno como modestos representantes del sistema y la administración de la cosa pública, respetables y no muy distantes del resto de la comunidad.

Las familias podían contar con los buenos oficios de algún ciudadano que servía en alguna dependencia oficial, para resolver pequeños problemas de carácter administrativo, ser orientados confiablemente y, dado el caso, ser apoyados en alguna gestión. La gente se conocía directamente o por medio de las infaltables relaciones de vecindad o parentesco. Se era amigo de la secretaria del señor director, del procurador, del jefe de la policía, del ministerio público fulano, del comandante zutano. Algunos presumían que tomaban café con el secretario de gobierno o con el mismísimo gobernador en alguna coincidencia en su cafetería favorita del mercado municipal.

Otros tiempos en los que la leperada quedaba a la vista más tarde o más temprano, y donde la gente se cuidaba y cuidaba a los demás de los resbalones y caídas propios del ejercicio de la función pública. Tiempos transparentes con sabor a pueblo, a relación de vecindad, a confianza que se refrendaba cada día y en los que el funcionario se cuidaba de delinquir y quedar expuesto a la severidad del juicio ciudadano. Más temible que la cárcel, más trascendente que el castigo oficial estaba la exhibición pública del defecto, la falla y el desliz. El control de la conducta y la calidad del servicio estaban en la propia conciencia cívica, en los valores y principios de quien tenía un cargo. El control de confianza corría por cuenta del ciudadano vigilante y del funcionario con respeto y autoestima.

Desde luego que ha habido en todas las épocas ovejas negras o grises. Nadie puede asegurar o siquiera sugerir que hubo tiempos en que la sociedad pudo confiar plenamente en sus dirigentes, o que las elecciones eran químicamente puras y limpias. Siempre ha habido léperos, ratas y viciosos, pero ninguno de ellos optó por el cinismo y el desprecio a la opinión pública como ahora se hace de manera sistemática. A nadie se le ocurrió hacer del descaro y la corrupción el entorno ideal para gobernar o ejercer cargos en la administración pública. Había cochis pero no tan trompudos.

De los años 80 para acá, la creciente influencia de los gringos en los asuntos públicos nacionales y el creciente subdesarrollo cívico y emocional de la clase político-empresarial ligadas a la trivialidad neoliberal, han traído consigo un cambio cultural que nos hace imitadores compulsivos de la vacuidad anglosajona, del descaro suelto y ridículo que huele a enervante y a ambición ramplona por poseer lo ajeno, de la manipulación grosera y torcida de la verdad y la viciosa tergiversación de la realidad propia y ajena. Los peores momentos de las series televisivas de factura anglosajona pasan por ejemplos de comportamiento social, de suerte que los escándalos privados saltan a lo público y los públicos revelan la purulenta realidad de lo privado. Al asalto de las instituciones de la república sigue la debacle educativa y cultural. Ahora tenemos figuras públicas emanadas de la farándula y políticos diseñados en un estudio de televisión.

La pestilencia política se expresa con gestualidad de zombi, de monigote deforme y autocomplaciente dedicado a las innobles tareas de la traición y el engaño institucionalizado, a la caza del voto mediante la compra o la componenda. Los partidos políticos terminan siendo inhóspitas regiones ideológicas y prósperos negocios electorales, por eso pueden coaligarse los opuestos, como el PAN y el PRD.

En tanto que los partidos funcionan como puestos de fritangas políticas, los gobiernos emanados de ellos sólo pueden ser establecimientos comerciales dedicados a la comercialización del engaño y la entrega de nuestros recursos al interés trasnacional, mientras que la economía no cumple su papel porque la política económica carece de objetivos de desarrollo propios. Al fomentarse la pobreza y la marginación, crece la criminalidad y el desaliento. Por eso la ciudadanía se cansa. Por eso hoy sale a las calles reclamando justicia y verdad. Carente de voluntad de respuesta, el gobierno reprime, criminaliza la protesta y coarta la libertad de expresión, redefiniéndose como un estado protofascista.

En ese contexto, la ciudadanía ve como rencorosa desconfianza al que la golpea, veja y hostiga. La represión se vuelve la única vía de contacto entre pueblo y gobierno y la naturaleza de las relaciones deja de ser civilizada para pasar a evidenciar una brutalidad impensable en un país donde las leyes formalmente protegen al ciudadano. Será por eso que el gobierno promueve iniciativas de reforma al marco legal en materia de seguridad, a las que el poder legislativo da su venia sin abordar los aspectos sustanciales de lo que está pasando en nuestra sociedad. Por eso nadie habla de golpe de estado dentro del aparato que sirve al poder, como lo hacen ya ciertos analistas independientes. ¿Cómo puede haber oposición si los partidos mayoritarios dejaron de serlo para funcionar como unidades de gestión legislativa neoliberal? ¿Cómo confiar en la lealtad y patriotismo de las fuerzas armadas si hacen el trabajo sucio del terrorismo de Estado?

¿Cómo ignorar que desde los doce años de poder presidencial del panismo hasta lo que va del retorno del PRI a Los Pinos, las víctimas de la represión han sufrido agresiones que afectan no sólo su integridad física sino también su dignidad? En los últimos años, cada vez es más frecuente que la tortura se añada la represión. Al respecto, Carlos Fazio en su libro Terrorismo mediático (Debate, 2013) señala que “la tortura es un instrumento político de la dominación violenta ejercida a través del Estado que busca crear un clima de miedo en la población. Es una actividad intencional y premeditada, programada de manera sistemática y científica para la producción de dolores físicos y psíquicos, que, además, constituye un asalto violento a la integridad humana.”

Cabe recordar que desde la docena trágica panista la seguridad nacional ha asumido la agenda antiterrorista de Washington, unciendo al carro del Comando Sur a nuestras fuerzas armadas, y subordinando al gobierno a esquemas de colaboración que afectan la soberanía nacional y que, en lo político, han permitido el relajamiento legislativo en materia de defensa del dominio de la nación sobre los recursos naturales y, en general, exacerbado la polarización de la vida económica. En este caso, se tiene un gobierno obsequioso con el extranjero y represivo y autoritario con los nacionales. Si no fuera así, ¿qué otra cosa podría explicar la política deliberada de atemorizar a la población? ¿A quién le sirve el miedo?

  En el bienio presidencial de Peña Nieto se han multiplicado y puesto bajo los reflectores de la nación y el mundo los renglones torcidos de la subordinación neoliberal nopalera. No podemos seguir así. 

País pasmado

Pues nada, que los señores legisladores federales gozarán de un aguinaldo digno de mejores causas y más dignos receptores. Las sumas excepcionales que en esta legislatura se han repartido con el fin de premiar  el aborregamiento de sus componentes, de cara a la aprobación de las reformas llamadas estructurales por el iniciador formal de las mismas, huele como a cañería. Quizá en otras latitudes esto pudiera suscitar alguna enconada reacción política con resultados revocatorios, pero en el país de las maravillas copetitlanas es improbable que la conciencia social se empareje con la política. Palo dado y aguinaldo concedido ni quien lo quite.

Los gozosos senadores y diputados están más que dispuestos a recibir el dinero que huele a incentivo comercial, parte de botín, mochada anual por servicios prestados a cargo del pudor y la dignidad legislativas, embarrada de manos y anestésico local para cualquier nostalgia moral y cívica. El dinero que fluye calma cualquier dolor de conciencia, remordimiento o sensación de ser prostituta política. La carne legislativa es carne clasificada, sujeta a las leyes de la oferta y la demanda de legitimaciones sexenales, de chapuzas legales, de recarpeteo de la otrora Constitución ejemplar en materia de derechos sociales. En el caso presente, la demanda ha quedado satisfecha con una oferta de votos que abulta el estercolero neoliberal mexicano, pues verdaderos monumentos a la estupidez se han convertido en ley, gracias a la venalidad de quienes hacen las leyes y de quienes juzgan su constitucionalidad.

El garrote legislativo parte del supuesto de que hay necesidad urgente de tapar el hueco generado por el gobierno en materia de certidumbre ciudadana, respeto a si se seguirá libre o vivo el día de mañana, a si alguien de la familia propia o vecina sobrevivirá por 24 horas más, en este país donde el infierno pintado por la  religión es una simple antesala del verdadero horror nacional, como si la desposesión de derechos y el incremento de obligaciones sirviera para mantener contentos o tranquilos o simplemente ajenos a los ciudadanos. La política de seguridad como la del combate a la corrupción es como la sobada tras el golpe, la disculpa tras el abuso y la mentada de madre, pero ¿quién se va a sentir más seguro con una policía corruptible centralizada y con funcionarios faltos de legitimidad? Parece que en México, la especialidad es la de no cumplir con las leyes, para después resolverlo mediante el truco de reformarlas o inventar otras.

Da lo mismo que el gobierno federal y el local sean encabezados por el PRI o por el PAN, porque las decisiones trascendentes en material legal o de política económica van abrazadas en amorosa coincidencia de intereses. El maridaje entre estos dos partidos es tan indisoluble como lo es el azúcar de la diabetes. Nos falla el páncreas nacional, el hígado de la historia y el riñón de la democracia. Nuestro organismo patrio está intoxicado por la ausencia de una verdadera división de poderes y por el potente tóxico de la corrupción institucional.

Por fortuna, los anticuerpos ciudadanos empiezan a fluir por nuestras calles y avenidas, y se manifiestan en plazas y espacios públicos nacionales y extranjeros, y reacciona el sistema autoinmune de la república atacando a los organismos patógenos del silencio y la complicidad mediática, en las redes sociales, en los barrios y colonias, en todos los espacios de opinión ciudadana libre y democrática. Las marchas y manifestaciones públicas oxigenan y desintoxican la conciencia ciudadana, aíslan y expulsan a los infiltrados y fortalecen la resistencia civil frente a los ataques y maniobras de la enfermedad social.

Era obvio que en un país poseedor de recursos naturales estratégicos, el cáncer trasnacional penetrara por la vía de una clase política y empresarial apátrida, apoyada, auspiciada y manipulada por el país terrorista del norte, de suerte que los ataques a la población y el descrédito de las instituciones, forman parte del mismo juego perverso de fuerzas desestabilizadoras que buscan el pretexto de un “estado fallido” que permita una “intervención humanitaria”, a tono con los objetivos de control y dominación sobre el petróleo y demás recursos energéticos, el agua y la biodiversidad, pero la organización de los pueblos en defensa de la tierra, la cultura y la vida comunitaria, se ha unido  la de los citadinos en busca de un mejor mañana. El enfermo está dando muestras de fortaleza y determinación.

La aprobación de leyes nocivas para la vida cívica y política nacional, así como las que atentan contra la soberanía alimenticia y la biodiversidad, son unas de tantas muestras de la corrupción legislativa y la venalidad gubernamental, frente a la acción ciudadana que busca nuevas formas de organización y movilización en defensa de nuestro organismo socio-histórico nacional. La lucha entre la enfermedad y la salud de la Patria se está dando en las universidades, las escuelas de diferente nivel y en los espacios sindicales, venciendo inercias y desmontando barreras burocráticas impuestas o heredadas, y los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos, marchan junto a los campesinos y los obreros, los pequeños y medianos comerciantes, los empleados de diversos giros o especialidades, que, tras los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, ya no pueden ser los mismos.

De ser un país recientemente pasmado por la crueldad delincuencial y la insólita desvergüenza de la clase política y económica en el poder, pasamos a uno alerta y defensivo, que deberá asumir los dictados de una conciencia social renovada, y actuar con la premisa de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

El 911 y otras novedades a medias

El gobierno de la república nuevamente nos asombra con la redundancia creativa que la aqueja en estos tiempos de coyuntura política y preelectoral que vive el país. El empeño ecológico de reciclar para protección del ambiente burocrático salta a la vista cuando resucita el tema de la policía única, entre otros asuntos, la voz e imagen del titular del Ejecutivo federal.

Con los labios resecos, el joven Peña, pálido y tembloroso, recientemente se plantó trente a los teleprompter para endilgar a la nación una perorata de 40 minutos cuyo contenido era un decálogo de propósitos reformistas y de refrito del marco legal que tiene que ver con la seguridad pública, el combate a la corrupción y la administración de justicia.

La novedad radica en querer hacer pasar como nuevas una serie de medidas que se han venido anunciando desde los tiempos de la trivialidad panista en el gobierno de la nación, en las que el gobierno pitufo puso su mayor empeño pero sin llegar a concretarlas del todo debido a que conservó algo del respeto a las formas, pero tiempos traen tiempos y ahora, vuelta la “normalidad” del PRI, tenemos que los postulados políticos del PAN se han traducido en propuestas e iniciativas del ley del propio partido de Peña Nieto, con lo que está más que justificada la expresión panista de que las reformas actuales son “una victoria cultural” del partido pitufo.

Desde luego que en la colección de retazos normativos planteados por el primer copete de la nación hubo aspectos que llamaron la atención de manera particular. Por lo pronto mencionaré dos: el 911 como número de emergencias y la obligatoriedad del mando de policía único. 

Todo mundo sabe (salvo Enrique, el de Los Pinos) que en México el número de emergencias es el 066, por lo que resulta sospechoso y chocante que se tenga que adoptar el número de emergencias de Estados Unidos y Canadá. En Europa, son 27 estados que a iniciativa de España han adoptado a partir de 2008 el número 112, sin que países como el Reino Unido (999) dejen de usar el propio. En América Latina, tenemos, por ejemplo, a Ecuador y Costa Rica, que usan el 112, mientras que Colombia el 123, Cuba el 106 y Paraguay el 141.

Esta imitación extralógica de los usos extranjeros huele tan mal como la absurda imposición del mando único de policía, que remite a estructuras ajenas al país y que en buena medida traen a la mente escenarios donde la mano gringa está más que presente, como por ejemplo Colombia, lugar de donde procede el general de policía Oscar Naranjo, agente de la CIA que enturbió las aguas políticas y enderezó una campaña de terrorismo contra la población de su país so pretexto de combatir al crimen organizado, aunque su función fue la de hacer de brazo ejecutor de los gringos y el gobierno pelele contra las fuerzas nacionalistas y revolucionarias de ese narco-estado protegido por Washington. Usted recordará que el tal general Naranjo fue asesor de Peña Nieto al inicio del sexenio, por lo que seguramente las ideas de terrorismo contra la población en general y la disidencia en particular no vienen por casualidad. 

La torpe e irrelevante imposición de un número de emergencias nacional usado por EE.UU. deja, por lo menos, la sospecha de que nuestros políticos no guardan la formas ni por casualidad, y que el muy sensible tema de la soberanía nacional ha dejado de serlo gracias a la aceptación implícita de que somos una colonia, un vil traspatio de esa nación. La explicación de Peña Nieto de que el 911 es el más reconocido “a nivel internacional” es tan cuestionable como ridícula. 

En cambio, la obligación de instaurar mandos únicos de policía, amenazando con sanciones a los presidentes municipales que se resistan, es la más simple y llana renuncia al modelo federal mexicano, debido, principalmente, a que con ella borra del mapa la autonomía municipal y afecta seriamente la soberanía de los estados.

Si la Carta Magna, en su artículo 115, dispone que los estados tendrán como base de su división territorial, administrativa y política al Municipio Libre, y que estará gobernado por un ayuntamiento de elección popular, y que no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno estatal,  entonces, ¿cómo se debe interpretar que directamente del gobierno federal se dispongan las medidas para desaparecer ayuntamientos? ¿Qué no existen en la Constitución los supuestos atinentes al tema? Siendo los municipios materia correspondiente al régimen interno de los estados, ¿cómo es posible que el gobierno federal intervenga directamente en ellos pasando por alto la soberanía estatal y el pacto federal que nos une y obliga? ¿No habrán oído hablar del régimen de distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno? ¿Habrán leído alguna vez el artículo 124 constitucional?

El hecho de obligar a los ayuntamientos a renunciar a una de sus obligaciones, como la prestación de servicios de policía preventiva, afecta gravemente la autonomía municipal, lo que alcanza niveles escandalosos cuando se prometen sanciones a los alcaldes que se resistan a este evidente proceso de centralización de funciones. El mando de la policía y tránsito municipales recae en el presidente municipal, lo que supone las asignaciones presupuestales propias de la función. Con la obligación que plantea Peña Nieto desaparecen las policías y se centralizan en un mando estatal único, ajeno a las circunstancias particulares del municipio de que se trate, dependiente de instrucciones y lineamientos estandarizados, como en una especie de embudo funcional que desemboca en la figura del gobernador de la entidad.

La iniciativa ignora que el municipio se basa en la relación de vecindad, y que cada ayuntamiento es distinto y obedece a su propia dinámica. Las soluciones de éste no son necesariamente las de aquél, debido a sus diferentes potencialidades económicas, territoriales, culturales, históricas, de oportunidades de progreso y bienestar. Nuestro país es un conjunto heterogéneo de municipalidades, y cada estado posee singularidades derivadas de su riqueza municipal. La idea de homogenizar lo que es por naturaleza diferente es ajena a la realidad.

Pero, independientemente de los argumentos de carácter histórico y doctrinario sobre estados y municipios, sobresale la idea de que lo que en realidad está proponiendo el presidente es la renuncia al estado federal, para pasar a un modelo centralizado en dos dimensiones: la política y la administrativa. Esto afecta a los estados en su soberanía y al municipio en su autonomía. Es un golpe de estado desde el poder ejecutivo y con la complicidad del legislativo.

Lejos de ser una reforma que apunta hacia adelante, pareciera que los empeños son dar marcha atrás a los avances en materia municipal y regresar al estado en que nos encontrábamos antes de la Revolución. Actualmente la ausencia de respeto a las garantías individuales, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento por delitos fabricados nos pone en la tesitura del México porfiriano, ya que para medianamente justificar el retroceso legislativo y de derechos humanos, el gobierno ha propiciado un clima de inseguridad y miedo que ha visto en los hechos de sangre y envilecimiento institucional de los últimos tiempos su pretexto o justificación para imponer medidas de carácter represivo.

Tlatlaya y Ayotzinapa son los más recientes hechos de terrorismo contra la población que equivalen al ataque a las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, que justificó la suspensión de las garantías individuales, permitió la criminalización de cualquier sospechoso, la vigilancia por todos los medios de la vida de los ciudadanos del vecino del norte. Lo que se vive en la actualidad mexicana es un proceso de criminalización de la disidencia que será rematado con una legislación que coarte y sofoque la manifestación ciudadana. 

Si hay un orden de gobierno cercano a la gente, capaz de dar solución a los problemas en el lugar donde se generan, es el municipio. Esta institución ha sido la base del modelo federal mexicano, célula de la democracia y base de la descentralización nacional. Con Peña ¿vamos para atrás, o con rumbo a una dictadura donde la soberanía estatal carezca de significado? Si hay delitos del fuero federal, basta con que se persigan de acuerdo a las leyes correspondientes, sin tomarlos de pretexto para emprender procesos de centralización superados históricamente. 

Los legisladores locales y federales deben decir no a la liquidación de nuestros avances legislativos. Las únicas reformas con sentido son aquellas que tiendan a fortalecer la institución municipal en su autonomía y recursos. La democracia debe defenderse por el bien de México. Basta de contrarreformas ridículas y entreguistas.