Discriminación

“La discriminación (del latín discriminatĭo, -ōnis) es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, en las que se da un trato diferente a una persona, grupo o institución en términos diferentes al que se da a sujetos similares, de los que se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de ese trato. Habitualmente, este trato se produce en atención a las cualidades personales del sujeto que es objeto del mismo, aunque también puede deberse a otros factores, como el origen geográfico, sus decisiones u opiniones en lo social, lo moral, lo político u otra área de interés social” (RAE-Wikipedia).

A estas alturas, nadie puede negar honestamente que Germán Larrea y Grupo México sean evidentes víctimas de discriminación por parte de las autoridades federales y locales que en el ramo económico, hidrológico y ambiental han optado por dar un trato alcahuete y cómplice a uno de los más grandes ecocidas del tiempo mexicano contemporáneo. A pesar de los estragos causados y por causar por su famoso derrame, no ha faltado funcionario que insista en la inocuidad y potabilidad del agua que fluye en los ríos afectados y en los pozos y cañerías que surten a ciudades como la nuestra.

Los empresarios mineros canadienses también entran en la lista de los discriminados por razones de origen y estatus económico, sufriendo una penosa impunidad que asombra a las comunidades perjudicadas por los daños ambientales, pero que mantiene impávidos y afebriles a quienes reciben un sueldo por evitar, castigar y remediar los estropicios derivados de la actividad empresarial que genera empleos precarios, consume agua, agota recursos naturales y contamina el entorno.

Asimismo, las compañías refresqueras, de lavado de autos, maquiladoras, entre otras, reciben la indiferencia oficial y, ya de malas, la obligación de cooperar con determinados funcionarios para lograr la agilización de trámites y la invisibilidad deseada para el logro de sus metas comerciales.

En otro escenario, los acaparadores urbanos que realizan tareas de apropiación, cercamiento, lotificación y posterior usufructo, pasando, si es necesario, por la desviación de cauces de río y el daño patrimonial y ambiental a los vecinos, padecen del desprecio oficial por más que sean evidentes los méritos alcanzados para obtener, así sea poca, la atención del aparato público que tiene el deber de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Tampoco debemos olvidar la muchedumbre de funcionarios públicos que llegan cargados de deudas y pretensiones a sus puestos, para salir multimillonarios, socios de empresas establecidas o no durante su encargo, titulares de jugosas cuentas en moneda nacional o en dólares, terratenientes urbanos y rurales, y en algunos casos, legisladores plurinominales de sus partidos políticos.

Si bien es cierto que muchos de los ninguneados por la ley forman en las filas arriba señaladas, también existen otras categorías de discriminados que, aunque lucen como árbol de navidad en las fechas decembrinas, usted, aquellos y yo, en más de una ocasión cerramos los ojos y los dejamos pasar, incluso contenemos la respiración y resoplamos una vez que nos alejamos lo suficiente para conjurar olores y humores.

Los recortes presupuestales acaban con las posibilidades de que los programas paliativos del régimen puedan hacer felices por el día de recepción del beneficio a los enlistados. Así, los programas para comunidades en zonas económicamente deprimidas, las becas escolares, los desayunos en el nivel básico, terminan siendo siglas llamativas y pretexto para llenar de propaganda los medios informativos.

Asimismo, los apoyos a los productores rurales se reducen a la par que aumenta la dependencia alimenticia, la miseria y el desarraigo, creando una masa miserable que emigra, porque no le queda de otra, dejando tierra, familia y vida en manos del destino. Pero el gobierno exhibe como logro económico los ingresos por concepto de remesas. La pobreza y el desarraigo de muchos se convierte en éxito del régimen.

Mientras unos son favorecidos por las oportunidades y los planes del gobierno que busca la modernidad, una inmensa mayoría que ni se ve ni se oye padece la discriminación y la exclusión de los logros y beneficios de un gobierno que puede ser panista o priista, pero que, como uno solo, insiste en “mover a México” en la dirección dispuesta por los organismos financieros internacionales.

Es necesario puntualizar que la precarización del empleo y la privatización de las funciones y servicios del gobierno, con la consecuente disminución de los derechos laborales y la seguridad social, son esencialmente consecuencias directas de una política de discriminación de gran alcance social. Son los intereses de una minoría contra los de la mayoría.

En resumen, México es un país donde la discriminación se ha hecho política de estado, que cotidianamente incumple la ley pero que crea normas que formalizan la marginación y la exclusión, tanto como la trivialización y reducción al absurdo de los derechos humanos, y que son legitimadas por la SCJN, comparsa del régimen neoliberal que se padece.

Así como el sistema es obsequioso y tolerante con los empresarios y los políticos corruptos que operan sus proyectos, discriminando positivamente a los canallas, el pueblo se autodiscrimina, ya por costumbre, al votar cada tres o cada seis años contra las posibilidades de cambio y auténtica representación. Seguimos como sociedad votando por los mismos, acostumbrados a la discriminación y autoexclusión a favor de apellidos, fortunas y los viejos y recientes proyectos de destrucción de nuestra vida e identidad nacional. Es necesario, urgente, comprender cabalmente la idea de inclusión social y actuar en consecuencia.

En otro asunto, ¿por qué en una pareja se debe discriminar al hombre o a la mujer? Una pareja incluyente es la que los integra. 

Concluyo con la frase de la temporada: Apoyo la diversidad y no hay nada más diverso que la relación ente un hombre y una mujer. ¿Por qué conformarse con lo mismo? La diferencia es vida.

Naturalidad y normalidad

En la actualidad se cuestionan aspectos de la vida y de las relaciones humanas que antes eran consideradas obvias por asumirse como naturales o normales. La seguridad de que el matrimonio se refería exclusivamente a la unión entre hombre y mujer para fines afectivos y cuyas consecuencias social y personalmente esperadas eran la constitución de una familia que aportara a las estadísticas demográficas, no tenía discusión ni se veía la necesidad de establecer demasiadas puntualizaciones y precisiones legales. Se partía del supuesto de que el enamoramiento y cortejo tenía que ver con el amor y el deseo de compartir la vida y perpetuar la especie, llevando el ADN de las partes “hasta el infinito y más allá”, mediante las sucesivas reediciones y las combinaciones genéticas que, ya fortaleciendo o atenuando ciertos rasgos y características, trazaban una huella vital y cultural que permitía la trascendencia, no sólo familiar sino social de apellidos, fisonomías, costumbres y visiones.

Los fines reproductivos de la relación se daban por sentados, partiendo de que es natural que la unión heterosexual tenga por fruto un nuevo integrante, lo que da sentido al concepto “matrimonio”, que en origen significa “el estatus jurídico de una mujer casada y la maternidad legal, y todos los derechos que de ello se deriven para la mujer, como la condición de madre de familia”.

Desde luego que lo normal es que uno y otro de los cónyuges esté en capacidad de procrear, pero, en caso de que esto no sea posible por una situación particular, anómala, se considera legítima y legal la adopción. Tampoco había discusión respecto a que la prioridad familiar eran los hijos, dándose por natural la obligación de los padres de proveer a su desarrollo integral en las mejores condiciones posibles, porque la finalidad del matrimonio era la preservación de la especie en las condiciones materiales y afectivas que eran capaces de proveer los cónyuges.

Si bien es cierto que la familia natural está integrada por padre, madre e hijos, los lazos de consanguinidad amplían este concepto incluyendo a abuelos, tíos, sobrinos y nietos, sin que para ello debiera mediar advertencia judicial o reclamo expreso de parte de autoridad competente. Se considera natural que personas de la misma sangre mantengan una relación familiar como parte de su normalidad. En nuestra cultura latina, los viejos y los más jóvenes de la familia siempre han merecido especial consideración por parte del resto de ese subconjunto social. De hecho, una familia mexicana típica puede integrar bajo un mismo techo de manera normal a tres generaciones. Lo anterior no excluye a la familia integrada por uno solo de los progenitores y sus hijos, sea por viudez o separación, o por soltería, siendo la consanguinidad lo que une.

Actualmente, el gobierno impulsa otras formas de relación a las que da el carácter de familia, bajo el supuesto de que así combate la discriminación y reivindica los derechos humanos, sin embargo, somos una sociedad cuyas condiciones son profundamente discriminantes y excluyentes, de suerte que termina privilegiándose la forma sobre el contenido, independientemente de que es una falacia suponer que la naturaleza humana cambia por decreto.

Tenemos un país en el que, por decreto, llegamos al “primer mundo” gracias a la incorporación a organismos internacionales como la OCDE, tanto como con Banco Mundial y FMI; por otra parte, tenemos convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo y tratados comerciales con una impresionante cantidad de países, destacado obviamente el TLC, suscrito con los países del norte. México participa de las calenturas del Comando Norte de EE.UU. llegando a comprometerse en maniobras conjuntas y, tanto la Armada como el Ejército y las fuerzas de seguridad siguen el guión dictado por el extranjero, ya que nuestra seguridad nacional está uncida al control de Washington tras el incidente de las Torres Gemelas, haciéndose cada vez más evidente la presencia en territorio nacional de las agencias de inteligencia de nuestro vecino gringo; es claro que la actuación de los gobiernos del PRI-PAN actúan según las prioridades de la agenda de la Casa Blanca -la del vecino gringo- y que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial han terminado en remedos de aquél, siendo el Legislativo mera comparsa sin representación real de los intereses ciudadanos.

Tanto las reformas “estructurales” de Peña como las emprendidas por los gobiernos panistas, resultan ser instrumentos jurídicos que privilegian los intereses extranjeros por sobre los nacionales, logrando un significativo retroceso en diversas materias, como es en la económica, política, administrativa, laboral, educativa y, en general, en seguridad tanto pública como social. Aquí cabe destacar la absurda subordinación del gobierno a los intereses de las trasnacionales y la abyecta complacencia “diplomática” que permitió la presencia del candidato republicano Donald Trump en el primer plano del acontecer político nacional. 

La precarización nacional ha traído consigo la de las conciencias, ya que la ciudadanía se ejerce mediante despensas, tarjetas de débito, tortas con refresco, recomendaciones entre cuates, negocios privados a la sombra del poder público, ejercicio clientelar de las prerrogativas electorales y uso populista de la iniciativa legislativa, tanto como la manipulación y los distractores mediáticos que permiten las acciones de reingeniería social en una comunidad cuyo rumbo es incierto, confuso y difuso. En este marco, destaca la iniciativa presidencial de reformas tanto a la constitución como al código civil, relativas al “matrimonio igualitario”.

Aquí es inevitable recordar el pronunciamiento de la administración Obama en favor de las uniones homosexuales, justamente en un momento político de baja popularidad y en un contexto desfavorable para dicho presidente, así como su activismo por presionar a otros países a aceptar los derechos de este sector poblacional bajo la cobertura de los derechos humanos.  Parece claro que, en épocas de baja popularidad, cualquier recurso es bueno, siempre y cuando no afecte la voracidad de los empresarios trasnacionales y la ganancia del capital global. Pueden seguir las violaciones a los derechos humanos, la segregación racial, la xenofobia, la pobreza y la marginación, los abusos de la autoridad y las mil y una caras de la corrupción que hace funcionar al sistema. Las prioridades nacionales se determinan por las encuestas de popularidad. En lo fundamental, se cambia para no cambiar.

En nuestro país, el descrédito del gobierno abarca los tres poderes de la Unión y, en mayor o menor medida, a los gobiernos estatales. En todo el territorio nacional se observan las múltiples facetas de la discriminación incentivadas por la pobreza y la marginación, el atraso y la dependencia que se ha profundizado en renglones prioritarios para la nación: crecemos de una política económica propia, dependemos del exterior en materia de alimentos e insumos agrícolas, y nos podemos declarar una colonia de explotación minera, agroalimentaria, químico-farmacéutica y, gracias a las reformas de Peña, energética.

Los observadores internacionales han considerado a nuestro país como peligroso para los luchadores sociales y los periodistas, y un violador contumaz de los derechos humanos, que ha asombrado al mundo por sus desapariciones forzadas, incremento y violencia de las organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas, corrupción generalizada y venalidad de las autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, el gobierno pasa por alto los asesinatos (“ejecuciones extrajudiciales”), las desapariciones, la agresión creciente a la educación pública, la precarización del empleo, la inseguridad laboral, la disminución del marco legal de la seguridad social, el abandono escolar ligado a la pobreza, la generación de condiciones para la disfuncionalidad familiar, y el uso y abuso de los medios de desinformación masiva. Sin embargo, el gobierno promueve y la Suprema Corte de Justicia de la Nación legitima reformas e iniciativas que, hasta el momento, no han abonado en nada al bienestar nacional.

Se puede decir que el gobierno no ha cumplido con los fines sociales y políticos que guían al sector público. Igualmente, se puede afirmar que la iniciativa de Peña imita la de Obama en condiciones de baja popularidad, sin que medie en realidad un afán protector de los derechos humanos. Si éstos realmente le importaran, caería por su propio peso el paquete de reformas “estructurales” que la SCJN no ha tenido empacho en avalar.

El desbarajuste nacional afecta a la familia, a la relación de pareja y a la tranquilidad y seguridad de los hijos. Afecta a la comunidad en su expresión territorial más próxima, al barrio y la colonia, a la ciudad y al estado. Es evidente que los derechos humanos no son una prioridad en un país colonizado por los intereses económicos trasnacionales y sus operadores locales; es claro que las acciones deben ser predominantemente mediáticas, de apariencia, de forma y no de fondo, pero que proporcionen a la opinión pública y a sectores progresistas la sensación de que la orfandad ideológica y la ausencia de un programa de transformaciones sociales puede ser paliada por causas y acciones que aparenten una reivindicación, siempre y cuando no se pongan en contexto. En este sentido, ¿realmente la iniciativa presidencial de reformas sobre el matrimonio son una prioridad nacional? ¿En serio, se protegen derechos humanos? Me parece que no.

Las prioridades nacionales en materia de derechos humanos deben pasar por garantizar en los hechos el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad pública y social, al respeto a la diversidad política, social y cultural; a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a la paz, tranquilidad y bienestar social. Me parece que el gobierno va en otra dirección. Usted, como es natural, es libre de pensar lo que quiera. 

De "Trumpezones" y otros desaires

                               “El que ha perdido el honor, ya no puede perder más” (Publilio Siro)

El presidente Peña ha resultado ser una fuente inagotable de anécdotas penosas y chistes crudos que huelen a realidad mortificada por su duración y por su lesiva constitucionalidad. Sucede que podrá ser una mentada de madre a la dignidad del cargo y, por ende, a las instituciones de la república que partiendo del sistema político, llegan a las puertas de la administración federal, cruzan los vericuetos del Legislativo e irrumpen, cuando el viaje es redondo, en el escenario del Poder Judicial; sin embargo, su fatal ocurrencia tiene el sello del ejercicio legal del poder contra el cual la ciudadanía debe organizarse siguiendo las pautas de la civilidad que sancionan las leyes vigentes.

Si bien es cierto que las decisiones presidenciales han sido orientadas por directrices y presiones que claro interés trasnacional, el aún licenciado Peña las exhibe como medidas y logros que pondrán a México en el lugar que le corresponde internacionalmente. Viendo el desastre nacional profundizado en el tiempo de su ejercicio gubernamental, cabe pensar que el presente ha logrado un mayor deterioro institucional que el alcanzado por sus predecesores panistas; sin embargo, el coro legislativo priista eleva cantos y alabanzas en favor del ungido sexenal, así como insultos y amenazas a quienes osen poner en duda la pertinencia y firmeza del que pilotea la nave nacional.

¿Que en el circo patrio les crecieron los enanos? ¡No hay problema! Estamos rompiendo moldes e inercias del pasado y reinventando el quehacer circense nacional. ¿Que las muertes violentas alcanzan cifras inéditas? ¡Poca cosa! El país experimenta un sano y conveniente control demográfico que seguramente incidirá en la dinámica del empleo. ¿Que hay desapariciones forzadas? ¡Nimiedades! En el país hay una fuerte vocación turística y gran movilidad poblacional.

¿Que se violan los derechos humanos? ¡Pamplinas! México cuenta con modernos sistemas de capacitación policiaca y ya está funcionando no sólo el C4 sino el C5i, demás de oficinas de Derechos Humanos. ¿Que la justicia es lenta cuando no inexistente? ¡Infundios! Ahora tenemos el novedoso y fotogénico sistema penal acusatorio y los juicios orales. ¿Que los funcionarios públicos y sus parientes saquean el erario, el patrimonio inmobiliario del estado y hacen negocios a la sombra del poder? ¡Exageraciones! Ahora tenemos la declaración 3x3 y oficinas dedicadas a la trasparencia y publicidad del quehacer gubernamental.

Si el sapientísimo gobierno decide acabar con la renta petrolera y nombrar beneficiarios vía concesión a empresas privadas extranjeras, no hay problema. Se trata de ser competitivos y estar al día con la OCDE, el FMI y la banca mundial. ¿Para qué queremos tanto petróleo para nosotros solos y vivir con la enfadosa seguridad del control exclusivo de esas riquezas? ¿Qué no nos da pena tanto egoísmo? Cabe recordar los felices tiempos del siglo XIX, cuando las compañías extranjeras eran las dueñas del petróleo y los metales preciosos, y los mexicanos servían como peones a manos de capataces que les enseñaban a trabajar a latigazos. ¡Qué magnifica escuela de productividad! ¡Que sobradamente competitivos éramos como proveedores de materias primas y fuerza de trabajo barata!

Aunque aún somos víctimas de sus resabios, conservamos el boato y la rancia prosapia de las familias que brillaron en el porfiriato; seguimos padeciendo los sofocos de la revolución, aunque bastante menguados por los aires vivificantes del neoliberalismo que nos pone de nuevo en marcha por la ruta de la dependencia y el aprendizaje de los nuevos usos y costumbres que dicta el sistema económico mundial. Después de todo, ¿qué haríamos con los recursos terrestres y marinos de la nación?

Los gobiernos de los últimos 30 años han enderezado el rumbo y desandado la peligrosa ruta de la independencia y la soberanía nacional de un pueblo que prosperó bajo la égida de los conquistadores, de las clases sociales privilegiadas por la riqueza y la alcurnia, por el arrojo de sus integrantes y por la ausencia de escrúpulos al asaltar recursos ajenos, públicos o privados; el neoliberalismo de inspiración anglosajona fluye por las venas de la nueva clase política y empresarial, y el objetivo es claro: si no lo puedes vender, acaba con él.

En efecto, el país está en venta por la vía de las desincorporaciones, por el cambio de carácter del sector paraestatal, por las concesiones y subastas, por las inversiones público-privadas, por los cambios en las legislaciones de la federación, los estados y municipios; por la ausencia de respeto al patrimonio público, por las facilidades de las empresas constructoras de apoderarse de terrenos para fraccionar y levantar desarrollos habitacionales y comerciales de lujo; por la nula capacidad del gobierno de defender al propietario frente al antojo de la empresa inmobiliaria que planea usar suelo y agua de otros, pero que generará algunos empleos temporales y hará socios a tales o cuales funcionarios de moda.

Pero, más allá de los aspectos de la vida cotidiana, debemos hacer espacio para maravillarnos de la vena diplomática de quienes gobiernan: somos un país famoso por servir de pasarela a uno de los candidatos a la presidencia del país vecino del norte. Abrimos puertas y oídos para que nos insulten en casa, sin tener que ir más lejos. Invitamos nada menos que al señor Trump para que nos dijera cuánto nos desprecia en vivo y a todo color, con lo que la diplomacia mexicana ha alcanzado una altura nunca antes lograda. Somos tan modernos que aceptamos un piquete de culo a ojos vistos. Sin duda, somos ejemplo de pluralidad y respeto a la diversidad.  

En la escuela de la ignominia nos hemos graduado con honores, pues después del plagio de una tesis de licenciatura, ahora reeditamos nuestra historia y replantearnos la ruta de la dependencia, al darnos un golpe de estado desde la más alta investidura. Parece que, a estas alturas, cualquier vejación carece de importancia.